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El 15 de enero de 1936 se hacía público el Manifiesto-Programa
que inmediatamente sería bautizado por la opinión pública como el Pacto del
Frente Popular.
«Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión
Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión
General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido
Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin
perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a
comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la
coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de
norma de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de
izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran
ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y
además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones
republicanas y obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de
la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que
debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a
Cortes.
ARRIBA
Como supuesto
indispensable de paz pública, los partidos coligados se
comprometen:
1.º A conceder por ley una
amplia amnistía de los delitos político sociales cometidos posteriormente a
noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los
Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos
en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a la ley las
sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos
de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en
dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se
impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones
políticas.
2.º Los funcionarios y
empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o
separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución
política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas
necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros
que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas
políticas, en todas las corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de
servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo
directo.
Por lo que se refiere a las
Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las
disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido
que hubieran sido fundados en un motivo político social, y que serán
sometidos a los Jurados mixtos para que éstos amparen en su derecho, con
arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran
sido indebidamente eliminados.
3.º Se promulgará una ley
concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos
revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en
la represión, la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
ARRIBA
Revisión y
reforma de las leyes de Orden público, Tribunal de
Garantías, reglamento de la Cámara, Municipal y Provincial,
reorganización del cuerpo de Vigilancia y del régimen de
Prisiones.
En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial
del Estado republicano y de su régimen constitucional, los Partidos coligados:
1.º Restablecerán el imperio de
la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley
fundamental. Y la ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto
de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte
encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés
contrarios a la salud del régimen.
2.º Se procederá a dictar leyes
orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal
funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que
deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en
aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento,
modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a
cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas
incorporados, el trámite formativo de las leyes.
3.º Se declara en todo su vigor
el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las
razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para
que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano
contra la arbitrariedad del Poder; adoptándose también las medidas
necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
4.º Se organizará una Justicia
libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y
posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las
condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán
los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante
los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se
rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los
fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente
militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e
incomunicaciones no decretadas judicialmente.
5.º Los casos de violencia de
los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los Gobiernos
reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades
concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se
procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de
su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con
la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos
o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con
funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6.º Se revisarán las normas de
disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda
negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro
público.
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ARRIBA
No se acepta
por los republicanos la nacionalización de la tierra.
Derogación de las leyes de Arrendamientos y de devolución y
pagos de las fincas de la nobleza.
Los republicanos no
aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su
entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados
del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes
medidas que se proponen la redención del campesino y del
cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia,
sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción
económica nacional:
1.ª Como medidas de
auxilio al cultivador directo:
Rebaja de
impuestos tributos.
Represión
especial de la usura.
Disminución de
rentas abusivas.
Intensificación
del crédito agrícola.
Revalorización
de los productos de la tierra, especialmente del trigo y
demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del
intermediario y para evitar la confabulación de los
harineros.
Estímulo del
comercio de exportación de productos agrícolas.
2.ª Como medidas
para mejorar las condiciones de la producción agrícola:
Se organizarán
enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por
el Estado.
Se trazarán
planes de sustitución de cultivos e implantación de otros
nuevos, con la ayuda técnica y económica de la
Administración pública.
Fomento de los
pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras
hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de
terrenos para regadío.
Caminos y
construcciones rurales.
3.ª Como medidas
para la reforma de la propiedad de la tierra:
Derogarán
inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.
Revisarán los
desahucios practicados.
Consolidarán en
la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios
antiguos y pequeños.
Dictarán nueva
ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la
tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión;
la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la
indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo
por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el
cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de
la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estimularán las
formas de cooperación y fomentarán las explotaciones
colectivas.
Llevarán a cabo
una política de asentamientos de familias campesinas,
dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas
para el rescate de bienes comunales.
Derogarán la
ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la
nobleza.
ARRIBA
La protección
del Estado.
Especial protección
a la pequeña industria y pequeño comercio.
Nuestra industria
no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no
se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones
que el Estado dispensa según criterio estricto de coordinada
subordinación al interés general de la economía.
En su consecuencia,
procede:
1.º Dictar una ley
o sistema de leyes que fijen las bases de la protección a la
industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales,
métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios
de auxilio que el Estado conceda en interés de la producción
nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias,
a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su
rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.
2.º Crear
instituciones de investigación económica y técnica, donde pueda
el Estado adquirir elementos para su dirección política y
también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.
3.º Adoptar
aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña
industria y al pequeño comercio.
4.º Levantar la
actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan
de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y
saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de
antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a
fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.
ARRIBA
Los
republicanos no aceptan el subsidio de paro. Ordenación
legislativa y administrativa que garantice la utilidad de
las obras.
