La lucha fue particularmente intensa en el casco viejo de la ciudad, lugar de concentración de los gubernamentales, cuyas tortuosas calles se prestaban a la lucha de barricadas. Bloqueados en los centros oficiales los representantes políticos y sindicales de ambos bandos hacían, con más o menos sinceridad y convicción, gestiones para conseguir un armisticio. Se frenaban también las que se llevaban a cabo, en espera de que las fuerzas respectivas redujeran a sus adversarios. Las consignas de «alto el fuego» impartidas constantemente por la CNT eran en perjuicio del impulso ofensivo de las fuerzas populares. Dichas consignas eran transmitidas por Radio CNT-FAI, que en su emisión del 4 de mayo de 1937, proclamaba:

«No somos responsables de lo ocurrido. No estamos atacando, nos estamos defendiendo. ¡Obreros de la CNT y de la UGT, recordad bien el camino recorrido, los caídos envueltos en sangre, en plena calle, en las barricadas! ¡Deponed las armas, abrazaros como hermanos! ¡Tendremos la victoria si nos unimos; hallaremos la derrota si luchamos entre nosotros! Pensadlo bien, os tendemos los brazos sin armas;  haced lo mismo y todo terminará. Que haya concordia entre nosotros. ¡Guerra a muerte contra el fascismo!».

En el gobierno central, tan pronto se tuvieron noticias de los sucesos se adoptaron medidas de rigor para sofocar la sedicente «sublevación» de Cataluña. Los ministros de la CNT se ofrecieron como mediadores y a tal fin salieron hacia Barcelona García Oliver y Federica Montseny. Una representación de la Ejecutiva de la UGT y del Comité Nacional CNT se trasladó con el mismo objeto. Dichos personajes hablaron por radio tratando de apaciguar los ánimos:

«Camaradas —decía García Oliver en su alocución—, por la unidad antifascista, por la unidad proletaria, por los que cayeron en la lucha, no hagáis caso de provocaciones...»

Entre los combatientes libertarios circulaba el rumor según el cual quienes les hablaban por radio en tales términos eran prisioneros de los comunistas y estaban obligados a expresarse al dictado. Refiriéndose a este rumor, García Oliver continuaba:

«Tal como os lo digo lo pienso. Me comprendéis, me conocéis suficientemente para pensar que en estos momentos solamente obro por impulso de mi libérrima voluntad (...) nadie conseguirá arrancar de mis labios una declaración que no sea sentida...»

El rumor sobre los supuestos rehenes se extendió al extremo que los confederales, que dominaban la fortaleza de Montjuich, apuntaron sus cañones hacia el edificio de la Generalidad, aunque nunca llegaron a disparar.

Las negociaciones entabladas el 4 de mayo de 1937 no dieron resultado. El presidente Companys exigía como previa condición la supremacía en la calle para la fuerza pública. La lucha, pues, continuó con mayor crudeza. El 5 de mayo, el gobierno de la Generalidad dimitió en bloque. La CNT exigía la separación del gobierno de Artemio Aiguadé, responsable a su entender de los sucesos. Se produjo una tregua en los combates, pero fue aprovechada por los gubernamentales para rodear los locales de las juventudes Libertarias y el Sindicato de Sanidad.

La suspicacia creció y surgió una corriente extremista denominada «Los Amigos de Durruti». El periódico de este grupo, “El Amigo del Pueblo”, se expresaba en un lenguaje revolucionario jacobino:

«Se ha formado en Barcelona —decía— una Junta Revolucionaria. Todos los elementos responsables del intento subversivo que maniobran al amparo del gobierno, han de ser pasados por las armas. En la junta Revolucionaria ha de ser admitido el POUM, porque se situó al lado de los trabajadores».

Los comités superiores de la CNT desautorizaron inmediatamente a este grupo que, verdaderamente, no tuvo jamás la importancia que algunos cronistas extranjeros le otorgaron. La razón de la escasa influencia de «Los Amigos de Durruti» pudo ser debida al poco relieve de sus elementos componentes, la intervención del POUM en su seno y el sabor marxista de algunas de sus consignas.

