Por Ángel David Martín Rubio.
Universidad San Pablo-CEU (Madrid).
Algunos años antes de su último descalabro electoral, Izquierda
Unida de Extremadura anunciaba el comienzo de un proceso
constituyente que habría de llevar a la III República Federal, así
como la celebración de una serie de actos que fueran caldeando el
ambiente mediante la conmemoración de la II República. Desde
entonces se viene celebrando en el mes de abril una marcha al lugar
en que estuvo ubicado un campo de concentración en las
inmediaciones de Castuera (Badajoz).
No es la primera vez que los comunistas convierten a la comarca de La
Serena, lo que antaño ellos mismos denominaron la Extremadura Roja, en escenario de una serie de actividades
reivindicativas en las que cuentan con el respaldo de otros partidos
políticos, una red de asociaciones que se mueven en torno a la
llamada recuperación de la
memoria histórica, la Universidad de Extremadura y una fabulosa
provisión de fondos públicos. La declaración de intenciones no
puede ser más explícita: estamos ante el inicio de una campaña de
objetivos puramente políticos al servicio de los cuales se utiliza
del pasado al margen de cualquier consideración de naturaleza científica.
Difundida ampliamente la leyenda de las matanzas de la Plaza
de Toros de Badajoz, a pesar de haber sido refutada por la
historiografía más seria, estamos en vísperas del lanzamiento a
gran escala de un nuevo mito: el de la existencia de un campo de exterminio en Castuera. Y
empleamos el concepto de mito en el sentido de una formulación con
cierto fundamento en una realidad que resulta intencionadamente
deformada y que sirve para sostener un determinado sentimiento o
conducta, en este caso un proyecto político radical de extrema
izquierda. Si hay que hablar de genocidio para definir lo ocurrido
en la zona nacional y en la posguerra, resulta necesario hacer creer
que en la España de Franco existieron campos de exterminio y se ha
encontrado en el caso de Castuera un formidable baluarte propagandístico.
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Fue Justo Vila Izquierdo el primer en poner por escrito la leyenda de
este campo en dos libritos (verdadero vademécum de la historiografía
de extrema izquierda sobre la guerra civil en Extremadura) en los
que sostenía que el campo de Castuera fue «posiblemente la
mayor aberración de la posguerra, donde se ensayaron métodos de
exterminio masivo, utilizados después por los nazis en sus campos
de muerte durante la segunda guerra mundial» y en esto consistían
dichos métodos:
«Al
principio, los muertos eran enterrados en zanjas abiertas al
efecto, sin embargo, dada la gran cantidad de presos condenados
diariamente, deciden poco después enterrar a los mismos en bocas
de minas abandonadas. Más tarde, el refinamiento, la crueldad y
la barbarie de los ejecutores llegó hasta extremos difícilmente
imaginables: los condenados eran atados con sogas por la cintura,
unos a otros en interminables filas y empujados a culatazos a las
bocas de la mina, en medio de terribles sufrimientos, los presos
recibían desde lo alto, bombas de mano y ráfagas de metralla que
acaban con sus vidas»
Para sostener esta peregrina escenografía, Vila cita —siempre de
manera fragmentaria— testimonios como los de Esteban López Ramos,
Valentín
Jiménez Gallardo y José Hernández Mulero. Afortunadamente, pocos
años después, en una publicación de dos profesores de la
Universidad de Extremadura se recogían en su integridad los datos
proporcionados por éste último y se podía comprobar el fraude:
Hernández Mulero llegó al campo de concentración de Castuera el
24 de octubre y lo abandonó el 6 de diciembre, fechas en las que no
se registra ninguna muerte, y él mismo reconoce que la historia de
la cuerda
india era
un simple rumor del que oyó hablar después:
«Cerca
del campo había unas bocaminas y algunas noches sentíamos vibrar
el terreno, como si hubiera explosiones cerca. Nosotros creíamos
que era el maquis que venía. Pero luego nos dijeron que allí hacían
la cuerda india, con prisioneros amarrados unos con otros, que
tiraban a la mina, vivos, y unos arrastraban a otros, y dentro de
la bocamina les tiraban bombas de mano para matarlos».