Los republicanos
consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los
servicios habituales del Estado o como mero método
circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio
potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes
de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los
empresarios:
1.º Se llevarán
a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas
y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías
de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y
transformación de terrenos.
2.º Para
llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y
administrativa que garantice la utilidad de la obra, su
buena administración y la contribución a la misma de los
intereses privados directamente favorecidos.
Los republicanos no
aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación
obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que
se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras
públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional han
de cumplir no sólo su finalidad propia, sino también el cometido
esencial de absorber el paro.
ARRIBA
Es rechazada
por los republicanos la nacionalización de la Banca.
Dirección del Banco de España y de la Banca privada.
Distribución de las cargas públicas.
La Hacienda y la
Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción
nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del
crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular
fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo
remunerador.
No aceptan los
partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca
propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que
nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si
ha de cumplir la misión que le está encomendada en la
reconstrucción económica de España. Como mera enumeración
ejemplar señalamos las siguientes medidas:
1.ª Dirigir el
Banco de España de modo que cumpla su función de regular el
crédito conforme exija el interés de nuestra economía,
perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y
liquidando sus inmovilizaciones.
2.ª Someter a
la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus
líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de
nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin
de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de
las necesidades financieras de la política de reconstrucción
económica que aquí se promete.
3.ª Mejorar el
funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su
papel en la creación de capitales; dictando también aquellas
medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de
responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase
de Compañías.
Respecto a la
Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal
dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más
equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al
crédito público para finalidades del consumo:
1.ª Se revisará
a fondo la tributación directa, obtenida en su desarrollo
normal, reorganizándola sobre bases progresivas.
2.ª Se
reformará la tributación indirecta buscando la coordinación
del gasto privado con el gravamen del consumo.
3.ª Se
perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de
instrumento eficaz a la nueva política tributaria.
ARRIBA
Se rechaza el
control obrero. Creación del delito de envilecimiento del
salario. Se restablece la legislación social en todos sus
principios. Política de reconstrucción económica.
La República que
conciben los Partidos republicanos no es una República dirigida
por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de
libertad democrática, impulsado por razones de interés público y
progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la
política republicana tiene el deber de elevar las condiciones
morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo
que permita el interés general de la producción, sin reparar,
fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a
todos los privilegios sociales y económicos.
No aceptan los
partidos republicanos el control obrero solicitado por la
representación del Partido Socialista. Convienen en:
1.º Restablecer
la legislación social en la pureza de sus principios, para
lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin
efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia,
revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el
más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.º Reorganizar
la jurisdicción del trabajo en condiciones de independencia,
a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran
conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino
también para que en ningún caso los motivos de interés
general de la producción queden sin la valoración debida.
3.º Rectificar
el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo,
verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a
fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y
creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible
de oficio ante los Tribunales.
Aunque la política
de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del
paro, es menester además organizar, administrativa y
técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean
necesarios de estadística, clasificación, Oficinas de colocación
y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en
la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de
previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben
disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.
Los republicanos
han de dedicar a la asistencia pública, Beneficencia y Sanidad,
la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin regatear
sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las
diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus
recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.
ARRIBA
Vigilancia de
la enseñanza privada.
Creación de la
enseñanza media y profesional.
La República tiene
que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del
Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus
ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente,
el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y
de clase social
1.º Impulsarán,
con el ritmo de los primeros años de la República, la
creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo
cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones
complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a
vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se
ejercite cerca de las escuelas públicas.
2.º Crearán las
enseñanzas medias profesionales que sean necesarias para dar
instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir
la de estos grados.
3.º
Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para
que puedan ser debidamente servidas.
4.º Pondrán en
ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a
la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en
general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.
ARRIBA
Su reposición y
desarrollo.
Los Partidos
coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada
por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios
autonómicos consignados en la Constitución.
ARRIBA
Adhesión a los
principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
Se orientará la
política internacional en un sentido de adhesión a los
principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
Por Izquierda
Republicana: Amós Salvador. —Por Unión Republicana: Bernardo
Giner. —Por el Partido Socialista Obrero: Juan Simeón
Vidarte y Manuel Cordero. —Por la Unión General de
Trabajadores: Francisco Largo Caballero. —Por la Federación
Nacional de Juventudes Socialistas: José Cazorla. —Por el
Partido Comunista: Vicente Uribe. —Por el Partido
Sindicalista: Ángel Pestaña. —Por el Partido Obrero de
Unificación Marxista: Juan Andrade.
¡Votad al FRENTE POPULAR!
ARRIBA
El Frente
Popular fue una coalición electoral creada en enero de 1936
por los principales partidos de la izquierda española.
