La coherente postura de la señora Mestre, en un régimen criminal.
Por
Pablo Gasco de la Rocha.
02/04/2008.
Con fecha 12 de marzo la Delegada del Gobierno de Madrid, Soledad Mestre,
instaba a la Policía Nacional a devolver las "armas" (navajas de
varias dimensiones, machetes, bates de béisbol, cadenas metálicas de un metro
de longitud, palos de madera y guantes de pinchos, entre otros objetos, según
fuentes policiales) incautadas antes y durante la manifestación que varios
cientos de jóvenes ultra-izquierdas –"jóvenes contra la
intolerancia"- convocaron con motivo de rendir un homenaje de recuerdo a
uno de los suyos, asesinado una semana antes, Carlos Palomino (q.e.p.d). Un
joven antisistema, que antes de morir como consecuencia de un apuñalamiento,
según manifestación que han hecho sus propios amigos, pidió
"venganza". Lo que nos deja a todos los que creemos en la paz y la
concordia con un profundo desazón, por cuanto debemos ser conscientes de lo que
la sociedad está haciendo con nuestros jóvenes.
Pero al margen del despropósito de la señora Delegada, esta tal Mestre,
que considera que "no es ilegal que un joven lleve un bate de béisbol
a una manifestación", y que insta a la Policía Nacional "a
devolver los objetos (así llama esta señora a las armas que pueden
matar) que se requisaron en la manifestación de los
ultra-izquierdas", y de la contundente respuesta dada por parte del
portavoz regional de la Unión Federal de Policía (UFP) que "considera
que esta forma de actuar de la Delegada del Gobierno desvirtúa el trabajo de
los agentes", lo verdaderamente importante es considerar por qué
tal despropósito puede venir de quien debiera velar por la seguridad y el
orden, así como potenciar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado. Pero entonces, a nada que nos demos cuenta y que reparemos sobre qué
principios se erige el Sistema que la señora Mestre defiende, nos percataremos
de que ni las manifestaciones ni la actuación de la Delegada son un despropósito,
cuanto una consecuencia, una más, del sistema criminal en el que estamos
viviendo.
Un Sistema que llaman de Derecho, y que al margen de cómo ha combatido
el terror de ETA, que hubiera sido distinto sí dicha organización criminal
hubiese sido de extrema-derecha, ha legalizado y defiende la muerte de los seres
humanos más indefensos en el vientre de sus madres, los niños. Esos niños a
los que técnicamente se llama "nasciturus" –como si les velásemos
con los mismos cuidados con los que lo hacia el Derecho Romano-, y cuya expresión
rebaja sobremanera el alcance real del acto que es el aborto, el asesinato de un
futuro niño, en muchísimos casos un niño perfectamente formado y pleno de
viabilidad en el vientre de la mujer.
Y para muestra, ahí están todos esos niños en el Limbo de los Justos,
sacrificados por una sociedad que sigue comiendo, bebiendo y fornicando como si
nada ocurriese. Y hasta la Jerarquía de la Iglesia Católica, y de todas las
confesiones que son, alabando a la cabeza suprema de ese Estado, el monarca Juan
Carlos, que es quien con su firma ha propiciado tal espantoso delito de lesa
humanidad: todos esos niños troceados, succionados, descuartizados y
acuchillados por un golfo, el doctor Morín, y tantos otros, a los que un Estado
de Derecho estaría preparando y disponiendo para ajusticiar.
Por eso digo, que las manifestaciones de la señora Delegada del
Gobierno en Madrid, doña Soledad Mestre, no son sino consecuencia de un
sistema, el nuestro, que es a todas luces un Sistema Criminal.
Artículo de opinión extraído de la página: www.generalisimofranco.com