|
Una
gran y grave crisis en todos los terrenos estaba padeciendo
España bajo el gobierno de la UCD, con constantes agresiones
a los valores de la convivencia nacional, continuos y
reiterados ataques a la unidad de España con manifestaciones
tumultuosas, desprecio a los símbolos y a la enseña española,
supresión por algunos entes autonómicos de las fiestas
nacionales y muy particularmente la de la Hispanidad, y de
conmemoraciones religiosas como la festividad de Todos los
Santos.
Había
un gran malestar de algunos mandos de las Fuerzas Armadas por
la política de ascensos y castigos que había iniciado el
Gobierno. A mediados de abril de 1979, Suárez había
puesto a un hombre de su confianza, José Gabeiras, en el
puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército, en un irregular
ascenso de general de división a teniente general, saltándose
a los candidatos lógicos por antigüedad, uno de los cuales
era precisamente Jaime Miláns del Bosch. Ya era la segunda
afrenta, porque Miláns ya había sido trasladado, en octubre
de 1977, de la División Acorazada Brunete, en Madrid, a
la capitanía de la III Región Militar, con sede en Valencia.
El general Luis Torres Rojas también había sido
recientemente desplazado, éste a La Coruña, en enero de
1980, cuando mandaba la DAC Brunete, siendo sustituido por
el general José Juste Fernández, impuesto por Gutiérrez
Mellado. El general Alfonso Armada había sido enviado a Lérida
después de que Suárez forzara su cese, en octubre de 1977,
como secretario de la Casa Real.
La
forma como se legalizó el Partido Comunista de España (PCE)
en un Sábado Santo (9 de abril de 1977) engañando
Adolfo Suárez a los militares, a los que había prometido
(dentro de su clásico “puedo prometer y prometo”) que
mientras él fuese presidente del Gobierno, nunca legitimaría
al partido comunista. La mayoría de los ministros, de
vacaciones de Semana Santa, se enteraron por la radio de que
el PCE ya era legal. El ministro de Marina, almirante Pita da
Veiga, presentó inmediatamente la dimisión, y otros cuatro
amenazaron con hacerlo, aunque al final desistieron “por
lealtad a la Corona”.
Se
procedió a la amnistía de miembros de la banda terrorista
ETA, con elogios por parte de los demócratas de toda la vida,
hacia los etarras por su “lucha por la libertad y la
democracia”.
Otro
enorme desaguisado, que fue ‘tapado’ con el más absoluto
mutismo, tuvo lugar en 1978 con unas Cortes no convocadas
constituyentes y que estaban dedicadas a elaborar un proyecto
de Constitución, lo cual constituía un auténtico golpe de
Estado dado desde el poder. Una nación como España, que luchó
en el mundo civilizado por la defensa de la religión católica
y la difundió en un continente, le “adjudicaron” una
Constitución atea o agnóstica, que prescindía por completo
de Dios, y que se situaba de espaldas al Creador. Por el
contrario, la constitución de Estados Unidos de América, un
país considerado con un grado suficiente de pedigrí democrático,
empieza así: “En el nombre de Dios Todopoderoso...”
El
5 de febrero de 1981, el Rey al iniciar su discurso en
la Casa de Juntas de Guernica, fue interrumpido por los
representantes de Herri Batasuna, cantando con el puño en
alto el Eusko Gudariak (el himno del soldado vasco), hasta que
los servicios de seguridad echaron a los de HB a empujones.
|
|
Entre
el 20 de noviembre de 1975, fecha del fallecimiento de
S.E. el Generalísimo Franco, hasta el 23 de febrero de
1981, fecha del asalto al Congreso, se produjeron las
siguientes escalofriantes cifras:
389
víctimas del terrorismo, con un recuento de 6 generales, 6
coroneles, 14 tenientes coroneles y comandantes, 10
suboficiales, 4 soldados, 79 guardias civiles, 42 policías
nacionales, 20 funcionarios de policía, 15 policías
municipales, 2 magistrados y 188 civiles.
Atentado
a la cafetería California 47 de Madrid el 26 de mayo de
1979 y el del Hotel Coronas de Aragón de Zaragoza
perpetrado el 12 de julio de 1979 con un siniestro
saldo de 76 víctimas, que según el entonces secretario de
Seguridad del Estado, Francisco Laína García, fue debido a
un incendio en la churrería... Daba la casualidad que en el
hotel se encontraba la viuda de Franco y familiares, que habían
ido a la capital aragonesa para asistir a la ceremonia de la
Jura de la Bandera de un nieto de doña Carmen Polo.
ARRIBA
En
1978, Suárez había alcanzado su mayor prestigio ante la
Corona y la propia sociedad, como eficaz servidor de la
transición hacia la “democracia”.
“El
Rey estaba absolutamente deslumbrado". “Es un fenómeno,
comentó un día en La Zarzuela. Mirad qué artículo segundo
de la Constitución ha hecho para solucionar la grave cuestión
de las autonomías y, al mismo tiempo, manteniendo la unidad
de España”
Pero,
en ese momento, ya estaban dadas todas las condiciones para
que esa ilusión acrisolada en el espíritu pragmático del
Monarca empezara a desvanecerse. La política de nombramientos
seguida por el vicepresidente del gobierno para asuntos de la
defensa, Gutiérrez Mellado —saltando por encima del escalafón
para designar al general Gabeiras como jefe del Estado Mayor y
al general Ibáñez como director general de la Guardia
Civil— encendió los descontentos y las protestas de los
militares.