El 5 de mayo, los Comités Locales de la CNT y de la UGT se pusieron por fin de acuerdo para dirigirse por radio a todos los trabajadores, instándoles a regresar a sus lugares de trabajo en fábricas y talleres. La orden expresaba lo siguiente:

«Los trágicos sucesos desarrollados en nuestra ciudad durante las últimas 48 horas han impedido que la totalidad de los obreros de Barcelona concurriesen al trabajo. El conflicto que motivó esta situación anormal y perjudicial para la causa del proletariado, ha sido satisfactoriamente resuelto por los representantes de los partidos y organizaciones antifascistas reunidos en el Palacio de la Generalidad. Por tanto, las Federaciones Locales de la CNT y la UGT han tomado el acuerdo de dirigirse a todos sus afiliados ordenándoles que se incorporen inmediatamente a sus labores habituales».

Las fuerzas policíacas se aprovecharon una vez más de la confusión producida por esta nota para conquistar nuevas posiciones. Al mismo tiempo el gobierno central había adoptado dos importantes medidas: la incautación del Orden Público que detentaba la Generalidad por atribución de su estatuto de autonomía, y el envío a Barcelona de fuerzas expedicionarias procedentes del frente del Jarama. El propio ministro de Marina, Indalecio Prieto Tuero, había despachado en la misma dirección a varias unidades de la flota de guerra. Barcos de guerra franceses e ingleses se disponían también a tomar posiciones frente al puerto barcelonés.

Mientras tanto los negociadores habían llegado a conseguir que se constituyera un gobierno restringido a base de Antonio Sesé (UGT), Valerio Más (CNT), J. Pons (Unió de Rabassaires) y Martí Faced (Izquierda Republicana de Cataluña). Pero un suceso inesperado vino a empeorar las cosas. Antonio Sesé cuando se trasladaba en coche oficial hacia la Generalidad para tomar posesión de su cargo de consejero, fue tiroteado y muerto en la calle Caspe, frente al Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT. Una hora después, cerca de allí, en la calle Cortes, caía combatiendo Domingo Ascaso, hermano de Francisco, máximo líder, junto con Buenaventura Durruti y García Oliver, del anarcosindicalismo español. Asimismo el coche oficial de la ministro de Sanidad, Federica Montseny Mañé, había sido tiroteado desde una barricada gubernamental. Viajaba en el coche su secretario, Baruta, que resultó herido, y el secretario general de la CNT, Mariano R. Vázquez, que quedó ileso milagrosamente. Pero los gubernamentales y sus aliados políticos se limitaron a acusar a la CNT, haciéndola responsable de la muerte de Sesé. Los acusados decían poder demostrar que los disparos en cuestión habían partido de una barricada gubernamental instalada en el paseo de Gracia.

Se reanudaron, pues, las hostilidades. Fuerzas militares comunistas (del cuartel Carlos Marx) atacaron furiosamente la estación de Francia defendida por los ferroviarios de la CNT. La intervención militar se había efectuado sin tener en cuenta las órdenes de neutralidad del ejército impartidas por el consejero de Defensa de la Generalidad, el cenetista Francisco Isgleas. El gobierno central aprovechó la ocasión para reivindicar sus viejas prerrogativas. El general Pozas tomó posesión de la Capitanía General dejando automáticamente de existir la Consejería de Defensa.

