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Por
Pablo Gasco de la Rocha.
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En noviembre
de 1998 la algarada izquierdista sometió a un juicio popular sin
base jurídica ni respeto a la libertad de expresión a don Pedro
Varela, editor y librero, acusándole de un delito de "apología
del genocidio". Juzgado con arreglo a Derecho por la
Audiencia de Barcelona, se le agregó un segundo delito,
"provocación a la discriminación, al odio y a la violencia
por motivos raciales" por vender obras que ponen en duda el número
exacto de judíos muertos en los campos de concentración
durante la Segunda Guerra Mundial, que no por justificarlos ni por
intentar rehabilitar el nazismo. Destrozada su librería por los
chicos que hoy queman fotografías del Rey (que ni fueron apresados
ni juzgados, pues colaboraban con la justicia) e incautados y
requisados un importante número de libros por la policía catalana
(acto que hoy puede ser constitutivo de un delito de apropiación
indebida), don Pedro Varela fue condenado a cinco años de cárcel.
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Hace unos días, y
en el más absoluto de los silencios por parte de los medios de
comunicación, que tan importante labor realiza en la sociedad, el
Tribunal Constitucional fallaba a favor del recurso de
inconstitucionalidad que don Pedro Varela presentó a través de la
Audiencia de Barcelona contra la sentencia que le condenaba. Una
sentencia que no sólo está acorde con la congruente doctrina de su
sentencia 214/91 (Caso: "Violeta Friedman versus León Degrelle"
respecto a los requisitos de veracidad exigibles a ciertos relatos
sobre el genocidio nazi), sino que recusa el inciso del articulo
607.2 del Código Penal, que sanciona la difusión de ideas o
doctrinas negadoras de los genocidios porque colisiona con las
libertades de ideología y de expresión reconocidas en la
Constitución. Al margen de que haría imposible el debate
historicista respecta de otros temas semejantes o de amplia
controversia histórica, cuya negación no constituye delito alguno.
Por ejemplo, la negación que hacen muchos, pese al informe judicial
que al respecto, "Causa General", y a la opinión en
contra de historiadores de toda tendencia (Félix Schlayer, Ricardo
de la Cierva, Stanley G. Payne, Paul Preston, Rafael Casas de la
Vega, José Luís Lesdesma, Ian Gibson, Arsenio de Izaga...) del
Genocidio de Paracuellos del Jarama, que puso práctica y ejecutó
la Junta de Defensa de Madrid durante noviembre y diciembre de 1936,
mediante matanzas y fusilamientos tendentes a acabar con una
determinada población por su forma de ser, pensar y sentir... De ahí
que sea correcto que se empleen los términos de
"holocausto" y "genocidio", así como denominar
"mártires" a los asesinados, pues miles de ellos murieron
por su sola condición religiosa.
Y es que el horror
de lo que allí ocurrió fue tan indescriptible, conforme a los
planes que se dispusieron para tal propósito: el exterminio de
cuantos se opusieran a la sovietización de España, que el
presidente del PNV en la capital de España, Jesús Galíndez
-asesinado años más tarde en extrañas circunstancia durante su
exilio-, lo consideraba "la más grave ignominia de la guerra
civil".
En cuanto a los asesinados, es difícil saber el número exacto de los
que fueron asesinados en aquel lugar, procedentes de las cárceles
gubernativas, pues Paracuellos también fue también el lugar
escogido para el enterramiento de asesinados en otros lugares. En
este sentido es clave el estudio realizado por los historiadores: Ricardo
de la Cierva asegura, que "los enterramientos se
acercan a los 10.000: 2.750 perfectamente identificados como
asesinados en Paracuellos". Por su parte Arsenio de Izaga,
que fue archivero de la Real Academia de la Historia, los cifra en
"8.354". Stanley G. Payne habla de "al menos
4.000". Gibson propone la cifra "no inferior a
2.400". Y Preston, que es quien menos ha estudiado el
tema, cita un número "no inferior a 1.200". A tenor,
pues, del estudio, la cifra que se da como más exacta es la de
5.000 personas las asesinadas en Paracuellos del Jarama en tres
tandas o sacas.
De lo que no hay duda, es que entre ellos había gentes de toda edad,
sexo, clase social y condición ideológica, incluso niños, y
muchas familias enteras de padres e hijos y hermanos. Y priores de
Ordenes Religiosas, como los Hermanos de San Juan de Dios y
Agustinos, y cientos de sacerdotes y monjas. Aspecto éste que fue
prioritario en el bando "rojo", pues, sin excluir dos
Obispos, la cifra de sacerdotes y monjas asesinados en la
retaguardia por el bando rojo –que no republicano- durante
los tres años de guerra fue de 9.000.
Y es que las zonas de España gobernadas por el Frente Popular
–comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos radicales,
independentistas y masones-, vivirá un proceso de terror político
que terminará cobrándose más de 60.000 vidas (cifra perfectamente
documentada) Plan de exterminio que se suele disculpar con el
consabido argumento de la "espontaneidad incontrolada de las
masas" o como producto de la "acción de elementos
incontrolados". Sin embargo, las víctimas no son aleatorias ni
fortuitas, sino muy concretas desde el punto de vista
"revolucionario". Son los "enemigos de clase":
religiosos, gentes de derecha, propietarios e industriales,
militares, falangistas... Ampliándose poco a poco, hasta ser
enemigo todo el que se opusiera a sus planes.
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Generalísimo.
