Gibraltar:
la unanimidad rota
Por César
VIDAL
En 1704, España se hallaba
desgarrada por una terrible guerra civil. El final de la dinastía de
los Austrias en la figura de Carlos II el Hechizado había abierto un
proceso sucesorio que, en puro derecho, tenía que haber comenzado y
concluido con el entronizamiento de Felipe de Borbón como rey de España.
Sin embargo, el temor a una alianza franco-española provocó de
manera inmediata una reacción internacional y la aparición de un
candidato alternativo en la persona del archiduque Carlos de Austria.
Apoyaban a éste Holanda, el imperio y, muy especialmente, Inglaterra,
que bajo ningún concepto deseaba la existencia de una potencia fuerte
en el continente. El 4 de agosto del citado año, la ciudad, castillo
y fortaleza de Gibraltar fueron objeto de un ataque llevado a cabo por
una fuerza combinada anglo-holandesa. Gibraltar, como la casi
totalidad de España, había ya prestado obediencia a Felipe V de Borbón
y, de manera lógica, decidió resistir al ataque de unas tropas que
representaban los intereses del archiduque Carlos. La resistencia
estaba condenada al fracaso dada la superioridad del enemigo y,
finalmente, vecinos y guarnición terminaron por rendirse.
A la sazón, el territorio de
Gibraltar comprendía la comarca costera de la bahía de Algeciras y
con su ciudad de más de cinco mil habitantes era la capital de una
zona extensa superior a alguna provincia española. La acción, en
teoría, no debía haber tenido mayor trascendencia en la medida en
que, como ya queda dicho, ingleses y holandeses eran aliados de un
aspirante al trono español y sólo tomaban posiciones en territorio
de la nación española. Lamentablemente, el almirante inglés Rooke
decidió pasar por alto reglas tan elementales y mediante un acto que
sólo puede ser calificado como piratería tomó posesión de la plaza
no en nombre del archiduque Carlos, sino de la reina inglesa Ana. La
edición de 1879 de la «Encyclopedia Britannica», volumen 10, página
586, no se recataba de señalar lo taimado de semejante acción
atribuyendo el acto llevado a cabo por Rooke a su propia
responsabilidad («his own responsibility») y añadía que, desde
luego, había ido en contra del honor de Inglaterra el que hubiera
sancionado y ratificado una ocupación desprovista de principios como
aquélla. El comportamiento de Rooke, por seguir el texto de la «Britannica»,
había sido el de un patriotismo carente de escrúpulos («unscrupulous
patriotism») y por ello no resultaba extraño que los españoles
hubieran sentido profundamente la injusticia perpetrada contra ellos.
Desgraciadamente, aquel
episodio sólo iba a ser el inicio de una larga cadena de abusos
ingleses. Desde luego, no resulta extraño que Felipe V intentara
reconquistar la plaza, ya en septiembre de 1704, y que se irritara
profundamente cuando le recordaran la villanía inglesa. Con el paso
del tiempo, el monarca caería en un lamentable desarreglo mental
–al que me he referido en alguno de mis libros– ,pero en lo que se
refiere al tema de Gibraltar hay que insistir en que estaba cargado de
razón. A fin de cuentas, Gibraltar formaba parte del territorio hispánico
desde la época de la colonización romana, nunca había dejado de
estar sometido a entidades políticas españolas –cristianas o islámicas–
e incluso míticamente se asociaba con la fundación de España por el
mismo Hércules. En términos cronológicos, distintas instituciones
políticas hispánicas dominarían la plaza por un período de tiempo
hasta ocho veces superior al de la existencia de la colonia británica.
De hecho, cuando el Tratado de Utrecht puso fin a la guerra de Sucesión
y en su artículo décimo se recogió la ocupación de Gibraltar por
Inglaterra, España se guardó muy mucho de aceptar la legitimidad de
aquel acto. La cesión quedó por añadidura condicionada a la supresión
del comercio entre la plaza y el territorio vecino, a la prohibición
de residencia en Gibraltar de determinadas personas para garantizar la
seguridad española y al respeto por parte de Inglaterra del culto católico
en la plaza. Finalmente, el texto incluía una cláusula resolutiva de
la crisis en la que se afirmaba que si en algún tiempo Gran Bretaña
decidía «dar, vender o enajenar» Gibraltar se daría «a la Corona
de España la primera acción antes que a otros para redimirla». A
partir de ese momento, España intentaría vez tras vez recuperar un
territorio propio y Gran Bretaña, mantener la colonia.
