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Fueron una serie
de conflictos violentos acontecidos los últimos días de enero de 1937 en el
pueblo de La Fatarella en la provincia de Tarragona, durante la guerra civil
española, a consecuencia de la resistencia de sus habitantes a los intentos de
colectivización de sus tierras.
Grupos de la
CNT-FAI procedentes de otras localidades ejercieron una dura represión sobre la
población, que terminó con la llegada de la Guardia de asalto de la Generalidad
de Cataluña y con el resultado de una cincuentena de muertes, la mayoría
labradores del pueblo.
Estos hechos han
sido catalogados, junto con los Hechos de Barcelona y otros incidentes
menores y enfrentamientos mayores que tuvieron lugar en la Cataluña rural del
primer tercio de 1937, como ejemplo de enfrentamientos en la retaguardia
republicana.
Aunque no se ha
sabido exactamente los detalles de cómo surgieron estos sucesos las hipótesis
que se barajan van desde la provocación comunista hasta el intento anarquista de
colectivización forzada de las tierras.
La crisis
provocada por la sublevación militar de julio de 1936 generó una dualidad de
poderes en la Generalidad de Cataluña, fundamentalmente en manos de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) y el Comité de Milicias Antifascistas,
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sobre todo, pero también Federación
Anarquista Ibérica (FAI).
ERC estableció
contactos con un nuevo partido en pleno auge, el Partido Socialista Unificado de
Cataluña (PSUC), y recibió el apoyo con presencia sindical de la Unión General
de Trabajadores (UGT) y la Unió de Rabassaires (UdR) para inclinar la balanza
hacia su lado. Mientras tanto, la CNT intentaba –por vía de las
colectivizaciones– incrementar su presencia en el mundo rural, dónde la fuerza
de ERC y UdR superaban a la de la unión confederal de sindicatos ampliamente.
En la
interpretación de los Hechos de La Fatarella chocaron ambas perspectivas. Las
consecuencias trágicas de los incidentes (las muertes de los habitantes del
pueblo, ya fuera fusilados o a punta de pistola) dan un interés extraordinario a
algunos de los papeles de Salamanca que ofrecen dos versiones: la de los
representantes del PSUC y ERC por una parte, y la de CNT por otra, a la Junta de
Seguridad Interior de la Generalitat. Los primeros aluden la tesis de un exceso
de celo de militantes de la CNT. La segunda (CNT) asegura que hubo provocación
de fascistas infiltrados. Nadie habla de provocación comunista.
Parecería que la
versión del choque de facciones locales (labradores contra colectivizadores)
tiene mayor solidez.
El Doctor en
Historia Contemporánea y profesor de la misma disciplina en la Universidad de
Barcelona, Pelai Pagés i Blanch
(Sant Pere Pescador- Gerona, 1949) escribió un artículo sobre los Hechos de La
Fatarella que por su interés procedemos a transcribirlo.
ARRIBA
A finales de enero de 1937 tuvo lugar un
acontecimiento que, en el marco de la guerra civil que se
estaba produciendo, provocó una importante convulsión en la
sociedad catalana del momento: una insurrección labradora en
la villa de La Fatarella, en la Tierra Alta, que culminó con
varias decenas de muertos. La oposición de los labradores
del pueblo a la colectivización forzada de la tierra, que
pretendían llevar a cabo elementos de la CNT y de la FAI,
habría sido la causa. El acontecimiento provocó, al mismo
tiempo, una importante grieta en el bloque antifascista
catalán que ya estaba viviendo momentos importantes de
ruptura entre los partidarios de mantener y profundizar en
las conquistas revolucionarias de los primeros tiempos de la
guerra, CNT-FAI y POUM básicamente, y aquellos otros que
querían frenar el proceso de transformaciones sociales y
devolver a una cierta “normalidad republicana” para
centrarse en el esfuerzo de guerra –ERC y PSUC–. Las
cuestiones derivadas del orden público, que habían sido
polémicas desde el inicio de la guerra, tampoco fueran
ajenas al conflicto.
