Hacen falta 12.000 muertos.
Por
Ángel David Martín Rubio.
29/03/2007.
Si alguien piensa que la Junta y la Universidad de
Extremadura únicamente se dedican a promocionar fotografías pornográficas y
blasfemas, se equivoca.
La llamada “recuperación de
la memoria histórica” forma parte de un proyecto que nada tiene que ver con
la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por
frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y
eliminación de toda voz discordante.
Estamos en período pre-electoral y a los socialistas extremeños les hacía falta un titular como los publicados en la prensa regional del 26 y 27 de marzo: “Badajoz sufrió 12.000 ejecuciones durante la guerra civil”. El rigor académico de algunas de las investigaciones a las que alude D. Julián Chaves, profesor titular de Historia Contemporánea, están muy por encima de su utilización al servicio de una estrategia de partido por lo que, sinceramente, lamentamos que el trabajo de muchos jóvenes historiadores sufra esta distorsión que dejará marcada para siempre su trayectoria profesional.
Que la provincia de Badajoz fue
una de las más afectadas por las ejecuciones que tuvieron lugar durante la
pasada Guerra Civil Española es algo que ya documentó acertadamente Salas
Larrazábal en 1977 y que guarda relación con la ofensiva revolucionaria que
aquí se sufrió. Un siglo de liberalismo dio al socialismo y ambos llevaron a
nuestra región a un paroxismo del que se empezaría a salir muy lentamente
gracias a la política de dignidad nacional, regeneración moral y progreso
materia promovida por Francisco Franco.
De los trabajos históricos a
que nos referimos únicamente cabe esperar una mayor precisión en lo que al número
de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance en su explicación historiográfica
al margen de prejuicios ideológicos. En todo caso, al avivar artificialmente el
debate sobre los muertos, se pretende demostrar mediante la abultada disparidad
de las cifras debida a la represión en los dos bandos que el Gobierno
frentepopulista se habría visto desbordado por la actividad de incontrolados
mientras que en zona nacional y en la posguerra eran las propias autoridades
quienes dirigían una acción represiva que adquirió caracteres de exterminio.
Así, en la línea del periodista Peter Weyden, José Fontana hace de lo que él
llama las sangrientas matanzas de Badajoz un anticipo de Auschwitz.
Habrá que esperar a que se haga
público el resultado de unas investigaciones que, incomprensiblemente, se
retrasan durante años para comprobar
si detrás de cada una de esas cifras hay un nombre y un apellido o, si como
ocurre en otras muchas ocasiones, se atribuyen a la represión causada por los
sublevados numerosas víctimas que en realidad se deben a otras causas por lo
que los balances finales no pueden aceptarse. Esto es algo que han practicado de
manera poco escrupulosa Francisco Moreno Gómez y Francisco Espinosa Maestre
para los casos de Andalucía y Extremadura. El primero de ellos suele basarse en
cálculos, misteriosos informes, o en las exageraciones de lo que él llama la
“opinión pública” para atribuir más de nueve mil muertos a la represión
nacional en la provincia de Córdoba mientras que Espinosa mezcla las continuas
invectivas y juicios peyorativos hacia cualquiera que no comparte sus radicales
puntos de vista con unas listas en las que se mezclan con las verdaderamente
causadas por la represión nacional muertos con anterioridad a la fecha en que
se ocuparon las poblaciones, víctimas izquierdistas como las producidas en
Azuaga y Monesterio durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre
los revolucionarios y fuerzas de orden público, bajas de bombardeos y
explosiones, asesinados por los frentepopulistas, miembros del Ejército
nacional muertos en acción de guerra, nombres repetidos con ligeras variantes
y, por último, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes
correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a
causa de la represión; esto nos
12.000 es una cifra redonda con
la que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han dado para otros
lugares; subirá o bajará según les interese a sus promotores. Pero no es esa
la cuestión. En un mitin celebrado en la plaza de toros de Badajoz el 18
de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio Mije amenazó
a los enemigos del Frente Popular en términos muy claros: