La Conferencia Episcopal, a través de su Comité Ejecutivo,
ha manifestado en dos ocasiones su juicio claramente negativo
sobre la legislación que se prepara en este momento y que
supondría una corrupción tal del matrimonio en nuestras leyes,
que esta institución vital e insustituible para las personas y
para la sociedad dejaría de ser la unión de un hombre y de una
mujer. Los obispos, en sus diócesis, han expuesto también la
doctrina católica a este respecto de modo nítido y reiterado.
La sociedad, a través de diversas instancias, ha manifestado
igualmente su rechazo de una legislación tan injusta y
contraria a la razón. Entre las iniciativas sociales propuestas
para la defensa de los derechos del matrimonio, de la familia y
de los niños, una organización civil ha convocado a los
ciudadanos a expresar su apoyo a estos derechos por medio de una
manifestación convocada para el día 18 de junio en Madrid bajo
el lema de “La familia sí importa”.
La causa es justa. Nos hallamos ante una cuestión de la mayor
trascendencia moral y social que exige de los ciudadanos, en
particular de los católicos, una respuesta clara e incisiva por
todos los medios legítimos. Los fieles laicos responden
adecuadamente al desafío planteado cuando hacen uso de sus
derechos democráticos a expresar su desacuerdo manifestándose
pacíficamente. Es un modo legítimo de cumplir con su deber al
servicio del bien común.
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