Los abusos cometidos por esta
potencia fueron, como ya hemos indicado, no escasos. Por ejemplo, en
las negociaciones preliminares al Tratado de Madrid de 13 de junio de
1721 se planteó como condición previa la devolución de Gibraltar a
España. El ministro inglés en Madrid, William Stanhope, y el
secretario de Estado español, marqués de Grimaldi, se comprometieron
así a que el tratado no sería ratificado mientras Jorge I de
Inglaterra no comunicara la restitución de Gibraltar. El 1 de junio,
Jorge I envió la carta en cuestión pero una vez que el 5 de julio
del mismo año España ratificó el tratado, el monarca inglés faltó
a su palabra.
Las promesas británicas
volvieron a repetirse en ocasiones en que Gran Bretaña se vio
amenazada por un enemigo más poderoso que España pero siempre para
quedar en nada. Por si fuera poco, Inglaterra fue sumando a sus
desafueros diplomáticos una larga lista de incumplimientos del
Tratado de Utrecht desde el mismo siglo XVIII cuya simple exposición
sería material para una docena de artículos como el presente. Así,
nada más firmarse el acuerdo, las tropas inglesas procedieron a
ocupar militarmente la Torre del Diablo a Levante y el Molino a
Poniente, no incluidos en el mismo. El 19 de agosto de 1723, William
Stanhope sostenía con evidente descaro que Inglaterra tenía derecho
a ampliar el terreno cedido por el Tratado de Utrecht a «todo el
terreno cubierto por la artillería de la plaza», aunque reconocía
que tal extremo no estaba contemplado en el texto firmado por ambas
naciones. En 1815, por ejemplo, una epidemia de fiebre amarilla diezmó
a los ingleses de Gibraltar. España ofreció entonces generosa ayuda
humanitaria a los británicos y éstos aprovecharon la situación para
apoderarse de nuevos territorios españoles en la zona. En 1854, las
autoridades británicas volverían a utilizar una ocasión similar
–la generosa ayuda española prestada con ocasión de una
epidemia– para repetir su proceso expansivo. En 1908, en claro
antecedente del Muro de la vergüenza berlinés, el Gobierno británico
levantó incluso una verja de hierro que separaba físicamente a España
de una colonia gibraltareña que no había dejado de crecer
territorialmente en las últimas décadas.
A esas alturas, los ingleses
eran más que conscientes de que su colonia era incapaz de
automantenerse –a diferencia de otras bajo pabellón británico– y
reconocían que Gibraltar sobrevivía gracias a actividades ilegales
como el contrabando. El 25 de agosto de 1841, por ejemplo, lord
Palmerston, en una bochornosa nota enviada a la legación española en
Londres, afirmaba que los barcos de contrabandistas irían armados con
cañones para defenderse de los guardacostas españoles. A nadie se le
ocultaba –como no se le oculta hoy– que Gibraltar no era viable
económicamente salvo mediante la conjunción de prácticas económicas
delictivas y colonialismo británico. Tan sólo este tema daría
material más que sobrado para una voluminosísima tesis doctoral.
Por supuesto, no todos los
británicos veían con agrado semejante suma de desafueros. En 1856,
sir Robert Gardiner en su «Informe sobre Gibraltar. Una fortaleza y
una colonia» se preguntaba: «¿Cuáles deben ser los sentimientos de
todos los españoles con esta noble Roca a la vista siempre, ocupada
por extranjeros?». Seis años después, John Bright afirmaba que «el
Peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no
estábamos en guerra con España y su apropiación fue contraria a
todas las leyes de la moral y del honor». No fueron los únicos.
