Documentación
básica de la República.
La
Constitución de la República
Elaborada por un segundo intento
de Comisión, inspirada en los textos fundamentales más progresivos de
la época, la Constitución republicana no puede comprenderse, ni
juzgarse, sin su circunstancia de ambiente: las discusiones, las
finalidades políticas de cada sección. Se ha dicho de ella que no era
una Constitución para la nación, sino para los grupos que la
patrocinaron. Ante su texto desnudo, el lector, que ya conoce sus
circunstancias, podrá juzgar.
Constitución
de la República española
Como presidente de las
Cortes Constituyentes, y en su nombre, declaro solemnemente que éstas,
en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y
sancionado lo siguiente:
España, en
uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes,
decreta y sanciona esta Constitución.
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones
generales.
Artículo
primero.
España es
una República democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes
de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República
constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones.
La bandera
de la República española es roja, amarilla y morada.
Artículo
2.º
Todos los
españoles son iguales ante la Ley.
Artículo
3.º
El Estado
español no tiene religión oficial.
Artículo
4.º
El
castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español
tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las
provincias o regiones.
Salvo lo que
se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el
conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.
Artículo
5.º
La
capitalidad de la República se fija en Madrid.
Artículo
6.º
España
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Artículo
7.º
El Estado
español aclarará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.
TITULO
PRIMERO
Organización
nacional.
Artículo
8.º
El Estado
español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual,
estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las
regiones que se constituyan en régimen de autonomía.
Los
territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen
autónomo en relación directa con el Poder central.
Artículo
9.º
Todos los
Municipios de la República serán autónomos en las materias de su
competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual,
directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo
abierto.
Los alcaldes
serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el
Ayuntamiento.
Artículo
10.
Las
provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a
una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de
elegir el órgano gestor de sus fines político- administrativos.
En su término
jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente la
forman, salvo las modificaciones que autorice la Ley, con los requisitos
correspondientes.
En las islas
Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista
de un Cabildo insular como
Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades
administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.
Las islas
Baleares podrán optar por un régimen idéntico.
Artículo
11.
Si una o
varias provincias limítrofes, con características históricas,
culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma
para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español,
presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el arto 12.
En ese
Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las
atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 Y 18 de esta
Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar
todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en
este Código fundamental.
La condición
de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre si.
Una vez
aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización politico-
administrativa de la región autónoma, y el Estado español la
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Artículo
12.
Para la
aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las
siguientes condiciones:
a) Que lo
proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos
cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del censo electoral
de la región.
b) Que lo
acepten, por el procedimiento que la ley electoral, por lo menos las dos
terceras partes de los electores inscritos en el censo de la región. Si
el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de
autonomía hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo
aprueben las Cortes.
Los
Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se
ajusten al presente título y no contengan, en caso alguno, preceptos
contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del
Estado en las materias no transmisibles al Poder regional, sin perjuicio
de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.
Articulo
13.
En ningún
caso se admite la federación de regiones autónomas.
Artículo
14.
Son de la
exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución
directa en las materias siguientes:
1.ª
Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos
y deberes constitucionales.
2.ª Relación
entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos.
3.ª
Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en
el exterior; declaración de guerra; tratados de paz; régimen de
colonias y protectorado, y toda clase de relaciones internacionales.
4.ª Defensa
de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o
extrarregional.
5.ª Pesca
marítima.
6.ª Deuda
del Estado.
7.ª Ejército,
Marina de guerra y Defensa nacional.
8.ª Régimen
arancelario, tratados de comercio, aduanas y libre circulación de las
mercancías.
9.ª
Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e
iluminación de costas.
10. Régimen
de extradición.
11.
Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se re-
conozcan a los poderes regionales.
12. Sistema
monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
13. Régimen
general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables
submarinos y radiocomunicación.
14.
Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las
aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la
energía salga de su término.
15. Defensa
sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.
16. Policía
de fronteras, inmigración y extranjería.
17. Hacienda
general del Estado.
18.
Fiscalización de la producción y el comercio de armas.
Artículo
15.
Corresponde
al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en 1ª medida de su capacidad política, a
juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias:
1.ª
Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la
legislación civil, la forma del patrimonio, la ordenación de los
registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la
regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la
aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones
civiles de España.
La ejecución
de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República.
para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados
internacionales que afecten a la materia.
2.ª
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
3.ª
Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
4.ª Pesas y
medidas.
5.ª Régimen
minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadera, en cuanto
afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía
nacional.
6.ª
Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés
general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los
primeros y la ejecución directa que pueda reservarse.
7.ª Bases mínimas
de la legislación sanitaria interior.
8.ª Régimen
de seguros generales y sociales.
9.ª
Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
10. Régimen
de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
11. Decreto
de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por
sí sus obras peculiares.
12.
Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose
por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las
regiones.
13.
Servicios de aviación civil y radiodifusión.
Artículo
16.
En las
materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán
corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación
exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los
respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.
Artículo
17.
En las
regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia
de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Artículo
18.
Todas las
materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la
región autónoma se reputarán propias de la competencia del Estado;
pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de
una ley.
Artículo
19.
El Estado
podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de
ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas,
cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el
interés general de la República. Corresponde al Tribunal de Garantías
Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.