El 6 de mayo los Comités Regionales de la CNT y la FAI informaban «al proletariado internacional» con un manifiesto en el que decían:

«Nosotros hemos rechazado toda idea dictatorial. Hemos dado la misma proporción en los puestos públicos a las minorías (…) y no hemos insistido en la realización de nuestros postulados... Tenemos bastantes pruebas de que los acontecimientos del 3 de mayo son obra de los provocadores políticos... El día 3 de mayo, un par de días después de ser asesinado el alcalde anarquista de Puigcerdá y tres compañeros más, se ha producido el asalto a la Telefónica. Todos los obreros de Barcelona han considerado este asalto como una de las más grandes provocaciones... [Seguidamente] la policía empezó el asalto a los edificios y desde entonces se levantaron barricadas y los obreros tomaron las armas (…). Las negociaciones fracasaban; cuando más cedían la CNT y la FAI, tanto más agresivos se hacían ciertos provocadores (…). La central de la organización anarcosindicalista de Cataluña ha sido rodeada y sitiada. Intentan los aspirantes a la dictadura aplastar por medio de las armas a la organización de los obreros catalanes, que tiene un historial de medio siglo. Este es el verdadero sentido de los acontecimientos...»

A últimas horas del mismo día la CNT-FAI hizo nuevas proposiciones: los beligerantes abandonarían las barricadas y pondrían en libertad a sus rehenes. Pero hasta las 4:45 horas de la siguiente madrugada no se obtuvo satisfacción. Evidentemente los gubernamentales jugaban a ganar tiempo en espera de la llegada de las fuerzas expedicionarias del gobierno central. Producido el acuerdo los libertarios se dirigieron por radio a «todos los trabajadores», significándoles:

«Habiendo llegado a un acuerdo por ambas representaciones políticas y sindicales, se os hace saber que recibiréis las oportunas ordenes de los comités responsables a fin de restablecer completamente la normalidad».

Este comunicado recomendaba una vez más «serenidad contra las provocaciones», pero, sin embargo, hubo nuevos tiroteos durante la mañana. De una parte y otra no había modo de que se pusieran de acuerdo para abandonar simultáneamente las barricadas. Al parecer, el ejemplo lo dieron los confederales, más que por espíritu de ejemplaridad por disgusto y abatimiento hacia lo que consideraban una claudicación revolucionaria suicida. La población civil empezó a invadir las calles, volcándose a sus afanes cotidianos, principalmente para respirar el aire fresco y ocuparse de los abastecimientos domésticos que siete días de luchas habían hecho precarios.

Por otra parte las fuerzas expedicionarias se acercaban a Barcelona sin tener que vencer obstáculos en su camino. Dichas fuerzas penetraron en el recinto de la ciudad a últimas horas de la tarde del día 7. Formaban la caravana 120 camiones con cinco mil guardias de filiación política heterogénea aunque con preponderancia de los elementos comunistas. La CNT creía o aparentaba creer en el carácter pacificador de aquellas fuerzas. En un último manifiesto decía:

«Terminado el trágico incidente que ha llenado de luto a Barcelona, y para que todo el mundo sepa a qué atenerse, el Comité Regional de la CNT y la Federación Local de Sindicatos manifiestan su voluntad unánime de colaborar con la mayor eficacia y lealtad al establecimiento del orden público en Cataluña... Nos complacemos, por tanto, en reiterar nuestro concurso al Gobierno de la Generalidad y al nuevo delegado de Orden Público mandado por el gobierno central, teniente coronel Torres, del que hemos podido comprobar la excelente disposición de ánimo con que viene a ejercer tan delicado cometido en Cataluña...»

El teniente coronel Emilio Torres Iglesias, que había llegado a Barcelona en avión y se había posesionado de la jefatura de Orden Público (no de la Delegación de Orden Público), gozaba de muchas simpatías entre los anarcosindicalistas por haber sido comandante de la columna “Tierra y Libertad” en el frente de Madrid. Como garantía la CNT había escogido a este viejo amigo como jefe de las fuerzas expedicionarias, para hacerse obedecer de los propios compañeros y evitar al mismo tiempo las represalias. Pero el repliegue de la CNT, que arrastró consigo a su débil aliado, el POUM, interpretado como debilidad por sus enemigos políticos, envalentonó a éstos. Los estalinistas, montados desde el principio al carro gubernamental, trataron de convertir la expedición de orden público en expedición punitiva. En gran parte lo consiguieron.