Naturalmente, Vila Izquierdo a quien han
seguido otros, no había tenido la decencia profesional de hacernos
conocer esta importante precisión cronológica. Por su parte, Javier Rodrigo al hablar del campo de Castuera se limita
a airear algunos tópicos y alude a una «importante investigación
local»
cuyos resultados suponemos deben encontrarse en los artículos de
Antonio D.López
y José Ramón González
con una curiosa reiteración de documentación y argumentos a pesar
de tratarse de autores distintos y que no publican en colaboración.
Ahora se anuncia la presentación de un libro de Antonio López Rodríguez
con un título no menos propagandístico y pretencioso: Cruz, Bandera y Caudillo: el Campo de concentración de Castuera.
En el artículo citado, López Rodríguez sostenía que el campo de
concentración de Castuera era un “ente” «donde
se encerraba a los vecinos “sospechosos” de la comarca, y donde
se hacía desaparecer a cualquier individuo que hubiera tenido
cualquier tipo de relación directa y activa con la recién
derrotada República».
Si consideramos que fueron varios miles de personas los que tuvieron
relación con la República en la comarca y si a cualquiera de ellos
se les “hizo desaparecer”,
nos encontramos en la línea argumental de Vila: el campo de
Castuera como un lugar de exterminio masivo, pero los resultados que
él mismo ofrece después de su propia investigación no avalan tal
afirmación y reducen a unos mínimos las expectativas que aspiraban
a convertir a Castuera en el Auschwitz extremeño del
franquismo. Su lista provisional de desaparecidos consta de
apenas algunos nombres, la mayoría documentados a través de otras
fuentes que en ocasiones difieren en cuanto a la fecha y lugar de
muerte. En la
mayoría de los casos, todas estas víctimas pueden ser
identificadas documentalmente por su participación en las
detenciones, fusilamientos y demás excesos cometidos en la
retaguardia, tanto en Castuera como en otros pueblos de la comarca.
Como ya se había publicado en otros lugares —aunque López no haga
alusión a ellos en sus breves apuntes historiográficos—
Castuera fue escenario, al igual que otros lugares de la provincia
de Badajoz, de varias decenas de ejecuciones irregulares durante los
meses de abril y mayo de 1939; aunque algunas de ellas se hubieran
llevado a cabo entre presos sacados directamente del campo (cosa que
hasta ahora no ha podido demostrarse documentalmente) se trataría
de hechos aislados que no vuelven a repetirse y menos aún en las
fechas en que, siempre basándose en dudosos testimonios orales, se
pretenden situar las muertes llevadas a cabo en el campo.
ARRIBA
Por otro lado, y sin querer restar dramatismo a ninguno de estos
sucesos, menos legítimo aun resulta silenciar el contexto de las
violencias llevadas a cabo con anterioridad por los revolucionarios
para convertir unas cuantas represalias en un exterminio sistemático
de enemigos sociales o políticos que no existió porque la inmensa
mayoría de los que habían apoyado al Frente Popular rehicieron sus
vidas en los años.
Las cifras posteriores al cierre de la Bolsa de la Serena en el verano
de 1938 no pueden ser más elocuentes y lo ocurrido ahora se repetirá
al terminar la guerra: de un total de unos seis mil prisioneros, un
42,13% son considerados por la comisión clasificatoria afectos al
Movimiento Nacional con toda seguridad y un 33,66% con dudas,
mientras que únicamente al 24,08% (1.512 presos) se le atribuyen
responsabilidades penales por sus comportamientos durante el período
revolucionario y serían objeto de posterior investigación para
formar causa o diligencias previas si los elementos de juicio eran
muy poco precisos. Como ocurrirá en 1939, el hecho de haber sido
llamado a filas no determinó en modo alguno el procesamiento de
nadie ni fue motivo de acusación y ante los tribunales no
comparecieron más que los que fueron procesados, que fueron muchos
porque muchos eran los delitos, pero no todos, ni siquiera la mayoría
de los prisioneros del Ejército Popular.