Para la
aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos
terceras partes de los diputados que integren las Cortes.
En las
materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones
podrán estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.
Artículo
20.
Las leyes
de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus
autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté
atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo
contrario, siempre conforme a lo establecido en este título.
El Gobierno
de la República podrá dictar reglamentos para la ejecución de sus
leyes, aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las
autoridades regionales.
Artículo
21.
El derecho
del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en
sus respectivos Estatutos.
Artículo
22.
Cualquiera
de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá
renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada
al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo
proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos,
dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la
provincia.
TITULO
II
Nacionalidad
Artículo
23.
Son españoles:
1.º Los
nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
2.º Los
nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten
por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
3.º Los
nacidos en España de padres desconocidos.
4.º Los
extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan
ganado vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y
condiciones que prescriben las leyes.
La
extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o
adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de
acuerdo con los tratados internacionales.
Una ley
establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la
nacionalidad a las personas de origen español que residan en el
extranjero.
Artículo
24.
La calidad
de español se pierde:
1.º Por
entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia
del Estado español, o por aceptar
empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o
jurisdicción.
2.º Por
adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.
A base de
una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites
que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de
Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil,
cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que
pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.
En estos
mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan
el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin
perder su nacionalidad de origen.
TITULO
III
Derechos
y deberes de los
españoles.
Artículo
25.
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la
filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas
ni las creencias religiosas.
El Estado no
reconoce distinciones y títulos nobiliarios.
Artículo 26
Todas las
confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a
una ley especial.
El Estado,
las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, favorecerán,
ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e
Instituciones religiosas.
Una ley
especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años,
del presupuesto del clero.
Quedan
disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan,
además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a
autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás
Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas
Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
l.ª
Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para
la seguridad del Estado.
2.ª
Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial
dependientes del ministerio de Justicia.
3.ª
Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta,
más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su
vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4.ª
Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5.ª Sumisión
a todas las leyes tributarias del país.
6.ª
Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de
sus bienes en relación con los fines de
la asociación.
Los bienes
de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Artículo
27
La
libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo
el respeto debido a las exigencias de la moral pública.
Los
cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil.
No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las
confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el
Gobierno.
Nadie podrá
ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición
religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad
civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el
nombramiento de presidente de la República y para ser presidente del
Consejo de ministros.
Artículo
28
Sólo se
castigarán los hechos declarados pu9ibles por ley anterior a su
perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a
los trámites legales.
Artículo
29
Nadie podrá
ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será
puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las
veinticuatro horas siguientes al acto dela detención.
Toda detención
se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las setenta y
dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.
La resolución
que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado
dentro del mismo plazo.
Incurrirán
en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de
este artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con
evidencia de su ilegalidad.
La acción
para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de
prestar fianza ni caución de ningún género.
Artículo
30
El Estado
no podrá suscribir ningún convenio o tratado internacional que tenga
por objeto la extradición de delincuentes político-sociales.
Artículo
31
Todo español
podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su
residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser
en virtud de sentencia ejecutoria.
El derecho a
emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más
limitaciones que las que la Ley establezca.
Una ley
especial determinará las garantías para la expulsión de los
extranjeros del territorio español.
El domicilio
de todo español o extranjero residente en España es inviolable. Nadie
podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente.
El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del
interesado o de una persona de su familia, y, en su defecto, de dos
vecinos del mismo pueblo.
Artículo
32
Queda
garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas,
a no ser que se dicte auto judicial en contrario.
Artículo
33
Toda
persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de
industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos
y sociales de interés general, impongan las leyes.
Artículo
34
Toda
persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose
de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.
En ningún
caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud
de mandamiento de juez competente.
No podrá
decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia
firme.
Artículo
35
Todo español
podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los poderes públicos
y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase
de Fuerza Armada.
Artículo
36
Los
ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán
los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Artículo
37
El Estado
podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios
civiles o militares, con arreglo a las leyes.
Las Cortes,
a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente
militar.
Artículo
38
Queda
reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.
Una ley
especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de
manifestación.
Artículo
39
Los españoles
podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la
vida humana, conforme a las leyes del Estado.
Los
Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro
público correspondiente, con arreglo a la Ley.
Artículo
40
Todos los
españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y
cargos públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.
Artículo
41
Los
nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos
se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la
Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los
traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la
Ley.
No se podrá
molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones
políticas, sociales o religiosas.
Si el
funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes
con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán
subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes,
conforme determine la Ley.
Los
funcionarios civiles podrán constituir asociaciones profesionales que
no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviese
encomendado. Las asociaciones profesionales de funcionarios podrán
recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que
vulneren los derechos de los funcionarios.
Artículo
42
Los
derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 Y 39
podrán ser suspendidos, total o parcialmente, en todo el territorio
nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo
exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad.
Si las
Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada
por el Gobierno.
Si
estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocar1as para el mismo fin
en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán
automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas
antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.
Si
estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación
Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales
atribuciones que las Cortes.
El plazo de
suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta
días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de
la Diputación Permanente en su caso.
Durante la
suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de
Orden Público.
En ningún
caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni
desterrar10s a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.
(Gaceta
de Madrid, 10 diciembre 1931.)
©
Generalísimo Francisco Franco. 2005.
