Miguel Gil. Revista Época. Del
3 al 9 de febrero de 2006.
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Los españoles hemos pagado alrededor de 129 millones de
euros que deberían haber desembolsado los terroristas. Unos
70 millones de euros por 1.173 fallecimientos entre 1975 y
2004 (incluidos los del 11-M), más de 30 millones de euros
por las lesiones ocasionadas entre 1980 y 2004, y el coste
de los daños materiales, según cálculos de este
semanario.
Las indemnizaciones a favor de las víctimas del
terrorismo o sus familiares que la justicia preveía en sus
sentencias en concepto de responsabilidad civil no fueron
satisfechas hasta la aprobación de la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo (Ley 32/1999, de 8 de
octubre). Entonces, se decidió que el Estado se subrogara
frente a los terroristas a la hora de resarcir a las víctimas
desde 1968. El resultado, más de 129 millones de euros que
nos deben los terroristas. |
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Tal y como se ha podido comprobar
recientemente, parece que desde el Estado nadie se ocupa de reclamar
a los criminales el dinero que deben. Ha sido la Asociación de Víctimas
del Terrorismo la que ha empleado sus propios recursos para
denunciar hechos como el de Pilar Elías, viuda de Ramón
Baglietto, quien debe soportar la presencia de uno de los
asesinos de su marido, Cándido Azpjiazu, en un comercio
ubicado en su mismo edificio. El Estado entonces asumió la
responsabilidad civil de Aspiazu, por lo que tras la querella que ha
presentado la AVT, la sección primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencias Nacional ha acordado el embargo de todos los bienes a su
nombre y al del otro etarra condenado. Asimismo, la asociación ha
hecho publico el caso de Juan José Larrinaga, condenado en
1982 por el asesinato de Lisardo Sampil. Larrinaga no pagó
la indemnización a la que fue condenado; lo hizo el Estado gracias
a la Ley de Solidaridad. Hoy, la AVT denuncia que Larrinaga es
propietario “con carácter privativo de una cuarta parte indivisa
de un piso en la calle Matadero de Amorebieta” y pide que se
ejecute la sentencia y pague la responsabilidad civil a la que fue
condenado.
“La sociedad, de forma solidaria, está
pagando la responsabilidad civil de los terroristas”, sentencia el
presidente de la AVT, José Alcaraz, quien agrega que en 37 años
“no nos consta que se haya perseguido desde el Estado” a los
terroristas para que paguen su responsabilidad civil. Alcaraz
alude a la doble condición de víctimas de los afectados por el
terrorismo, quienes además de haber sufrido el zarpazo criminal,
pagan con sus impuestos las condenas de los asesinos. El presidente
de la AVT considera que el Gobierno debería “dar instrucciones
para que se analicen los expedientes de todos los terroristas
condenados con indemnizaciones por responsabilidad civil”.
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Generalísimo.
