…¡Querido Paco! aquí tienes la respuesta que recibí del Defensor del Pueblo, y mi justa  protesta dirigida al Señor Múgica; Jefazo del falsario tinglado defensivo.

Muy señor mío:

Don Enrique, grande es la confianza  que tenía en el Defensor del Pueblo; no en vano he recurrido en varias ocasiones a tan noble Institución. Pero, desgraciadamente, no puedo admitir, de ninguna de las maneras, la respuesta que he recibido por parte de D. Manuel Aguilar Belda,  a mi escrito   –expediente: Q0309844; Área: 08- en el que denunciaba el pillaje al que han sido sometidos los impuestos del contribuyente alcalaíno para responder a los abusivos sueldos que se han adjudicado la nueva corporación municipal de Alcalá de Henares.

Y, por supuesto, tampoco puedo aceptar que a un escrito de cuatro folios, en el que me esforcé para dar la mayor información posible, haya sido respondido por una exigua respuesta que, además  de confundir, da la sensación de haber sido despachado el asunto con un expeditivo y descortés: ¡cállate!

Viene a decir el señor Aguilar Belda,  en dos únicos pareceres, que “el Defensor del Pueblo supervisará la actuación de las administraciones públicas para el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la de sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución”.

Y a continuación expresa: “con arreglo a las competencias  legalmente encomendadas ha de considerarse que la mera disconformidad o desacuerdo con una resolución administrativa o con los criterios de organización o funcionamiento de la actividad de la administración, que no evidencie una vulneración de los derechos fundamentales cuya salvaguarda tiene atribuida esta Institución, no puede por sí sola motivar intervención alguna”.

Algo que se da de bofetadas cuando el Defensor del Pueblo –lo tienen ustedes escrito- tiene por misión controlar que la administración pública  –incluida la administración local-  actúe conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la constitución, es decir, que sirva los intereses generales  con objetividad y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, prohibiéndose expresamente toda arbitrariedad. 

De donde se deduce que para el señor Aguilar Belda, no se quebranta la ley ni el Derecho y tampoco es arbitrariedad que los concejales de un municipio se adjudiquen sueldos  -detraídos, mejor dicho, saqueados, de los impuestos del contribuyente- por las cantidades que les de la gana y libres de impuestos, para más INRI.

¡Pues vaya un adjunto segundo del Defensor del Pueblo! Con defensores así, no necesitamos acusadores. Posiblemente, es que el señor Aguilar Belda no puede olvidar que fue concejal en Albacete.

Insisto, si todo trabajador español está supeditado a la reglamentación salarial, ¿no es una arbitrariedad que los concejales se pongan el sueldo que quieran, tomado, sin ton ni son, de los impuestos que paga el ciudadano?  La arbitrariedad, como usted sabe, es un acto contrario a la justicia o a las leyes; es una ilegalidad.

Don Enrique, a mi entender, el primer derecho de los fundamentales debe ser el de velar por los impuestos que obligatoriamente paga el contribuyente, ya que la primera y primordial obligación que tienen los ciudadanos –impuesta por el Estado- es el pago de dichos impuestos, piedra angular, sostén fundamental de la existencia del mismo.

No habría Estado sin esa imprescindible aportación. No habría gobernantes, infinidad de políticos, jueces, fiscales, cuerpo diplomático, ejército, otros funcionarios mil -zampando todos ellos de los presupuestos-, el aluvión de subvenciones a la iglesia, partidos políticos y sindicatos, las múltiples ayudas sociales, hospitales etc., etc. Es decir, no habría nada; ni Defensor del Pueblo.

Es de cajón, Señor, que si el ciudadano tiene la obligación de pagar impuestos, también tendrá el derecho a que la Justicia o quien fuere proteja y controle el uso que se hace de ellos, evitando así el que a cualquier gobernante desaprensivo y bananero, se le vaya la mano a su antojo, convirtiendo al  Estado de Derecho en uno de “Desecho”.  ¡No se puede admitir!

Quiero creer, que el señor Aguilar Belda, nacido en Bienservida (Albacete), o no leyó bien mi escrito; tenía prisa; pasaba por un extraño e inhabitual estado de ánimo o se iba de vacaciones. Lo digo, porque también es inadmisible la licencia que se toma con el fin de reducir mi protesta a una simple disconformidad o desacuerdo para justificar la no intervención, cuando en mi escrito de lo que hablo es de una arbitrariedad administrativa, de un robo.

Y en el diccionario Espasa leemos: robar es tomar para sí lo ajeno. Y María Moliner nos dice que robar también es cobrar demasiado caro por una cosa o un trabajo o engañar a alguien en un negocio.