La formaban el
PSOE, el Partido Comunista, los marxistas del POUM además de los
partidos republicanos Izquierda Republicana (IR) de Manuel Azaña
y la Unión Republicana (UR) de Diego Martínez Barrio. El pacto
además estaba apoyado por los nacionalistas republicanos
catalanes como ERC, que en Cataluña se integraba en la coalición
Front d'Esquerres de Catalunya, a la cual apoyaba el Frente
Popular allí. En Valencia, la coalición equivalente
ideológicamente al Frente Popular, también se llamó Front
d'Esquerres, con una composición similar al del Frente Popular
del resto de España. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque
no formaba parte del Frente, no se mostraron beligerantes con
él, obteniendo muchos votos anarquistas (los cuales,
tradicionalmente, no votaban). No obstante, muchos anarquistas
que luego combatirían por el bando republicano, en las
elecciones pidieron la abstención. No formó grupo
parlamentario sino que se articuló en diversas minorías
parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes,
ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta
bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos
republicanos, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel
Azaña (que dejó la presidencia del Consejo para hacerse cargo de
la República en mayo de 1936), Santiago Casares Quiroga y José
Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo
Caballero, y hasta el final de la Guerra, los gobiernos de la
República estuvieron integrados por representantes de los
principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres,
así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT), y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La coalición entre
socialistas, comunistas y republicanos de izquierda tenía un
programa reformista, como la defensa de las reformas sociales
del primer gobierno de 1931, que estaban siendo paralizadas o
eliminadas por el posterior gobierno conservador. También surgía
como respuesta para pedir la liberación de los detenidos y
sometidos a proceso por responsabilidades en los hechos
ocurridos durante la Revolución de Asturias en 1934 y ante el
avance en Europa del fascismo de Hitler o Mussolini. En ese
momento también en el vecino país de Francia gobernaba el Frente
Popular Francés.
ARRIBA
Para las
elecciones del 16 de febrero se movilizaron aproximadamente
unos 34.000 guardias civiles y 17.000 guardias de asalto
para garantizar el orden. Los resultados fueron, según las
fuentes y los diferentes historiadores, bastante variados.
Hay que hacer resaltar que las cifras no se supieron
oficialmente nunca.
Una de las
versiones, es la siguiente:
Censo de
13.553.710 electores
Votantes:
9.864.783 (72%)
Frente Popular:
4.654.116 (34,3%)
Frente
Nacional: 4.503.505 (33,2%)
Centro: 400.901
(5,4%)
PNV: 125.714
Los principales
partidos conservadores y monárquicos, se aglutinaron como
respuesta en el Frente Nacional Contrarrevolucionario, en
Cataluña, Frente Catalán de Orden (Front Català d'Ordre),
liderados por el partido gobernante de la CEDA de José María
Gil-Robles, que insistían en identificar al Frente Popular como
un pacto revolucionario bolchevique que liquidaría a la nación
frente a las disputas regionalistas o las influencias de la
nueva potencia comunista, la URSS. Sin embargo, un detalle poco
importante como las discrepancias de José Antonio Primo de
Rivera, líder del pequeño partido Falange Española, con
Gil-Robles, será importante posteriormente.
En mayo Manuel
Azaña es elegido presidente de la República, pero el PSOE con la
oposición del socialista Francisco Largo Caballero, no se une al
gobierno a pesar de que lo apoya tímidamente, pero aumenta el
conflicto y el extremismo de su discurso, poniendo contra la
pared al gobierno formado por los partidos republicanos entre
los extremistas más conservadores y los más izquierdistas.
Los escaños se
repartirían de la siguiente forma, por parte del Frente Popular:
PSOE: 88
diputados
IR: 79
diputados
UR: 34
diputados
ERC: 22
diputados
PCE: 14
diputados
Acció Catalana:
5 diputados
ORGA: 3
diputados
Partido
Galleguista: 3 diputados
POUM: 1
diputado
Otros: 14
diputados
Por parte del
Frente Nacional Contrarrevolucionario:
CEDA: 101
diputados
Comunión
Tradicionalista: 15 diputados
Renovación
Española: 13 diputados
Partido
Agrario: 11 diputados
Independientes
derechistas: 10 diputados
Conservadores:
2 diputados
Monárquicos
independientes: 2 diputados
Partido
Nacionalista Español: 1 diputado
Católicos: 1
diputado
Partidos de centro:
Partido de
Centro Nacional Republicano: 21 diputados
Lliga Catalana:
12 diputados
Partido
Radical: 9 diputados
Partido
Republicano Progresista: 6 diputados
PNV: 5
diputados
Partido
Republicano Liberal Demócrata: 1 diputado
Habría que destacar
el gran éxito de los comunistas del PCE con su primer diputado
por Málaga tras las elecciones en 1933. Ahora contaba con un
gran protagonismo en el Frente Popular y la debacle del Partido
Radical del republicano Alejandro Lerroux por el escándalo del
estraperlo.
