Documentación
básica de la República.
La
ley de Defensa de la República
La ley de Defensa de la República
está fechada casi dos meses antes de la Constitución, y cuando
arreciaban las discusiones sobre el articulado de la ley fundamental. La
insertamos después porque en realidad se trata de un complemento,
aunque anticipado. Es una durísima ley cautelar que prácticamente
suspende las garantías constitucionales al arbitrio del Gobierno y que
mantuvo su vigencia después de la aprobación del texto constitucional.
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Ley de Defensa
de la República
Artículo
1.º Son actos de
agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:
1.º La
incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas
de la autoridad.
2.º La
incitación a la indisciplina o al antagonismo entre institutos armados
o entre éstos y los organismos civiles.
3.º La
difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la
paz o el orden público.
4.º La
comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades por
motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a
cometerlos.
5.º Toda
acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u
organismos del Estado.
6.º La
apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda
vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o
distintivos alusivos a uno u otras.
7.º La
tenencia ilícita de armas de fuego o de sustancias explosivas
prohibidas.
8.º La
suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase sin
justificación bastante.
9.º Las
huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro
plazo marcado en la ley especial; las declaradas por motivos que no se
relacionen con las condiciones de trabajo, y las que no se sometan a un
procedimiento de arbitraje o conciliación.
10. La
alteración injustificada del precio de las cosas.
11. La falta
de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño
de sus servicios.
Art. 2.º
Podrá ser confinados o extrañados, por un período no superior al de
vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000
pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que
hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los
inductores de hechos comprendidos en los números 1 al 10 del artículo
anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número 11 serán
suspendidos o separados de sus cargos o postergados en sus respectivos
escalafones.
Cuando se
imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona
individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor
ministro de la Gobernación, en el plazo de veinticuatro horas.
Cuando se
trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar
contra la misma, ante el Consejo de ministros, en el plazo de cinco días.
Art. 3.º
El ministro de la Gobernación queda facultado:
1.º Para
suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político,
religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea
presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública.
2.º Para
clausurar los centros o asociaciones que se considere incitan a la
realización de actos comprendidos en el art. 1.º de esta ley.
3.º Para
intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los
fondos de cualquier entidad de las definidas en la ley de Asociaciones;
y
4.º Para
decretar la incautación de toda clase de armas o sustancias explosivas,
aun de las tenidas lícitamente.
Art. 4.º
Queda encomendada al ministerio de la Gobernación la aplicación de la
presente ley.
Para
aplicarla, el Gobierno podrá nombrar los delegados especiales, cuya
jurisdicción alcance a dos o más provincias.
Si al
disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta
ley, se entenderá que queda derogada.
Art. 5.º
Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes artículos no serán
obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las
leyes penales.
Art. 6.º
Esta ley empezará a regir el día siguiente de su publicación en la Gaceta
de Madrid.
Palacio de
las Cortes Constituyentes, 21 de octubre de 1931. –El presidente, José
Centeno.- El secretario, Antonio Acuña.
(Gaceta de
Madrid. 22 y 28 octubre 1931.)
©
Generalísimo Francisco Franco. 2005.