Naturalmente, Gibraltar, que
nunca ha sido algo distinto a una colonia, se vio afectada
directamente por el proceso descolonizador. En 1950, el gobierno británico
inició en Gibraltar un proceso de repoblación que, supuestamente,
ayudaría a legitimar la supervivencia de la colonia. La acción
–una burla absoluta del derecho internacional– fue contestada
incluso en Gran Bretaña. En febrero de 1951, por ejemplo, William C.
Atkinson indicaba cómo Inglaterra se había comportado en la situación
de Gibraltar añadiendo «el insulto a la herida». El 17 de
septiembre de 1954, Halliday Sutherland señalaba que la toma de
Gibraltar en 1704 «fue un acto de piratería» y en 1966, Arnold J.
Toynbee indicaba la injusticia de la ocupación británica de
Gibraltar preguntándose: «¿Le agradaría al pueblo británico ver
una fortaleza rusa o china en Land´s End o en las islas del Canal?».
Sin embargo, lo más
importante fue que la ONU reconoció públicamente que Gibraltar no
era territorio británico sino una colonia. El Comité encargado por
Resolución 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961 del examen de
cuestiones relacionadas con el proceso de descolonización –un comité
que desde el 17 de diciembre de 1962 contaría con veinticuatro
miembros– proclamó solemnemente en su resolución de 16 de octubre
de 1964 que «las disposiciones de la Declaración sobre la concesión
de independencia a los países y a los pueblos coloniales se aplican
íntegramente al territorio de Gibraltar».
El 16 de diciembre del año
siguiente el plenario de la XX Asamblea General de la ONU aprobaba un
proyecto de resolución sobre Gibraltar en el que volvía a insistir
en el carácter colonial de este enclave. La Resolución fue aprobada
por 96 votos a favor y ninguno en contra.
Lo cierto es que semejante
paso –de capital importancia histórica– venía a recoger lo que
había sido un proceso sin titubeos. De hecho, y es obligado
referirlo, a lo largo de la Historia de España, pocas causas han sido
defendidas de manera más unánime por los españoles de todo signo
que la de la soberanía española de Gibraltar. Por supuesto, como
hemos indicado, esa causa la defendieron reyes como Felipe V o Carlos
III y dictadores como Miguel Primo de Rivera o Franco. Pero también
lo hicieron los cuatro presidentes de la I República: Figueras, Pi i
Margall, Salmerón y Castelar.
Estanislao Figueras afirmó:
«El objetivo de la nación debe ser en esta como en todas las
cuestiones buscar el engrandecimiento y la prosperidad, para que esta
política nos lleve a Gibraltar». Francisco Pi i Margall señaló: «La
patria está encogida porque está cercenada con la exclusión de
Gibraltar». Salmerón dijo: «Inglaterra extiende continuamente su
dominio en el territorio de España» y Emilio Castelar proclamó: «Yo
admiro mucho a la nación inglesa. Mas declaro que no puede ser
nuestra aliada mientras posea Gibraltar». La misma actitud
mantuvieron los dos presidentes de la II República, Alcalá Zamora y
Azaña. Alcalá Zamora señaló, por ejemplo: «Entre Inglaterra y
España sólo se plantea e interpone un problema: el de Gibraltar. Han
pasado más de dos siglos, podrían pasar muchos más y ese problema
seguiría vivo» y Manuel Azaña escribía: «Toqué la cuestión del
Estrecho haciendo ver la importancia de asegurar su dominio, en caso
de guerra. Examiné la cuestión de Gibraltar y dije al Consejo mi
propósito de preparar desde el Ministerio de la Guerra los planes
necesarios para tener aquel dominio». Ese punto de vista llegó a
hacerse extensivo a dirigentes de la izquierda como la anarquista
Federica Montseny o el socialista Luis Araquistain, que manifestó: «Gibraltar
es un anacronismo histórico que debe avergonzar a todos los europeos
de Occidente y no sólo a los españoles y a los ingleses». No hace
falta decir que no pensaban cosa distinta los intelectuales más
importantes. Joaquín Costa afirmaba: «Ese control inglés es
vejatorio para España y no debe tolerarse...» o Salvador de
Madariaga declaraba: «Nadie cree hoy en Inglaterra que sea posible
negarle Gibraltar a España». «En cuanto a los políticos, en este
asunto, no creen ni una palabra de lo que dicen».
