Por
Pablo Gasco de la Rocha.
La convivencia nacional, sustentada, no nos engañemos ni confundamos a
nadie, sobre un pacto no escrito subscrito hace 30 años, se
resquebraja a jirones como consecuencia de una ofensiva que siempre
ha estado ahí, pero que ahora encuentra las condiciones propicias
para emerger de forma determinante con total osadía. Y tal ofensiva
no sólo viene protagonizada por ETA y lo que enfáticamente se ha
venido en llamar "nacionalismo democrático", verdadero
independentismo engordado al amparo del Estado, sino por la dejación
que de sus funciones y competencias constitucionales han venido
haciendo los diferentes Gobiernos que se han sucedido al legitimar
ese independentismo para poder gobernar o dejar hacerlo, y el Poder
Judicial, monopolizado por el Ejecutivo de turno a través de la
Fiscalía General del Estado y de las cuotas impuestas tanto al
Tribunal Supremo como al Constitucional, que ha propiciado la dejación
de hacer cumplir la legalidad jurídica, una legalidad vulnerada que
tiene su prueba más evidente en la lucha contra el terror criminal
de la banda marxista-separatista ETA y en el cumplimiento de
numerosos ayuntamientos a la hora de respetar los símbolos
nacionales. Lo que se traduce en el fracaso de España como nación
y su imposibilidad para vivir pacíficamente..."No se os puede
dejar solos".
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Un fracaso que ya ha trascendido de forma evidente fuera de nuestras
fronteras como refleja la prensa europea de nuestro entorno, en
concreto en Francia a través del prestigioso periódico Le Monde,
que textualmente dice: "España padece una crisis institucional
grave". Que es como ve Francia la situación que padecemos, al
hacer referencia a los ataques al Rey y a la rebelión de las
Autonomías frente al poder del Estado (Estatuto catalán, desafío
de Ibarretxe...)
Pero con ser grave la situación, en cuanto se pone en solfa la
columna vertebral de la nación, lo verdaderamente grave es la ambigüedad
en las ideas y en las convicciones del lado de quienes defienden la
Constitución tal y como está redactada. Una Constitución, no se
olvide, que dio paso a una Jefatura de Estado a la que declaro
"irresponsable" y hueca como no fura como chico de los
recados, y una indeterminación jurídica en cuanto a las
competencias de las Autonomías, verdaderos estados, que es lo que
el Tribunal Constitucional ha definido como un
"constitucionalismo complejo".
Es la hora, pues, de un gran Pacto Nacional sin exclusiones ni excluido o
auto-excluidos, precedido de un Acto de Afirmación que bien pudiera
celebrarse el próximo 29 de octubre, a 75 años de una fecha señera
para España.
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