El Aborto, totalmente des-regularizado como consecuencia de ese tercer supuesto legal, verdadero cajón de sastre para su práctica libre, que ha propiciado la realización de 100.000 abortos anuales, y la negativa a la creación de un Registro específico de pederastas, sobre la base de la seguridad de nuestros niños, certifica que la Ley, como ordenación de razón puesta al servicio del cuidado de la comunidad, ha dejado de contemplar el tratamiento preceptivo y el riguroso control de los delincuentes con elevados pronósticos de reincidencia. Al margen, de las cada vez mayores negligencias judiciales que se tapan o tramitan con sanciones insuficientes. Terrible situación que podría evitarse.

Es evidente que en lo que concierne a la muerte consentida, amparada y legalizada por el Estado de los niños en el vientre de sus madres, asesinato que llega al descuartizamiento de niños de hasta ocho meses de gestación, nada se va a modificar, si acaso, las prácticas higiénicas para no poner en peligro la vida de las madres nacionales o extranjeras, pues en esto, como en tantas otras lacras, también somos pioneros. Y nada se va a remediar, por cuanto también la Jerarquía de la Iglesia Católica, incluso al más alto nivel de representación, el mismísimo Papa, invita a sus habitaciones privadas del Vaticano a quien con su firma propicia tan espantosa matanza, SM Católica, el Rey de España. 

Por lo que concierne a las desapariciones, violaciones y asesinatos de niños a manos de los llamados pederastas, cuya lista al día de hoy, según refiere don Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía del Menor, es de "doscientos casos abiertos de niños desaparecidos sin resolver", pese a que el Ministerio del Interior se muestre imposibilitado de dar datos, pues algunos de estos niños desaparecieron hace mucho tiempo, tanto que ya serían mayores de edad en el caso de que vivieran. Lo verdaderamente grave, es, que, pese a los informes de los expertos: fiscales, abogados, policías, forenses, jueces, y médicos que consideran urgente una reforma del Código Penal, un banco de datos de sospechosos con una muestra de ADN, algo que hasta ahora la Ley no contempla, medidas de vigilancia como pulseras telemáticas e inhibición hormonal reversible o castración química, las autoridades políticas no son partidarias de que se publiquen las fotos de estos delincuentes, como medida de presión para ellos y de advertencia para los niños.