Larga posguerra.

    Buena parte de las muertes que hemos adjudicado a los nacionales viene representada por las víctimas de la represión en la posguerra. Después de su victoria, los vencedores, ocupantes de la totalidad del suelo nacional, ya no tenían por qué temer a sus humillados enemigos, pero se disponían a pedirles cuenta de sus actos y a castigarlos como únicos responsables de los males que habían asolado al país durante tres años. Las conductas fueron sometidas ajuicio, y todos cuantos habían servido a los derrotados fueron objeto de depuración. A los que no se apreció culpa, que fueron los más, se les puso en libertad; a los restantes se les sometió a proceso y se les condenó a penas de mayor o menor gravedad, pero siempre muy severas. Las penas de muerte fueron muchas más que las ejecuciones, y éstas alcanzaron la elevada cifra de 22.716, todas las cuales están incluidas, salvo las 75 inscritas entre 1951 y 1961, en las 57.662 en que hemos cifrado las víctimas de los nacionales. Estamos muy lejos de los centenares de miles que con tanta insistencia como fruición repiten machaconamente los portavoces de unos irreconciliables y paranoicos obsesos anclados en  el odio y en el resentimiento, pero la cifra es realmente espeluznante. Dura y rencorosa fue la justicia de unos vencedores a los que faltó la grandeza de la generosidad y la indulgencia.

    De todas mis cifras, a las que hemos llenado de salvedades, éstas son las más rigurosas. En las restantes partidas hemos tenido serias vacilaciones al adjudicarles esta o aquella cantidad parcial, o en cuanto a la valoración exacta que debiéramos haber dado a alguno de sus sumandos, supuestos la incertidumbre en que nos dejan determinadas inscripciones y el desconocimiento del número exacto de las muertes violentas no debidas a la guerra que se produjeron entre 1936 y 1950. Sin embargo, estas de la represión de la posguerra no ofrecen duda. La casi totalidad se debe a la ejecución de sentencias firmes dictadas por tribunales competentes. Fueron presenciadas por los jueces instructores de las respectivas causas, y éstos ordenaron puntualmente su inscripción en el Registro Civil. En este caso, no hay «cadáveres de hombres desconocidos», ni «desaparecidos», ni presunciones de muerte, ni fallecimientos violentos por causa indeterminada, y mucho menos ausencia de inscripción ni demoras regístrales. Los números son prácticamente exactos. Subsiste una incertidumbre. El estudio minucioso y detallado de los cuadros provinciales nos suscita ciertas dudas sobre el carácter o no de diferidas de algunas inscripciones; así, 1.084 de las que se registran en Toledo, 428 de Córdoba, 103 de Ciudad Real, e incluso 16 de Granada, 7 de Almería y 17 de Badajoz, con un total de 1.616 defunciones, que sí hemos contabilizado como víctimas del terror blanco, pero en años anteriores. Si estuviéramos equivocados y la totalidad o parte de estas muertes se hubieran producido con posterioridad al final de la guerra, el número íntegro de las víctimas de los nacionalistas no variaría, aunque sí el de las debidas a la represión de la posguerra, cuyo total máximo absoluto pudiera llegar a ser el de 24.332 en el muy improbable supuesto de que todas las 1.616 dudosas correspondieran a muertes irregulares producidas a partir del final de la guerra. Como compensación, algunas de las ejecuciones realizadas a partir del 1 de enero de 1939 corresponden a individuos fusilados en zona republicana, principalmente en Cataluña, antes de que terminara la guerra. La cifra real la podemos establecer en las proximidades de los 23.000.

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