Documentación
básica de la República.
La
ley de Defensa de la República
Promulgado en septiembre de 1932 –como la Ley de Reforma Agraria-, el
Estatuto de Cataluña fue el único texto autonómico que entró en
vigencia durante la época de la República en paz; porque el Estatuto
Vasco sólo se aprobaría después, del estallido de la guerra civil. Se
recogen aquí los tres primeros títulos del Estatuto, que consideramos
esenciales en esta antología de documentación básica.
Estatuto
de Cataluña
El
presidente de la República Española, a todos los que la presente
vieren y entendieren. sabed:
Que las
Cortes han sancionado y decretado la siguiente
Ley
TITULO
PRIMERO
Disposiciones
generales
Artículo
1.º Cataluña se
constituye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo
a la Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo
representativo es la Generalidad, y su territorio, el que forman las
provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona en el momento de
promulgarse el presente Estatuto.
Artículo
2.º El idioma catalán
es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña.
Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así
como para la comunicación entre las autoridades del Estado y las de
Cataluña, la lengua oficial será el castellano.
Toda
disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá
ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la
misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.
Dentro del
territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua
materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en
sus relaciones con los Tribunales, autoridades y funcionarios de todas
clases, tanto de la Generalidad como de la República.
A todo
escrito o documento que se presente ante los Tribunales de Justicia
redactado en lengua catalana deberá acompañarle su correspondiente
traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes.
Los
documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña podrán
redactarse indistintamente en castellano o en catalán; y obligadamente
en una u otra lengua a petición de parte interesada. En todos los casos
los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias
que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.
Artículo
3.º Los derechos
individuales son los fijados por la Constitución de la República española.
La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con
diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Estos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos de los que tengan
los catalanes en el resto del territorio de la República.
Artículo
4.º A los efectos del
régimen autónomo de este Estatuto, tendrán la condición de
catalanes:
1.º Los que
lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera
de la región.
2.º Los demás
españoles que ad- quieran dicha vecindad en Cataluña.
TITULO
II
Atribuciones
de la Generalidad de Cataluña
Artículo
5.º De acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 de la Constitución, la Generalidad ejecutará
la legislación del Estado en las siguientes materias:
1.ª
Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
2.ª Pesas y
medidas.
3.ª Régimen
minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en
cuanto afecta a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la
economía nacional.
4.ª
Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean de
interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía
de los ferrocarriles y de los teléfonos y la ejecución directa que
pueda reservarse de todos estos servicios.
5.ª Bases mínimas
de la legislación sanitaria interior.
6.ª Régimen
de seguros generales y sociales; sometidos estos últimos a la inspección
que preceptúa el artículo 6.°.
7.ª Agua,
caza y pesca fluvial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14
de la Constitución. Las Mancomunidades hidrográficas cuyo radio de
acción se extiende a territorios situados fuera de Cataluña, mientras
conserven la vecindad y autonomía actuales, dependerán exclusivamente
del Estado.
8.ª Régimen
de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
9.ª Derecho
de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por
sí sus obras peculiares.
l0.
Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose
por la legislación la propiedad y las facultades del Estado de las
regiones.
11.
Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del
Estado a coordinar los medios de comunicación en todo el país.
El Estado
podrá instalar servicios propios de radiodifusión y ejercerá la
inspección de los que funcionen por concesión de la Generalidad.
Artículo
6.º La Generalidad
organizará todos los servicios que la legislación social del Estado
haya establecido o establezca. Para la ejecución de los servicios y
aplicación de las leyes sociales, estará sometida a la inspección del
Gobierno para garantizar directamente su estricto cumplimiento y el de
los tratados internacionales que afecten a la materia.
En relación
con las facultades atribuidas en el artículo anterior, el Estado podrá
designar en cualquier momento los delegados que estime necesarios para
velar por la ejecución de las leyes. La Generalidad está obligada a
subsanar, a requerimiento del Gobierno de la Republica, las deficiencias
que se observen en la ejecución de aquellas leyes; pero si la
Generalidad estimase injustificada la reclamación, será sometida la
divergencia al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, de
acuerdo con el artículo 121 de la Constitución. El Tribunal de Garantías
Constitucionales, si lo estima preciso, podrá suspender la ejecución
de los actos o acuerdos a que se refiere la discrepancia, en tanto
resuelve definitivamente.
Artículo
7.º La Generalidad de
Cataluña podrá crear y sostener los centros de enseñanza en todos los
grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, con independencia de
las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de
la hacienda de la Generalidad dotada por este Estatuto.
La
Generalidad se encargará de los servicios de bellas artes, museos,
bibliotecas, conservación de monumentos y archivos, salvo el de la
Corona de Aragón.
