Una entidad afín al PSOE propone una reforma legislativa para alcanzar la laicidad

Algunas propuestas son la eliminación de símbolos religiosos y la ausencia de cargos públicos en ceremonias.

A pesar de que el PSOE negara en su momento que se plantee incluir en su programa electoral la ruptura de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español y la reducción de la presencia de la Iglesia católica en el Ejército o la Enseñanza, los «think tank» socialistas siguen trabajando sobre esta posibilidad.

El martes era la Fundación Alternativas -en cuyo patronato se encuentran el propio presidente del Gobierno; la ministra de Educación, Mercedes Cabrera; el expresidente González o el comisario europeo Joaquín Almunia- la que presentaba un informe, «Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas», en el que pedía una reforma legislativa que elimine la presencia de signos religiosos en centros públicos y limite la participación de los cargos públicos en ceremonias religiosas. En la práctica, el informe propone la aprobación de dos leyes que reducirían la expresión religiosa, en el ámbito público, a su más mínima expresión.

Y es que el informe parte de la premisa de que la Constitución establece un «principio de laicidad del Estado» en su artículo 16, cuando, en la práctica, tan sólo proclama que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Pero es que, para los autores del informe, «la laicidad se convierte en un ingrediente nuclear para la consecución de los fines del Estado social y democrático de Derecho». Por ello, el derecho a recibir asistencia en centros públicos debe reducirse a «aquellos supuestos excepcionales en los que el individuo está privado de su libertad de movimientos», como es el caso de las Fuerzas Armadas, hospitales o cárceles.

Igual de estrictos se muestran cuando afirman que «la regla general debe ser la prohibición de símbolos religiosos en las manifestaciones institucionales o en los actos organizados por los poderes públicos, y la excepción su presencia cuando se acredite su carácter cultural». También consideran que la participación de «los poderes públicos o de sus representantes» en actos o manifestaciones religiosas «vulnera el principio de laicidad». Lo cual implica que sólo puedan participar si lo hacen «a título personal».

De igual forma, de acuerdo a este principio que propugna el informe, en las tomas de posesión de los cargos públicos y funcionarios «no pueden estar presentes símbolos religiosos». Y concreta, «como un crucifijo o un texto religioso». Así, la fundación plantea que la «única posibilidad» para la presencia de estos símbolos «es que los porte el funcionario o cargo público». Eso sí, «de forma ?discreta?». Un mismo criterio se sigue a la hora de hablar de la presencia de símbolos confesionales en cualquier tipo de centro público que «debe entenderse, en principio, contraria a los principios constitucionales en la materia». Sólo se salvarían cuando el símbolo «aparezca unido inescindiblemente al edificio público», o «se haya transformado en un elemento cultural o histórico».