Elecciones del 16 de Febrero de 1936
Victoria del Frente Popular y sus consecuencias
Por Eduardo Palomar Baró.
El manifiesto electoral de las izquierdas o Pacto del Frente Popular
El 15 de enero de 1936 se hacía público el Manifiesto-Programa que inmediatamente sería bautizado por la opinión pública como el Pacto del Frente Popular.
«Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Una amplia amnistía, reposición de funcionarios, readmisión de obreros despedidos y reparación a las víctimas de la represión
Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen:
1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a la ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
2.º Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, en todas las corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un motivo político social, y que serán sometidos a los Jurados mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.
3.º Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión, la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
Restablecimiento del imperio de la Constitución
Revisión y reforma de las leyes de Orden público, Tribunal de Garantías, reglamento de la Cámara, Municipal y Provincial, reorganización del cuerpo de Vigilancia y del régimen de Prisiones.
En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los Partidos coligados:
1.º Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
2.º Se procederá a dictar leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
3.º Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder; adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
4.º Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.
5.º Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6.º Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.
El régimen agrario
No se acepta por los republicanos la nacionalización de la tierra. Derogación de las leyes de Arrendamientos y de devolución y pagos de las fincas de la nobleza.
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción económica nacional:
1.ª Como medidas de auxilio al cultivador directo:
Rebaja de impuestos tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrícola.
Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros.
Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.
2.ª Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola:
Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado.
Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la ayuda técnica y económica de la Administración pública.
Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones rurales.
3.ª Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra:
Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practicados.
Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.
Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas.
Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes comunales.
Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza.
El régimen industrial
La protección del Estado.
Especial protección a la pequeña industria y pequeño comercio.
Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.
En su consecuencia, procede:
1.º Dictar una ley o sistema de leyes que fijen las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado conceda en interés de la producción nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.
2.º Crear instituciones de investigación económica y técnica, donde pueda el Estado adquirir elementos para su dirección política y también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.
3.º Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.
4.º Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.
El régimen de obras públicas
Los republicanos no aceptan el subsidio de paro. Ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de las obras.
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:
1.º Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y transformación de terrenos.
2.º Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos.
Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional han de cumplir no sólo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro.
El régimen de Hacienda y Banca
Es rechazada por los republicanos la nacionalización de la Banca. Dirección del Banco de España y de la Banca privada. Distribución de las cargas públicas.
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:
1.ª Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
2.ª Someter a la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.
3.ª Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en la creación de capitales; dictando también aquellas medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase de Compañías.
Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al crédito público para finalidades del consumo:
1.ª Se revisará a fondo la tributación directa, obtenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.
2.ª Se reformará la tributación indirecta buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.
3.ª Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.
Legislación social
Se rechaza el control obrero. Creación del delito de envilecimiento del salario. Se restablece la legislación social en todos sus principios. Política de reconstrucción económica.
La República que conciben los Partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. Convienen en:
1.º Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.º Reorganizar la jurisdicción del trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.
3.º Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales.
Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester además organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.
Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, Beneficencia y Sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.
La enseñanza, atributo indeclinable del Estado
Vigilancia de la enseñanza privada.
Creación de la enseñanza media y profesional.
La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social
1.º Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.
2.º Crearán las enseñanzas medias profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.
3.º Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.
4.º Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.
La legislación autonómica
Su reposición y desarrollo.
Los Partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
Política internacional
Adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
Por Izquierda Republicana: Amós Salvador. —Por Unión Republicana: Bernardo Giner. —Por el Partido Socialista Obrero: Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero. —Por la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo Caballero. —Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas: José Cazorla. —Por el Partido Comunista: Vicente Uribe. —Por el Partido Sindicalista: Ángel Pestaña. —Por el Partido Obrero de Unificación Marxista: Juan Andrade.
¡Votad al FRENTE POPULAR!
El Frente Popular
El Frente Popular fue una coalición electoral creada en enero de 1936 por los principales partidos de la izquierda española.