El
general Atarés protagonizó un violento enfrentamiento con
Gutiérrez Mellado, a quien insultó gravemente en un
acuartelamiento de Cartagena, sin que tal acción mereciese la
más leve condena moral o medida disciplinaria.
ARRIBA
En marzo y abril de 1979, Suárez intentó
capitalizar el éxito del referéndum de la Constitución,
convocando a elecciones generales y municipales. Pero los
resultados en términos absolutos del escrutinio reprodujeron
casi exactamente los de 1977. La diferencia en cuanto a la
abstención en una y en otra (21% del censo en 1977 ; 32% en
1979) fue la consecuencia directa de la política de consenso
anterior y reflejó el divorcio creciente con la política de
los grandes partidos por parte de un amplio sector del
electorado. UCD obtuvo de nuevo la mayoría relativa, pero
esta vez su base electoral llegó sólo al 23% del censo, por
tanto, careció de fuerza suficiente para gobernar en
solitario. Los resultados de las municipales debilitaron aún
más su posición. La gran mayoría de los municipios (y la práctica
totalidad de las ciudades principales) dieron abrumadora mayoría
a la izquierda (PCE y PSOE), al tiempo que la abstención
superó el 40% del censo.
La
intención de acabar con la anterior política de consenso y
pasar a gobernar con un programa consecuente de derechas
—“hay que dejarse de acuerdos y consenso, ahora hay que
ponerse a gobernar”, declaró Arias Salgado tras las
elecciones— tuvo muy corto alcance. Después de las
municipales, la respuesta al nuevo gobierno de Suárez
—mucho más derechista en su composición que el de 1978—
fue la conclusión del pacto municipal PCE-PSOE. En mayo,
durante el congreso del PSOE, Felipe González se vio obligado
a dimitir ante el desbordamiento radical de los delegados.
Todas las fuerzas políticas, desde Fraga hasta Carrillo, se
echaron las manos a la cabeza exigiendo su retorno, al mismo
tiempo que la oleada terrorista más intensa hasta ese
momento, causaba 20 muertos y más de 100 heridos en una sola
semana.
Por
su parte, la patronal “Confederación Española de
Organizaciones empresariales” (CEOE), hizo una crítica
demoledora al programa económico del gobierno y le dio casi
un ultimátum para que presentara un plan de acuerdo con la
mayoría de la CEOE. Una nueva huelga general contra la
represión paralizó el País Vasco, al tiempo que en Cataluña,
Aragón, Castilla y País Vasco, manifestaciones de cientos de
miles de personas exigían la autonomía.
ARRIBA
Tres
meses después de las elecciones, ante la creciente polarización
entre las clases, la estabilidad política del país en un
clima de normal juego parlamentario entre gobierno y oposición,
se tornaba cada vez más difícil, con tendencia clara hacia
una situación de ingobernabilidad explosiva. Ante semejante
situación, Carrillo volvió a plantear un “gobierno de
concentración nacional”, con un consenso aún mayor que el
de la etapa anterior. Por su parte, Felipe González ofreció
sus servicios en caso de que se produjera “una situación de
emergencia”.
En
las FF.AA., los síntomas de insubordinación militar
empezaron a ser cada vez más notorios y no desaparecerán de
la escena política nacional hasta su desenlace el 23F.
La
consecuencia inmediata de esta situación fue el consenso
entre las dos principales fuerzas parlamentarias centristas,
UCD y PSOE, a fin de imponer “democráticamente” en la
Cortes las principales leyes de desarrollo de la Constitución
(Ley del Tribunal Constitucional, estatuto de Radio Televisión
Española, acuerdo marco entre la patronal CEOE y el sindicato
socialista UGT, estatutos de autonomía del País Vasco y
Cataluña, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Seguridad
Ciudadana, Estatuto de Centros, Ley de Autonomía
Universitaria, etc.
Sin
embargo, la repulsa y protesta popular contra toda esta política
se fue agudizando a lo largo del otoño y el invierno de 1979.
Cientos de miles de trabajadores se movilizaron contra los
topes salariales y el Estatuto de los Trabajadores pactado
entre la patronal y el sindicato socialista.
Las
universidades e institutos despertaron de su letargo y se
movilizaron contra las leyes del gobierno en el terreno de la
enseñanza. En diciembre, más de dos millones y medio de
trabajadores, estudiantes, etc. participaron en el movimiento
huelguístico. La lucha obrera y popular no había alcanzado
un grado de contestación semejante desde principios de 1976.
Arrastrados por ese movimiento de masas de magnitud, los
propios dirigentes del PCE hablaban de preparar una huelga
general, aunque finalmente se echaron atrás, demostrando que
el Estado burgués y sus prebendas gravitaban más que la
presión de las masas sobre su comportamiento político.
El
divorcio entre la política oficial y la calle era ya enorme y
no dejaba de aumentar.