Los Informes que
diferentes organismos elaboraron apenas acabados los hechos y el seguido de
informaciones e interpretaciones que aparecieron desde las diferentes posiciones
ideológicas y políticas generaron mucha confusión, tanta que incluso el número
de víctimas mortales fue difícil de determinar
ARRIBA
En los primeros momentos todos los testigos
coinciden a señalar el carácter conservador y la existencia
del caciquismo en una villa que en 1936 tenía 2.293
habitantes, era eminentemente agrícola y disponía de una
inmensa mayoría de los cultivos dedicados al secano. El
informe que Tomás Fábregas, que militaba en Acción Catalana
Republicana y era delegado de la Junta de Seguridad Interior
de Cataluña, escribió sobre los acontecimientos, describe La
Fatarella con unas características que no dejan margen a
ningún tipo de duda:
“Examinado
el asunto de una manera objetiva, encima del terreno y con las pruebas a la
vista, es fácil sacar la conclusión de que se trata de un pueblo que en su
inmensa mayoría ha sido siempre netamente reaccionario (ver los resultados
de las elecciones, prensa que se leía, etc.) y que después del 19 de julio
se ha emboscado en organizaciones obreras, casi todos en la UGT y alguien en
la CNT (en dos de los muertos se los encuentra carné Confederal) pero con
los mismos prejuicios y atavismos perniciosos del antiguo régimen. Un pueblo
en el cual no han existido ni el 19 de julio, ni el 6 de octubre, ni tanto
sólo el 14 de abril. Un pueblo enclavado en la cumbre de una cordillera, en
la Terra Alta, perdido en los límites de Cataluña y Aragón, dominado por un
puñado de propietarios y terratenientes primitivistas, ex-caciques
disfrazados de revolucionarios de este o de aquel color, los cuales, para
servir sus móviles egoístas, no han tenido ningún escrúpulo de provocar los
hechos sangrientos que todos lamentamos, aprovechándose del conflicto que
planteaba el decreto de colectivizaciones”.
En un informe
elaborado conjuntamente por un militante del Partido Socialista Unificado de
Cataluña, de apellido Climent, y otro de Esquerra Republicana de Cataluña,
denominado Oller, delegados también de la Junta de Seguridad Interior, a pesar
de que es muy crítico con la actuación de las patrullas de control, no deja de
señalar que “no puede negarse que aquella población se ha significado siempre
por la influencia de los caciques y que el espíritu de este pueblo no puede
haberse cambiado desde el 19 de julio...” Y en un tercer Informe relativo a los
sucesos ocurridos en La Fatarella los días 25 y 26 de enero de 1937, se escribe
textualmente que “este pueblo de La Fatarella se distingue por ser un pueblo
rico y de espíritu económico. En el orden político, como pueblo de montaña, y
quizás por sus tradiciones, es más bien de matiz reaccionario. Al advenimiento
de la República, se formó el partido de Esquerra Republicana. Ocurridos los
hechos del 19 de julio y ya en el mes de septiembre, se constituyen la UGT,
Partido Socialista Unificado y Rabassaires que adquieren bastante fuerza”
Todos los
testimonios coinciden, pues, en afirmar el carácter “conservador” del
campesinado de La Fatarella. Es en este contexto que en el pueblo una docena de
familias, bajo el control de la CNT, se plantearon constituir una
colectivización agrícola. A partir de este momento, las interpretaciones sobre
que querían hacer los colectivizadores discrepan abiertamente. La versión de los
militantes de la CNT era que se quería proceder a la colectivización de aquellas
tierras que habían sido propiedad de los facciosos que habían huido durante los
primeros tiempos de la guerra y que se encontraban en poder de labradores que ya
las trabajaban anteriormente, mientras que la versión de las víctimas de los
acontecimientos y de sus familias era que la colectividad quería intervenir en
todas las tierras. Fuera como fuera lo cierto era que el tema de la
colectivización de la tierra había sido ya conflictivo a las comarcas del Ebro y
que los impulsos colectivizadores de determinados militantes de la CNT habían
provocado conflictos por lo que tuvieron que intervenir en otras ocasiones la
Consejería de Agricultura de la Generalitat. Ya el mes de octubre de 1936 había
dado a conocer una disposición contundente al respeto:
“Ante el
hecho que en Cataluña determinados grupos pretenden obligar a los campesinos
a colectivizar sus tierras, tanto las de propiedad como las de
arrendamiento, la Consejería de Agricultura más que declarar que nadie está
autorizado para llevar a cabo estas colectivizaciones pone de manifiesto, el
que ya ha estado en otras ocasiones repetido, que el programa de acción
aprobado por el Consejo de Economía y las consignas dadas por todas las
organizaciones sindicales responsables es de amparar la iniciativa privada y
la pequeña explotación familiar. Por su parte, el Consejo de Economía tiene
declarado que la colectivización de la tierra se tiene que limitar a las
grandes fincas incautadas y posteriormente, el nuevo Consejo de la
Generalitat declaró que junto a la colectivización de las grandes fincas
venía a mantener y a estimular la pequeña explotación agrícola. Después de
exponer algunas consideraciones sobre la improcedencia del hecho y del deber
de que tienen todos los revolucionarios de poner de vuelta a la masa
campesina todos los recursos y garantías al objeto de obtener del trabajo
agrícola el aumento de productividad que exigen las necesidades de
retaguardia, la mencionada Consejería advierte que todos los intentos de
colectivización que se presenten tienen que ser denunciados sus iniciadores
como saboteadores de la normalidad revolucionaria.
