Las sentencias judiciales deberían ser como las homilías, claras, breves y concisas. Pues como dice el refrán, "lo poco agrada y lo mucho cansa". Y ello, por no citar a Gracian con su conceptismo tan sabio y prudente siempre. Sin embargo, nuestros magistrados no siempre atienden a esta razón, y emulando a Groucho Marx se enredan en disquisiciones que no sólo afectan al sentido de la comprensión racional, sino a la misma norma jurídica. Pues no son ellos, mal que les pese, los primeros creadores del Derecho. Y mucho menos el Gobierno de turno, aunque gracias a él estén esos magistrados donde están. Que esa es otra de nuestras lacras políticas y sociales... la independencia y valoración del Tercer Poder del Estado.

Pero con todo lo inoportuno que es este tipo de actuaciones por parte del Tercer Poder del Estado, al que se le acumulan los pleitos y las sentencias, incluso las de mayor trascendencia para la vida de la nación, como es el caso del nuevo Estatuto catalán, que después de tantos meses no sabemos al día de hoy si es o no constitucional, estos señores pagados con el erario público deberían, al menos, no salirse de lo que es en realidad la Ley, cuya principal característica es la de ser igual para todos, porque no en balde una de sus características es la generalidad.

Respecto a la sentencia que, dentro de la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género –un simple delito de lesiones, y en caso de muerte, un parricidio, asesinato u homicidio-, avala "merecen mayor castigo las agresiones que en el seno de la pareja hayan sido cometidas por un hombre", y al margen de las opiniones políticas de los siete magistrados nombrados por el PSOE que han avalado dicha sentencia, frente a los otros cinco restantes, lo primero que deberíamos considerar, es el despropósito jurídico de la sentencia, por cuanto vulnera principios jurídicos elementales del Derecho que no puede establecer diferencias; y en este caso, diferentes penas en función del sexo del agresor y de las víctimas, en cuanto establecería como legítimo, entre otras cosas, un des-valor a la vida del varón respecto a la de la mujer. Por tanto, frente a esa "palmaria legitimidad constitucional" que declaran los siete magistrados nombrados por el PSOE, en lo que realmente se fundamenta o asienta la citada sentencia es en un vacío jurídico, que no político. Pues siempre resultara cuanto menos sospechoso que esta Ley con todas sus cláusulas y pormenores sea uno de los des-propósitos de ZP de cara a la galería.

Al margen de introducir de forma implícita una agravante, como es la de ser varón. Todo, pues, un contrasentido jurídico que afecta de forma plena y determinante al principio de igualdad que el Derecho consagra, estableciendo, al mismo tiempo, la discriminación por razón de sexo en perjuicio del varón. Aunque ciertamente la mujer, como sexo débil que es, pese a la censura que de tal expresión hace el magistrado del Constitucional don Vicente Conde, merezca un tratamiento especial en cuanto a las agresiones que pueda sufrir por parte del varón, pero sólo en orden a la circunstancia agravante del abuso de superioridad. Pues, al margen de lo que dice San Pablo sobre lo que debe ser la relación entre los esposos, convendría interiorizar, más que recordar, esa preciosa expresión del Corán que dice: "Dios contará las lágrimas de las mujeres".