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Actualizada: 27 de Noviembre de 2.007.  

 
 
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  Sobre el 11-M.


 Pedro Varela.


Por Pablo Gasco de la Rocha. 


En noviembre de 1998 la algarada izquierdista sometió a un juicio popular sin base jurídica ni respeto a la libertad de expresión a don Pedro Varela, editor y librero, acusándole de un delito de "apología del genocidio". Juzgado con arreglo a Derecho por la Audiencia de Barcelona, se le agregó un segundo delito, "provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales" por vender obras que ponen en duda el número exacto de judíos muertos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, que no por justificarlos ni por intentar rehabilitar el nazismo. Destrozada su librería por los chicos que hoy queman fotografías del Rey (que ni fueron apresados ni juzgados, pues colaboraban con la justicia) e incautados y requisados un importante número de libros por la policía catalana (acto que hoy puede ser constitutivo de un delito de apropiación indebida), don Pedro Varela fue condenado a cinco años de cárcel. 

Hace unos días, y en el más absoluto de los silencios por parte de los medios de comunicación, que tan importante labor realiza en la sociedad, el Tribunal Constitucional fallaba a favor del recurso de inconstitucionalidad que don Pedro Varela presentó a través de la Audiencia de Barcelona contra la sentencia que le condenaba. Una sentencia que no sólo está acorde con la congruente doctrina de su sentencia 214/91 (Caso: "Violeta Friedman versus León Degrelle" respecto a los requisitos de veracidad exigibles a ciertos relatos sobre el genocidio nazi), sino que recusa el inciso del articulo 607.2 del Código Penal, que sanciona la difusión de ideas o doctrinas negadoras de los genocidios porque colisiona con las libertades de ideología y de expresión reconocidas en la Constitución. Al margen de que haría imposible el debate historicista respecta de otros temas semejantes o de amplia controversia histórica, cuya negación no constituye delito alguno. Por ejemplo, la negación que hacen muchos, pese al informe judicial que al respecto, "Causa General", y a la opinión en contra de historiadores de toda tendencia (Félix Schlayer, Ricardo de la Cierva, Stanley G. Payne, Paul Preston, Rafael Casas de la Vega, José Luís Lesdesma, Ian Gibson, Arsenio de Izaga...) del Genocidio de Paracuellos del Jarama, que puso práctica y ejecutó la Junta de Defensa de Madrid durante noviembre y diciembre de 1936, mediante matanzas y fusilamientos tendentes a acabar con una determinada población por su forma de ser, pensar y sentir... De ahí que sea correcto que se empleen los términos de "holocausto" y "genocidio", así como denominar "mártires" a los asesinados, pues miles de ellos murieron por su sola condición religiosa.

Y es que el horror de lo que allí ocurrió fue tan indescriptible, conforme a los planes que se dispusieron para tal propósito: el exterminio de cuantos se opusieran a la sovietización de España, que el presidente del PNV en la capital de España, Jesús Galíndez -asesinado años más tarde en extrañas circunstancia durante su exilio-, lo consideraba "la más grave ignominia de la guerra civil".

En cuanto a los asesinados, es difícil saber el número exacto de los que fueron asesinados en aquel lugar, procedentes de las cárceles gubernativas, pues Paracuellos también fue también el lugar escogido para el enterramiento de asesinados en otros lugares. En este sentido es clave el estudio realizado por los historiadores: Ricardo de la Cierva asegura, que "los enterramientos se acercan a los 10.000: 2.750 perfectamente identificados como asesinados en Paracuellos". Por su parte Arsenio de Izaga, que fue archivero de la Real Academia de la Historia, los cifra en "8.354". Stanley G. Payne habla de "al menos 4.000". Gibson propone la cifra "no inferior a 2.400". Y Preston, que es quien menos ha estudiado el tema, cita un número "no inferior a 1.200". A tenor, pues, del estudio, la cifra que se da como más exacta es la de 5.000 personas las asesinadas en Paracuellos del Jarama en tres tandas o sacas.

De lo que no hay duda, es que entre ellos había gentes de toda edad, sexo, clase social y condición ideológica, incluso niños, y muchas familias enteras de padres e hijos y hermanos. Y priores de Ordenes Religiosas, como los Hermanos de San Juan de Dios y Agustinos, y cientos de sacerdotes y monjas. Aspecto éste que fue prioritario en el bando "rojo", pues, sin excluir dos Obispos, la cifra de sacerdotes y monjas asesinados en la retaguardia por el bando rojo –que no republicano- durante los tres años de guerra fue de 9.000.

Y es que las zonas de España gobernadas por el Frente Popular –comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos radicales, independentistas y masones-, vivirá un proceso de terror político que terminará cobrándose más de 60.000 vidas (cifra perfectamente documentada) Plan de exterminio que se suele disculpar con el consabido argumento de la "espontaneidad incontrolada de las masas" o como producto de la "acción de elementos incontrolados". Sin embargo, las víctimas no son aleatorias ni fortuitas, sino muy concretas desde el punto de vista "revolucionario". Son los "enemigos de clase": religiosos, gentes de derecha, propietarios e industriales, militares, falangistas... Ampliándose poco a poco, hasta ser enemigo todo el que se opusiera a sus planes.


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