La formaban el PSOE, el Partido Comunista, los marxistas del POUM además de los partidos republicanos Izquierda Republicana (IR) de Manuel Azaña y la Unión Republicana (UR) de Diego Martínez Barrio. El pacto además estaba apoyado por los nacionalistas republicanos catalanes como ERC, que en Cataluña se integraba en la coalición Front d'Esquerres de Catalunya, a la cual apoyaba el Frente Popular allí. En Valencia, la coalición equivalente ideológicamente al Frente Popular, también se llamó Front d'Esquerres, con una composición similar al del Frente Popular del resto de España. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque no formaba parte del Frente, no se mostraron beligerantes con él, obteniendo muchos votos anarquistas (los cuales, tradicionalmente, no votaban). No obstante, muchos anarquistas que luego combatirían por el bando republicano, en las elecciones pidieron la abstención. No formó grupo parlamentario sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes, ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos republicanos, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel Azaña (que dejó la presidencia del Consejo para hacerse cargo de la República en mayo de 1936), Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo Caballero, y hasta el final de la Guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La coalición entre socialistas, comunistas y republicanos de izquierda tenía un programa reformista, como la defensa de las reformas sociales del primer gobierno de 1931, que estaban siendo paralizadas o eliminadas por el posterior gobierno conservador. También surgía como respuesta para pedir la liberación de los detenidos y sometidos a proceso por responsabilidades en los hechos ocurridos durante la Revolución de Asturias en 1934 y ante el avance en Europa del fascismo de Hitler o Mussolini. En ese momento también en el vecino país de Francia gobernaba el Frente Popular Francés.
Resultado de las elecciones
Para las elecciones del 16 de febrero se movilizaron aproximadamente unos 34.000 guardias civiles y 17.000 guardias de asalto para garantizar el orden. Los resultados fueron, según las fuentes y los diferentes historiadores, bastante variados. Hay que hacer resaltar que las cifras no se supieron oficialmente nunca.
Una de las versiones, es la siguiente:
Censo de 13.553.710 electores
Votantes: 9.864.783 (72%)
Frente Popular: 4.654.116 (34,3%)
Frente Nacional: 4.503.505 (33,2%)
Centro: 400.901 (5,4%)
PNV: 125.714
Los principales partidos conservadores y monárquicos, se aglutinaron como respuesta en el Frente Nacional Contrarrevolucionario, en Cataluña, Frente Catalán de Orden (Front Català d'Ordre), liderados por el partido gobernante de la CEDA de José María Gil-Robles, que insistían en identificar al Frente Popular como un pacto revolucionario bolchevique que liquidaría a la nación frente a las disputas regionalistas o las influencias de la nueva potencia comunista, la URSS. Sin embargo, un detalle poco importante como las discrepancias de José Antonio Primo de Rivera, líder del pequeño partido Falange Española, con Gil-Robles, será importante posteriormente.
En mayo Manuel Azaña es elegido presidente de la República, pero el PSOE con la oposición del socialista Francisco Largo Caballero, no se une al gobierno a pesar de que lo apoya tímidamente, pero aumenta el conflicto y el extremismo de su discurso, poniendo contra la pared al gobierno formado por los partidos republicanos entre los extremistas más conservadores y los más izquierdistas.
Los escaños se repartirían de la siguiente forma, por parte del Frente Popular:
PSOE: 88 diputados
IR: 79 diputados
UR: 34 diputados
ERC: 22 diputados
PCE: 14 diputados
Acció Catalana: 5 diputados
ORGA: 3 diputados
Partido Galleguista: 3 diputados
POUM: 1 diputado
Otros: 14 diputados
Por parte del Frente Nacional Contrarrevolucionario:
CEDA: 101 diputados
Comunión Tradicionalista: 15 diputados
Renovación Española: 13 diputados
Partido Agrario: 11 diputados
Independientes derechistas: 10 diputados
Conservadores: 2 diputados
Monárquicos independientes: 2 diputados
Partido Nacionalista Español: 1 diputado
Católicos: 1 diputado
Partidos de centro:
Partido de Centro Nacional Republicano: 21 diputados
Lliga Catalana: 12 diputados
Partido Radical: 9 diputados
Partido Republicano Progresista: 6 diputados
PNV: 5 diputados
Partido Republicano Liberal Demócrata: 1 diputado
Habría que destacar el gran éxito de los comunistas del PCE con su primer diputado por Málaga tras las elecciones en 1933. Ahora contaba con un gran protagonismo en el Frente Popular y la debacle del Partido Radical del republicano Alejandro Lerroux por el escándalo del estraperlo.
