Año 1945.

El general Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, en el cual España queda constituida en Reino y se prevé un sistema por completo opuesto al de las leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona.

En momento tan crítico para la estabilidad política de la patria, no puedo dejar de dirigirme a vosotros, como legítimo representante que soy de vuestra monarquía, para fijar mi actitud ante tan grave intento.

Los principios que rigen la sucesión a la Corona, y que son uno de los elementos básicos de la legalidad en los que la monarquía Tradicional se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del Rey y de la nación legítimamente representada en Cortes. Lo que ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales pues ni el titular de la Corona interviene, ni puede decirse que encarne la voluntad de la nación el organismo que, con el nombre de Cortes, no pasa de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que naciera en condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de nulidad.

Tanto o más grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea. Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que España siente de contar con instituciones estables, sin querer advertir que lo que el país desea es salir cuanto antes de una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que la patria se ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia una dictadura personal, convalidar unos títulos, según parece hasta ahora precarios, y disfrazar con el manto glorioso de la monarquía de un régimen de puro arbitrio gubernativo, la necesidad del cual hace ya mucho tiempo que no existe.

Mañana la Historia, hoy los españoles no me perdonarían si permaneciese silencioso ante un ataque que se pretende perpetrar contra la esencia misma de la institución monárquica hereditaria que es, en frase de nuestro Balmes, una de las conquistas más grandes y más felices de la ciencia política. La monarquía hereditaria es, por su propia naturaleza, un elemento básico de estabilidad, merced a la permanencia institucional que triunfa de la caducidad de las personas y gracias a la fijeza y claridad de los principios sucesorios, que eliminan hoy los motivos de discordia y hacen imposible el choque de los apetitos y las banderías.

Todas estas supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que cambia la fijeza en imprecisión, que abre la puerta a todas las contiendas intestinas, y que prescinde de la continuidad hereditaria para volver con lamentable espíritu de regresión a una de esas imperfectas fórmulas de caudillaje electivo en las que se debatieron trágicamente los pueblos en los albores de su vida política.

Los momentos son demasiado graves para que España vaya a añadir una nueva ficción constitucional a las que hoy integran el conjunto de disposiciones que se quiere hacer pasar por leyes orgánicas de la nación y que además nunca han tenido efectividad práctica.

Frente a ese intento yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne afirmación del supremo principio de legitimidad que encarno, de los imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha querido que vinieran a confluir en mi persona, y que no puedo, en conciencia, abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia y están directamente ligados con el presente y el porvenir de nuestra España.

Por lo mismo que he puesto mi suprema ilusión en ser Rey de todos los españoles que quieran de buena fe acatar un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida de la nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados, he estado y estoy dispuesto a facilitar todo lo que permitiera asegurar la normal e incondicional transmisión de poderes. Lo que no se me puede pedir es que dé mi asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del sagrado deber de custodia de derechos que no son sólo de la Corona, sino que forman parte del acervo espiritual de la patria.

Con fe ciega en los grandes destinos de nuestra España querida sabéis que podéis contar con vuestro Rey don Juan.