Cuando se legalizó la muerte del nasciturus en España, mediante una ley de “supuestos”, muchos creímos que la izquierda había llegado todo lo lejos que podía llegar en el terreno moral. Y aunque la cuestión gravitaba sobre la conciencia de España como un mal horrendo, muchos millones de españoles confiábamos que un Parlamento con mayoría del PP anularía la ley. Pero no fue así. Y no lo fue, porque el PP también estaba de acuerdo con la ley, a la que sólo objetaba que se cumpliera rigurosamente; sobre todo ese tercer supuesto, ese cajón de sastre que es el “peligro psíquico de la salud de la madre”. Una objeción que ni siquiera vigilaron, porque durante la dos legislaturas del gobierno de Aznar, la segunda con mayoría parlamentaria, nada se hizo al respecto, y los cadáveres de los niños fueron cayendo en los mismos cubos de basura y en idéntica proporción, cantidad y medida que durante la etapa del PSOE.

Hoy, cuando tenemos en ciernes una nueva ley de Aborto, que ya ni siquiera admite “supuestos”, porque cualquier causa es válida para dar muerte al niño en el vientre de su madre, considero que es la consecuencia directa del comportamiento que muchos han mantenido por acción u omisión. Y así, por ejemplo, considero culpables a los votantes del PP, por cuanto no han pasado factura a sus dirigentes por haber mantenido el crimen más alevoso, repugnante y cruel de cuantos se puedan cometer, de cuya sangre inocente pedirá cuentas Dios, Nuestro Señor… Pero con toda la culpa que tienen los votantes del PP, la mayor culpa habrá que imputársela a la Jerarquía de la Iglesia Católica que no ha sabido ser valiente excomulgando, como amenazó en su momento, a quienes propiciaran, realizaran o ayudaran a cometer  tan espantoso crimen. Una amenaza que cayó en el olvido, desde el momento que “Su Majestad Católica”, el Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón con su firma propiciaba la legalización del crimen que lleva aparejado la pena canónica de “excomunión automática” del seno de la Iglesia de Cristo.

Un día después de que el Congreso de los diputados aprobara el anteproyecto de una nueva ley sobre Aborto, la Conferencia Episcopal hacia un llamamiento a la conciencia de los fieles recordando que someterse o practicar un aborto significa la “excomunión”. Sin embargo, plenamente conscientes de cuál será el comportamiento y la actitud del Rey, que nuevamente estampara su firma, requisito imprescindible para que entre en vigor y cumpla efectos, queriendo salvar lo insalvable, el portavoz de CEE, don Juan Antonio Martínez Camino, subrayó que “esta pena –la excomunión- no caerá sobre el legislador”. Por lo que si el legislador, que es quien tiene el dominio del hecho, queda totalmente impune, algo que nadie en su sano juicio entiende, el que firma, cooperador determinante, hasta puede ser considerado algún día santo por esa misma autoridad eclesiástica. Es decir, que don Juan Antonio Martínez Camino puede un día proponer la causa primero de  beatificación y después de santificación de don Juan Carlos de Borbón por alguna razón que a tan preparado prelado se le ocurra. Todo un despropósito por parte de quienes se ven desbordados en sus afectos, y también en sus miedos.  

Y es que, en el camino de nuestra doble misión de apostolado y de combate, que como católicos, españoles y occidentales nos compete, constantemente tenemos que encontrarnos con un elevado número de miembros de la Jerarquía Católica a los que convengo agrupar bajo el calificativo de “tibios”. Esta clase de prelados son a mi juicio los grandes responsables de los males que aquejan a las colectividades humanas católicas por una prudencia excesiva y por un abusivo instinto de conservación del status quo al que se han acomodado con gran suavidad, provocando en muchas ocasiones grave pecado de “escándalo” e induciendo al error en muchos católicos poco preparados.

Así, entonces, es natural que la Cruz de la que pende el Salvador del Mundo, Nuestro Señor Jesucristo, la Palabra Encarnada de Dios hecha carne, sea simplemente “un signo de garantía de libertad frente al totalitarismo”, que es lo que afirmó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (día 26 de noviembre de 2008), don Juan Antonio Martínez Camino ante el acto satánico de la retirada del Crucifijo de un colegio. Una propuesta llevada a cabo por un terrorista de ETA (al que supongo se tendrá vigilando), Fernando Pastor (vecino de Valladolid), al que un juez ha concedido razón y honor suficiente.