Cualquier análisis que
ignore lo que ocurrió en los años anteriores, carece de rigor para
explicar lo sucedido a partir de 1939. Resulta, por eso, muy
significativo recordar que en un mitin celebrado en la plaza de
toros de Badajoz el 18 de mayo de 1936, el diputado comunista por
Sevilla Antonio Mije pronunció unas palabras en las que aparecen
reflejados con toda claridad cuáles eran los objetivos
revolucionarios del Frente Popular y cuáles eran los medios de que
los partidos y sindicatos integrados en dicha coalición iban a
servirse para alcanzar ese fin:
«Yo supongo
que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará
normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las
calles con el puño en alto las Milicias uniformadas; al ver cómo
desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y
campesinos, que son los hombres del futuro ejército rojo obrero y
campesino de España [...]
Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de
energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras
y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se
preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue
en España dominando de forma cruel y explotadora a lo mejor y más
honrado y más laborioso del pueblo español».
Desde que en julio de
1936 aquellas “masas obreras y campesinas” —que habían
recibido armas del Gobierno de la República al margen de cualquier
consideración legal— aprovecharon para desencadenar la anunciada
revolución en aquellos lugares en que los militares y paisanos
sublevados no lograron imponerse, se había cumplido literalmente
esta advertencia del diputado comunista: aquel Ejército Rojo se
formó para acabar con lo que él llamaba la “burguesía”,
es decir, todos aquellos que, con independencia de su situación
social, no querían someterse al Frente Popular. El terror sembrado
en toda la retaguardia sometida a su control iba a mantenerse
durante los casi tres años de guerra y las parcas victorias que
obtuvieron las armas al servicio del Partido Comunista siempre
fueron acompañadas —como ocurrió en Belchite y Teruel a finales
de 1937 y comienzos de 1938— de asesinatos indiscriminados y
selectivos, saqueos, destrucciones y persecución religiosa, igual
que había ocurrido en el verano de 1936.
La provincia de Badajoz
no fue ninguna excepción al panorama que venimos describiendo y,
desde el primer momento, sufrió el terror que era la lógica
consecuencia de cómo concebía el proceso revolucionario su auténtico
protagonista en la retaguardia pacense: el Partido Socialista,
responsable de una política que acabó al servicio de los designios
pro-sovieticos del Partido Comunista marginando así —con el
empleo incluso de la sangre— a los anarquistas como antes lo habían
sido los republicanos motejados de “burgueses”. Varios
centenares de personas perdieron la vida en las matanzas con las que
socialistas y comunistas regaron de abundante sangre las comarcas de
La Serena y Los Montes; miles de vecinos de estos pueblos pasaron
por las cárceles o dejaron en ellas la vida y la salud; durante
meses milicianos y dirigentes políticos se convirtieron en dueños
de la vida y hacienda de muchas de personas cuya vida podía
depender del capricho de uno de aquellos flamantes revolucionarios,
algunos de los cuales se habían de convertir años después en
locuaces testigos orales hábilmente interrogados por ciertos
historiógrafos para conmovernos con sus lamentos por las
incomodidades que tuvieron que sufrir en la posguerra.
Solo por citar uno de los casos ocurrido precisamente con vecinos de
Castuera, en la mañana del 22 de agosto, veinticuatro detenidos
fueron montados en el tren y, al llegar a las inmediaciones del
apeadero de El Quintillo, les obligaron a bajar, les hicieron
varios disparos en las piernas, al caer al suelo les echaron encima
leña y los rociaron con gasolina, prendiéndole seguidamente fuego
y quemándolos cuando aún estaban con vida. La lista de los
asesinados había sido seleccionada la noche antes en una reunión
del Comité que tuvo lugar en el Ayuntamiento. Entre ellos
figuraban el Párroco, Andrés Helguera Muñoz, y el primer alcalde
que tuvo la República en esta población: Camilo Salamanca Jiménez.
