REFLEXIONES SOBRE EL
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE SALAMANCA
Por Jesús López Medel.
Presidente Hon. de la Federación Europea de Centros de Enseñanza
He
rotulado estas líneas, tal como figuran en la piedra de la fachada del
histórico Colegio de San Ambrosio de Salamanca. No es, como suele
nominarse, sin más, «Archivo de Salamanca». Es Archivo
Nacional. Antes de entrar en este tema -sin dogmatismo, sí como mi
propia responsabilidad- quiero adelantar mi afecto y admiración a
Cataluña. Como aragonés de Daroca (Zaragoza), de la que emigraron
algunos de mis antepasados afincados en aquella tierra -alguno de ellos
alto funcionario de la Generalitat y combatiente republicano-. En Daroca
nació y vivió la suegra del presidente Pujol, de la familia Ferrusola.
El Corpus Christi, en Cataluña, de gran esplendor, proviene del Corpus
de la Corona de Aragón, cuando se declaró fiesta en la Iglesia
Universal, por el «Milagro de los Sagrados Corporales», en la batalla
de Luchente (Valencia), con las tropas de Jaime I, cuyas banderas, así
como las sagradas formas consagradas y ensangrentadas, se custodian en
Daroca.
Soy de la V promoción de la Milicia Universitaria, del Campamento de
Santa fe del Montseny, en la que se formaron -como luego en los «Castillejos»-
no pocos políticos, catalanistas o no. Catalanes fueron los múltiples
juristas de todas las especialidades quienes me promovieron un
libro-homenaje profesional, con dos volúmenes y noventa firmas, que no
olvido. En otros tiempos fui pregonero de altos festejos sociales, y uno
de ellos en el Castillo de Perelada.
No tengo, pues, más que admiración, respeto y gratitud, por Cataluña.
Las reflexiones que siguen van pensadas, en atención a aquella indicación
orteguiana: el hombre y sus circunstancias. Y animado, también, por el
maestro Eugenio d´Ors, quien me dedicó alguna glosa, y a quien
visitaba en la calle del Sacramento, de Madrid, y dotado del «seny»
catalán, que encarna la grandeza del Espíritu, y el rigor de la «Obra
Bien Hecha».
Primera circunstancia: antecedentes
Se ha dicho y escrito mucho sobre el «contencioso» de la extracción a
favor de un Archivo para Cataluña de lo que se encuentra en el «Archivo
Nacional», en Salamanca. Poco diré de las vicisitudes administrativas,
desde su organización (v. ABC, suplemento especial, de 20-12-2004),
siendo ministro Serrano Suñer, en 1938, cuando se crea la «Delegación
del Estado para la Recuperación de Documentos Históricos». Se
enviaban desde las provincias a la Delegación Central de Salamanca. Con
cerca de 30 secciones y servicios. No se trasladaban allí archivos
completos, sí se incorporaron los de Ridruejo y los de Armero, entre
otros. De la Sección inicial «Guerra Civil del Archivo Histórico
Nacional» se pasó, en marzo de 1999, al «Archivo General de la Guerra
Civil Española», con mejor técnica bibliográfica y jurídica. La
documentación no agota la guerra civil. El criterio de unidad, de
siempre, confirmaba el de la «Junta Superior de Archivos». (Los
archiveros de la Generalitat, cuando fueron consultados, respondieron
con el mismo parecer. Fueron ignorados).
Segunda circunstancia: Unidad del Archivo
La segregación de documentos del Archivo de Salamanca, para Cataluña,
es, esencialmente, un problema técnico: la Unidad del Archivo. Las
vicisitudes de la formación, incorporación y, en su caso, incautación,
fueron variadas. Como los efectos. Lo cierto es que desde hace años, así
se organizó y estructuró, y su conservación, hasta hoy, es su gran mérito
para historiadores de todo el mundo. Documentos personales, de
propiedad indiscutibles, se devolvieron. Los de la «masonería»
pudieron afectar, especialmente, a militares combatientes, incluso de
zona nacional, pero que a la hora de formar un ejército profesional, de
sus antecedentes masónicos, encontraron dificultades castrenses. Poco
se ha valorado que se hubieran querido estructurar, organizar y
archivar, y en definitiva, conservar, no sólo los documentos que se
usaron para «La Causa general», sino todo aquello que hacía
referencia a la Guerra Civil. Para ofrecerlos como investigación, es
decir, Archivo abierto. (Por ejemplo, en el Archivo no está
seguramente, la hoja de servicios y causa al republicano Hidalgo de
Cisneros, casado con Constancia de la Mora, nieta de Maura, e indultado
en los años 60).
Tercera circunstancia: parcialidad y
procedimiento sumarísimo de la Comisión de Expertos.
Morales, Dardé y García Zarza, tres de ellos, lo han explicado
bien: «El guión estaba escrito». Y la fecha también: «Antes
del 23 de diciembre». La composición no era de expertos
archiveros, sino política. Una comisión «ad hoc», como ha pasado
con el Consejo Escolar del Estado, para la «contrarreforma» educativa.