ARRIBA
A
lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían
a provocar un giro importante en la situación mundial. En
enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi,
instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el
movimiento sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados
“Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada
norteamericana en Teherán tomando un número
indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas
ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano
—a instancias de su aliado paquistaní— sobre el eslabón
más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los
sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la
política exterior de distensión del presidente
norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más
bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país,
obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con
el “bloque comunista”, y a una política de “ley y
orden” en sus propios dominios internacionales, de
confrontación con la otra superpotencia y de rearme.
Este
giro de la política internacional alteró profundamente la
situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso”
bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de
iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo
largo de 1978 y 1979, Suárez había congelado la decisión de
integrar a España en la OTAN cuestión que no pudo ser
consensuada con la izquierda, cuya militancia, además,
acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la
escena internacional, demandando de su gobierno una mayor
dimensión iberoamericana y africana de la política exterior
española.
En
septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para
invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer
presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después,
Yaser Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de
Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese
paso. Finalmente, el gobierno envió un observador a la Cumbre
de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático
insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.
El
rumbo de la política interior y exterior de España,
marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas
derivadas de la nueva situación en ese país y en el mundo.
Lo que deseaba Washington era una España “segura” y
estable y dentro de la OTAN.
ARRIBA
Pero
Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del
PCE en aras de la estabilidad política del Estado a
instancias de su relativa capacidad de control del movimiento
de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con
las exigencias norteamericanas. Esas nuevas exigencias de
Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con
sus socios democristianos y liberales al interior de UCD,
fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y
desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio
prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y
los medios de comunicación que le habían catapultado, sino a
la propia volubilidad pragmática del Monarca.
El
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), comenzó a
desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno,
iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de
la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la
necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los Estados
Unidos y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el
marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”,
dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados.
El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a
modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Y así, en
septiembre volvió reforzado.
Con
la llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca dio
un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso
desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de
su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh,
declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato
un calendario para su integración en la OTAN. El golpe
militar en septiembre contra el gobierno turco de Süleymán
Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del
coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde
se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente
entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En el
País Vasco, durante los primeros días de noviembre, ETA
cometió atentados resultando muertos once dirigentes de UCD,
entre militares y guardias civiles.
ARRIBA
A
principios de diciembre, la UCD sufrió un descalabro
electoral aún mayor que los anteriores con la elección de
solo dos senadores por Almería y uno por Sevilla. Aunque fue
una elección sin trascendencia en sí misma, la importancia
está en que la UCD quiso convertirla en un test de fuerza
electoral.
Esta
situación aceleró la ejecución del plan —conocido ya por
Suárez— urdido por el conjunto de la oposición, parte de
UCD y el sector monárquico del ejército liderado por los
generales Miláns del Bosch y Armada, todos en connivencia con
el Rey, consistente en la presentación de una moción de
censura contra Suárez para obligarle a dimitir, dejando
expedito el camino legal para el nombramiento de un nuevo
gobierno “de concentración” cívico-militar, presidido
por el propio Armada, único modo de detener la dinámica del
golpe “duro” en preparación, contra los partidos políticos,
las instituciones “democráticas” y la Corona.
Pero
lo que sucedió fue que Suárez se adelantó presentando su
renuncia irrevocable publicada el 29 de enero de 1981,
proponiendo como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, quien, hasta
ese momento, desempeñaba la función de vicepresidente
segundo de Asuntos Económicos.
De
este modo, si los conspiradores decidían seguir adelante con
sus propósitos, se pondrían fuera de la legalidad “democrática”.
Y esto es lo que, de hecho, se llegó a consumar cuando Tejero
irrumpió en la sala de sesiones del Congreso, hasta que
Tejero descubrió que había sido engañado y utilizado por
sus superiores operativos —quienes hasta último momento
subestimaron su propia determinación política ocultándole
la verdadera finalidad del golpe—, y decidió abortarlo
tratando por unas horas de imprimirle su sesgo personal más
duro.
El
nuevo giro de la situación mundial, fue un factor de primera
magnitud en el deterioro del esquema político de Suárez. La
dificultad estaba en que, al mismo tiempo que iban
cristalizando las amenazas latentes de involución política
por parte de los sectores del franquismo residual, ninguna de
las fuerzas políticas de la oposición ‘democrática’
mostraban la solvencia necesaria para asumir la alternativa de
gobierno.
Dado
que la izquierda burguesa le había dado suficientes garantías
de moderación y responsabilidad de Estado como para
convencerle de que las únicas amenazas a la institución monárquica
sólo podían provenir del falangismo residual y altos mandos
de las FF.AA., con toda la impunidad para conspirar que le
confería el artículo 56 de la Constitución —y que nadie
cuestionó jamás—, el Rey no dejó de espolear secretamente
a Suárez para que siguiera galopando con el caballo de las
reformas políticas de izquierda burguesa (legalización del
PCE, renuncia a entrar en la OTAN) y el saneamiento en el
aparato político y militar del franquismo, al que había
jurado fidelidad pero que ahora le resultaba un estorbo de
cara a la proyección europea del Estado español y, por
tanto, de su Casa real.
