¿Con quién ha pactado el Ejército?

Teniente General Gómez Salazar

Aunque los periódicos de estos días han sido parcos en el comentario de la noticia, no hace falta ser muy incisivo para suponer que lo sucedido el pasado jueves, día 17, en el seno del Consejo Supremo de Justicia Militar debe calificarse de grave. Mucho se había especulado acerca de las reuniones del mismo con motivo de la elaboración de la sentencia. Se habló mucho de continuas presiones del Ejecutivo sobre el alto tribunal castrense, y Fraga, en recientes declaraciones, afirmaba sin ambages algo que parece que ha pasado inadvertido pero que es de una importancia clave: «El Ejército -dijo- ha pactado la sentencio del 23-F».

Al líder aliancista habría que haberle preguntado -no los medios de comunicación, ni el Gobierno, ni siquiera las partes interesadas, sino el propio Ejército- que con quién habían pactado las Fuerzas Armadas, ya que -creemos- hasta el momento el único órgano competente de Justicia sobre el caso ha sido el militar, la parte juzgadora y la juzgada eran castrenses y todo -que se pase ha desenvuelto en el interior de la familia de las Armas. Luego entonces, ¿con quién ha pactado el Ejército? ¿Con él mismo?

El caso es que ha habido fricciones. y graves. El jueves por la mañana aparecían en el Boletín Oficial del Estado unas disposiciones del Ministerio de Defensa por las cuales cesaban los consejeros togados suplentes Fúster y Barrios. Aunque, al parecer, para que se hagan efectivos dichos ceses debe publicarse la disposición en el Diario Oficial del Ejército, el presidente del Consejo, teniente general Federico Gómez de Salazar, les pidió a ambos que abandonasen el Pleno, que previamente se había reunido en Sala de Justicia para tratar el asunto del otorgamiento de la prisión atenuada a los militares que contasen con tres años de condena.

Poco después, y tras abandonar la sala los dos generales suplentes, se recibe la orden de incorporación del presidente efectivo, Luis Álvarez Rodríguez, quien, como se sabe, quedó apartado de la Presidencia durante el juicio de Campamento por una afección gástrica. Pero Gómez de Salazar urgía a que se celebrase la votación, en la Sala de Justicia, acerca de la prisión atenuada. Hubo empate. El voto de calidad del presidente en funciones, Gómez de Salazar, negativo, hizo posible que los procesados continúen en prisión.

No obstante, el almirante togado de la Armada, Carrero, y el general Barcina manifestaron -según las crónicas- una indignación subida de tono. Tan fuerte fue su reacción que se dirigieron tanto verbal como físicamente hacia el presidente, manifestando el marino que mientras los que insultaron al Rey en Guernica están en la calle, al igual que muchos terroristas de ET A, los militares encausados con tres años de condena no merecen ni siquiera ver atenuada su prisión a pesar de haber cumplido prácticamente la mitad de la misma.

El teniente general Gómez de Salazar les impuso, en medio de la excitación y la tirantez, catorce y ocho días de arresto domiciliario, respectivamente, arresto que los dos militares aceptaron disciplinadamente aunque advirtieron que a los ministros togados sólo les puede imponer sanciones la Sala de Justicia, no el presidente, y menos en una circunstancia como aquella en la que dicha Sala de Justicia se disolvió sin más requisitos en medio de un tumulto indescriptible.

De todas formas, y después de lo visto, aquí sólo cabe una sola pregunta. ¿Con quién pactó el Ejército? De no ser así, urge una explicación inmediata. Estábamos acostumbrados a los pactos y a los negocios del partido del Gobierno con marxistas y separatistas, pero nunca a entendimientos del Ejército con nadie. Y, si no es así, que se le pidan responsabilidades a quien hizo tan gravísima afirmación.