30 años contra Franco.

A treinta años del acta de defunción del Régimen de Franco, y digo de Franco porque ahora comprendemos que sólo Franco era el pilar del mismo, los interrogantes respecto a nuestra propia convivencia son ciertamente inquietantes…

¿Cómo concluirá el pulso contra el Estado? ¿Cómo podemos rectificar el discurso político que mantienen los Partidos Políticos, las Instituciones que conforman el sistema y la propia Jefatura del Estado cuando dicho discurso se ha quedado sin autoridad moral por ineficaz e irresponsable?

A punto de celebrarse el treinta aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que consagró el diseño institucional del Estado de la Autonomías -verdadero suicidio de España por la alianza de socialistas, comunistas y separatistas, que los partidos de centro y derecha fueron incapaces de contrarrestar, aparcando las rectificaciones y confiando en el imposible tautológico de que tales fuerzas fueran leales a la idea de la unidad nacional- y cuando ya para todos es evidente –y no sólo exclusivamente para nosotros, los fachas, que lo hemos venido denunciando ininterrumpidamente desde estas páginas y desde otras- que la actitud de los separatistas ha consistido en romper España mediante la construcción de unos Estados nacionales particulares, la situación se me antoja muy difícil de solucionar desde el propio Sistema, pues es el propio Sistema quien reconoce esa ruptura desde la singularidad mediática-aritmética de esa unidad que dice defender.

De ahí, que convenga recordar, que la actual crisis nacional, a treinta años de la vigencia de la Constitución, no es el resultado de una determinada acción o política gubernamental, al menos en lo que refiere a un solo gobierno, sino la consecuencia del pacto constitucional que durante la Transición se estableció entre los dos grandes partidos que conforman y deforman el Sistema: UCD (hoy PP) y PSOE, con el aporte que a tal pacto le prestó el PCE y las fuerzas políticas separatistas: PNV y CiU. Cuyo discurso siempre ha girado alrededor del progresismo y del antifranquismo victimista, que tildo y tilda de reaccionario a cualquiera que tenga una visión de España que no sea la del Estado plurinacional. Una concepción que han aprovechado los separatistas a lo largo de estos treinta años para trabajar en contra de España, merced a la omisión suicida de las dos grandes formaciones (PP y PSOE), que dicen una cosa y la contraria en función de su interés más inmediato; ocultando el verdadero peligro al que tendrá que enfrentarse la siguiente generación de españoles, pese a que aseguren, en función de una cifra aritmética, que nunca tendrá lugar la desmembración de España.

Un difícil equilibrio éste, el de la España de las Autonomías (verdaderos Estados nacionales), constituido mediante un pacto de no agresión y sostenido por dos aspectos circunstanciales: El primero, por el peso real y político que hasta ahora había tenido el Estado central en cuanto a las competencias que todavía retenía. Y el segundo, por el dique de contención utilizado para frenar al nacionalismo violento, el vasco, mediante la concesión de un privilegiado Concierto Económico no homologable al resto de España.

Un pacto de no agresión que ha saltado por los aires como consecuencia del desarrollo estatutario contemplado en la Constitución, y por el agravio comparativo respecto al Concierto vasco y navarro, que abre más la brecha de la secesión con España, permitiendo hablar ya, sin eufemismos ni artilugios lingüísticos interesados, de conflicto abierto y beligerante entre ciertas partes de España y la nación. Un conflicto que se agrava más, si cabe, por dos aspectos: En primer lugar, en la medida que esta propiciando una unidad política y civil en torno a la posición de clara rebeldía de los independentistas. Y en segundo lugar, por la perdida de una visión clara de cuál es el problema real de España en el estamento militar.

El porvenir es tan grave, que ciertamente no resulta fácil tener una idea optimista de lo que pueda ser España de aquí a veinte años. Pues, como es evidente por la ofensiva independentista, la situación es susceptible de empeorar. Y la causa de este empeoramiento hay que buscarla, paradójicamente, en la respuesta que a tal situación han dado y siguen dando las Instituciones del Estado, prisioneras de su propia obra, la Constitución, que, pese a sus evidentes fallos, han sido y son incapaces de modificar, corregir o derogar. De ahí, pues, que el discurso izquierdista-separatista tenga como resultado una clara mentalidad de conciencia social generalizada en la que la supuesta “esencia” nacionalista se sitúa por encima de la propia “existencia” de España como nación.