Artículo de César Vidal sobre las Elecciones del 16 de febrero de 1936
El doctor en Historia, Teología y Filosofía, y licenciado en Derecho, César Vidal escribió en Libertad Digital, un artículo que por su interés reproducimos.
«En medio de un clima de violencia, de agresiones, de amenazas y de desafío consciente y contumaz a la legalidad se celebraron las elecciones de febrero de 1936. Éstas no sólo concluyeron con resultados muy parecidos para los dos bloques sino que además estuvieron inficionadas por el fraude en el recuento de los sufragios.
Así, sobre un total de 9.716.705 votos emitidos, 4.430.322 fueron para el Frente Popular; 4.511.031 para las derechas y 682.825 para el centro. Otros 91.641 votos fueron emitidos en blanco o resultaron destinados a candidatos sin significación política. Sobre estas cifras resulta obvio que la mayoría de la población española se alineaba en contra del Frente Popular y, si a ello añadimos los fraudes electorales encaminados a privar de sus actas a diputados de centro y derecha, difícilmente puede decirse que contara con el respaldo de la mayoría de la población. A todo ello hay que añadir la existencia de irregularidades en provincias como Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Granada, Cuenca, Orense, Salamanca, Burgos, Jaén, Almería, Valencia y Albacete, entre otras, contra las candidaturas de derechas. Con todo, finalmente, este cúmulo de irregularidades se traduciría en una aplastante mayoría de escaños para el Frente Popular.
En declaraciones al Journal de Genève, publicadas ya en 1937, sería nada menos que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el que reconociera la peligrosa suma de irregularidades electorales: “A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados”. Resultó la minoría más importante pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.
Primera etapa: Desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.
Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.
Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, se revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil.
En otras palabras, las izquierdas –que ciertamente habían obtenido un importante respaldo en las elecciones– falsearon el resultado electoral para asegurarse una mayoría absoluta a la que no se acercaron ni lejanamente. El uso de la violencia, del fraude, de la falsedad documental y del quebrantamiento de la legalidad electoral fueron considerados aceptables para llegar a esa meta. De esa manera, las elecciones de febrero de 1936 se convirtieron ciertamente en la antesala de un proceso revolucionario que había fracasado en 1917 y 1934 a pesar de su éxito notable en 1931. Así, aunque el gobierno quedó constituido por republicanos de izquierdas bajo la presidencia de Azaña para dar una apariencia de moderación, no tardó en lanzarse a una serie de actos de dudosa legalidad que formarían parte esencial de la denominada “primavera trágica de 1936”.
Mientras Lluís Companys, el golpista de octubre de 1934, regresaba en triunfo a Barcelona para hacerse con el gobierno de la Generalidad, los detenidos por la insurrección de Asturias eran puestos en libertad en cuarenta y ocho horas y se obligaba a las empresas en las que, en no pocas ocasiones, habían causado desmanes e incluso homicidios a readmitirlos. En paralelo, las organizaciones sindicales exigían en el campo subidas salariales de un cien por cien, con lo que el paro se disparó. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio de 1936 el agro sufrió 192 huelgas. Más grave aún fue que el 3 de marzo los socialistas empujaran a los campesinos a ocupar ilegalmente varias fincas en el pueblo de Cenicientos. Fue el pistoletazo de salida para que la Federación –socialista– de Trabajadores de la Tierra quebrara cualquier vestigio de legalidad en el campo. El 25 del mismo mes, sesenta mil campesinos ocuparon tres mil fincas en Extremadura, un acto legalizado a posteriori por un gobierno incapaz de mantener el orden público.
El 5 de marzo, el Mundo Obrero, órgano del PCE, abogaba, pese a lo suscrito en el pacto del Frente Popular, por el “reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de soviets”.