Si a las “sacas colectivas” añadimos otras muertes que se
produjeron en forma aislada (las últimas en 1938) en total fueron
asesinadas en Castuera ochenta y seis personas; si nos referimos a
todos los vecinos de este pueblo, incluyendo a los fusilados en
otros lugares, el número total de víctimas de la represión
frentepopulista se sitúa en ciento nueve, una de las cifras más
altas de la provincia. Por lo que a su origen socio-profesional se
refiere, predomina un grupo de modestos empleados y obreros de
distintos oficios, en su mayoría vinculados a Falange Española,
organización que ya había sufrido en esta localidad un atentado
contra el jefe provincial Arcadio Carrasco (marzo-1936) y el
asesinato de uno de sus militantes, Leopoldo Sánchez Hidalgo, pocos
días antes de comenzar la guerra. En su inmensa mayoría (82,5%)
son el resultado de
extracciones de grupos numerosos de detenidos procedentes de los
lugares habilitados como prisión mientras que solo algunos casos
fueron muertes aisladas. Teniendo en cuenta que las “sacas” se
llevaban a cabo con un gran despliegue de medios, en la inmensa
mayoría de estos crímenes puede hablarse de la participación de
las autoridades locales así como de un contingente de milicias y
guardias de asalto a las órdenes de sus respectivos mandos. El mito
de la espontaneidad en la violencia revolucionaria resulta así
insostenible y únicamente se puede hablar de asesinatos irregulares
por carecer de toda norma jurídica no por haberse llevado a cabo
sin la anuencia de los dirigentes.
Aún no habían pasado
tres años desde que el diputado Mije anunciara en Badajoz la
formación del «futuro ejército
rojo obrero y campesino» cuando el Generalísimo Franco
anunciaba en el último parte de guerra la derrota de aquel Ejército
Rojo que, aunque cautivo y desarmado, venía a plantear un serio
problema de orden público al Nuevo Estado constituido durante los años
de la guerra ya que debido a su composición no podía ser
reintegrado automáticamente a la vida civil.
ARRIBA
A lo largo de estas páginas, hemos tenido ocasión de comprobar que
—al margen de mitos y leyendas— hay varios centenares de
muertos y presos de los que nadie habla y también eran de Castuera
o murieron allí: los asesinados por las milicias frentepopulistas
en El Arenal; los quemados
vivos en El Quintillo; los
fusilados en el Cementerio; los detenidos en el Depósito municipal
y la Ermita de los Mártires;
los presos en los Campos de Trabajo establecidos por el Gobierno de
la República mucho antes de la creación del Campo de Castuera; los
soldados y voluntarios caídos en el frente de La Serena para
liberar a esta comarca del horror y sufrimiento de dos años de
revolución...
¿Qué Republica era
aquella en la que ocurrían sucesos como los aludidos? Francisco
Largo Caballero dirigente socialista condenado a cadena perpetua por
un tribunal del Estado Constitucional en 1917, colaborador con el
Dictador Primo de Rivera, más tarde ministro y golpista en 1934, lo
había advertido con toda claridad en 1931: si, como debía hacerse
en lógica democrática, las Cortes Constituyentes eran disueltas
una vez terminada su función: «ese intento sólo sería la señal
para que el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores
lo considerase como una nueva provocación y se lanzasen incluso a
un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar tal posibilidad
que sería un reto al partido y nos obligaría a ir a una guerra
civil».
No hacía falta ser un profeta para vaticinar el futuro de España,
como lo hacía un periódico republicano, en los siguientes términos:
«¿qué clase de república y qué clase de democracia es ésta?...
Nadie podrá llamarse ya a engaño ante lo que se avecina y menos
que nadie los mismos republicanos a quienes el sr.Largo Caballero
reserva en su República un porvenir tan poco halagüeño».
Cualquiera que se asome a los medios de comunicación podrá comprobar
los efectos de la siembra de odio que se está llevando cabo
mientras se forjan y difunden mitos como el del campo de concentración
de Castuera. Sería preferible que se dejara reposar a todos los
muertos de la Guerra Civil bajo una cruz que fuera símbolo
de reconciliación, unidad y verdad pero si otros prefieren seguir
manipulando la historia y emplearla como arma al servicio de su
demoledor proyecto político, habrá que recordarles que fueron los
ahora llamados “republicanos” quiénes comenzaron a derramar la
sangre de sus enemigos sobre las tierras extremeñas y a todos nos
convendría no olvidar lo que ocurrió en 1936 cuando las
izquierdas, con el Partido Socialista a la cabeza, dinamitaron el
Estado de Derecho.
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Generalísimo.
