El Obispado de Ávila emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento de Pedro Bernardo tras retirar éste una placa de la época franquista que se encontraba en la fachada del templo parroquial. A su juicio, se trata de un hecho que se ha llevado a cabo "de forma ilícita" y "sin autorización alguna de la Iglesia".

En un comunicado enviado a los medios, la institución religiosa señala que la retirada de esta placa, colocada durante el régimen de Franco con alusiones a los "mártires de la Guerra Civil" y que, según recuerda el Consistorio, debía retirarse en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, es un acto realizado "sin autorización alguna de la Iglesia" y en el que, a su juicio, las "personas implicadas" han actuado "de forma ilícita, sin respetar el ordenamiento jurídico".

Se trata, según el comunicado del Obispado, por tanto, de unos hechos "constitutivos de una infracción de carácter penal", lo que motiva que se "deban ejercitar las acciones legales pertinentes, sin perjuicio –continúa- de recurrir los actos administrativos del Ayuntamiento".

Según el comunicado, "en el momento actual no existía acto o resolución firme de ningún género que legitimase actuación alguna sobre la placa destruida", por lo que el Ayuntamiento "ha ido en contra de sus propios actos expresos, perfectamente documentados", ya que en el momento actual, "todavía había plazo para recurrir diversas resoluciones municipales, cuya firmeza nunca ha tenido lugar y no tenían carácter ejecutivo".

Y es que para el Obispado, además, los miembros del Ayuntamiento, que llevan detrás de la retirada de esta placa ya unos meses y que, finalmente, la retiraron este viernes, a través de una empresa contratada por el Consistorio, han seguido "una política de hechos consumados, sin esperar a intervenir de forma legal", lo que, desde su punto de vista, es un "atropello", que ha consistido en la "destrucción de una placa" situada en la fachada de la iglesia que, además, se ha llevado a cabo "por diversas personas, invocando que actuaban en nombre del Ayuntamiento".

Por todo ello, y aunque desde el Obispado se "lamenta profundamente" la situación, así como los "enfrentamientos que ha generado y puede generar en un futuro entre los vecinos de la localidad", decidió denunciar la situación, toda vez que –recuerdan- ante los escritos remitidos y las entrevistas con los responsables de la Corporación, se ha expresado "siempre la necesidad de preservar la paz social y, para ello, de actuar según la legalidad vigente".

En este sentido, concluyen que la Ley de la Memoria Histórica "invocada por los responsables municipales no autoriza, en ningún caso, una intervención como la producida" y que los informes solicitados a los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española y a los distintos especialistas "coinciden" en este aspecto sobre la citada normativa.