Si la
Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la
Universidad de Barcelona un régimen de autonomía; en tal caso, ésta
se organizará como Universidad única, regida por un Patronato que
ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y cata- lana las
garantías recíprocas de convivencia, en "igualdad de derechos,
para profesores y alumnos.
Las pruebas
y requisitos que, con arreglo al artículo 49 de la Constitución,
establezca el Estado para la expedición de títulos, regirán con carácter
general para todos los alumnos procedentes de los establecimientos
docentes del Estado y de la Generalidad.
Artículo
8.° En materia de
orden público queda reservado al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en
los números 4,°, 10 Y 16 del artículo 14 de la Constitución, todos
los servicios de seguridad pública en Cataluña en cuanto sean de carácter
extrarregional o suprarregional, la policía de fronteras, inmigración,
emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión.
Corresponderán a la Generalidad todos los demás servicios de Policía
y orden interiores de Cataluña.
Para la
coordinación permanente de ambas clases de servicios, mutuos auxilios,
ayuda e información y traspaso de los que correspondan a la
Generalidad, se creará en Cataluña, habida cuenta de lo ordenado en el
artículo 20 de la Constitución, una Junta de Seguridad formada por
representantes del Gobierno de la República y de la Generalidad y por
las autoridades superiores que, dependientes de uno y otra, presten
servicios en el territorio regional, la cual en- tenderá de todas las
cuestiones de regulación de servicios, alojamiento de fuerzas y
nombramiento y separación de personal.
Esta Junta,
cuyo reglamento ordenará su organización y su funciona- miento, de
acuerdo con el contenido de este artículo, tendrá una función
informativa; pero la Generalidad no podrá proceder contra sus dictámenes
en cuanto tenga relación con los servicios coordinados.
En cuanto al
personal de los servicios de policía y orden interior de Cataluña,
atribuidos a la Generalidad, la propuesta de los nombramientos la hará
su representación en la Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior.
Artículo
9.° El Gobierno de la
República, en uso de sus facultades y el ejercicio de sus funciones
constitucionales, podrá asumir la dirección de los servicios
comprendidos en el artículo anterior e intervenir en el mantenimiento
del orden interior de Cataluña en los siguientes casos:
1.° A
requerimiento de la Generalidad.
2.° Por
propia iniciativa, cuando estime comprometido el interés general del
Estado o su seguridad.
En ambos
casos será oída la Junta de Seguridad de Cataluña para dar por
terminada la intervención del Gobierno de la República.
Para la
declaración de estado de guerra, así como para el mantenimiento,
suspensión o restablecimiento de los derechos y garantías
constitucionales, se aplicará la ley general de Orden Público, que
regirá en Cataluña como en todo el territorio de la República.
También
regirán en Cataluña las disposiciones del Estado sobre fabricación,
venta, transporte, tenencia y uso de armas y explosivos.
Artículo
10. Corresponderá a
la Generalidad la legislación sobre régimen local; que reconocerá a
los Ayuntamientos y demás Corporaciones administrativas que cree plena
autonomía para el gobierno y dirección de sus intereses peculiares y
les concederá recursos propios para atender a los servicios de su
competencia. Esta legislación no podrá reducir la autonomía municipal
a límites menores de los que señale la ley general del Estado.
Para el
cumplimiento de sus fines, la Generalidad podrá establecer dentro de la
Cataluña las demarcaciones territoriales que estime conveniente.
Artículo
11. Corresponde a la
Generalidad la legislación exclusiva en materia civil, salvo lo
dispuesto en el artículo 15, número 1.°, de la Constitución, y la
administrativa que le esté plenamente , atribuida por este Estatuto.
La
Generalidad organizará la Administración de Justicia en todas las
jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada, conforme a
los preceptos de la Constitución y a las leyes procésales y orgánicas
del Estado.
La
Generalidad nombrará los jueces y magistrados con jurisdicción en
Cataluña mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón
general del Estado. El nombramiento de magistrados del Tribunal de
Casación de Cataluña corresponderá a la Generalidad, conforme a las
normas que su Parlamento determine. La organización y funcionamiento
del ministerio fiscal corresponde íntegramente al Estado, de acuerdo
con las leyes generales. Los funcionarios de la Justicia municipal serán
designados por la Generalidad, según el régimen que establezca. Los
nombramientos de secretarios judiciales y de personal auxiliar de la
Administración de Justicia se harán por la Generalidad con arreglo a
las leyes del Estado.
El Tribunal
de Casación de Cataluña tendrá jurisdicción propia sobre las
materias civiles y administrativas cuya legislación exclusiva esté
atribuida a la Generalidad.