ARRIBA
El doctor en
Historia, Teología y Filosofía, y licenciado en Derecho,
César Vidal escribió en Libertad Digital, un
artículo que por su interés reproducimos.
«En medio de un
clima de violencia, de agresiones, de amenazas y de desafío
consciente y contumaz a la legalidad se celebraron las
elecciones de febrero de 1936. Éstas no sólo concluyeron con
resultados muy parecidos para los dos bloques sino que
además estuvieron inficionadas por el fraude en el recuento
de los sufragios.
Así, sobre un
total de 9.716.705 votos emitidos, 4.430.322 fueron para el
Frente Popular; 4.511.031 para las derechas y 682.825 para
el centro. Otros 91.641 votos fueron emitidos en blanco o
resultaron destinados a candidatos sin significación
política. Sobre estas cifras resulta obvio que la mayoría de
la población española se alineaba en contra del Frente
Popular y, si a ello añadimos los fraudes electorales
encaminados a privar de sus actas a diputados de centro y
derecha, difícilmente puede decirse que contara con el
respaldo de la mayoría de la población. A todo ello hay que
añadir la existencia de irregularidades en provincias como
Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Granada, Cuenca,
Orense, Salamanca, Burgos, Jaén, Almería, Valencia y
Albacete, entre otras, contra las candidaturas de derechas.
Con todo, finalmente, este cúmulo de irregularidades se
traduciría en una aplastante mayoría de escaños para el
Frente Popular.
En
declaraciones al Journal de Genève, publicadas ya en
1937, sería nada menos que el presidente de la República,
Niceto Alcalá Zamora, el que reconociera la peligrosa suma
de irregularidades electorales: “A pesar de los refuerzos
sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco
más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473
diputados”. Resultó la minoría más importante pero la
mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró
conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad,
violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.
Primera etapa:
Desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el
Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del
escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que
debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del
Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva
del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia.
Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A
instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se
apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades
los resultados pudieron ser falsificados.
Segunda etapa:
Conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla
aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los
reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión
de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de
una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de
ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se
proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se
expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías.
No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer
en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y
sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el
momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir
de él, este grupo no era sino el juguete de las peores
locuras.
Fue así que
las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios.
Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles
durante la duración del mandato presidencial. Con el
segundo, se revocaron. El último obstáculo estaba descartado
en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la
guerra civil.
En otras
palabras, las izquierdas –que ciertamente habían obtenido un
importante respaldo en las elecciones– falsearon el
resultado electoral para asegurarse una mayoría absoluta a
la que no se acercaron ni lejanamente. El uso de la
violencia, del fraude, de la falsedad documental y del
quebrantamiento de la legalidad electoral fueron
considerados aceptables para llegar a esa meta. De esa
manera, las elecciones de febrero de 1936 se convirtieron
ciertamente en la antesala de un proceso revolucionario que
había fracasado en 1917 y 1934 a pesar de su éxito notable
en 1931. Así, aunque el gobierno quedó constituido por
republicanos de izquierdas bajo la presidencia de Azaña para
dar una apariencia de moderación, no tardó en lanzarse a una
serie de actos de dudosa legalidad que formarían parte
esencial de la denominada “primavera trágica de 1936”.
Mientras Lluís
Companys, el golpista de octubre de 1934, regresaba en
triunfo a Barcelona para hacerse con el gobierno de la
Generalidad, los detenidos por la insurrección de Asturias
eran puestos en libertad en cuarenta y ocho horas y se
obligaba a las empresas en las que, en no pocas ocasiones,
habían causado desmanes e incluso homicidios a readmitirlos.
En paralelo, las organizaciones sindicales exigían en el
campo subidas salariales de un cien por cien, con lo que el
paro se disparó. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio de 1936
el agro sufrió 192 huelgas. Más grave aún fue que el 3 de
marzo los socialistas empujaran a los campesinos a ocupar
ilegalmente varias fincas en el pueblo de Cenicientos. Fue
el pistoletazo de salida para que la Federación –socialista–
de Trabajadores de la Tierra quebrara cualquier vestigio de
legalidad en el campo. El 25 del mismo mes, sesenta mil
campesinos ocuparon tres mil fincas en Extremadura, un acto
legalizado a posteriori por un gobierno incapaz de mantener
el orden público.
El 5 de marzo,
el Mundo Obrero, órgano del PCE, abogaba, pese a lo
suscrito en el pacto del Frente Popular, por el
“reconocimiento de la necesidad del derrocamiento
revolucionario de la dominación de la burguesía y la
instauración de la dictadura del proletariado en la forma de
soviets”.
