Al estar transferidas a las comunidades autónomas las competencias
en educación, éstas quedan determinadas al color político de cada
región. Las comunidades con gobierno socialista apuestan más por
la educación pública, que por cierto, sale más cara que la
concertada o privada, teniendo ésta una gran demanda que sobrepasa
la oferta por su alta calidad.
La mayoría de los colegios concertados son de titularidad eclesiástica.
Las subvenciones que perciben están muy por debajo del coste real,
lo que hace que deban pedir recursos por actividades extra o
donativos voluntarios, lo que pretende eliminar el Gobierno sin dar
solución.
La reciente aprobación de la LOE (Ley Orgánica de Educación),
por otra parte, es una descarada discriminación hacia las
clases de religión católica, pues ni tan siquiera figura como
oferta obligada en los centros, no tendrán carácter evaluable,
además, carecerán de alternativa. Con ésta nueva ley del Gobierno
de Zapatero, el derecho a elegir tipo de educación por parte de los
padres y centro educativo, recogido en la Constitución, se
incumple estrepitosamente. Suprime derechos y da el papel
totalizante de la educación al Estado, todo un retroceso democrático.
