Por Pío Moa
El profesor
Moradiellos ha sacado un libro con un título casi calcado del mío,
«Los mitos de la guerra civil», acompañado de una faja que dice: «Contra
las mentiras de Pío Moa». Son trucos publicitarios bastante feos en
una obra con pretensiones académicas, pero aun así resultarían
disculpables si el contenido del libro fuera, efectivamente, un
intento de refutación de mis pretendidas mentiras. Pero Moradiellos
ni lo intenta siquiera. Él prefiere irse por los cerros de Úbeda con
disquisiciones generales, un tanto confusas y a ratos metafísicas, de
cuyo carácter ya informa la contraportada. La contienda, dice, «fue
algo más complejo y, a la par, más prosaico: una Guerra Civil, un
profundo cisma de extrema violencia en la convivencia de una sociedad
atravesada por múltiples líneas de fractura interna».
Verdaderamente, el autor no se ha fatigado las neuronas para llegar a
estas vulgaridades. Ya empieza muy mal Moradiellos cuando afirma que
«la detonación inicial se produjo el 17 de julio de 1936 con una
extensa sublevación militar contra el Gobierno de la República»,
que él declara legítimo. La detonación inicial fue, evidentemente,
la insurrección de las izquierdas en octubre de 1934 con la intención
deliberada y textual de organizar una guerra civil y contra un
gobierno, éste sí, indiscutiblemente legítimo. Por contra, el
Gobierno de Frente Popular salido de las elecciones de febrero de 1936
tenía una dudosa legitimidad inicial y la perdió por completo
durante los meses siguientes. Y ello por varias razones decisivas.
a) Los partidos
ganadores de las elecciones eran los mismos que se habían sublevado
en 1934 contra la República, o que habían apoyado política y
moralmente la sublevación, y no habían cambiado su actitud de manera
significativa.
b) La campaña
electoral, desarrollada en un clima de gran violencia, culminó en
unas votaciones anómalas, marcadas por la inmediata toma de la calle
por las izquierdas y la deserción de numerosas autoridades que debían
velar por la pureza del escrutinio, como recuerda el mismo Azaña.
c) La segunda
vuelta electoral no se llevó a cabo bajo el Gobierno que organizó
las elecciones, el cual dimitió asustado por las violencias, sino
bajo el de uno de los bandos furiosamente enfrentados, el del Frente
Popular.
d) Dentro de
estas anomalías todo indica que se produjo un empate práctico en
votos entre izquierdas y derechas, aunque la ley electoral favoreció
a las primeras con más diputados. Esto era legal, en principio, pero
ya fue ilegal que las izquierdas, erigiéndose en juez y parte desde
las Cortes, y en un ambiente revolucionario, arrebataran numerosos
escaños más a las derechas mediante una arbitraria revisión de
actas.
e) A continuación,
el Frente Popular (con la colaboración del PNV), actuando de nuevo
como juez y parte, expulsó ilegalmente de la Presidencia a Alcalá-Zamora,
aduciendo, de modo surrealista, que su anterior disolución de las
Cortes estaba injustificada: como de esa disolución derivaba el
poder, las izquierdas, ello significaba que el propio poder
izquierdista estaba injustificado. La destitución de Alcalá-Zamora
constituyó un auténtico golpe de estado, y su sucesor interino, Martínez
Barrio, señala en sus memorias la fechoría, tramada por Azaña y
Prieto, los supuestos moderados del Frente Popular.
f)
Se impuso un doble poder desde la calle, acompañado de una marea de
asesinatos y atentados, asaltos a centros políticos, periódicos y
domicilios particulares de la derecha, incendios de iglesias, huelgas
salvajes, etc. Esto, de por sí, no deslegitimaba al Gobierno. Lo que
acabó de deslegitimarlo fue su complicidad con tal situación, su
negativa a cumplir y hacer cumplir la ley. Contra lo pretendido por
esa propaganda que ha pasado por historia durante tantos años, la
derecha, en general, apoyó a Azaña y le pidió reiteradamente que
cumpliera con su deber más elemental de imponer la Constitución. Sus
peticiones fueron recibidas con insultos y amenazas de muerte en el
Parlamento, amenazas cumplidas en Calvo Sotelo y, casi, en Gil-Robles.
Era evidente e inminente la amenaza revolucionaria, y ante ella la
derecha terminó por rebelarse, prácticamente a la desesperada.
Importa mucho señalar
estas cosas porque cuando escritores como Moradiellos insisten en que
el Gobierno del Frente Popular era legítimo, están demostrando ellos
mismos carecer de una idea mínimamente clara o aceptable de la
democracia. Ha sido común en España -lo estamos viendo ahora mismo
con el Gobierno de Rodríguez- la creencia de que la democracia
consiste en que quien tenga más votos haga lo que le dé la gana,
desfigurando o incumpliendo a su antojo las leyes (o robando a
mansalva). Esta idea nefasta está muy extendida también en Latinoamérica
y en ella radica su convulsa inestabilidad. La legitimidad democrática
no proviene sólo de los votos en unas elecciones normales (las del 36
no lo fueron en ningún sentido), sino también, y ante todo, del
cumplimiento de la Constitución. Pues lo que hace la democracia es
regular la lucha por el poder, permitiendo la alternancia pacífica y
evitando que esa lucha se desarrolle mediante la violencia. A tal fin
se acuerdan unas normas que los partidos no deben vulnerar porque, si
lo hacen, legitiman al contrario a defenderse vulnerándolas a su vez,
y la violencia vuelve a hacerse inevitable. Por supuesto, en la política
real ningún partido cumple estrictamente las leyes, pero hay una gran
diferencia entre las faltas menores, por lo demás denunciables y
corregibles, y el sistemático arrasamiento de las normas y reglas del
juego abusando del poder. Moradiellos, como tantos otros, no entiende
estas cuestiones elementales, y por eso insiste en la legitimidad de
un Gobierno que no cumplía ni hacía cumplir la ley, y en la
ilegitimidad de rebelarse contra él. En el fondo son apóstoles de la
tiranía (siempre que esa tiranía se declare de izquierdas, ya se
entiende).
Las derechas -el
grueso de ellas- demostraron en los años 30 un respeto a la
Constitución incomparablemente superior a las izquierdas Y ello a
pesar de que dicha Constitución les disgustaba por su carácter no
laico, sino antirreligioso, y por haber sido impuesta por rodillo y no
por consenso. En 1934, cuando las izquierdas asaltaron la legalidad
republicana, las derechas y Franco la defendieron, y gracias a eso no
cayó entonces por tierra la República. Por el contrario, en 1936 las
izquierdas arrasaron desde el primer momento las leyes que ellas
mismas habían establecido cinco años antes: la ruptura de las reglas
del juego fue completa y la amenaza revolucionaria se volvió clarísima.
Porque el
problema clave del fracaso de la República, que Moradiellos y tantos
historiadores más o menos izquierdistas eluden como pueden, es éste:
¿Se debió la guerra a una amenaza revolucionaria o a una amenaza
fascista? Hoy ninguna persona informada puede dudar de la fuerza e
inminencia del peligro revolucionario en España desde, al menos,
1934, y de que el fascismo, un fascismo muy relativo, surgió en la
derecha sólo por reacción a ese peligro, y muy a última hora.