El paso de los expedicionarios por los pueblos de Cataluña produjo un levantamiento de todos los elementos gubernamentales (policíacos, militares y civiles) contra las fuerzas de la revolución. En Tortosa los militantes de la CNT-FAI, que habían dominado allí el levantamiento comunista, recibieron órdenes de su Comité Nacional de que no se opusieran al paso de las fuerzas expedicionarias que iban a Barcelona. Al entrar estas fuerzas en Tortosa, los elementos políticos de la UGT salieron de sus escondrijos y ocuparon los centros de comunicaciones y oficiales. Seguidamente se dedicaron a encarcelar a sus adversarios, cuyos locales habían sido previamente asaltados. También fueron invadidas las colectividades campesinas. La represión se extendió a los pueblos de los alrededores de Tortosa. Algunos detenidos fueron trasladados a Tarragona y más tarde fueron encontrados sus cadáveres juntos con los de otros cenetistas.

En Tarragona los sucesos de mayo habían tenido el mismo desarrollo que en Barcelona. La fuerza pública había ocupado la Telefónica y seguidamente atacó con un vivo tiroteo los locales de la CNT y las juventudes Libertarias. Los atacados se defendieron valientemente, pero las fuerzas de policía tenían allí poderosos aliados militares, tales como un batallón de defensa de costas y la guarnición de la vecina base aérea. Los libertarios fueron invitados a entregar las armas bajo garantía de que no se ejercerían represalias contra ellos. Pero una vez desarmados fueron declarados presos. Muchos de estos detenidos fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a las afueras de la población.

Sucesos parecidos tuvieron lugar en las comarcas del norte de Cataluña. Estas comarcas eran de tradición reaccionaria debido a la influencia histórica del carlismo. Las fábricas de tejidos atrajeron mano de obra de la capital y con ella los gérmenes del sindicalismo revolucionario. Pero el clericalismo conservaba su centenaria influencia entre los campesinos, pequeños propietarios y clase media. Estos elementos retardatarios fueron reclutados por los políticos contrarrevolucionarios en la gran cruzada contra la supremacía anarquista.

En la combinación contrarrevolucionaria figuraban los extremistas de Estat Català, elementos que siempre batallaron por separar políticamente a Cataluña de España. La CNT había sido siempre, por sus principios internacionalistas, un serio obstáculo, tanto para los furiosos demagogos del separatismo como para los simples autonomistas no menos autoritarios. El odio de estos elementos contra la CNT creció mucho más viéndola dueña de la calle a partir del 19 de julio de 1936. No pocos catalanistas habían sido sugestionados por el estalinismo. Basta recordar que entre los partidos que pasaron a formar el PSUC figuraba el Partido Proletario Catalán. En diciembre de 1936, los extremistas del separatismo habían organizado un complot encaminado a conseguir la separación de Cataluña con ayuda de potencias, democráticas o fascistas. Como consecuencia de este descubrimiento fue fusilado el entonces comisario de Orden Público, un catalanista llamado Reverter. Otros acusados huyeron al extranjero. Entre ellos, el presidente del Parlamento Catalán, Juan Casanovas.

Una de las condiciones del armisticio del 7 de mayo fue el compromiso de poner en libertad a todos los prisioneros de una parte y otra. Por el lado gubernamental había dos clases de prisioneros. Los que estaban en la cárcel oficial y los que habían ido a parar a las cárceles secretas de la GPU estaliniana. Muchos de estos fueron asesinados después de sufrir martirio. Los presos ofíciales eran elementos de la CNT-FAI y el POUM y eran mantenidos en las mismas aglomeraciones donde se hallaban los presos fascistas. Unos fueron procesados por el delito de rebelión militar; otros continuaron en la cárcel a título de presos gubernativos.

Hasta el 11 de mayo no se tuvieron noticias sobre los desaparecidos. Por aquellos días una ambulancia misteriosa había arrojado los cadáveres de 12 jóvenes libertarios, completamente desfigurados, en un cementerio del vecino pueblo de Sardañola-Ripollet. Entre ellos estaba posiblemente el cadáver nunca identificado de Alfredo Martínez, miembro del Comité Regional de las juventudes Libertarias.