En paralelo,
el Frente Popular desencadenaba una censura de Prensa sin
precedentes y procedía a una destitución masiva de los
ayuntamientos que consideraba hostiles o simplemente
neutrales. El 2 de abril, el PSOE llamaba a los socialistas,
comunistas y anarquistas a “constituir en todas partes,
conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del
pueblo”. Ese mismo día, Azaña chocó con el presidente de la
República, Alcalá Zamora, y decidió derribarlo con el apoyo
del Frente Popular. Lo consiguió el 7 de abril, alegando que
había disuelto inconstitucionalmente las Cortes dos veces y
logrando que las Cortes lo destituyeran con solo cinco votos
en contra. Por una paradoja de la Historia, Alcalá Zamora se
veía expulsado de la vida política por sus compañeros de
conspiración de 1930-1931 y sobre la base del acto suyo que,
precisamente, les había abierto el camino hacia el poder en
febrero de 1936.
Las
lamentaciones posteriores del presidente de la República no
cambiarían en absoluto el juicio que merece por su
responsabilidad en todo lo sucedido durante aquellos años.
El 10 de mayo de 1936, Azaña era elegido nuevo presidente de
la República. A esas alturas, el mito de la victoria
electoral del Frente Popular no sólo había quedado
establecido sino que además se utilizaba como coartada para
acabar con el régimen constitucional y entrar abiertamente
por la senda de la revolución. No era magro resultado para
unas elecciones que, en realidad, no había ganado el Frente
Popular».
ARRIBA
El 3 de febrero
de 1936, el comunista José Díaz Ramos publicaba en Mundo
Obrero el siguiente artículo, bajo el título de “El
significado de las elecciones del 16 de febrero”:
«Estamos a las
puertas de las elecciones. Todas las masas trabajadoras y
democráticas del país están en pie, unidas, con el
proletariado a la cabeza, para dar la batalla, derrotar a la
reacción y abrir amplio cauce al desarrollo ulterior de la
revolución democrático-burguesa. Nuestros enemigos, que son
los enemigos del pueblo trabajador, también están en pie de
guerra, también se unen, pretendiendo alcanzar el triunfo en
las urnas, para hundir a nuestro país en la barbarie
fascista.
La lucha está
planteada con absoluta claridad. Fascismo o antifascismo,
revolución o contrarrevolución. Libertad, justicia social y
bienestar, es decir, amplio cauce para el desarrollo del
movimiento de las masas populares, aniquilamiento de los
opresores, o terror, barbarie, despotismo, salarios de 1,50,
cárceles llenas de trabajadores y fuerzas democráticas; en
una palabra, estrangulamiento del movimiento emancipador.
Por eso, todo proletario, todo hombre honrado, amante de la
democracia y de la libertad, comprende la importancia
histórica de la lucha entablada, y al grito de ¡No pasarán!
se dispone a luchar y a vencer.
“Destruiremos
la revolución”, dicen la CEDA y demás reaccionarios. La cosa
es clara. Precipitar al pueblo laborioso, más todavía, al
hambre más espantosa y a la esclavitud. Pero no será. Todos
unidos, marchamos hoy y marcharemos mañana hacia la meta,
para cambiar la faz de nuestro país, destruyendo los
privilegios de los terratenientes, de la Iglesia, de los
nobles. Conseguiremos la libertad para el pueblo, tierra
para los campesinos, libertad para Catalunya, Euskadi y
Galicia; bienestar para los trabajadores asalariados,
jornadas de trabajo humanas, etcétera. Desarrollaremos las
fuerzas del trabajo y de la cultura, que la reacción
pretende ahogar desde el altar del oscurantismo jesuítico.
Nuestra lucha,
en España, no tiene el menor parecido con las “elecciones de
tipo normal” de países como Inglaterra, Norteamérica, Suiza;
etcétera. Aquí se ventila mucho más. La movilización de las
masas por nuestra parte, su llamamiento a las urnas bajo la
bandera del Bloque Popular, tiene más significación que el
simple hecho de designar a unos representantes en Cortes.
Con los votos, va a decidirse esta vez el futuro, la forma y
el cauce por los que ha de marchar el movimiento ascendente
de los oprimidos. La reacción llama a las urnas para
aplastar todo vestigio de libertad y de democracia, para
destruir las organizaciones del proletariado y de las
fuerzas democráticas. No caben términos medios. No cabe la
abstención, como preconizan algunos jefes anarquistas,
cometiendo un error grave, ya que las elecciones son una de
las formas de la lucha por la revolución; con abstenerse,
con aconsejar a los obreros que no voten, tratando de
quitarle importancia al hecho revolucionario que representa
esta lucha, no se hace sino favorecer los propósitos de la
reacción.
