| Cadena Perpetua.
Jaime L.
Con sentencias como
la impuesta a Tony King se reabre el debate... ¿Cómo castigar de
forma efectiva crímenes como el asesinato? ¿Cómo hacer, además,
para evitar que el culpable reincida? Seamos serios, la actual política
de “derechos del asesino” es una burla para los asesinados, para
sus familias y para la Justicia misma. Se les condena, en el mejor
de los casos, a penas desproporcionadas por la suma de las condenas
de todos sus delitos, penas que no podrían cumplir aunque vivieran
cinco vidas (es el caso de muchos etarras) pero, ¡con España hemos
topado!, el máximo legal de estancia en prisión para cualquier
condenado es de treinta años. No contentos con ello, se les da la
facilidad de reducir aún más su ya reducidísima pena por temas
tan honrosos como ajenos a los asesinados (matricularse en una
Universidad a distancia, mostrar arrepentimiento por sus
inalterables actos o tener una familia que le apoye para poder
desarrollar una vida social normal fuera de prisión).
¿Cuántas
veces, etarras, violadores o sicarios, han reincidido en sus actos
delictivos no ya una vez reducida y cumplida su condena, sino en
pequeños permisos de salida de tan solo días de duración? ¿Por
qué familias enteras, que no volverán a ver a sus hijos, padres o
hermanos tienen que cruzarse años después cada día, con los
asesinos de sus familias? Todo esto pasa en España, y siento mucho
decirlo, porque España es un país, hoy por hoy, permisivo ante el
delito y acomplejado en sus condenas judiciales.
No
creamos que porque rija en España un sistema democrático,
respetemos los Derechos Humanos y estemos dentro de la UE no podemos
endurecer nuestro Código Penal. En serísimos países de mucha más
tradición democrática que España, tan europeos como nosotros y
absolutamente humanitarios - tal es el caso de la Gran Bretaña - se
aplican medidas lógicas como la cadena perpetua en casos extremos.
Y en España ocurren muchos casos extremos. Esto evitaría la
reincidencia, las ridículas penas y favores que se están llevando
a cabo en España desde hace años que tan solo benefician a quien
menos deberían beneficiar, y contribuiría además a asustar a los
futuros delincuentes, sin ser ninguna falta o afrenta a los Derechos
Humanos de los condenados.
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Generalísimo.