ARRIBA
|
|
Adolfo
Suárez, impulsado por el propio Rey a imprimir ritmo a las
reformas, aunque asumiendo él toda la responsabilidad, se había
convertido en el enemigo número uno del Ejército. Era como
el juego del policía bueno y el policía malo. Primero
Suárez actuaba de malo y, luego, los militares se pasaban por
La Zarzuela a quejarse al Rey, que era el bueno. El 28 de
noviembre de 1979 fue recibido Miláns del Bosch en
audiencia privada y, poco después, acudiría también a
Palacio una amplia representación de la División Acorazada,
presidida por el general Torres Rojas. Lo que más enojados
les tenía era la política de depuración del Gobierno, que
había enviado a destinos alejados fuera de los centros de
poder a los más adeptos al antiguo Régimen, para poner a
otros nuevos e ir lavándole la cara a las Fuerzas Armadas. Y,
por supuesto, el tema de las autonomías, con aquel famoso
“café para todos”, que veían como un desmembramiento de
facto de la sagrada unidad de la patria (“Un Rey golpe a
golpe” de Patricia Sverlo). Una vez planteado el
conflicto y el consecuente desgaste irreversible del
Presidente —con sus decisiones ya sobre el terreno firme
de los actos políticos consumados—, el Rey pasó a
actuar, en primera instancia, como mediador y “árbitro”
interesado entre Suárez y todos los que conspiraban
contra él, pero luego fue sumando subrepticiamente su
propio peso político fáctico a la carga de otros poderes
que ya recaía sobre la cara en que el falso dado ganador
de esa disputa debía detenerse para beneficio mutuo,
siempre al amparo de lo previsto en el mismo artículo
56, 1 de la Constitución, que le relevaba de cualquier
responsabilidad política o penal ante lo que hiciera o
dejara de hacer, de modo que, así, todo quedaba “atado y
bien atado”. |
Juan
Carlos escuchaba a Felipe, a Fraga, a Armada, a Miláns...
metido en su papel de “árbitro” de España, para mediar
entre ellos y el presidente. Y acabó con un pequeño impulso
que le dieron desde el exterior (como en prácticamente
todas sus decisiones políticas importantes), inclinando
la balanza a favor de los primeros. Juntos empezaron a
elucubrar posibles salidas al problema, a hacer planes que
acabarían cuajando el 23 de febrero de 1981. Suárez
solía decir en privado: “El Rey a mí no me borbonea”.
Pero
Suárez ya había aprendido la lección, estando entonces
Torcuato Fernández Miranda donde ahora estaba él, cuando fue
“despachado” por el Rey una vez “acabada su misión”.
Suárez se apercibió de que el monarca le haría objeto a él
de la misma jugada, cuando el 22 de enero le propuso
nombrar al General Armada segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército
(el cargo ideal para pasar a desempeñarse como presidente del
ya pactado gobierno de “concentración), a lo cual Suárez,
como ya hemos mencionado, se negó, presentando cuatro días
después su renuncia indeclinable, con lo cual hizo recaer el
duro coste político del golpe “blando” sobre sus
conspiradores, como así parece haber sido.
ARRIBA
Hasta
llegar a esa situación, los síntomas de descomposición y
disgregación de la UCD, se fueron haciendo más evidentes
conforme avanzaba 1980.
El
28 de febrero, la UCD sufrió su primer gran descalabro
político en el referéndum autonómico andaluz. En abril, las
elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña
significaron una auténtica debacle para la UCD y enormes pérdidas
electorales para el PSOE y el PCE, los tres pilares básicos
del esquema político del consenso en que se sostenía el
gobierno de Suárez.
Estos
resultados dieron pábulo a una verdadera espantada de UCD.
Los “varones” de ese partido empezaron a perfilar su
futuro político, unos con vistas a integrarse en la Alianza
Popular de Fraga, otros en el PSOE. En mayo, Francisco Fernández
Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker y Landelino Lavilla,
decidieron conspirar contra Suárez apoyando una moción de
censura —presentada por el PSOE— que no prosperó.
Los
medios de expresión de la derecha empezaron a poblarse de críticas
ante la situación de «vacío de poder» que se estaba
creando. Los rumores sobre reuniones conspirativas en la cúpula
militar y en círculos de poder fáctico se extendieron. A la
vez que aparecían públicamente opiniones y movimientos en
torno a un posible “gobierno de concentración”, una
salida a la crisis extraconstitucional presidida por un
militar que recondujera el proceso. Los nombres de Osorio y
otros viejos franquistas vuelvan a sonar como posibles
ministros de ese gobierno. Incluso el PSOE a través de
Enrique Múgica y sus contactos con altos mandos militares,
apareció implicado en estas maniobras. En junio, el ministro
de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, declaró que España
debía integrarse en la OTAN antes de 1983, por lo cual fue
inmediatamente cesado, pero este episodio de indisciplina
partidaria demostraba el calibre de las fisuras en el seno del
gobierno y de la UCD.
Desde
el verano de 1980 hasta finales de ese año, todos los
factores de crisis se fueron agudizando al extremo. El
desastroso panorama económico, donde la política
gubernamental fracasaba, el aumento exponencial del terrorismo
y la delincuencia, la ley de Divorcio, el proyecto de ley de
amnistía para los militares “progresistas” de la UMD (Unión
Militar Democrática), la retirada del PNV de las Cortes, el
enfrentamiento abierto entre el gobierno central y el autonómico
catalán y, en fin, la sensación de desgobierno, de “vacío
de poder”, dejaban sin sustento la política de Suárez.