La lucha es
dura, y todos hemos de ponernos en pie para lograr el
triunfo del Bloque Popular. Los comunistas estamos
orgullosos de haber propugnado y defendido el Bloque
Popular, como una de las condiciones necesarias para el
triunfo frente al enemigo. La unidad antifascista realizada
ha levantado en todo el país una ola de entusiasmo que es
prenda de victoria y garantía de triunfo. Todos los
antifascistas están en el Bloque Popular. Todas las
organizaciones y las masas no organizadas tienen sus ojos
puestos en el Bloque Popular. Una obligación tenemos que
cumplir: asegurarnos de que el triunfo próximo, seguro, no
se malogre. El medio es que la unidad hecha no quede rota
con las elecciones. La tarea a cumplir es muy grande y la
ejecución del programa obliga a los antifascistas a
permanecer unidos. Esto, por una parte. Por otra, sería un
grave error pensar que la reacción va a resignarse con su
derrota y no ha de hacer cuanto esté en sus manos para
arrebatar al pueblo sus conquistas. Hoy, amenazan ya con la
guerra Civil. Contra ello están las organizaciones del
Bloque Popular, los obreros, los campesinos, las fuerzas
democráticas, dando entrada a los elementos no organizados.
La lucha no termina el día 16. Hay que cumplir el programa y
entrar a fondo para quitar a la contrarrevolución su base
material. Esta base material, asiento de privilegios y de
zánganos, plataforma de dominación de las masas campesinas,
es utilizada por la reacción para sus fines
contrarrevolucionarios. La minaremos y cumpliremos dos
fines: dar a los campesinos trabajadores lo que es suyo, la
tierra, y arrebatar de manos de la reacción su más poderoso
instrumento: la posesión de la tierra. Expropiar sin
indemnización la tierra de los terratenientes, de la
Iglesia, entregarla a los campesinos pobres y obreros
agrícolas: he aquí el golpe más certero contra la reacción.
Hay que
asegurar la completa libertad de los pueblos catalán, vasco
y gallego. Hay que disolver las organizaciones monárquicas y
fascistas. Las libertades democráticas de las masas
trabajadoras no pueden estar a merced de un golpe de las
fuerzas contrarrevolucionarias. Hay que movilizar y poner en
acción a todos los obreros y campesinos, a los
intelectuales, a los empleados, funcionarios, etcétera. A
los hombres y a las mujeres. Hay que prestar a la mujer una
atención especial. La Iglesia y sus servidores no descansan
para ganara las mujeres a su causa. En esto, llevamos
retraso. Hay que ganar el tiempo perdido, organizar
rápidamente la distribución de literatura, reuniones y
creaciones de organizaciones femeninas.
Luchemos con fe
por el triunfo. ¡En pie por la libertad, por el bienestar,
por el triunfo de la revolución democrática y en marcha
hacia el socialismo!»
ARRIBA
El propio José
Díaz, una vez obtenido el Frente Popular la victoria en las
elecciones del 16 de febrero de 1936, publicaba en Mundo
Obrero, en su número extraordinario con ocasión del
Primero de Mayo de 1936, y bajo el titular “¿Qué es el
Frente Popular”, el siguiente artículo:
«El 16 de
febrero, que ha señalado el camino del triunfo, ha sido el
fruto de una labor tenaz, de una larga lucha diaria y
consecuente de nuestro partido.
Después de la
derrota momentánea de Octubre, había que reagrupar las
fuerzas para emprender la lucha bajo las nuevas condiciones
de terror, de ilegalidad, de atropellos sin nombre; había
que ampliar el frente de combate, sin el cual no se habría
conseguido contener, paulatinamente, la obra nefasta del
gobierno del bienio negro, romper el bloque reaccionario y
conducir a las masas al triunfo del 16 de febrero. A una
nueva situación, corresponden una nueva táctica y nuevos
métodos de lucha para poder compenetrarse con las amplias
masas y seguir luchando, aun bajo las condiciones más
difíciles; no permanecer nunca pasivos: ésa es la táctica
leninista, y si se la sabe aplicar, el triunfo no puede
hacerse esperar.
Algunos creían,
o pretendían hacer creer, que el Frente Popular era una
alianza sin principios con las fuerzas de la burguesía
izquierdista y de la pequeña burguesía. Otros se planteaban
el problema de si sacrificábamos los objetivos finales por
dar solución a las necesidades inmediatas, pero unos y otros
se han equivocado. El Frente Popular es la expresión viva de
la concentración de las fuerzas obreras y democráticas de
España frente a la otra concentración: la de la España del
pasado. En esta gran polarización de fuerzas que se está
operando en nuestro país, el proletariado tiene la misión de
colocarse inteligentemente en el camino del cumplimiento de
su misión histórica. Y hay que saber comprender que la lucha
de clases no marcha siempre por un camino recto, ni el
problema está en desertar del logro de las conquistas
parciales que puedan beneficiar a las masas, contraponiendo
a esto, como escudo engañoso, la “pureza revolucionaria”, el
principio catastrófico del “todo o nada”. ¡No! Las
reivindicaciones parciales, cuando se tienen perspectivas
revolucionarias claras, sirven como escalones ascendentes en
la senda del triunfo sobre los explotadores. Nuestra
diferencia, con los reformistas estriba, justamente, en
esto: en que mientras nosotros utilizamos las
reivindicaciones parciales para hacer marchar a las masas
por el camino de la revolución, ellos pretenden utilizadas
para desviarlas de ese camino.