Si hemos que
creer el informe de Climent y de Oller, el malestar era fuertemente
generalizado en las comarcas tarraconenses, puesto que “hace unos días que
las Patrullas de Control de Barcelona se personaron en García y detuvieron a
quince vecinos de aquella población, elementos de la UGT y ERC,
trasladándolos a Barcelona; esto mismo ocurrió en Vinebre, tres días antes
de que ocurrieran los hechos deplorables de la Fatarella, y cuando la
comisión de la Junta de Seguridad Interior llega a Móra d'Ebre nos
encontramos que la población estaba en plan de protesta, cerrándose las
tiendas y abandonando los trabajos del campo, los trabajadores que no
pertenecían a la colectividad”.
En el caso
de la Fatarella, parece que el Comité Regional de Tarragona de la CNT había
enviado a la población dos militantes, Josep Mola y Nicolás Santamaría, para
organizar la colectivización. De vez en cuando también frecuentaba la
población un personaje que nadie ha podido identificar y que era conocido
como “Pèl de Ascó”. Que la iniciativa de constituir la colectivización fue
la causa del conflicto parece que está fuera de todo tipo de duda. Las
discrepancias se plantean a la hora de calificar las actitudes de unos y
otras: la visceralidad en la oposición a la colectivización procedía del
carácter reaccionario de sectores de la población o, como explicaban Climent
y Oller, “por la amenaza de elementos de la colectividad de que si no
ingresan en ella se los haría hacer un hoyo y serian enterrados en él los
trabajadores que no ingresaran al trabajo colectivo de las tierras”.
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ARRIBA
En cualquier caso, es evidente que en enero de 1937 La Fatarella
vivía en un estado de agitación social y política considerable,
que se agravó a partir del día 22, cuando los representantes de
la UGT, PSUC, ERC y la Unión de Rabassaires (UdR) de la
localidad celebraron una asamblea para oponerse en la
colectivización. Según el informe del juez instructor “el día 22
de enero hubo una reunión de los elementos de la UGT, UdR y
Esquerra, para oponerse a la pretendida colectivización en la
que parece se redactó un acta de términos violentos, acordándose
que el siguiente día sábado no fuera a trabajar ninguno de los
afiliados de esos partidos: que una comisión nombrada se
trasladara a Barcelona para asistir a un congreso de Rabassaires
y se establecieran guardias con gente armada en evitación de
posibles acontecimientos”. En el acta de la reunión celebrada
efectivamente el viernes día 22 de enero por las organizaciones
mencionadas, y respecto de los acuerdos adoptados se señala
básicamente la formación de una “Junta de Unión de las Entidades
Antifascistas”, en los términos siguientes:
“1º.- Designar una Junta de Unión de las
Entidades Antifascistas que están presentes y asociados a la
misma, los que deberán ciega obediencia a las resoluciones y
acuerdos de esta Junta la que tendrá como misión la de
guardar la más estricta legalidad en todos los actos que se
cometan o traten de cometer a la localidad haciéndoles
entrar, aunque tenga que llegarse a la coacción física, a
cualquier sector, aunque no esté en este acto, que se quiera
salir. Es por lo tanto la misión de la Junta, obligar por
todos los medios, a que todo el mundo atenga su actuación a
aquello que esté legislado, por el cumplimiento de las
entidades comprometidas las que facilitarán todo lo que
pidan.
2º.- Para integrar la referida Junta y por
unanimidad quedan designados: Por la UGT, José Cugat
Descarrega; por la Izquierda Republicana de Cataluña,
Carmelo Rius y Roselló; por el PSUC, José N. Miró; por la
Juventud Socialista, Antonio Ardevol y Blanch y por la Unión
de Rabasaires, José Vilanova y Canals”.