En paralelo, el Frente Popular desencadenaba una censura de Prensa sin precedentes y procedía a una destitución masiva de los ayuntamientos que consideraba hostiles o simplemente neutrales. El 2 de abril, el PSOE llamaba a los socialistas, comunistas y anarquistas a “constituir en todas partes, conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del pueblo”. Ese mismo día, Azaña chocó con el presidente de la República, Alcalá Zamora, y decidió derribarlo con el apoyo del Frente Popular. Lo consiguió el 7 de abril, alegando que había disuelto inconstitucionalmente las Cortes dos veces y logrando que las Cortes lo destituyeran con solo cinco votos en contra. Por una paradoja de la Historia, Alcalá Zamora se veía expulsado de la vida política por sus compañeros de conspiración de 1930-1931 y sobre la base del acto suyo que, precisamente, les había abierto el camino hacia el poder en febrero de 1936.
Las lamentaciones posteriores del presidente de la República no cambiarían en absoluto el juicio que merece por su responsabilidad en todo lo sucedido durante aquellos años. El 10 de mayo de 1936, Azaña era elegido nuevo presidente de la República. A esas alturas, el mito de la victoria electoral del Frente Popular no sólo había quedado establecido sino que además se utilizaba como coartada para acabar con el régimen constitucional y entrar abiertamente por la senda de la revolución. No era magro resultado para unas elecciones que, en realidad, no había ganado el Frente Popular».
El comunista José Díaz y el significado de las elecciones del 16 de febrero
El 3 de febrero de 1936, el comunista José Díaz Ramos publicaba en Mundo Obrero el siguiente artículo, bajo el título de “El significado de las elecciones del 16 de febrero”:
«Estamos a las puertas de las elecciones. Todas las masas trabajadoras y democráticas del país están en pie, unidas, con el proletariado a la cabeza, para dar la batalla, derrotar a la reacción y abrir amplio cauce al desarrollo ulterior de la revolución democrático-burguesa. Nuestros enemigos, que son los enemigos del pueblo trabajador, también están en pie de guerra, también se unen, pretendiendo alcanzar el triunfo en las urnas, para hundir a nuestro país en la barbarie fascista.
La lucha está planteada con absoluta claridad. Fascismo o antifascismo, revolución o contrarrevolución. Libertad, justicia social y bienestar, es decir, amplio cauce para el desarrollo del movimiento de las masas populares, aniquilamiento de los opresores, o terror, barbarie, despotismo, salarios de 1,50, cárceles llenas de trabajadores y fuerzas democráticas; en una palabra, estrangulamiento del movimiento emancipador. Por eso, todo proletario, todo hombre honrado, amante de la democracia y de la libertad, comprende la importancia histórica de la lucha entablada, y al grito de ¡No pasarán! se dispone a luchar y a vencer.
“Destruiremos la revolución”, dicen la CEDA y demás reaccionarios. La cosa es clara. Precipitar al pueblo laborioso, más todavía, al hambre más espantosa y a la esclavitud. Pero no será. Todos unidos, marchamos hoy y marcharemos mañana hacia la meta, para cambiar la faz de nuestro país, destruyendo los privilegios de los terratenientes, de la Iglesia, de los nobles. Conseguiremos la libertad para el pueblo, tierra para los campesinos, libertad para Catalunya, Euskadi y Galicia; bienestar para los trabajadores asalariados, jornadas de trabajo humanas, etcétera. Desarrollaremos las fuerzas del trabajo y de la cultura, que la reacción pretende ahogar desde el altar del oscurantismo jesuítico.
Nuestra lucha, en España, no tiene el menor parecido con las “elecciones de tipo normal” de países como Inglaterra, Norteamérica, Suiza; etcétera. Aquí se ventila mucho más. La movilización de las masas por nuestra parte, su llamamiento a las urnas bajo la bandera del Bloque Popular, tiene más significación que el simple hecho de designar a unos representantes en Cortes. Con los votos, va a decidirse esta vez el futuro, la forma y el cauce por los que ha de marchar el movimiento ascendente de los oprimidos. La reacción llama a las urnas para aplastar todo vestigio de libertad y de democracia, para destruir las organizaciones del proletariado y de las fuerzas democráticas. No caben términos medios. No cabe la abstención, como preconizan algunos jefes anarquistas, cometiendo un error grave, ya que las elecciones son una de las formas de la lucha por la revolución; con abstenerse, con aconsejar a los obreros que no voten, tratando de quitarle importancia al hecho revolucionario que representa esta lucha, no se hace sino favorecer los propósitos de la reacción.