La lucha, hoy,
está entablada a fondo entre la democracia en el terreno
económico y político, de un lado, y de otro, las castas
semifeudales, los privilegios de la Iglesia, las oligarquías
financieras, la reacción y el fascismo, con su secuela de
hambre y de miseria, de terror y de guerra. Sin despejar el
camino de estas fuerzas negras del pasado, sin liquidar su
base económica y social, no podremos organizar las luchas
ulteriores, encaminadas a la emancipación total de los
oprimidos.
La experiencia
del 16 de febrero debe, por tanto, a servirnos para examinar
cómo los obreros y campesinos deben marchar para que este
triunfo del pueblo se amplíe y a la par se consolide. En
primer lugar, debemos sacar una conclusión: si las fuerzas
más consecuentes, que sirven de motor a la revolución, son
los obreros y los campesinos, la tarea es unir a estas
fuerzas en un frente de hierro, con las Alianzas Obreras y
Campesinas, para que ellas refuercen, alienten y dirijan al
resto de las capas progresivas encuadradas en el Frente
Popular, impidiendo la ruptura de los Bloques Populares.
Pues éstos no sólo han conseguido la victoria del 16 de
febrero, sino que pueden aún ganar nuevas batallas, ya que
tienen una gran cantidad de intereses comunes y un enemigo
común que se opone a su realización. Romper el Bloque, sería
tanto como entregar a nuestros aliados en brazos de la gran
burguesía y de los terratenientes, que ya están queriendo
seducirlos con sus cantos de sirena. De aquí que nuestro
partido lucha por mantener el Bloque Popular y apoyar al
Gobierno republicano de izquierdas para que realicen el
pacto del Frente Popular. Criticando, sí, lo que no marcha y
empujando a su realización, pero dándole apoyo y soluciones
para realizar las tareas que le están encomendadas, para
impulsar y desarrollar la revolución democrática.
El camino del
16 de febrero, el camino del Frente Popular, significa la
derrota de las viejas castas feudales, de las oligarquías
financieras, significa abrir amplios cauces a la democracia
y luchar con nuestros aliados sinceramente antifeudales y
antifascistas para cumplir las tareas de la revolución
democrático-burguesa».
ARRIBA
Ante las
elecciones convocadas para febrero de 1936, la derecha no se
une en una coalición general como sí hace la izquierda.
El Frente Popular
es la coalición de los socialistas, los comunistas y los que
ellos, en su terminología marxista, llaman, izquierdas
burguesas, que son los republicanos de izquierda acaudillados
por Azaña. Su bandera es proclamarse "antifascistas", lo que es
situar a todos los que no entran en su alianza como fascistas y
como tales a extinguir.
Gil Robles al
frente de la CEDA con la consigna electoral “a por los 300”,
dice que pretende por sí sólo una mayoría absoluta; como esto es
imposible, es una justificación de no haber hecho nada con su
victoria en las elecciones de 1933.
Alcalá Zamora
pretende ocupar el espacio de centro por medio de Portela
Valladares, captando los votos que antes iban al Partido
Radical, que para eso ha sido hundido.
El planteamiento de
las izquierdas es de guerra civil para tomarse la revancha de su
derrota en la revolución y guerra de 1934, reconquistando el
poder por la fuerza si no ganan las elecciones. Utilizan el
victimismo, planteando la urgencia de liberar a los detenidos y
encarcelados por la revolución de 1934. Así recibirán el voto de
la CNT. Largo Caballero amenaza con la guerra civil y promete
que no serán sólo palabras. Esta amenaza de guerra civil la
reitera machaconamente.
En un mitin en
Alicante, el caudillo socialista había proclamado el 19 de enero
de 1936:
“Quiero
decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con
nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra
labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados
dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra
civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas
por decirlas, que nosotros lo realizamos” El Liberal, de
Bilbao, 20 de enero de 1936.
Largo Caballero en
Linares en otro mitin el 20.01.1936:
“... la clase
obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que
la democracia es incompatible con el socialismo, y como el
que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por
eso hay que ir a la Revolución”.