Conocerá,
además, el Tribunal de Casación de Cataluña de los recursos sobre
calificación de documentos referentes al Derecho privativo catalán que
deban motivar inscripción en los Registros de Propiedad. Asimismo
resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre las
autoridades judiciales de Cataluña. En las demás materias se podrá
interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la República
o el procedente según las leyes del Estado. El Tribunal Supremo de la
República resolverá asimismo los conflictos de competencia y de
jurisdicción entre los Tribunales de Cataluña y los demás de España.
Los
registradores de la Propiedad serán nombrados por el Estado.
Los notarios
los designará la Generalidad mediante oposición o concurso, que
convocará ella misma con arreglo a las leyes del Estado. Cuando
conforme a éstas deban proveerse las notarías vacantes por concurso o
por oposición entre los notarios, serán admitidos todos con iguales
derechos, ya ejerzan en el territorio de Cataluña, ya en el del resto
de España.
En cuantos
concursos convoque la Generalidad serán condiciones preferentes el
conocimiento de la lengua y del Derecho catalanes, sin que en ningún
caso pueda establecerse la excepción de naturaleza o vecindad.
Los fiscales
y registradores designados para Cataluña deberán conocer la lengua y
el Derecho catalanes.
Artículo
12. Corresponderá a
la Generalidad de Cataluña la legislación exclusiva y la ejecución
directa de las funciones siguientes:
a) La
legislación y ejecución de ferrocarriles, caminos, canales, puertos y
demás obras públicas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el articulo
15 de la Constitución.
b) Los
servicios forestales, los agrónomos y pecuarios, Sindicatos y
Cooperativas agrícolas, política y acción social agraria, salvo lo
dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 15 de la Constitución y la
reserva sobre leyes sociales consignada en el número primero del mismo
artículo.
c) La
Beneficencia.
d) La
Sanidad interior, salvo lo dispuesto en el número 7.º del artículo 15
de la Constitución.
e) El
establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías
y valores, conforme a las normas generales del Código de Comercio.
f)
Cooperativas, Mutualidades y Pósitos, con la salvedad, respecto de las
leyes sociales, hecha en el párrafo 1.0 del artículo 15 de la
Constitución.
Artículo
13. La Generalidad de
Cataluña tomará las medidas necesarias para la ejecución de los
tratados y convenios que versen sobre materias atribuidas, total o
parcialmente, a la competencia regional por el presente Estatuto. Si no
lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá adoptar dichas medidas al
Gobierno de la República. Por tener a: su cargo la totalidad de las
relaciones exteriores, ejercerá siempre la alta inspección sobre el
cumplimiento de los referidos tratados y convenios y sobre la
observancia de los principios del derecho de gentes. Todos los asuntos
que revistan este carácter, como la participación oficial en
Exposiciones y
Congresos
internacionales, la relación con los españoles residentes en el
extranjero o cualesquiera otros análogos, serán de la exclusiva
competencia del
Estado.
TITULO III
De la Generalidad de Cataluña
Artículo
14. La Generalidad
estará integrada por el Parlamento, el presidente de la Generalidad y
el Consejo Ejecutivo.
Las leyes
interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos
organismos, de acuerdo con el Estatuto y la Constitución.
El
Parlamento, que ejercerá las funciones legislativas, será elegido por
un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal, directo, igual
y secreto.
Los
diputados del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos u
opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
El
presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña.
Asimismo representa a la región en sus relaciones con la República, y
al Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté reservada al
Poder central.
El
presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña,
y podrá delegar temporalmente sus funciones ejecutivas, mas no las de
representación, en uno de los consejeros. El presidente y los
consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas, y
deberán dimitir sus cargos en caso de que el Parlamento les negara de
un modo explícito la confianza.
Unos y otros
son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías, en el
orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución,
del Estatuto y de las leyes.
Artículo
15. Todos los
conflictos de jurisdicción que se susciten entre autoridades de la República
y de la Generalidad o entre organismos de ellas dependientes, salvo lo
dispuesto por el artículo 12 de este Estatuto para las cuestiones de
competencia entre autoridades judiciales, serán resueltos por el
Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá la misma
extensión de competencia en Cataluña que en el resto del territorio de
la República.
(Gaceta de
Madrid, 21 septiembre 1932.)
Fuentes Los
textos documentales que se recogen en este capitulo están tomados de la
Gaceta de Madrid en
las fechas citadas, y pueden ser consultados por el lector, además, en
la excelente antología de documentos sobre la segunda República que se
contiene en los tomos 8 y 9 de la serie Bases
documentales de la España contemporánea, compilada por M.ª Carmen
García Nieto y Javier M.ª Donézar (Madrid, Guadiana, 1974).
©
Generalísimo Francisco Franco. 2005.