La lucha es dura, y todos hemos de ponernos en pie para lograr el triunfo del Bloque Popular. Los comunistas estamos orgullosos de haber propugnado y defendido el Bloque Popular, como una de las condiciones necesarias para el triunfo frente al enemigo. La unidad antifascista realizada ha levantado en todo el país una ola de entusiasmo que es prenda de victoria y garantía de triunfo. Todos los antifascistas están en el Bloque Popular. Todas las organizaciones y las masas no organizadas tienen sus ojos puestos en el Bloque Popular. Una obligación tenemos que cumplir: asegurarnos de que el triunfo próximo, seguro, no se malogre. El medio es que la unidad hecha no quede rota con las elecciones. La tarea a cumplir es muy grande y la ejecución del programa obliga a los antifascistas a permanecer unidos. Esto, por una parte. Por otra, sería un grave error pensar que la reacción va a resignarse con su derrota y no ha de hacer cuanto esté en sus manos para arrebatar al pueblo sus conquistas. Hoy, amenazan ya con la guerra Civil. Contra ello están las organizaciones del Bloque Popular, los obreros, los campesinos, las fuerzas democráticas, dando entrada a los elementos no organizados. La lucha no termina el día 16. Hay que cumplir el programa y entrar a fondo para quitar a la contrarrevolución su base material. Esta base material, asiento de privilegios y de zánganos, plataforma de dominación de las masas campesinas, es utilizada por la reacción para sus fines contrarrevolucionarios. La minaremos y cumpliremos dos fines: dar a los campesinos trabajadores lo que es suyo, la tierra, y arrebatar de manos de la reacción su más poderoso instrumento: la posesión de la tierra. Expropiar sin indemnización la tierra de los terratenientes, de la Iglesia, entregarla a los campesinos pobres y obreros agrícolas: he aquí el golpe más certero contra la reacción.
Hay que asegurar la completa libertad de los pueblos catalán, vasco y gallego. Hay que disolver las organizaciones monárquicas y fascistas. Las libertades democráticas de las masas trabajadoras no pueden estar a merced de un golpe de las fuerzas contrarrevolucionarias. Hay que movilizar y poner en acción a todos los obreros y campesinos, a los intelectuales, a los empleados, funcionarios, etcétera. A los hombres y a las mujeres. Hay que prestar a la mujer una atención especial. La Iglesia y sus servidores no descansan para ganara las mujeres a su causa. En esto, llevamos retraso. Hay que ganar el tiempo perdido, organizar rápidamente la distribución de literatura, reuniones y creaciones de organizaciones femeninas.
Luchemos con fe por el triunfo. ¡En pie por la libertad, por el bienestar, por el triunfo de la revolución democrática y en marcha hacia el socialismo!»
¿Qué es el Frente Popular?
El propio José Díaz, una vez obtenido el Frente Popular la victoria en las elecciones del 16 de febrero de 1936, publicaba en Mundo Obrero, en su número extraordinario con ocasión del Primero de Mayo de 1936, y bajo el titular “¿Qué es el Frente Popular”, el siguiente artículo:
«El 16 de febrero, que ha señalado el camino del triunfo, ha sido el fruto de una labor tenaz, de una larga lucha diaria y consecuente de nuestro partido.
Después de la derrota momentánea de Octubre, había que reagrupar las fuerzas para emprender la lucha bajo las nuevas condiciones de terror, de ilegalidad, de atropellos sin nombre; había que ampliar el frente de combate, sin el cual no se habría conseguido contener, paulatinamente, la obra nefasta del gobierno del bienio negro, romper el bloque reaccionario y conducir a las masas al triunfo del 16 de febrero. A una nueva situación, corresponden una nueva táctica y nuevos métodos de lucha para poder compenetrarse con las amplias masas y seguir luchando, aun bajo las condiciones más difíciles; no permanecer nunca pasivos: ésa es la táctica leninista, y si se la sabe aplicar, el triunfo no puede hacerse esperar.