Entre
julio y septiembre de 1980, se pusieron en
marcha varias conspiraciones civiles que buscaron conseguir el
apoyo de unos y otros generales, con el fin de desplazar más
o menos discretamente al gobierno legalmente constituido de la
UCD, para poner en su lugar a un “equipo consensuado”
entre unos u otros grupos de civiles y unos u otros grupos de
militares. Se tiene constancia de que ya en el mes de julio
de 1980, se reunieron el teniente coronel de la Guardia
Civil, Antonio Tejero, Pedro Más —ayudante de campo del
General Miláns del Bosch-
y el civil Juan García Carrés, para comenzar a planificar el
operativo con la finalidad de tomar las Cortes. En esas
conspiraciones para desencadenar un golpe de Estado encubierto
—blando o duro— parece que estuvieron implicados, además
del Rey, no sólo significados personajes de la derecha
civilizada, sino que, a estas alturas, se habían incorporado
destacados representantes de la izquierda burguesa: PSOE y
PCE. Así lo explica Sergio Vilar en: “La década
sorprendente”:
“Todo
ello quería llevarse a cabo, al menos por parte de los
socialistas, guardando algunas formas constitucionales; es
decir, derribando al gobierno de UCD mediante un voto de
censura, para formar, a continuación, un “gobierno
fuerte” presidido por un general, o lo que Carrillo decía:
“un gobierno de concentración” [...] La primera
denuncia pública que Suárez hizo de esos proyectos, la
pronunció ante los periodistas que le acompañaban en su
viaje a Lima el mes de julio de 1980: “Conozco la
iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del
gobierno a un militar. ¡Es descabellado!”
Sergio
Vilar sigue anotando que, en los meses siguientes hubo
diversas y sugestivas declaraciones —nunca desmentidas— más
o menos alusivas a esos planes. Joan Raventós Carner, primer
secretario del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE”
(PSC-PSOE), confesó sus deseos de acabar con el gobierno de
Suárez de la manera que fuese y “aunque el gobierno que
vaya a sustituirle sea más de derechas”. Por su parte, Ramón
Tamames, por entonces uno de los máximos jerarcas del PC, fue
más explícito y directo al pedir que un militar presidiera
el futuro gobierno.
El
22 de octubre de 1980, en Lérida, tuvo lugar el famoso
almuerzo-entrevista del general Alfonso Armada con Enrique Múgica
Herzog y Joan Raventós Carner
en casa del alcalde socialista de esa ciudad,
Antonio Ciurana. Unos y otros miembros del PSOE (sobre todo Múgica)
redactaron informes de esta entrevista para entregárselos a
Felipe González. No se ha aclarado todavía con detalle el
contenido de tales informes, aunque todos ellos coincidieron
en la formación de un gobierno de coalición al margen de
cualquier consulta a los ciudadanos. Idéntico propósito se
observaba en los movimientos de la derecha “democrática”
De esa manera lo revelaba una conversación que el dirigente
democristiano Fernando Álvarez de Miranda mantuvo en diciembre
de 1980 con Adolfo Suárez, así como las declaraciones de
un periodista atribuyendo a Alfonso Guerra la propuesta
igualmente sediciosa de su partido días antes del 23-F:
“Le
reiteré, finalmente, que en mi opinión la situación
estaba muy mal; que se habían encendido hacía tiempo las
señales de alerta para la democracia y que, no teniendo la
mayoría absoluta en el Parlamento, debía buscarse la
coalición con el partido de la oposición. Me miró con
tristeza diciendo:
“Sí,
ya sé que todos quieren mi cabeza y ése es el mensaje que
mandan hasta los socialistas: un gobierno de coalición
presidido por un militar: el general Armada. No aceptaré
ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa
en un ataúd”, sentenció Suárez.
Mi
cara —sigue diciendo Álvarez de Miranda— reflejó
de tal manera la sorpresa, que no tuve que insistir en que
no era ésa mi propuesta. Más de un año después de
imprimir las anteriores líneas, nadie ha desmentido su
contenido; como tampoco se han negado estas otras que firma
el periodista Antxon Sarasqueta:
“El
nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar
meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso
Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la
disposición de su partido a participar en un gabinete de
concentración presidido por un militar”
Estas
consultas de Guerra, así como algunos comentarios que
Felipe González hizo en público [...], prueban que
la participación en la conspiración militar era una
actividad que se desarrollaba desde las máximas alturas del
PSOE y por tanto desresponsabiliza en parte el papel que en
ello jugaron otros socialistas, como Múgica, Raventós o
Ciurana. El diputado comunista Jordi Solé Tura también
tuvo relaciones con el general Armada, y, al parecer, en el
gobierno que éste “había de formar”, el representante
del PCE-PSUC iba a asumir la cartera del Ministerio de
Trabajo”
ARRIBA
Por
estas mismas fechas, en diciembre de 1980, pudo
comprobarse que el General Armada —todavía destinado en la
comandancia militar de Lérida— se entrevistó con el Rey
como mínimo tres veces. El 18 de diciembre de 1980,
cuando fue de vacaciones a Madrid, lo visitó en La Zarzuela y
el 3 de enero de 1981 en Baqueira.
