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Por
Pablo Gasco de la Rocha.
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"El
miedo guarda la hacienda", dice el refrán. Y es que el miedo
está en la base de la supervivencia de las sociedades, y de todas
las cosas. Pues quien tiene miedo a las consecuencias, casi siempre
malas, se guarda muy mucho de transgredir la norma. Así es, y así
será siempre, por encima de otro aspecto no menos importante, pero
que conforma en un segundo orden, como es la educación en valores y
principios.
Frente a ETA y sus
consecuencias, el Poder Judicial ha desconocido sistemáticamente
los valores constitutivos del estado de Derecho para que
prevaleciese el imperio de la Ley, esa ordenación de la razón
dirigida al bien común sin la cual es imposible la convivencia
social; demostrando, a la postre, que del lado del Derecho frente al
fanatismo y el odio impuesto por el terror más audaz y grosero ha
habido una laxitud moral y cívica sin precedentes. Por eso ha
tenido que ser la sociedad, al verse tan cruelmente engañada y
escarnecida por la practica judicial, la que ha tenido que salir a
la calle para reclamar Justicia. La misma Justicia que hoy pide en
solitario un padre frente a todo el poder del Estado, que nos deja
en el alma esa tristeza sin remedio, esa desolada vergüenza
irreparable que tan a menudo producen los jueces con sus mascaradas
y dobles fondos, y que termina por dar la razón a quines se
manifiestan conforme al conocido lema: "quien hizo la
ley, hizo la trampa".
Desde este sentido,
y a falta de otras medidas, sin duda más urgentes y
necesarias que no se tomarán, sorprende que por primera vez,
y tras veintisiete años, se tome la medida cautelar de una causa
penal para retirar el nombre de un terrorista a un espacio público
en País Vasco. Una medida que crea precedente, por cuanto abre una
nueva vía mucho más contundente para obtener de manera casi
inmediata la revocación de una decisión que afecta a la vía
administrativa, decisión que siguen defendiendo tanto el Ministerio
Fiscal como la Abogacía del Estado, ambas instituciones al servicio
del poder político. O si se quiere, y como hemos podido comprobar
durante treinta años, del Gobierno de turno.
Sin embargo, con todo lo oportuna que es la decisión del juez Marlaska
de hacer retirar el nombre de un terrorista de ETA a un parque público,
a mí se me hace que es una determinación insuficientemente
razonada: "Evitar una humillación constante a las víctimas",
pues no debería ser sólo esa la causa de tal decisión en lo que
afecta a la defensa del Estado de Derecho que al Poder
Judicial compete siempre y en todo momento.
Y es que, y como vengo sosteniendo, aquí la única que ha cumplido ha
sido ETA, en menor medida el PNV y CiU, y ahora también ERC y
BNG... Seamos sinceros. Porque echar la culpa a quienes por las
malas o por las buenas quieren acabar con España es, cuanto menos,
una hipocresía, pues ellos, los terroristas, sus cómplices y sus
afines, están y han venido estando en los suyo, esto es, en lo que
les es de propio: su odio a España.
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¿Quiénes, pues, han fallado?
A todas luces el Estado, la Nación y el Pueblo. El Estado, y a la
cabeza la Jefatura suprema, por cuanto no siempre ha sabido
distinguir a quines, pese a todo, saludaba con profusión de
olvidos, para terminar pidiendo se estableciese un diálogo con
quienes pretenden acabar con el Estado, con la democracia y con España,
también, aunque no lo sepa el Rey, con la Monarquía. Los
diferentes Gobiernos: Adolfo Suárez, concediendo a los
terroristas cuantos olvidos y perdones estos le solicitaron,
sin que por ello tuvieran que abdicar de su pasado, pagarán sus crímenes
o devolviesen lo robado. Felipe González, que después de haberles
disculpado con el pretexto de que luchaban contra Franco, el enemigo
público número uno de todas la canalla que ha existido y existirá,
les combatió con el crimen de estado, el "GAL",
una chapuza de proporciones tales, que, pese a no conseguir si
quiera amedrentar a la banda, terminó cargándose a cuatro
inocentes. Aznar, porque pese a lo que había manifestado cuando
estaba en la oposición (3/12/91): "El PP no aceptará ningún
proceso de negociación con los terroristas", terminó
cambian la frase (3/3/98) por: "Si los terroristas dejan las
armas, sabré ser muy generosos". Y, finalmente, el
de Zapatero, cuya inconsistente y temeraria política
antiterroristas está en el ánimo y el conocimiento de todos: negociación
por nada. El Parlamento, que sujeto a la disciplina que
imponen los partidos políticos a quienes dicen ser los
representantes de las gentes de España, se ha mostrado sumiso con
una política antiterrorista a todas luces contraproducente. Una
postura esta de la sumisión, que no ha variado siquiera un ápice
en los momentos que más golpeaba ETA. Y es que los diputados saben
que "quien se mueve no sale en la foto". El Poder
Judicial, estacando en legalismos y a las ordenes directas de
los políticos, que con sus sentencias y decisiones de doble fondo
ha terminado por convertirse en un poder desprestigiado y para una
gran parte de la ciudadanía, inoperante. Aunque por el miedo que
produce en el ciudadano normal que un juez, el que sea, le mande a
cualquiera de nuestras cárceles infectadas de extranjería de toda
raza, credo y nación, la crítica siga siendo bastante atemperada.
El Ejército y el Benemérito Instituto Armado, más conocido
como Guardia Civil, con una omisión inconsciente en cuanto al tema
del que nos estamos ocupando, y una confundida postura de leal
sumisión al poder de turno, mientras en las cantinas cuarteleras se
ponía a parir a todo bicho viviente. Una omisión que se
hace más difícil de entender respecto al Benemérito Instituto
Armado, esto es, a la Guardia Civil, por cuanto ha tenido que
enterrar a varios niños de sus casas-cuartel. La Jerarquía Católica
vasca, que con mano de hierro ha controlado a los fieles en
orden a no cargar mucho las tintas contra los asesinos de
ETA. Unos Obispos que fieles a la "Regla Pastoral" de San
Gregorio, aunque en sentido ciertamente errado, han sido en gran
medida de los asesinos, con declaraciones de disculpa, disfrazada de
"misericordia cristiana", respecto a sus acciones, y
actuaciones tan sangrantes como prohibir funerales a las víctimas.
Destacándose de entre ellos, incluso superando al bueno de
Uriarte, el sinvergüenza de Setién, al que un Estado de Derecho
habría fusilado en calzoncillos y con la mitra. Y finalmente el Pueblo,
el soberano, esa masa de la que dicen emana todo el poder del
Estado, esa entidad amorfa y dirigida que ha sido incapaz mediante
esa decisión de voluntad que es el voto, castigar las omisiones,
las ausencias y las imprecisiones de quienes tuvieron que haber
tenido otro comportamiento para haber evitado tanta sangre
derramada.
Y viene al caso, que hoy todas estas actuaciones en quienes tuvieron la
obligación, y el deber ineludible de evitar tanta sangre derramada,
intentan hacernos olvidar las omisiones mediante la colocación de
un monumento de urgencia y una decisión judicial tardía,
actuaciones que, pese a lo que aparentemente pueda parecer, no va a
rectificar en nada la política que se ha seguido hasta aquí, que
seguirá...
Pues todos sabemos, que el día que ETA se cansa de matar, el Estado, la
Nación y el Pueblo sabrán olvidar generosamente.
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Generalísimo.