A partir de este momento la situación se complica el domingo 24
por la mañana con motivo de la reunión de un consejo municipal
en el cual, según parece, Nicolás Santamaría, uno de los dos
militantes de la CNT enviados a la población, tenía que pasar a
formar parte del consistorio, “empezaron a oírse gritos de
'fuera los forasteros’ y “a matarlos”, subiendo al Ayuntamiento
en actitud agresiva José N. Miró, José Gironés Pascua1 (libre) y
Camelo Rius Roselló (detenido gubernativo) para apoderarse de
Mola y Santamaría y quizás agredirles, pero esto se evitó,
siendo desarmados y trasladados en el automóvil de Antonio Guiu,
del Partido Socialista de Flix, a Ascó, donde por cierto fueron
recibidos por un tal Formigó que les pidió garantías de lo que
pudiera pasar en la Fatarella con correligionarios de la CNT”.
Según la crónica judicial de los hechos, entretanto en el pueblo
se localizaron unas bombas que, según parece, eran propiedad de
militantes de la CNT, lo cual provocó una gran excitación y
aquella misma tarde se registró el local de la colectividad
agraria.
Según los militantes de la CNT se llevaron dinero, efectos y
algunas armas, pero según algunos elementos del pueblo
únicamente se recogieron armas y alguna bomba. En este punto la
rebelión estaba servida: “A todo esto, desde algún pueblo de los
alrededores se trata de pedir fuerzas de Asalto y Orden Público
para mantener la tranquilidad, pero en Batea y Gandesa se
encuentran al parecer cortadas las comunicaciones, teniendo
conocimientos particulares el informante, de que desde luego en
Gandesa elementos de la CNT tenían tomado el teléfono”
La madrugada del lunes 25 de enero llegaban a La Fatarella
patrullas de control en número considerable y elementos armados
de las poblaciones de las cercanías, que se encontraron la
carretera cortada por troncos de árboles. Al entrar, finalmente,
al pueblo se inicia un tiroteo que duró todo el día y que
provocó la muerte de un miembro de las patrullas de control
llamado Cano. También llega a la población Tomás Fábregas, el
delegado de la Junta de Seguridad Interior, que antes había
pasado por Tarragona, donde se entrevistó con el Comisario de
Orden Público. Este le había comunicado que una hora antes
habían pasado ya, en dirección a La Fatarella, Patrullas de
Control. Según la versión dada por el propio Fábregas, desde
Tarragona marchó hacia Móra la Nova, donde se añadió a la
expedición Aracil, en representación de Dionisio Eroles, hacia
los Servicios de la Comisaría General de Orden Público. Fábregas
da la siguiente versión de su llegada al pueblo:
“Bajé del coche y a continuación acompañado
de mi escolta personal, haciendo sacar del mismo la bandera
catalana que traía, la cual, enarbolándola, quería mostrarla
mientras me encaminaba al pueblo. Cuando estábamos a unos 50
metros del mismo fuimos hostilizados desde diferentes casas;
haciendo caso omiso continuo mi marcha al interior del
mismo. Al llegar a una de las calles, siempre acompañado
también del compañero Aracil, de la jefatura de Policía,
fuimos nuevamente hostilizados mediante descargas y,
entonces, exhibiendo la bandera catalana y haciendo altavoz
con las manos, llamando a requerirlos que depusieran su
actitud, puesto que iba en representación de la Junta
Interior, a hablar con el Consejo Municipal, diciéndolos al
mismo tiempo que yo era elemento de Esquerra, a lo cual
contestaron con fuego incesante que nos priva de dar un paso
más, puesto que tiraban de todas partes”.
Fábregas explica que hizo diferentes intentos para parlamentar y
que, en ninguno de los casos, no se salió. En una de las
ocasiones “corría un hombre hacia nosotros que salía de las
afueras y, cuando estuvo cerca de nosotros lo paramos,
preguntándole porqué huía. Enseñándonos el carné de Esquerra
Republicana de Cataluña, y diciendo que huía porque lo habían
ido a buscar a su casa con intenciones de matarlo y de donde
pudo escaparse; añadiendo que todo el pueblo era reaccionario y
que también tienen al cura y a dos frailes más con ellos”. A
raíz de la muerte de otro miembro de las patrullas de control,
Fábregas hizo abandonar el pueblo a todas las patrullas, que se
quedaron rodeándolo de lejos, para evitar que los responsables
de la revuelta huyeran. Al mismo tiempo hizo un llamamiento para
que los que quisieran abandonar el pueblo –sobre todo niños y
mujeres– lo pudieran hacer: finalmente serían unas cuatrocientas
personas, entre mujeres, niños y hombres, los que lo
abandonaron. Las mujeres y las criaturas fueron alojadas en Ascó.