El
24 de diciembre, el Rey lanzó aquél mensaje navideño
lleno de ideas sugerentes, por primera vez sin la familia
delante de las cámaras, sentado ante su mesa de
trabajo:
“La
Monarquía, que en mí se encarna [...] impulsora de una
acción de todos para todos”.
Dirigiéndose
a los políticos, dijo:
“Consideremos
la política como un medio para conseguir un fin y no como
un fin en sí mismo. Esforcémonos en proteger y consolidar
lo esencial si no queremos exponernos a quedarnos sin base
ni ocasión para ejercer lo accesorio”.
Y
al pueblo en general:
“No
podemos desaprovechar, con inútiles vaivenes,
compromisos y disputas, esta voluntad de transformar y
estabilizar España...”.
Dos
días después de la entrevista que había concertado con
Armada, debido a la cual, el general hubo de adelantar el
final de las vacaciones, el rey pronunció otro discurso. Esta
vez, el de Pascua, dirigido a los militares, que acababa así:
“Yo
tengo la certeza de que, si permanecemos unidos, entregados
a vuestra profesión, respetuosos con las normas
constitucionales en las que se basa nuestro Estado de
derecho, con fe y confianza en los mandos y en vuestro Jefe
Supremo, y alentados siempre por la esperanza y la ilusión,
conseguiremos juntos superar las dificultades inherentes a
todo período de transición y alcanzar esa España mejor,
en la que ciframos nuestra felicidad”.
ARRIBA
|
|
El
domingo, 22 de febrero, el comandante Pardo Zancada, de
la División Acorazada de Madrid se entrevistó en Valencia
con el capitán general Miláns del Bosch, quien le dijo que
"el lunes 23 se produciría en Madrid un hecho de
extraordinaria gravedad ante lo cual no había más remedio
que garantizar el orden y la seguridad de la I Región
(Madrid), y que la III (Valencia) ya estaba preparada”.
A
las 8 de la mañana del lunes 23, oficiales del
Estado Mayor de la III Región ultimaban los planes “como
estaba previsto de antemano por Miláns del Bosch”. A las 4
de la tarde, el general Torres Rojas, gobernador militar
de La Coruña, aparecía en el recinto de la División
Acorazada de Madrid y convocaba con la mayor facilidad a
“los jefes del Cuartel General y al Estado Mayor de la
misma”. En la I Comandancia Móvil de la Guardia Civil, en
Valdemoro (Madrid), se repartieron fusiles entre guardias
seleccionados tres horas antes para ocupar el Congreso de los
Diputados. Con
estos antecedentes, es difícil de concebir que el Centro
Superior de Información de la Defensa (CESID) y la Junta de
Jefes del Estado Mayor (JUJEM), los Estados Mayores del Ejército
y de la Guardia Civil, dejaran de percibir los preparativos,
hasta el punto de que, a las 18:25 la totalidad de los ministros se vieran sorprendidos en el
Congreso por la irrupción de Tejero y sus hombres.
|
El
25 de enero, vísperas de la dimisión de Suárez, el
presidente de la patronal catalana, Alfredo Molins, lanzaba un
duro ataque al Gobierno:
“Este
Gobierno no se comporta como nosotros creemos que debería
comportarse [...] es necesario un Gobierno que gobierne y que
gobierne con autoridad”. Quince días antes del golpe, en
medios empresariales catalanes ya se hablaba de un Gobierno de
concentración que sería presidido por el general Armada.
El
19 de enero, el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de
Miláns del Bosch, visitó a Armada en Lérida "para
comunicarle el resultado de una entrevista, en la que se había
decidido el aplazamiento del asalto al Congreso. Armada informó
de su próximo nombramiento como segundo jefe del Estado Mayor
del Ejército".
Adolfo
Suárez dimitió el 26 de enero de 1981 y su renuncia
recién se publicó el día 29. De inmediato, el
general Armada fue nombrado segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército. Catorce días después se reorganizaba la
estructura de mandos del Ejército de Tierra. Se centralizó
la dependencia de la estructura de fuerza —capitanías
generales— y de las unidades de la Reserva General en la
persona del jefe del Estado Mayor, y ponía al frente del
Estado Mayor General y Especial del Ejército, al general
Armada. Hay que recordar, que el 29 de octubre de 1977,
tras el triunfo de UCD en las elecciones generales celebradas
ese mismo mes, Adolfo Suárez pidió al Rey que cesara a
Armada de su puesto de secretario general de la Casa Real,
para mantenerlo lejos de Madrid. Ahora, el mismo Monarca, hacía
caer a Suárez para que subiera Armada.
Al
día siguiente de hacerse pública la dimisión de Suárez, 30
de enero, el extinto periodista Emilio Romero publicó en
el periódico monárquico “ABC” un artículo en el
que ya se hablaba expresamente de “la solución Armada”.
El 3 de febrero, el Rey telefoneó al ex secretario de
su “Casa”, Armada, para confirmarle como candidato
sustituto de Suárez y darle la enhorabuena desde el
aeropuerto de Barajas, a la espera de que se abriera el de
Vitoria para iniciar su primer viaje al País Vasco.
