Dirigentes socialistas aprovecharon ayer una noticia fabricada por la cadena de radio afín para reactivar el acoso a la Iglesia y retomar su campaña anticatólica. Todo partió de la supuesta firma de un nuevo convenio entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado que permitiría la presencia de sacerdotes en los comités de ética de hospitales públicos. Sin embargo, tal compromiso está muy lejos de resultar una novedad. La asistencia religiosa en los centros hospitalarios se remonta a los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, de 1979. En 1985, los ministros de Justicia y Sanidad y Consumo del Gobierno socialista de la época y el presidente de la Conferencia Episcopal Española suscribieron un acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los hospitales.

El detalle de esos compromisos fue recogido expresamente en una circular del Insalud de 1995, también por una administración del PSOE, que permitió la participación de personal religioso en los comités de ética de los centros. En 1997, Alberto Ruiz Gallardón, por aquel entonces presidente de la Comunidad de Madrid, y el cardenal Rouco firmaron un convenio en el que se estableció que «el Servicio de Asistencia Religiosa, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos». Por tanto, el documento suscrito este año por la Comunidad de Madrid y el Arzobispado es, en síntesis, una renovación de los anteriores: el de 1985, a nivel nacional con Felipe González; y el de 1997, exclusivamente para la región madrileña. Pero hay más detalles que conviene tener muy en cuenta para un análisis ajustado y veraz. El comité de ética tiene carácter consultivo y no decide nada. Las decisiones, como no podía ser de otra manera, las toman los médicos y los equipos que atienden al paciente, sin que pueda suplantarlas ninguna otra opinión o consejo. El personal religioso sólo interviene en los hospitales públicos en la asistencia espiritual al enfermo, si éste previamente lo solicita, por lo que queda claro que en ningún caso participan en juicios médicos o asistenciales. Prueba de ello es que no hay ningún centro hospitalario madrileño que cuente con un sacerdote en su comité de ética a pesar de los años de vigencia del convenio. Si la situación es meridianamente clara y no se ha registrado novedad o cambio alguno sobre este asunto, ¿a qué viene el furibundo ataque de los dirigentes socialistas contra la Iglesia y el Gobierno de Esperanza Aguirre? El número dos del PSOE, José Blanco, no dudó ayer en decir que con la presidenta madrileña no va la libertad de conciencia. Álvaro Cuesta fue más allá y habló de «mentes podridas que desde el dogmatismo intentan prácticas confesionales». Y Elena Valenciano aseguró que «los curas sólo creen en los mártires y nosotros en la ciencia».