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Hacen
falta 12.000 muertos.
Por Ángel David
Martín Rubio.
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Si alguien piensa que la Junta y la Universidad
de Extremadura únicamente se dedican a promocionar fotografías
pornográficas y blasfemas, se equivoca.
La llamada
“recuperación de la memoria histórica” forma parte de un
proyecto que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo
como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios
de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación
de toda voz discordante.
Estamos en período
pre-electoral y a los socialistas extremeños les hacía falta un
titular como los publicados en la prensa regional del 26 y 27 de
marzo: “Badajoz sufrió 12.000 ejecuciones durante la guerra
civil”. El rigor académico de algunas de las investigaciones a
las que alude D. Julián Chaves, profesor titular de Historia
Contemporánea, están muy por encima de su utilización al servicio
de una estrategia de partido por lo que, sinceramente, lamentamos
que el trabajo de muchos jóvenes historiadores sufra esta distorsión
que dejará marcada para siempre su trayectoria profesional.
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Que la provincia de
Badajoz fue una de las más afectadas por las ejecuciones que
tuvieron lugar durante la pasada Guerra Civil Española es algo que
ya documentó acertadamente Salas Larrazábal en 1977 y que guarda
relación con la ofensiva revolucionaria que aquí se sufrió. Un
siglo de liberalismo dio al socialismo y ambos llevaron a nuestra
región a un paroxismo del que se empezaría a salir muy lentamente
gracias a la política de dignidad nacional, regeneración moral y
progreso materia promovida por Francisco Franco.
De los trabajos históricos
a que nos referimos únicamente cabe esperar una mayor precisión en
lo que al número de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance
en su explicación historiográfica al margen de prejuicios ideológicos.
En todo caso, al avivar artificialmente el debate sobre los muertos,
se pretende demostrar mediante la abultada disparidad de las cifras
debida a la represión en los dos bandos que el Gobierno
frentepopulista se habría visto desbordado por la actividad de
incontrolados mientras que en zona nacional y en la posguerra eran
las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que
adquirió caracteres de exterminio. Así, en la línea del
periodista Peter Weyden, José Fontana hace de lo que él llama las
sangrientas matanzas de Badajoz un anticipo de Auschwitz.
Habrá que esperar a
que se haga público el resultado de unas investigaciones que,
incomprensiblemente, se retrasan durante años para
comprobar si detrás de cada una de esas cifras hay un nombre
y un apellido o, si como ocurre en otras muchas ocasiones, se
atribuyen a la represión causada por los sublevados numerosas víctimas
que en realidad se deben a otras causas por lo que los balances
finales no pueden aceptarse. Esto es algo que han practicado de
manera poco escrupulosa Francisco Moreno Gómez y Francisco Espinosa
Maestre para los casos de Andalucía y Extremadura. El primero de
ellos suele basarse en cálculos, misteriosos informes, o en las
exageraciones de lo que él llama la “opinión pública” para
atribuir más de nueve mil muertos a la represión nacional en la
provincia de Córdoba mientras que Espinosa mezcla las continuas
invectivas y juicios peyorativos hacia cualquiera que no comparte
sus radicales puntos de vista con unas listas en las que se mezclan
con las verdaderamente causadas por la represión nacional muertos
con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones, víctimas
izquierdistas como las producidas en Azuaga y Monesterio durante los
enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios
y fuerzas de orden público, bajas de bombardeos y explosiones,
asesinados por los frentepopulistas, miembros del Ejército nacional
muertos en acción de guerra, nombres repetidos con ligeras
variantes y, por último, en localidades donde hubo combates de
relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen
en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos
llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita
ninguna baja ocasionada en acción de guerra... Basta citar el caso
de Juan Blanco Platón, una de las víctimas de la
represión que añade Espinosa Maestre para incrementar las cifras
de la capital aunque un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz
permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que
se originó al caerse de un carro» y por eso se cita a sus más próximos
familiares «al objeto de prestar declaración y ofrecerles el
procedimiento de dicha causa».
12.000 es una cifra
redonda con la que se pretende superar las no menos arbitrarias que
se han dado para otros lugares; subirá o bajará según les
interese a sus promotores. Pero no es esa la cuestión. En un mitin
celebrado en la plaza de toros de Badajoz el 18
de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio
Mije amenazó a los enemigos del Frente Popular en términos muy
claros:
«Yo supongo que
el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente
desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño
en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana
millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los
hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una
demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una
demostración de disciplina de las masas obreras y
campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan
para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España
dominando de forma cruel y explotadora» (Claridad, Madrid,
19-mayo-1936).
Es decir, que en la
primavera de 1936, a la “burguesía” de Badajoz (o sea, a todos
aquellos que no formaban parte del Frente Popular) les bastaba
asomarse a la calle o leer un periódico socialista para contemplar
el embrión de un verdadero ejército que se preparaba «para
terminar con esa gente». Gente que, desde 1931, sabía muy bien lo
que significaban aquellas palabras porque había tenido ocasión de
comprobarlo en sucesos como el brutal linchamiento de cuatro
guardias civiles en Castilblanco, los asaltos, incendios y saqueos
de propiedades, la intentona revolucionaria de diciembre de 1933 en
Villanueva de la Serena, el asesinato del primer falangista en
Zalamea, la huelga campesina de junio de 1934 abortada por Salazar
Alonso desde el Gobierno, la manipulación de los resultados
electorales en la provincia de Cáceres en febrero de 1936 o las
violencias alentadas por alcaldes como el llamado Pepe el fresco
desde su feudo de Zafra. En todo caso, el tiempo habría de
demostrar que el corazón de aquellos burgueses todavía palpitaba
con la suficiente normalidad como para no asistir pasivos a su
propio exterminio.
Esta es la tragedia
histórica que el Partido Socialista extremeño quiere ocultar y,
para eso, necesita 12.000 muertos. Si no existen… la realidad
nunca ha sido problema para unos dirigentes políticos que nos
invitan a diario a instalarnos en una existencia virtual en la que
se dan la mano la pornografía y la mentira. La sombra del Consejero
Muñoz es alargada.
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Generalísimo.