El
6 de febrero de 1981, los reyes estaban en Baqueira
para descansar tras los incidentes ocurridos en la Casa de
Juntas de Guernica, y se citaron con Armada para cenar en un
restaurante de Artíes. La cena debió suspenderse ante la
noticia de que la madre de la reina estaba muy grave. Sofía
se trasladó rápidamente a Madrid, pero la entrevista no podía
posponerse, y el Rey se quedó conversando con Armada hasta
las tres de la madrugada.
Tras
la celebración del II Congreso de UCD, el día 10 de
febrero de 1981, el Rey finalmente propuso a Calvo Sotelo
en las Cortes como su candidato a presidente del Gobierno: Cuando
éste pasó por La Zarzuela al día siguiente, para los
oficios religiosos ortodoxos en memoria de la madre de la
reina [...] tuvieron ocasión de hablar brevemente en un
aparte. El rey le dijo que le interesaba mucho verlo, y lo citó
para el día 13 a las 10,30. Llamó a Sabino
para que lo apuntara en el libro de visitas, y Sabino le
advirtió de que no había horas libres, pero el rey insistió
en el hecho de que retrasara la hora a quien hiciera falta.
Ninguno de los dos ha revelado nunca el contenido de la
conversación que mantuvieron en aquella cita extraordinaria.
Más tarde, el 23 de marzo de 1981, Alfonso Armada
solicitó permiso por escrito a Juan Carlos, para darla a
conocer como prueba que le favoreciera en su juicio. Pero no
se lo autorizaron y Armada cumplió la orden al pie de la
letra.
El
17, hubo otro contacto del Rey con Armada, durante un
acto en la Escuela Superior del Ejército. El día 18
Ibáñez concertó telefónicamente con Tejero la fecha
definitiva de la “Operación Congreso”: El
comandante José Luis Cortina, jefe de la Agrupación
Operativa de Misiones Especiales del CESID, se reunió el día
21 por la noche con Antonio Tejero, Alfonso Armada y
Vicente Gómez Iglesias, su mano derecha en el CESID.
“Fue
en esta reunión que Armada se descubrió personalmente
delante de Tejero como jefe de la operación. Cortina le
indicó al guardia civil que los socialistas no darían nada
de guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también
veían la necesidad de un golpe de timón. Se le explicó,
al parecer, no demasiado bien, que su operación en el
Congreso se tendría que reconducir hacia el objetivo político
de Armada. Según la declaración que hizo en el juicio, a
Tejero en aquél momento le dieron a entender que el nuevo
gobierno sería sólo de militares, y que el verdadero jefe
era el Rey, que lo apoyaba totalmente. Armada, en concreto,
le explicó:
“La
monarquía necesita robustecerse, por ello, Su Majestad me
ha encargado esta operación. Matizó, además, que la
Corona y la Democracia seguirían incólumes, aunque
ya hay preparados varios decretos que entrarán en
vigor”.
También
le revelaron que tanto el Vaticano como el gobierno
norteamericano habían sido sondeados y que, la Administración
Reagan, les había prometido ayuda”.
ARRIBA
De
acuerdo con la denominada “Operación Jaula”, a las 16:20
el teniente Suárez Alonso, del Servicio de Información de la
Guardia Civil, cerró las principales calles de acceso al
Congreso con una certera e invisible maniobra. Veinte guardias
civiles de paisano a bordo de cinco coches camuflados crearon
un cordón de seguridad con la excusa de que vigilaban una red
de comercios de coches de importación ilegales en los
aparcamientos de la zona. Si fuera preciso, las patrullas,
estratégicamente colocadas, facilitarían la entrada de
Tejero y sus guardias en el edificio de la Carrera de San Jerónimo.
A
las 18:00 Tejero iba con sus hombres en dirección de
la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los
diputados, a bordo de los seis autobuses comprados días antes
por su mujer. Veintidós minutos después, el contingente
armado hacía irrupción en el hemiciclo donde se estaba
decidiendo la investidura presidencial de Leopoldo Calvo
Sotelo. Tal como se confirmaría después, Tejero había
participado creyendo que se trataba de implantar un gobierno
puramente militar para salvar a la Patria y la Corona.
Una
vez Armada en el Cuartel General del Ejército, informó a su
inmediato superior, el general Gabeiras, de que el Ejército
estaba dividido y no se veía más solución que la de formar
un gobierno presidido por él (Armada).
Alfonso
Armada no entró directamente en el Congreso, sino que lo hizo
en el “Hotel Palace”, convertido en puesto de mando
de los generales que comandaban los cuerpos militarizados. A
las 23:40 expuso a José Luis Aramburu Topete y a José
Sáenz de Santamaría la oferta que iba a hacer a Tejero, de
un gobierno de transición presidido por él. Recibió la
aprobación y encaminó sus pasos cruzando la Carrera de San
Jerónimo hacia el Congreso.
ARRIBA
A
Tejero, que se le confió la misión de ocupar el Congreso y
retener al Gobierno y a los diputados, no conocía el
desarrollo planificado para después, ya que le habían dicho
que el nuevo “gobierno sería sólo de militares”. Nada más.