El periódico cenetista Solidaridad Obrera, escribía con indignación: 

«Tres días de caza del hombre, sistemática y terrible. Hablen, si no, los cadáveres, espantosamente mutilados, de los 12 militantes de la CNT de San Andrés (barrio extremo de Barcelona), sacados de sus casas y llevados en una ambulancia al cementerio de Sardañola. Hablen, si no, los 5 hombres del rondín de Eroles, asesinados también. Hablen los 15 hombres de la CNT hallados muertos en los alrededores de Tarragona, y otros más, encontrados en diversos puntos de Cataluña. Hablé, si no, el cuerpo exánime de Camilo Berneri...»

Camilo Berneri fue asesinado la noche del 5 al 6 de mayo de 1937, junto con otro anarquista y compatriota suyo llamado Barbieri. Berneri era uno de los valores más completos del anarquismo internacional. Era el escritor libertario mejor informado y de más vasta cultura. Exiliado en Francia a causa de la dictadura de Mussolini, en 1936 le atrajo la revolución española. Luchó en el frente de Huesca como simple miliciano. Más tarde se instaló en Barcelona, donde redactaba el periódico Guerra di Classe. Dejó al ser asesinado una obra muy documentada sobre la intervención del fascismo italiano en España: “Mussolini a la conquista de las Baleares”.

Solidaridad Obrera explicó así su desaparición y muerte junto con su compañero Barbieri: 

«A las seis de la tarde del miércoles se presentaron en la casa doce hombres (…) hicieron salir a los camaradas Berneri y Barbieri y les comunicaron que estaban arrestados. Barbieri quiso saber la causa de la detención. «Parece ser que sois contrarrevolucionarios", se les dijo. Berneri se indignó. Veinte años de anarquismo militante le daban derecho a esa indignación... Durante la madrugada del 6 de mayo, la policía (…) aseguró a la compañera de Barbieri que aquel mismo día, a las 12, serían libertados los dos recluidos. Pues bien, también aquel mismo día, la familia de los dos desaparecidos supo, por ficha del Hospital Clínico, que sus dos cuerpos, acribillados a balazos, habían sido recogidos por la Cruz Roja en los alrededores de la Generalidad, durante la noche del 5 al 6 de mayo...»

El 13 de mayo de 1937 se dio a conocer un bando del ministro de la Gobernación. Serían castigados como actos de «adhesión a la rebelión», con las penas señaladas en el Código de Justicia Militar, los individuos o las organizaciones que sin constituir fuerzas del ejército o de los demás cuerpos armados del Estado, tuviesen en su poder armas largas, explosivos, gases lacrimógenos o «asfixiantes», máquinas de guerra, vehículos blindados, etc. Otra orden del mismo ministro proclamaba en la misma fecha:

«Artículo primero.—A contar de la fecha de la publicación de esta Orden ministerial (…) se concede un plazo de 72 horas para que todos los ciudadanos, partidos políticos o sindicales, comités, consejos municipales y cualquier clase de asociaciones o entidades que poseyeran armas largas, las entreguen en Valencia, en la Dirección General de Seguridad; en Barcelona, en el local donde está instalada la Delegación de Orden Público del gobierno central, y en las demás regiones en el local que designe el gobernador civil o el delegado nacional...»  

Una vez expirado el plazo de 72 horas se practicarían registros en los locales mencionados. De encontrarse armas en las condiciones señaladas serían detenidas todas las personas y entregadas dentro del plazo señalado por la ley a las autoridades judiciales competentes. Por la misma orden quedaban anulados los permisos de porte de arma corta que habían sido extendidos por los responsables de los sindicatos o partidos a sus militantes.

Estas medidas de desarme se tradujeron de inmediato en cacheos en la vía pública y registros en los domicilios sociales de los libertarios. Ciertos registros, por su aparatosidad marcial, más bien eran asaltos. El más espectacular tuvo lugar contra el local llamado de «Los Escolapios», sede que había sido del Comité de Defensa Central de Barcelona. En esta operación las fuerzas gubernamentales movilizaron inclusive cañones y tanques. Sin embargo, los ocupantes del local lo defendieron enérgicamente durante varias horas, para dar lugar a la evacuación de armas y destrucción de documentos comprometedores.

