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Los “enfermos”
separatistas han ido tirando de la goma continuamente con sus
acciones violentas y macabras, empezando con asesinatos de
civiles, militares y fuerzas de seguridad, asesinatos todos ellos
apoyados a la semana siguiente por los partidos nacionalistas, los
cuales han amparado y justificado sus viles acciones, para fomentar
y amparar sus esquizofrénicos planes de ruptura.
Pero el desGobierno
lejos de acabar con la única bombona de oxígeno que tenía el
nacionalismo: el terrorismo y su brazo político, hace un paron para
rellenar la bombona de oxígeno de estos asesinos amparados por los
separatistas, con una situación de “supuesto” diálogo y
pacificación, tiempo que los asesinos y sus amigos separatistas,
han utilizado para rearmarse y reorientar sus siniestros planes de
imposición a los habitantes de la autonomía Vasca de sus planes
pueblerinos y ancestrales, con la amenaza solapada de mandar a sus
Hooligans terroristas a decir lo que tienen que hacer, para ser
buenos vascos y vascas.
Ante esta situación
de ausencia de libertad y de ley, el Presidente Autonómico Vasco ha
anunciado un referéndum soberanistas para el día 25 de octubre,
una acción ilegal e inconstitucional, cuando la propia Constitución
Española dice:
“El referéndum
será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del
Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los
Diputados”. (Art. 92,2)
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Dicho artículo
es amparado y defendido por el Código Penal con penas de
hasta cinco años de prisión:
Artículo 506 bis:
1.- «La autoridad o funcionario público que, careciendo
manifiestamente de competencias o atribuciones para ello,
convocare o autorizare la convocatoria de elecciones
generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía
de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en
la Constitución, será castigado con la pena de prisión de
tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo
superior entre tres y cinco años al de la duración de la
pena de privación de libertad impuesta».
2.- «La autoridad o funcionario público que, sin realizar la
convocatoria o autorización a que se refiere el número
anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de
elecciones generales, autonómicas, o locales o consultas
populares por vía de referéndum en cualquiera de las
modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien
carece manifiestamente de competencia o atribuciones para
ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años e
inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y
tres años al de la duración de la pena de privación de
libertad impuesta».
Artículo 521 bis:
1.- «Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas,
o locales o consultas populares por vía de referéndum en
cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución
convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o
atribuciones para ello, participen como interventores o
faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez
acordada la ilegalidad del proceso serán castigados con la
pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24
meses».
Artículo 576 bis:
1.- «La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes
de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de
cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos
disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a
cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere
esta sección, así como a los partidos políticos, personas físicas
o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en
particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores
que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos
partidos políticos disueltos o suspendidos será castigado
con la pena de tres a cinco años de prisión».
2.- «Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el
apartado anterior a la autoridad o funcionario público que
continuase con cualquiera de las conductas previstas en este
artículo una vez requerido judicial o administrativamente
para que cese en las citadas conductas».
Ante esta situación de ilegalidad e inconstitucional si el desGobierno
responsable de que las leyes y la Constitución se cumplen no
ponen los medios, la Constitución Española da a conocer lo que
se debe de hacer ante ésta situación inconstitucional en su Artículo
8,1:
“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar
la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional".
(Art.8,1)
Por todo ello si el desGobierno socialista ha alimentado los
radicalismos separatistas, dejando que incumplan reiteradamente
las leyes y la Constitución con las quemas de retratos del Rey,
la propuesta de retirar al Monarca como responsable de las
Fuerzas Armadas, los actos públicos anti-monárquicos, las
retiradas de banderas Nacionales, la obligación de hacer hablar
“dialectos ancestrales” ... Ante estos energúmenos
separatistas y este desGobierno indiferente ¿será la hora de
que el Artículo 8 de la Constitución Española se lleve
a cabo?
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Generalísimo.