Antonio
Tejero, que tenía su confianza puesta en Miláns del
Bosch, sabía que su misión duraba “hasta que llegase una
autoridad militar que pronunciase la consigna: “Duque de
Ahumada”, preguntó a Armada “si el general Miláns formaría
parte del Gobierno. Armada le contestó que ni Miláns del
Bosch ni ningún militar estarían en el Gobierno y que
solamente él que sería el presidente. Tejero pidió
explicaciones a Armada, quien le dijo que en el gobierno estarían
Felipe González, Múgica Herzog, Solé Turá y otro
representante de UCD. Desengañado, Tejero terminó el diálogo
con Armada y ordenó a dos guardias civiles que le condujesen
a la salida y que no entrara sin su permiso.
A
su salida del Congreso, a la 01:20, Armada se trasladó
directamente al “Hotel Palace” para comentar lo que
había pasado, y, de allí, al Ministerio del Interior, donde
le esperaba una comisión de Secretarios de Estado y
subsecretarios..
A
la 1:23 se emitió el mensaje del Rey por televisión.
Siete horas tardó Juan Carlos en ejercer públicamente el
mando supremo de las FF.AA. para controlar la situación.
Armada
habló con la Casa Real, después que el discurso del Monarca
fuera visto por millones de españoles que habían estado
pendientes de los medios de comunicación.
Sin
embargo, el desenlace de la situación todavía no había dado
todo de sí. A las dos de la mañana el comandante Ricardo
Pardo Zancada partió de la División Acorazada Brunete hacia
las Cortes, al mando de una columna de 113 efectivos en apoyo
de Tejero, y nadie interceptó su marcha entrando en el
Congreso sin encontrar resistencia. Mas tarde llegó el capitán
de Navío Camilo Menéndez Tolosa con igual propósito y
tampoco tuvo dificultades para entrar.
Jaime
Miláns del Bosch a las 2:30 del martes 24 —ocho
horas después de que Tejero ocupara el Congreso-
y al manifestarle el propio Rey por teléfono y telex que no
aceptaba la formación de un Gabinete Militar, retiró los
tanques de las calles de Valencia, pero no levantaba el Bando
militar. El Rey le había dicho: “Juro, que no abdicaré la
Corona ni abandonaré España. Quien se subleve está
dispuesto a provocar una guerra civil”.
Miláns
consultó a otros capitanes generales y entre las 04:00
y las 05:00 de la madrugada, comprendió que no le
secundaban ya ni sus propios oficiales. A las 05:00
retiró el Bando y renunció a seguir.
ARRIBA
A
las 11:00 horas del martes 24 de febrero de 1981,
el director general de la Guardia Civil comunica que el
teniente Coronel Antonio Tejero está dispuesto a entregarse
bajo condiciones, pero que éstas sólo las comunicará al
general Armada. La Junta decide que el general Armada entre de
nuevo en el Palacio del Congreso para recibir las condiciones
del teniente coronel ocupante.
El
general Armada informa al PREJUJEM de las condiciones que
exige Tejero para deponer su actitud. La Junta las considera
aceptables y así lo manifiesta a S.M. el Rey, que también
las admite.
Se
encargó de redactar las condiciones de Tejero el coronel de
Infantería Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, el cual en una
hoja en blanco con el membrete de las Cortes, escribió:
“Condiciones
-Salir
la columna de la DAC los últimos y por la zona donde
apuntan los vehículos (no S. Jerónimo).
-En
columna motorizada y se entregará en El Pardo.
-No
responsabilidades de teniente para abajo. Lo último
Suboficial.
-Ningún
fotógrafo. Itinerario despejado y dos motoristas
conduciendo.
Tcol. Tejero
-Quiere
que venga el Gral. Armada.
-Suboficiales
y Guardias sin responsabilidad”.
Fuentes
Gómez de Salazar se dirigió al general Armada, diciéndole
que el teniente coronel Tejero estaba prácticamente de
acuerdo con el comandante Pardo Zancada en las condiciones
para salir. Le exhibió el papel timbrado, que Armada recogió
de las manos de Fuentes y le manifestó que iba a estudiar y
consultar las condiciones escritas. Al cabo de un largo
espacio de tiempo, unto con el general Aramburu, regresó
Armada, sacando la nota manuscrita por Fuentes de un bolsillo,
la mostró a Pardo e inmediatamente Armada la firmó apoyándose
sobre el capó de un ‘Land Rover’. De ahí que la hoja en
la que se apuntaron las condiciones solicitadas para desalojar
el Congreso de los Diputados se haya llamado “El pacto del
capó”.
A
las 14,30 , el jefe del Estado Mayor del Ejército,
general Gabeiras, telefoneó a Miláns del Bosch y le ordenó
que acudiera inmediatamente a Madrid. A las siete en punto de
la tarde, Miláns entró en el Ministerio de Defensa donde fue
detenido inmediatamente. Aquella misma tarde la Junta de
Defensa, reunida en La Zarzuela, con Adolfo Suárez todavía
de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que también
arrestara a Armada. Gabeiras giró la cabeza hacia el rey,
entre sorprendido y alarmado, e hizo exclamar a Suárez:
¡No
mire al rey, míreme a mi!
ARRIBA
|
Generalísimo.