Algunos creían, o pretendían hacer creer, que el Frente Popular era una alianza sin principios con las fuerzas de la burguesía izquierdista y de la pequeña burguesía. Otros se planteaban el problema de si sacrificábamos los objetivos finales por dar solución a las necesidades inmediatas, pero unos y otros se han equivocado. El Frente Popular es la expresión viva de la concentración de las fuerzas obreras y democráticas de España frente a la otra concentración: la de la España del pasado. En esta gran polarización de fuerzas que se está operando en nuestro país, el proletariado tiene la misión de colocarse inteligentemente en el camino del cumplimiento de su misión histórica. Y hay que saber comprender que la lucha de clases no marcha siempre por un camino recto, ni el problema está en desertar del logro de las conquistas parciales que puedan beneficiar a las masas, contraponiendo a esto, como escudo engañoso, la “pureza revolucionaria”, el principio catastrófico del “todo o nada”. ¡No! Las reivindicaciones parciales, cuando se tienen perspectivas revolucionarias claras, sirven como escalones ascendentes en la senda del triunfo sobre los explotadores. Nuestra diferencia, con los reformistas estriba, justamente, en esto: en que mientras nosotros utilizamos las reivindicaciones parciales para hacer marchar a las masas por el camino de la revolución, ellos pretenden utilizadas para desviarlas de ese camino.
La lucha, hoy, está entablada a fondo entre la democracia en el terreno económico y político, de un lado, y de otro, las castas semifeudales, los privilegios de la Iglesia, las oligarquías financieras, la reacción y el fascismo, con su secuela de hambre y de miseria, de terror y de guerra. Sin despejar el camino de estas fuerzas negras del pasado, sin liquidar su base económica y social, no podremos organizar las luchas ulteriores, encaminadas a la emancipación total de los oprimidos.
La experiencia del 16 de febrero debe, por tanto, a servirnos para examinar cómo los obreros y campesinos deben marchar para que este triunfo del pueblo se amplíe y a la par se consolide. En primer lugar, debemos sacar una conclusión: si las fuerzas más consecuentes, que sirven de motor a la revolución, son los obreros y los campesinos, la tarea es unir a estas fuerzas en un frente de hierro, con las Alianzas Obreras y Campesinas, para que ellas refuercen, alienten y dirijan al resto de las capas progresivas encuadradas en el Frente Popular, impidiendo la ruptura de los Bloques Populares. Pues éstos no sólo han conseguido la victoria del 16 de febrero, sino que pueden aún ganar nuevas batallas, ya que tienen una gran cantidad de intereses comunes y un enemigo común que se opone a su realización. Romper el Bloque, sería tanto como entregar a nuestros aliados en brazos de la gran burguesía y de los terratenientes, que ya están queriendo seducirlos con sus cantos de sirena. De aquí que nuestro partido lucha por mantener el Bloque Popular y apoyar al Gobierno republicano de izquierdas para que realicen el pacto del Frente Popular. Criticando, sí, lo que no marcha y empujando a su realización, pero dándole apoyo y soluciones para realizar las tareas que le están encomendadas, para impulsar y desarrollar la revolución democrática.
El camino del 16 de febrero, el camino del Frente Popular, significa la derrota de las viejas castas feudales, de las oligarquías financieras, significa abrir amplios cauces a la democracia y luchar con nuestros aliados sinceramente antifeudales y antifascistas para cumplir las tareas de la revolución democrático-burguesa».
Epílogo
Ante las elecciones convocadas para febrero de 1936, la derecha no se une en una coalición general como sí hace la izquierda.
El Frente Popular es la coalición de los socialistas, los comunistas y los que ellos, en su terminología marxista, llaman, izquierdas burguesas, que son los republicanos de izquierda acaudillados por Azaña. Su bandera es proclamarse "antifascistas", lo que es situar a todos los que no entran en su alianza como fascistas y como tales a extinguir.
Gil Robles al frente de la CEDA con la consigna electoral “a por los 300”, dice que pretende por sí sólo una mayoría absoluta; como esto es imposible, es una justificación de no haber hecho nada con su victoria en las elecciones de 1933.
Alcalá Zamora pretende ocupar el espacio de centro por medio de Portela Valladares, captando los votos que antes iban al Partido Radical, que para eso ha sido hundido.
