El día 20 de noviembre de 1975 muere Franco en una cama de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, “La Paz”. Sobre la conculcación que de la legalidad constitucional hacían los de dentro en compañía de los de fuera, la prioridad máxima de los comunistas era su rápida legalización para no verse descolgados del proceso político que se iniciaba. Un asunto del máximo interés y prioridad absoluta para el PCE, que además, de lo contrario, se convertiría en un sarcasmo, toda vez que habían sido ellos, el PCE, quienes había agitado la movilización social y política contra Franco, hasta el punto de haberse constituido en el "partido" a secas que agrupó a todo el llamado “anti-franquismo”. Desde ETA a la Democracia Cristiana.

Pero la legalización era imposible, incluso para el "motor del cambio", Juan Carlos I, que en declaraciones al "Newsweek" había dicho:

"No veo la posibilidad de legalizar al PCE porque su filosofía política es totalmente ajena al concepto de democracia”.

En estas, el día 8 de septiembre de 1976, Adolfo Suárez se reunía con la cúpula militar para explicarles la reforma que se proponía acometer, para la que les pedía ayuda y complicidad. Pero como el cambió que se preparaba incluía la entrada en el juego político de los partidos, la pregunta se hacía obligada… ¿Se iba a legalizar al Partido Comunista? Y la respuesta firme y contundente de Suárez fue, que “no se iba a legalizar al PCE”. Es más, que “no se podía”. Pero Suárez, tan hábil y tan valiente él, como tantas años después nos hace advertir su hijo, opta por su solución, "hacer de la necesidad virtud en un juego de imposibles lealtades".

“La reunión resultó muy bien, pero les hizo una promesa: Se iba a reconocer a todos los partidos, pero jamás al Partido Comunista. Esta solemne promesa les sentó muy bien a los jefes militares, que  transmitieron a su vez a sus subordinados”. (Declaraciones de Sabino Fernández Campo)

El PCE pues, se encontraba inmerso en una dificilísima tesitura. Ni por su historia ni por sus estatus podía ser legalizado. Ni siquiera eran suficientes las renuncias formales que había hecho -no pasar factura por la guerra que había perdido y provocado, ni vengar a sus más reputados terroristas caídos durante la guerra del maquis- ni las promesas, también formales, que había acatado -aceptar la bandera bicolor, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, al mismo Jefe de Estado que puso Franco-. Y es que, pese a que se les había prometido ser legalizados cuanto antes y no ser molestados mientras durase el proceso de legalización, según las promesas que desde 1973 se les habían hecho llegar vía Ceausescu por los hombres del Príncipe: el general Díaz Alegría, Nicolás Franco y Teodulfo Lagunero, bajo la promesa de que a la muerte de Franco se conculcaría el Régimen del 18 de Julio, los comunistas no se conformaban.   

Por si fuera poco, otra brecha se abría en caso de no ser legalizados en esos momentos, verse desbancados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE r), que en el Congreso de Surenses de 1974 había renunciado al “marxismo”, aunque sólo como modo necesario de alcanzar el poder, en cuyo congreso fue elegido como Secretario General el líder del llamado “grupo de los sevillanos”, hombres jóvenes y provenientes del interior, Felipe González, desbancando a los "duros" dirigidos por el histórico líder socialista Rodolfo Llopis, que como don Juan de Borbón (como le hace ver su propio hijo a José Luís de Vilallonga) tenía una visión totalmente distorsionada de la realidad de España.

De esta forma el rival del PCE, el PSOE, se presentaba como un partido joven, moderno y con posibilidades. Todo lo contrario que el PCE, que además se presentaba con sus fantasmas del pasado: Dolores Ibárruri, “Pasionaria”; Santiago Carrillo, alias la “rata de Pontejos”; Simón Montero, líder de los GRAPO, y como vedette de turno, Rafael Alberti, con los años el "meón", por los mucho que se orino en los diferentes platós de televisión a donde le llevaba su joven esposa para que el chequista de Bellas Artes pintará la consabida palomita de la paz. Todo un elenco de asesinos que los “poderes fácticos” y la temible "extrema derecha" no eliminarían jamás.

De ahí que el PCE hiciese todo lo posible y se emplease a fondo para forzar la legalización con las tácticas y los métodos que de sobra conocía: la algarada revolucionaria como estrategia para imponer el caos y el crimen selectivo como método eficaz de reconducción. Con todo, fiel a su larga experiencia, tensaron pero cuidando de no romper. De ahí que se entienda que el PCE se esforzara en el control de la calle para poner en marcha la estrategia de la “escalada de la tensión”, cuyos resultados ya habría tiempo de analizar y enfocar.

En este contexto de situación se diseña el atentado al despacho de la calle Atocha 55, cuyos particulares efectos: objetivo, elección de blancos y modo de ejecución, tendrían que adquirir un significado netamente político tendente a modificar la situación con repercusiones inmediatas.

"Había que ir a gran velocidad hacia el cambio –explicó Adolfo Suárez a Eduardo Chamorro en El Mundo, casi veinte años después- para evitar el fortalecimiento de las posiciones resistentes y sortear el tremendo peligro que hubiera representado hacer tabla rasa de todo lo pasado".

De esta forma, la tarde-noche del lunes 24 de enero de 1977 es asaltado un bufete de abogados laboralistas adscritos al PCE, cuyos miembros no tenían significación política relevante, situado en el número 55 de la calle Atocha en Madrid. El balance fue de cinco asesinados y cuatro heridos graves.

Inmediatamente después se puso en marcha la maquinaria jurídico-política para la legalización del PCE. De esta forma, cambiando el rumbo de los acontecimientos, alguien, desde el corazón del Estado, con poder coercitivo suficiente, facilidad de utilización de medios y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia, impuso la legalización del PCE a cambio de que el Gobierno de UCD continuase teniendo el poder del Estado y la Corona no peligrase.

Por eso el 11 de mayo de 1978 los comunistas cumpliendo el pacto con Suárez apoyaron a la monarquía con su voto en la Comisión Constitucional que aprobaba el artículo 1.3 que dice: "La forma política del Estado español es la monarquía constitucional”. Suárez había cumplido la promesa que le hizo un día al Rey. Y el Rey, pese a no tener amigos personales, se lo agradecía muchos años después, cuando su mirlo blanco había perdido la razón y todos los recuerdos, colocándole el Toisón de Oro. 

Otra vez la razón de Estado, esa razón que desarraiga el quehacer político del orden moral, constituyéndose en el único apoyo firme y seguro de la Transición española. Porque frente a la “ratio” entendida como “logos” universal, se antepuso la razón individual, autónoma e independiente. Una razón, la  razón de Estado, que ha venido rigiendo toda la vida política de España durante estos años.

El caso Atocha se ha investigado a partir de archivos judiciales y policiales que para nada han tenido en cuenta las sospechas que constan y evidenciadas fundadas. A saber, las insistentes presiones de que "algo habría que hacer" por parte de elementos del aparato del Estado que frecuentaban las llamadas "zonas nacionales"; el rastro de las pistolas y  la huida, mientras gozaba de un inconcebible permiso penitenciario, del más significativo de los implicados, el joven Lerdo de Tejada. Por eso haría falta una investigación más precisa que sería un testimonio histórico impagable, más allá de que se consiguiera el objetivo de hacer pagar a los culpables. Sin embargo, eso parece tarea imposible desde el momento que quienes todavía viven se niegan por miedo a declarar.