El 10.02.1936,
en el Cinema Europa, Largo Caballero insistía:
“... la
transformación total del país no se puede hacer echando
simplemente papeletas en las urnas... estamos ya hartos de
ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra
democracia”.
El 1 de
noviembre de 1933:
“En las
elecciones de abril (1931), los socialistas renunciaron a
vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que
no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La
generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen
exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la
Historia”. “Vamos a la Revolución social. ¿Como? (una voz
del público: como en Rusia). No nos asusta eso…Habrá que
expropiar a la burguesía por la violencia”. “Tenemos que
recorrer un periodo de transición hasta el socialismo
integral, y ese período es la dictadura del proletariado,
hacia la cual vamos. Había que preparar la ofensiva
socialista”. Largo Caballero. Discursos a los
trabajadores. Barcelona.
“Si no nos
permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución…
tendremos que conquistarlo de otra manera”. Febrero de
1933.
El 23-11-31
Largo Caballero, entonces Ministro de Trabajo, ante la
posibilidad de que las Cortes se disolviesen por no tener
mayoría, amenaza: “Ese intento sólo sería la señal para que el
PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen
incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar
la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos
obligaría a ir a una guerra civil”. Acta de sesiones del
Parlamento. El Debate, 24-11-31. Madrid.
“Antes de la
República creí que no era posible realizar una obra
socialista en la democracia burguesa. Después de
veintitantos meses en el gobierno... si tenía alguna duda
sobre ello, ha desaparecido. Es imposible”. Agosto de
1933, en la Escuela de Torrelodones. El Socialista,
16-8-33.
“Se dirá: ¡Ah
esa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos
en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura
de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad.
Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad
privada. No ocultamos que vamos a la revolución social.
¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia´). No nos
asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho
dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la
legalidad. Y en tal caso, camaradas habrá que obtenerlo por
la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia
la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la
revolución violentamente (Gran ovación). Eso dirán los
enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la
realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas.
Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los
caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá
inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Más no
olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de
necesitar más energía y más decisión que para ir a las
urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la
clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como
sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales
ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino
la bandera roja de la Revolución Socialista”. El
Socialista, 9-11-33.
“Cuando el
Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el
triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces
estableceremos la dictadura del proletariado, lo que… quiere
decir la represión… de las clases capitalistas y burguesas”.
24-5-36, en Cádiz, tras la victoria del
Frente Popular. El Socialista, 26-5-36.
“Hay que
apoderarse del poder político; pero la revolución se hace
violentamente: luchando, y no con discursos”. Congreso de
las Juventudes Socialistas. “No creemos en la
democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la
libertad”. Verano de 1934 en Ginebra.
“Nuestro
partido, es ideológicamente, tácticamente, un partido
revolucionario... cree que debe desaparecer este régimen".
Mitin en el Cinema Europa de Madrid, 1 de octubre
de 1934.
“Un recuerdo
para todas las víctimas ocasionadas por la represión brutal
de octubre… y que prometemos que hemos de vengarlas… No
vengo aquí arrepentido de nada… Yo declaro... que, antes de
la República, nuestra obligación es traer al socialismo...
Hablo de socialismo marxista... socialismo revolucionario...
somos socialistas pero socialistas marxistas
revolucionarios… Sépanlo bien nuestro amigos y enemigos: la
clase trabajadora no renuncia de ninguna manera a la
conquista de Poder… de la manera que pueda…La República… no
es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal
manera que haga imposible el logro de nuestras aspiraciones…
Nuestra aspiración es la conquista del poder...
¿Procedimiento? ¡El que podamos emplear!… Parece natural que
se aprovechase ahora la ocasión para inutilizar a la clase
reaccionaria, para que no pudiera ya levantar cabeza”. En
el Cinema Europa. El Socialista, 13-1-36.
“El Partido
socialista no es un partido reformista (...) cuando ha
habido necesidad de romper con la legalidad, sin ningún
reparo y sin escrúpulo. El temperamento, la ideología, y la
educación de nuestro partido no son para ir al reformismo”.
Discurso en el XIII Congreso del PSOE, celebrado en 1932,
siendo Ministro de Trabajo.
“El jefe de
Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los
socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene,
pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto.
Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad.
Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance,
daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la
conquista del Poder”. 13 de noviembre de 1933.
Desde luego el
planteamiento de las Elecciones del 16 de Febrero de 1936 y las
manifestaciones de individuos socialistas como Francisco Largo
Caballero y demás tropa izquierdista, tuvo como objeto la Guerra
Civil. Y pensar que este nefasto personaje aún tiene una estatua
en los nuevos Ministerios, clama al cielo… ¡Viva la Memoria
Histórica (Histérica) y esa pseudo democracia que nos hemos
dado!
ARRIBA
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