En La Fatarella llegaron en el transcurso del día 5 de enero, el
presidente de la UGT de Tarragona, Josep Pascual, que, según
Fábregas, le aseguró que lo que estaba pasando en el pueblo “no
eran cuestiones sindicales de ningún tipo, puesto que él creía,
por las referencias que de dicha población tenía, que era un
asunto completamente faccioso”. Llegaron también el Comisario de
Orden Público de Tarragona, Joan Rodríguez, acompañado de dos
camionetas de Guardias de Asalto, el jefe de servicios y el
secretario general de las Patrullas de Control, Josep Asens y
González Batlle, respectivamente, y Martí Rouret, que era el
subsecretario de la Presidencia. También acabaría llegando
Aurelio Fernández, el secretario general de la Junta de
Seguridad Interior.
La tarde del mismo día 25 se produciría la primera matanza en el
pueblo: fue con motivo de la ocupación del cementerio y de la
ermita de la Virgen de la Misericordia, por parte de las
patrullas de control. Y en este punto las discrepancias se
acentúan. Según Fábregas, los ocho cadáveres con que se encontró
“habían muerto al tomar la ermita”, que estaba junto al
cementerio. Pero el informe judicial, recogiendo el testigo de
Martí Rouret, habla de fusilamientos cometidos en el cementerio
después de su ocupación: “El lunes fueron fusilados en el
Cementerio José Pellisa, Pedro Suñé, José Cugat, José Pascual
Suñé (de 18 años) y José María Barbeny Mas”. Los dos primeros,
afirma el informe, eran militantes de organizaciones de
izquierda, “destacados de antiguo”. Se señala, además, que no
fueron las Patrullas de Control quienes llevaron a cabo los
fusilamientos, sino elementos forasteros “instigados por un tal
Andrés Suñé (a) Buli, el “Pel de Ascó”, Santamaría y Mola”.
Además también habría instigado que se llevaran a cabo las
matanzas un tal Josep Blanch Anguera. De lo contrario, dentro
del interior de la ermita permanecían todavía “unos cuarenta y
ocho campesinos del pueblo, detenidos y custodiados por los de
las Patrullas de Mora y Ascó”, que, según explicaban Climent y
Oller, fueron sacados de la ermita por Fábregas y conducidos
hacia la carretera para evitar que se produjesen más
fusilamientos. Según el testimonio de Fábregas, una vez vencida
la resistencia de la ermita, seguían siendo hostilizados desde
el campanario de la Iglesia y las casas del pueblo. Entonces
intentó comunicar por el teléfono, que se encontraba en la
ermita, con el Ayuntamiento, ofreciendo la negociación para
evitar más víctimas, y por toda respuesta recibió dos bombas de
mano.
El día 25 de enero, hacia la tarde, Fábregas, junto con Asens,
el Comisario General de Orden Público de Tarragona y el oficial
que comandaba las fuerzas de asalto decidieron parar las
hostilidades, reforzando el acordonamiento del pueblo, mezclando
las patrullas con los guardias de asalto y esperar al día
siguiente para entrar en el pueblo. Pero hacia las 4 de la
madrugada del día 26, dos miembros de su escolta lo despertaron
para comunicarle que los guardias y las patrullas habían entrado
ya al pueblo y habían ocupado el Ayuntamiento.
“En aquel lugar se me entregaron bastantes prisioneros que los
traían hacia la carretera. Al volver al Ayuntamiento me
enseñaron una bandera monárquica, de tres metros, que la habían
encontrado en un cajón de la mesa del Consistorio. Entra en
aquel momento el Secretario General de la Junta de Seguridad
Interior de Cataluña, compañero Aurelio Fernández, acompañado
del vicesecretario de la Presidencia, Martí Rouret y,
conjuntamente con ellos, se organizaron los cacheos
domiciliarios, qué hicieron hacer por grupos compuestos por tres
hombres de Patrullas de Control y tres Guardias de Asalto”.