Esa situación no experimentó
cambios tampoco al producirse la instauración de un régimen democrático
en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. Tanto los
gobiernos de la UCD como los del PSOE mantuvieron la insistencia en la
soberanía española sobre Gibraltar, una posición nacional que se
salvaguardó en la Declaración aneja al Tratado de adhesión a las
Comunidades Europeas. Por otra parte, el Derecho Comunitario, de forma
congruente con la situación colonial que sufre España en Gibraltar,
establece en el art. 299 - 4 del TCEE que «las disposiciones del
presente Tratado se aplicarán a los territorios europeos cuyas
relaciones exteriores asuma un Estado miembro». Es decir, que los
gibraltareños, según el Derecho Comunitario, no cuentan con voz
propia en política exterior, porque la asume el Reino Unido.
Por otro lado, la política
exterior correspondiente a las dos legislaturas de gobierno del PP
mantuvo esa misma línea ininterrumpida de tres siglos, logrando
avances verdaderamente notables siendo ministro de Asuntos Exteriores
Josep Piqué y cuando se abordó el tema de la soberanía. El acuerdo
no se concluyó finalmente –Gran Bretaña pretendía que fuera
definitiva la solución co-soberanista y además que se consultara a
los habitantes de Gibraltar, mientras España rechazaba ambos
extremos– pero significó un reconocimiento por parte británica de
los derechos españoles.
Esos avances –insistimos en
ello, respaldados por una unanimidad española de tres siglos– se
han desplomado de manera incomprensible por la política exterior
desarrollada por Rodríguez Zapatero y su ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Por un lado, los pasos dados por
Rodríguez Zapatero han generado, de manera comprensible, una enorme
sensación de inseguridad e incertidumbre en los aliados. España ha
dejado de ser un aliado fiable para convertirse en una nación regida
por un presidente no caracterizado precisamente por la responsabilidad
y la madurez políticas. Por otro, de forma absolutamente
injustificada, Rodríguez Zapatero ha renunciado a negociar la soberanía,
ha admitido que los gibraltareños sean sujetos de derecho en las
discusiones, ha consentido en que cuenten con un derecho de veto que
no les corresponde legalmente y ha realizado una serie de concesiones
sin contraprestación.
Hasta hace apenas unos días,
sólo dos razones impedían que Gibraltar siguiera el camino de otras
colonias británicas, como Hong Kong, y fuera reintegrada a la soberanía
que en derecho corresponde, es decir, a la española. La primera era
el prurito británico de continuar manteniendo un peso colonial en un
mundo afortunadamente poscolonial. La segunda –aún más
inconfesable– era no entrar a fondo en la sentina de irregularidades
legales que tiene como sede Gibraltar y que ha sido denunciada
repetidamente desde las más diversas instancias. Resulta obvio que
ninguna de estas razones era de recibo en el marco no sólo de la Unión
Europea sino del cumplimiento más elemental del derecho
internacional. A ellas se ha sumado la actitud de un gobierno como el
de Rodríguez Zapatero, empeñado en llevar una política contraria a
todo lo seguido hasta la fecha aunque ello signifique lesionar
gravemente los intereses españoles. Por primera vez en nuestra
Historia, nuestro gobierno es mucho más culpable de la situación de
cara a Gibraltar que las autoridades británicas.
A día de hoy, la
única salida justa y razonable para el contencioso de Gibraltar sigue
siendo la restitución de la soberanía de la plaza a España. De hecho,
el momento en que se llegue a ese punto no sólo se habrá corregido una
injusticia histórica sino que habrá desaparecido el último
contencioso entre dos grandes naciones que, antaño enemigas, son ahora
amigas y aliadas y, sobre todo, se habrá eliminado del territorio
europeo una lacra tan vergonzosa y vergonzante como la existencia de una
colonia. Sin embargo, si hoy estamos más lejos que nunca de llegar a
esa ansiada meta lo debemos no a las acciones de la «pérfida Albión»,
sino a la incompetencia, desidia y falta de sentimiento nacional del
gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
César
Vidal es historiador y escritor.
Artículo
publicado en «Papeles Faes»
26
y 27 de Diciembre de 2.004.-