Así las cosas, del Rey a abajo, la credibilidad y potencialidad de las Instituciones que conforman la Nación española está bajo mínimos, porque han supeditado la política al corto plazo electoral, criminalizando a quienes osábamos decir lo contrario y cortando de raíz cualquier debate que intentase desenmascarar el gran engaño bajo el grandilocuente término de “hecho histórico diferencial”. Incluso el Ejército, porque tan despistado o agobiado ha venido estando y está en la actualidad, en su contribución al dividendo de paz internacional que viene imponiendo la OTAN, que entiende no tiene que dar explicación sobre la indefensión en la que se encuentra la Patria como unidad nacional. De ahí que hoy nos suene muy lejana y hasta surrealista la arenga que en la ciudad de Burgos dictó el Capitán General de esa Región, don Tomás García Rebull con motivo del Proceso de Burgos, arenga que desgraciadamente quedó en el olvido, el mismo día que murió el Caudillo. Un Ejército que en su aspecto de formación ha quedado reducido a unos funcionarios del Estado. Unos “tíos raros”, como califica y define a sus oficiales y jefes el historiador Fernando Puell.

¿Cabe alguna esperanza? No lo sé. Pero lo que sí es evidente, es que el Sistema es incapaz de superar sus contradicciones y que empieza hacer aguas por méritos propios. Y lo más grave de todo, es que esa agua ha penetrado ya en el puesto de mando de la nave, cuyo nombre es España.

Por eso digo, que no sabemos cómo concluirá el pulso contra el Estado ni cómo podemos rectificar el discurso político que mantienen los Partidos Políticos y las Instituciones que conforman el sistema. Aunque bueno será tener en cuenta, que treinta años después de la involución, la deriva nacional va a poner a prueba también a la Monarquía. En primer lugar, por haber sido motor del Sistema político de la Transición. Y en segundo lugar, por ser la forma político del Estado que consagró la Constitución. En este sentido, si la Monarquía no es capaz de frenar esta deriva contra España, bueno será que vayamos pensando en sustituirla por la República Nacional. A no ser que el Príncipe decida ser el freno del motor que puso en marcha su padre, el Rey. O que el pueblo empiece, si quiera, a sospechar, que este sistema es el causante de todos los hechos desgraciados que nos aquejan por las falsedades de los políticos y por su propia incapacidad para sacar a la Patria del marasmo suicida en que se encuentra. Lo que constata que la Constitución que prometió la felicidad a sus ciudadanos o, al menos, la posibilidad de realizar todos sus sueños es hoy la causante de los gravísimos y múltiples problemas que nos aquejan.

Y sobre este panorama, ciertamente grave, dos cuestiones cobran máxima preocupación en orden a lo que ha devino la obra de la Transición en su configuración jurídica de Estado de Derecho: el estado de la Justicia y el problema del terrorismo de ETA.

En cuanto a la Justicia, uno de los Poderes del estado y pilar del Sistema político que con el impulso del Rey puso en marcha la Transición, valga tan sólo considerar la imagen que los españoles tenemos de nuestra Justicia. Opinión que se ha venido gestando desde los albores de la involución, y que afecta no sólo a la gestión del servicio, imputable al Consejo del Poder Judicial, sino a su misma función de impartir justicia; hasta el punto, que una abrumadora mayoría de ciudadanos considera que tal función favorece al delincuente. Una opinión que aumenta respecto Tribunal Constitucional, órgano del que depende la interpretación última de la Constitución, en cuanto se considera politizado y holgazán. Lo que sin duda pone entredicho todo el entramado del Estado de Derecho. Y es que, el hecho de que todavía no se halla pronunciado respecto a la validez del Estatuto catalán o sobre el referéndum que impulsa Ibarretxe sobre la independencia del País Vasco fundamenta sobremanera dicha opinión.

Y por lo que respecta al terrorismo, entiendo que la cuestión queda aclarada desde el momento que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿en qué momento de esta larga historia los asesinos marxistas de ETA dejaron de ser para la Izquierda (socialistas, comunistas y separatistas) “luchadores por la libertad” y para el Sistema “violentos”, siempre prestos a ser perdonados por los diferentes gobiernos del Rey? Y es que no se trata de no alegrarse del cambió de rectificación que en los últimos años se ha operado respecto a ETA por parte de todas y cada una de las instituciones del Estado, incluso del colectivo AVT -que aunque leve y timorato algo ha conseguido-, sino de considerar la dejación y cobardía del pasado reciente; una actitud que hace recurrente nos preguntarnos por qué un Estado de Derecho ha permitido esta lacra al costado de la nación.

Por eso, y ante la situación de la Patria y del bienestar de las futuras generaciones de españoles, cobran plena y rotunda vigencia las advertencias que a modo de consejos, casi súplicas, nos hizo Franco desde los umbrales de su muerte, conociendo, como conocía, cuáles eran las fuerzas siniestras que operaban sin descanso en su afán por romper España y la civilización cristiana:

“Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz (...) No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta (...) Mantener la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones (...)”