La crisis del gobierno de la Generalidad había sido solucionada mediante la transformación del Gobierno en un Consejo Ejecutivo muy restringido (Valerio Mas i Casas, por la CNT; Rafael Vidiella i Franch, por la UGT; y un representante de Izquierda Republicana de Cataluña). La Gaceta ratificaba el nombramiento de José Echeverría Novoa como delegado de Orden Público y de Emilio Torres Iglesias como jefe superior de policía. Curiosamente el hombre de confianza de la CNT (Torres) se había convertido en un subordinado insignificante. Pero las cosas irían más lejos. A principios de junio, Emilo Torres Iglesias fue sustituido en su cargo por un comunista sectario: Ricardo Burillo. También fue «cambiado» Echeverría Novoa, al decir de la FAI porque «no acataba, al parecer, las consignas de persecución de nuestro Movimiento». Los nuevos nombrados se apresuraron a poner en práctica la antigua ley de reuniones, según la cual el permiso para cualquier acto público o reunión debía ser solicitado de antemano, y debían tener lugar en presencia de un delegado de la autoridad. Por lo mismo se prevenía que serían prohibidas cuantas reuniones de carácter público «no beneficiasen el orden público…»

Un manifiesto de la FAI denunciaba que las cárceles continuaban llenas de presos antifascistas en situación gubernativa, mientras iban sueltos por la ciudad «elementos peligrosos de los requetés y el fascio»… El viejo escritor, historiador y geógrafo Gonzalo de Reparaz, colaborador asiduo de la prensa libertaria, era detenido y procesado por criticar la política de guerra del gobierno. Del 9 al 15 de junio de 1937, las tristemente famosas Patrullas de Control fueron disueltas y asimismo los Comités Obreros de Control de las fuerzas armadas. Es decir que entraron en pleno vigor los decretos de Orden Público del 4 de marzo último. Por otra parte fueron incautadas por el gobierno las emisoras de radio de los partidos y organizaciones. De momento la sola emisora suprimida fue la Radio CNT-FAI.

Desde los primeros momentos los comunistas españoles acusaron al POUM de provocador y agente principal de la «rebelión». «Los facciosos de Cataluña que levantaron barricadas contra el gobierno legítimo deben ser castigados implacablemente», manifestaba José Díaz, secretario general del Partido Comunista.

En su libro “Agent de Staline”, Walter Krivitski, entre muchas revelaciones interesantes a este respecto, dice lo siguiente:

«Estos informes daban a entender completamente que la O. G. P. U. conspiraba para aplastar a los elementos "irreductibles" de Barcelona a fin de imponer la autoridad de Stalin... El hecho es que en Cataluña, los obreros en gran mayoría eran antiestalinistas resueltos. Stalin sabía que un conflicto era inevitable, pero sabía también que las fuerzas de la oposición estaban divididas y podían ser aplastadas con una acción rápida y enérgica. La O. G. P. U. atizó el fuego y lanzó unos contra otros a sindicalistas, anarquistas y socialistas. Tras cinco días de carnicería (…) Cataluña se convirtió en el garito donde se jugaba la suerte de Largo Caballero».

Francisco Largo Caballero, que había ostentado la presidencia de la República desde el 5 de septiembre de 1936, fue sustituido el 18 de mayo de 1937 por el doctor canario, Juan Negrín López.

Sólo en Barcelona, los sangrientos sucesos acaecidos en mayo de 1937 habían producido 500 muertos y mil heridos, según datos oficiales. Más que el 19 de julio de 1936…

¿Qué se podía esperar de esa chusma de anarquistas, separatistas, comunistas, sindicalistas, socialistas y demás tropa izquierdista que se dedicaron a matarse entre ellos? A ‘Deo gratias’, así les fue…

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