El planteamiento de las izquierdas es de guerra civil para tomarse la revancha de su derrota en la revolución y guerra de 1934, reconquistando el poder por la fuerza si no ganan las elecciones. Utilizan el victimismo, planteando la urgencia de liberar a los detenidos y encarcelados por la revolución de 1934. Así recibirán el voto de la CNT. Largo Caballero amenaza con la guerra civil y promete que no serán sólo palabras. Esta amenaza de guerra civil la reitera machaconamente.
En un mitin en Alicante, el caudillo socialista había proclamado el 19 de enero de 1936:
“Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos” El Liberal, de Bilbao, 20 de enero de 1936.
Largo Caballero en Linares en otro mitin el 20.01.1936:
“... la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”.
El 10.02.1936, en el Cinema Europa, Largo Caballero insistía:
“... la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas... estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra democracia”.
El 1 de noviembre de 1933:
“En las elecciones de abril (1931), los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia”. “Vamos a la Revolución social. ¿Como? (una voz del público: como en Rusia). No nos asusta eso…Habrá que expropiar a la burguesía por la violencia”. “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. Había que preparar la ofensiva socialista”. Largo Caballero. Discursos a los trabajadores. Barcelona.
“Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución… tendremos que conquistarlo de otra manera”. Febrero de 1933.
El 23-11-31 Largo Caballero, entonces Ministro de Trabajo, ante la posibilidad de que las Cortes se disolviesen por no tener mayoría, amenaza: “Ese intento sólo sería la señal para que el PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil”. Acta de sesiones del Parlamento. El Debate, 24-11-31. Madrid.
“Antes de la República creí que no era posible realizar una obra socialista en la democracia burguesa. Después de veintitantos meses en el gobierno... si tenía alguna duda sobre ello, ha desaparecido. Es imposible”. Agosto de 1933, en la Escuela de Torrelodones. El Socialista, 16-8-33.
“Se dirá: ¡Ah esa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia´). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (Gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Más no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”. El Socialista, 9-11-33.
“Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que… quiere decir la represión… de las clases capitalistas y burguesas”. 24-5-36, en Cádiz, tras la victoria del Frente Popular. El Socialista, 26-5-36.
“Hay que apoderarse del poder político; pero la revolución se hace violentamente: luchando, y no con discursos”. Congreso de las Juventudes Socialistas. “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”. Verano de 1934 en Ginebra.
“Nuestro partido, es ideológicamente, tácticamente, un partido revolucionario... cree que debe desaparecer este régimen". Mitin en el Cinema Europa de Madrid, 1 de octubre de 1934.
“Un recuerdo para todas las víctimas ocasionadas por la represión brutal de octubre… y que prometemos que hemos de vengarlas… No vengo aquí arrepentido de nada… Yo declaro... que, antes de la República, nuestra obligación es traer al socialismo... Hablo de socialismo marxista... socialismo revolucionario... somos socialistas pero socialistas marxistas revolucionarios… Sépanlo bien nuestro amigos y enemigos: la clase trabajadora no renuncia de ninguna manera a la conquista de Poder… de la manera que pueda…La República… no es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal manera que haga imposible el logro de nuestras aspiraciones… Nuestra aspiración es la conquista del poder... ¿Procedimiento? ¡El que podamos emplear!… Parece natural que se aprovechase ahora la ocasión para inutilizar a la clase reaccionaria, para que no pudiera ya levantar cabeza”. En el Cinema Europa. El Socialista, 13-1-36.
“El Partido socialista no es un partido reformista (...) cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad, sin ningún reparo y sin escrúpulo. El temperamento, la ideología, y la educación de nuestro partido no son para ir al reformismo”. Discurso en el XIII Congreso del PSOE, celebrado en 1932, siendo Ministro de Trabajo.
“El jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder”. 13 de noviembre de 1933.
Desde luego el planteamiento de las Elecciones del 16 de Febrero de 1936 y las manifestaciones de individuos socialistas como Francisco Largo Caballero y demás tropa izquierdista, tuvo como objeto la Guerra Civil. Y pensar que este nefasto personaje aún tiene una estatua en los nuevos Ministerios, clama al cielo… ¡Viva la Memoria Histórica (Histérica) y esa pseudo democracia que nos hemos dado!
Documento extraído de la página: www.generalisimofranco.com