A mí me ha sorprendido que con el presidente, Mayor Zaragoza, estimado
y respetado siempre -de gran experiencia administrativa, por haber sido
rector de Universidad, procurador en Cortes, subsecretario de Educación
con Martínez Esteruelas, y ministro de Educación, en la última etapa
de la UCD, con su papel en la Unesco-, no se haya podido exigir una
Comisión de Expertos equilibrada, técnica. Eso viciaría, en un
contencioso normal, lo que podía haber sido un convenio amigable. Es
incuestionable la unidad técnica del Archivo. Lo dice el director de
la Real Academia de la Historia. Soluciones para obtener copias es
otro problema. Trasladar, segregar documentos, es iniciar el
desguace. En cualquier museo o archivo nacional del mundo.
Cuarta circunstancia: formalización del
posible acuerdo de Gobierno: lo jurídico.
Al no aceptarse por Salamanca -primero, como ciudad, y segundo, a través
de la Comunidad histórica de Castilla y León- el Gobierno pudiera
hacer suyo el «consejo de los expertos», o desecharlo, no un mero
acuerdo político, que se podría traducir -es un ejemplo- en una ley
orgánica, ya que la incorporación no convenida de documentación que
afecta a instituciones y personas, y en razón de utilidad pública o
interés social, necesita cumplir los requisitos constitucionales (art.
33.3 C.E.), salvo que se optase por la fórmula de la expropiación.
Todo ello sin perjuicio de cuestiones de competencia, o de recursos
contencioso-administrativos o civiles, o ante el Tribunal
Constitucional, tribunales internacionales, y ya no digamos si se
aplicasen anticipadamente los criterios de Unidad de Archivo, a los que
parece inclinarse la Constitución Europea. (Salamanca fue declarada
patrimonio cultural de la humanidad, y el Archivo forma parte de aquél).
Quinta circunstancia: ideologización.
Esta puede ser la raíz del problema. Hasta 2004, después de 1999, en
que se da definitivamente sentido pleno al «Archivo General de la
Guerra Civil», las reivindicaciones de Cataluña pasaban, a lo sumo,
por obtener copias documentadas de determinados legajos, sin romper su
unidad. Desde los resultados electorales del 14-M, esta reivindicación
forma parte de un «proceso» que puede incidir en una tendencia de «separatismo
de hecho» -aunque Maragall hable de 25 años y otros de «peaje»-, que
nosotros ya denunciamos en un trabajo en «Cuadernos Encuentro». Es
algo más que pedir una selección nacional propia. O una lengua en las
instituciones europeas. O quitar el rótulo castrense en Tremp: «A España
a servir». En este nuevo paso, se llegaría no sólo a situar en Cataluña
unos documentos, sino que sería factor para, inmediatamente, crear el
Archivo de la nación catalana de la Guerra Civil. Y daríamos un
arma más, a todas las Comunidades que son históricas, desde 1492, para
desguazar los propios de su tierra, o el Archivo de la Corona de Aragón,
el del Reino de Valencia, el de las guerras carlistas, o el Archivo de
Indias, ...y ¡ojo!, con estos últimos, al abrir tan suculento «melón»,
daríamos pie a que las naciones hispano-americanas también pudieran
reivindicar los legajos de procedencia de sus Estados. Una forma de
romper, formalmente, la Historia. Y ofrecerla, documentalmente, bajo la
órbita de cada «interesado». La unidad de Archivo quedaría
deshecha. Y una hipoteca o sendero contra la Patria común e «indivisible»,
que es España.
Sexta circunstancia: ausencia de expertos
militares.
Puestos a lograr intentos serios de reordenación o armonización de un
Archivo que en sus orígenes, preferentemente, tenía un carácter
militar, y que después se hizo plenamente técnico-civil, como
quiera que existen otros archivos militares -documentación de consejos
de guerra, hojas de servicios, etc.- se pudiera dar alguna interrelación.
Por lo tanto, la audiencia, presencia u opinión de especialistas
militares, no políticos, no estaría demás. Incluso, creo que hay
sugerencia de la Comisión sobre la creación de un sólo Archivo
Militar, lo que -aunque esté en contradicción con el Dictamen- avalaría
esta sugerencia, para un futuro.
Séptima circunstancia: claridad.
Ortega y Gasset indicaba que cuando en una norma o decisión hubiera
confusión o precipitación, pudiera encerrarse una injusticia. En la
parte del Dictamen que conocemos y que se ha dado a conocer hay no poco
de ello. (Por no decir, de contradicción de «actitudes», como
puede ocurrir con la sentencia de la Santa Sede sobre la recuperación
por la diócesis de Barbastro-Monzón del patrimonio artístico y
religioso de estos territorios, que dejaron de pertenecer a la diócesis
de Huesca para pasar a la de Lérida).
Octava circunstancia: inoportunidad política.
En unos momentos en que se está hablando de «demoliciones», «desplanificaciones»
(hidrológica, escolar, etc.), de desvertebración familiar, de «deconstrucción
nacional» (profesor Esteban), etc., no podemos poner un guijarro más
en la Unidad de España. La Unidad del Archivo es buena para España
y para Cataluña. Desearía que estas «circunstancias» tuvieran un
feliz término.
ABC. 10 de Enero de 2.005.-
© Generalísimo Francisco
Franco. 11 de Enero de 2.005.-
