Pedro Varela.
Por
Pablo Gasco de la Rocha.
27/11/2007.
En
noviembre de 1998 la algarada izquierdista sometió a un juicio popular sin base
jurídica ni respeto a la libertad de expresión a don Pedro Varela, editor y
librero, acusándole de un delito de "apología del genocidio".
Juzgado con arreglo a Derecho por la Audiencia de Barcelona, se le agregó
un segundo delito, "provocación a la discriminación, al odio y a la
violencia por motivos raciales" por vender obras que ponen en duda el número
exacto de judíos muertos en los campos de concentración durante la
Segunda Guerra Mundial, que no por justificarlos ni por intentar rehabilitar el
nazismo. Destrozada su librería por los chicos que hoy queman fotografías del
Rey (que ni fueron apresados ni juzgados, pues colaboraban con la justicia) e
incautados y requisados un importante número de libros por la policía catalana
(acto que hoy puede ser constitutivo de un delito de apropiación indebida), don
Pedro Varela fue condenado a cinco años de cárcel.
Hace
unos días, y en el más absoluto de los silencios por parte de los medios de
comunicación, que tan importante labor realiza en la sociedad, el Tribunal
Constitucional fallaba a favor del recurso de inconstitucionalidad que don Pedro
Varela presentó a través de la Audiencia de Barcelona contra la sentencia que
le condenaba. Una sentencia que no sólo está acorde con la congruente doctrina
de su sentencia 214/91 (Caso: "Violeta Friedman versus León Degrelle"
respecto a los requisitos de veracidad exigibles a ciertos relatos sobre el
genocidio nazi), sino que recusa el inciso del articulo 607.2 del Código Penal,
que sanciona la difusión de ideas o doctrinas negadoras de los genocidios
porque colisiona con las libertades de ideología y de expresión reconocidas en
la Constitución. Al margen de que haría imposible el debate historicista
respecta de otros temas semejantes o de amplia controversia histórica, cuya
negación no constituye delito alguno. Por ejemplo, la negación que hacen
muchos, pese al informe judicial que al respecto, "Causa General", y a
la opinión en contra de historiadores de toda tendencia (Félix Schlayer,
Ricardo de la Cierva, Stanley G. Payne, Paul Preston, Rafael Casas de la Vega,
José Luís Lesdesma, Ian Gibson, Arsenio de Izaga...) del Genocidio de
Paracuellos del Jarama, que puso práctica y ejecutó la Junta de Defensa de
Madrid durante noviembre y diciembre de 1936, mediante matanzas y fusilamientos
tendentes a acabar con una determinada población por su forma de ser, pensar y
sentir... De ahí que sea correcto que se empleen los términos de
"holocausto" y "genocidio", así como denominar "mártires"
a los asesinados, pues miles de ellos murieron por su sola condición religiosa.
Y
es que el horror de lo que allí ocurrió fue tan indescriptible, conforme a los
planes que se dispusieron para tal propósito: el exterminio de cuantos se
opusieran a la sovietización de España, que el presidente del PNV en la
capital de España, Jesús Galíndez -asesinado años más tarde en extrañas
circunstancia durante su exilio-, lo consideraba "la más grave ignominia
de la guerra civil".
En cuanto a los asesinados, es difícil saber el número exacto de los
que fueron asesinados en aquel lugar, procedentes de las cárceles gubernativas,
pues Paracuellos también fue también el lugar escogido para el enterramiento
de asesinados en otros lugares. En este sentido es clave el estudio realizado
por los historiadores: Ricardo de la Cierva asegura, que "los
enterramientos se acercan a los 10.000: 2.750 perfectamente identificados como
asesinados en Paracuellos". Por su parte Arsenio de Izaga, que fue
archivero de la Real Academia de la Historia, los cifra en "8.354". Stanley
G. Payne habla de "al menos 4.000". Gibson propone la cifra
"no inferior a 2.400". Y Preston, que es quien menos ha
estudiado el tema, cita un número "no inferior a 1.200". A tenor,
pues, del estudio, la cifra que se da como más exacta es la de 5.000 personas
las asesinadas en Paracuellos del Jarama en tres tandas o sacas.
De lo que no hay duda, es que entre ellos había gentes de toda edad,
sexo, clase social y condición ideológica, incluso niños, y muchas familias
enteras de padres e hijos y hermanos. Y priores de Ordenes Religiosas, como los
Hermanos de San Juan de Dios y Agustinos, y cientos de sacerdotes y monjas.
Aspecto éste que fue prioritario en el bando "rojo", pues, sin
excluir dos Obispos, la cifra de sacerdotes y monjas asesinados en la
retaguardia por el bando rojo –que no republicano- durante los tres años
de guerra fue de 9.000.
Y es que las zonas de España gobernadas
por el Frente Popular –comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos
radicales, independentistas y masones-, vivirá un proceso de terror político
que terminará cobrándose más de 60.000 vidas (cifra perfectamente
documentada) Plan de exterminio que se suele disculpar con el consabido
argumento de la "espontaneidad incontrolada de las masas" o como
producto de la "acción de elementos incontrolados". Sin embargo, las
víctimas no son aleatorias ni fortuitas, sino muy concretas desde el punto de
vista "revolucionario". Son los "enemigos de clase":
religiosos, gentes de derecha, propietarios e industriales, militares,
falangistas... Ampliándose poco a poco, hasta ser enemigo todo el que se
opusiera a sus planes.
Artículo de opinión extraído de la página: www.generalisimofranco.com