Documentación
básica de la República.
Estatuto
jurídico provisional de la República
DECRETO
El Gobierno
Provisional de la República, al recibir sus poderes de la voluntad
nacional, cumple con un imperioso deber político al afirmar ante España
que la conjuración representada por este Gobierno no responde a la mera
coincidencia negativa de libertar a nuestra patria de la vieja
estructura ahogadiza del régimen monárquico, sino a la positiva
convergencia de afirmar la necesidad de establecer como base de la
organización del Estado un plexo de normas de justicia necesitadas y
anheladas por el país.
El Gobierno
Provisional, por su carácter de transitorio de órgano supremo,
mediante el cual ha de ejercer las funciones soberanas del Estado,
acepta la alta y delicada misión de establecerse como Gobierno de
plenos poderes. No ha de formular una carta de derechos ciudadanos, cuya
fijación de principios y reglamentación concreta corresponde a la
función soberana y creadora de la Asamblea Constituyente; mas como la
situación de «pleno poder» no ha de entrañar ejercicio arbitrario en
las actividades del Gobierno, afirma solemne- mente, con anterioridad a
toda resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la
dignidad del Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas
jurídicas, las cuales, al condicionar su actividad, habrán de servir
para que España y los órganos de autoridad puedan conocer, así los
principios directivos en que han de inspirarse los decretos, cuanto las
limitaciones que el Gobierno Provisional se impone.
En virtud de las razones antedichas, el Gobierno declara:
1.º Dado el origen democrático de su poder y en razón del
responsabilismo en que deben moverse los órganos del Estado, someterá
su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las
Cortes Constituyentes -órgano supremo y directo de la voluntad
nacional-, llegada la hora de declinar ante ellas sus poderes.
2.º Para
responder a los justos e insatisfechos anhelos de España, el Gobierno
Provisional adopta como norma depuradora de la estructura del Estado
someter inmediatamente, en defensa del interés público, a juicio de
responsabilidad, los actos de gestión y autoridad pendientes de examen
al ser disuelto el Parlamento en 1923, así como los ulteriores, y abrir
expediente de revisión en los organismos oficiales, civiles y
militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni
acatada la arbitrariedad, habitual en el régimen que termina.
3.º El
Gobierno Provisional hace pública su decisión de respetar de manera
plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y
cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano
revelación de sus convicciones religiosas.
4.º El Gobierno Provisional orientará su actividad, no sólo en el
acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen
constitucional el estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a
ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos, y
reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica
el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho
social.
5.º El Gobierno Provisional declara que la propiedad privada
quede garantizada por la Ley; en consecuencia, no podrá ser expropiada
sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización
correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que
ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha
sido objeto la economía agraria del país, y a la incongruencia del
derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben inspirar
las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el
reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función
social de la tierra.
6.º El Gobierno Provisional, a virtud de las razones que justifican la
plenitud de su poder, incurriría en verdadero delito si abandonase la
República naciente a quienes, desde fuertes posiciones seculares y
prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación. En
consecuencia, el Gobierno Provisional podrá someter temporalmente los
derechos del párrafo cuarto a un régimen de fiscalización
gubernativa, de cuyo uso dará, asimismo, cuenta circunstancial a las
Cortes Constituyentes. Niceto Alcalá-Zamora, presidente (y demás
ministros).
(Gaceta de
Madrid, 15-IV-31.}
©
Generalísimo Francisco Franco. 2005.
