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Por
Pablo Gasco de la Rocha.
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Con fecha 12 de marzo la Delegada del Gobierno de Madrid, Soledad Mestre,
instaba a la Policía Nacional a devolver las "armas"
(navajas de varias dimensiones, machetes, bates de béisbol, cadenas
metálicas de un metro de longitud, palos de madera y guantes de
pinchos, entre otros objetos, según fuentes policiales) incautadas
antes y durante la manifestación que varios cientos de jóvenes
ultra-izquierdas –"jóvenes contra la intolerancia"-
convocaron con motivo de rendir un homenaje de recuerdo a uno de los
suyos, asesinado una semana antes, Carlos Palomino (q.e.p.d). Un
joven antisistema, que antes de morir como consecuencia de un
apuñalamiento, según manifestación que han hecho sus propios
amigos, pidió "venganza". Lo que nos deja a todos los que
creemos en la paz y la concordia con un profundo desazón, por
cuanto debemos ser conscientes de lo que la sociedad está haciendo
con nuestros jóvenes.
Pero al margen del despropósito de la señora Delegada, esta tal Mestre,
que considera que "no es ilegal que un joven lleve un
bate de béisbol a una manifestación", y que insta a
la Policía Nacional "a devolver los objetos
(así llama esta señora a las armas que pueden matar) que se
requisaron en la manifestación de los ultra-izquierdas",
y de la contundente respuesta dada por parte del portavoz regional
de la Unión Federal de Policía (UFP) que "considera que
esta forma de actuar de la Delegada del Gobierno desvirtúa el
trabajo de los agentes", lo verdaderamente importante
es considerar por qué tal despropósito puede venir de quien
debiera velar por la seguridad y el orden, así como potenciar la
labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero
entonces, a nada que nos demos cuenta y que reparemos sobre qué
principios se erige el Sistema que la señora Mestre defiende, nos
percataremos de que ni las manifestaciones ni la actuación de la
Delegada son un despropósito, cuanto una consecuencia, una más,
del sistema criminal en el que estamos viviendo.
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Un Sistema que llaman de Derecho, y que al margen de cómo ha combatido
el terror de ETA, que hubiera sido distinto sí dicha organización
criminal hubiese sido de extrema-derecha, ha legalizado y defiende
la muerte de los seres humanos más indefensos en el vientre de sus
madres, los niños. Esos niños a los que técnicamente se llama
"nasciturus" –como si les velásemos con los mismos
cuidados con los que lo hacia el Derecho Romano-, y cuya expresión
rebaja sobremanera el alcance real del acto que es el aborto, el
asesinato de un futuro niño, en muchísimos casos un niño
perfectamente formado y pleno de viabilidad en el vientre de la
mujer.
Y para muestra, ahí están todos esos niños en el Limbo de los Justos,
sacrificados por una sociedad que sigue comiendo, bebiendo y
fornicando como si nada ocurriese. Y hasta la Jerarquía de la
Iglesia Católica, y de todas las confesiones que son, alabando a la
cabeza suprema de ese Estado, el monarca Juan Carlos, que es quien
con su firma ha propiciado tal espantoso delito de lesa humanidad:
todos esos niños troceados, succionados, descuartizados y
acuchillados por un golfo, el doctor Morín, y tantos otros, a los
que un Estado de Derecho estaría preparando y disponiendo para
ajusticiar.
Por eso digo, que las manifestaciones de la señora Delegada del
Gobierno en Madrid, doña Soledad Mestre, no son sino consecuencia
de un sistema, el nuestro, que es a todas luces un Sistema Criminal.
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Generalísimo.