Fábregas sigue explicando que ya muy entrado el día se hizo un
llamamiento en todo el pueblo para que se reunieran en la plaza,
donde Aurelio Fernández se dirigió a la población “en términos
conciliadores y agradables”, si bien, acabado el parlamento,
todavía fueron hostilizados desde los tejados. La réplica de los
guardias y las patrullas causó dos bajas. Acabada la revuelta,
Fábregas, el oficial de los Guardias de Asalto y Asens acordaron
dejar en el pueblo veinticinco hombres de las patrullas y
veinticinco guardias de asalto como vigilancia del pueblo y para
efectuar los cacheos con objeto de encontrar armas. El resultado
final de la revuelta, por un lado, fue de 47 detenidos, que
fueron dirigidos hacia Barcelona, con carácter gubernativo. El
informe judicial, escrito prácticamente un mes después de los
hechos, el 24 de febrero, decía taxativamente que estos
detenidos “deben ser puestos en libertad pues, aunque en
realidad fueron detenidos según informan Fábregas y Aracil todos
los que habían tenido alguna participación en los sucesos, es de
tener en cuenta las características de este movimiento popular,
que más que obedecer a influencias reaccionarias, obedecían a la
oposición del pueblo para la colectivización de tierras que
pretendían los de la CNT y únicamente Benjamín Pascual Suñé,
como Presidente o elemento influyente de la UGT, Emilio Pascual
Sola, Camelo Rius Roselló que subió al Ayuntamiento para detener
a Santamaría y Mola y Rafael Urge1, aparecen con alguna
participación en la iniciación del movimiento armado de La
Fatarella; en cuanto al resto de los 47 detenidos parece ser que
debe ser norma equitativa el que por el Consejero
correspondiente se decrete su libertad, y se reintegren a La
Fatarella, a cuya población sería conveniente regresaran para
que se fueran normalizando los espíritus y tranquilizadas las
conciencias”.
Respecto a los muertos que hubo, las discrepancias son
importantes. Fábregas habla que las bajas sufridas en el pueblo
serían de “27 a 30”, sin distinguir entre las que tuvieron las
patrullas y guardias de asalto y los campesinos. El informe
judicial, en cambio, habla de veintitrés muertos exhumados en el
cementerio de La Fatarella y convenientemente identificados y de
otros trece que no fueron encontrados “y de los cuales el
Juzgado tiene la creencia de que están muertos, habiendo
recogido también el rumor de que en la carretera, entre Ascó y
Flix, habían entre siete y ocho individuos enterrados y en algún
pueblo próximo, algún otro”. En cualquier caso “la casi
totalidad de estos treinta y seis individuos, tiene el Juzgado
la creencia de que han sido muertos después de detenidos”.
ARRIBA
Las reacciones políticas ante los hechos que
habían acabado de ocurrir los días 25 y 26 de enero de 1937
en La Fatarella fueron inmediatas. Y, evidentemente, a
continuación se evidencia la grieta existente en el bloque
antifascista catalán. Puesto que por la CNT, por la FAI y
por el POUM era claro desde el primer momento que el
movimiento había sido protagonizado por la quinta columna y
se trataba de un móvilmente claramente fascista provocado
con el objetivo de desestabilizar la retaguardia catalana.
El hecho que algunos de los muertos entre la población
tuvieran carnés de izquierda era una evidencia más de que
las derechas se habían emboscado dentro de determinadas
organizaciones políticas y sindicales de la izquierda.
Solidaridad Obrera, de Barcelona, el día 26 de enero
publicaba ya un artículo con el expresivo título Los
fascistas de Fatarella. La “Quinta Columna” se levanta en
armas, en Fatarella (Tarragona) contra la CNT y la FAI,
donde, hablaba siempre de la acción de un grupo de
fascistas, puesto que “ningún elemento antifascista ha
intervenido en estos sucesos lamentables que no pueden
producirse más que en pueblos de índole marcadamente
derechista, como era este pueblo donde han ocurrido los
sucesos”. La mayoría de reacciones de la prensa se
produjeron, pero, al día siguiente, día 27, una vez ya
acabados los acontecimientos “Solidaridad Obrera”
seguía hablando, naturalmente, de la autoría de la quinta
columna, de acontecimientos fruto “de un reaccionarismo
tradicional y también de un envenenamiento de las
conciencias”, en la medida en que La Fatarella “es un pueblo
de abolengo reaccionario”, donde el antiguo cacique tenía
carné de la UGT, y la quinta columna se escondía bajo algún
carné antifascista “al que convierte en instrumento, con el
que combatir eficazmente la Revolución”. En la mismo línea
se posicionó el POUM, cuando en "La Batalla"
escribía: “Sólo decimos, advertimos una vez más a los que se
sienten dispuestos a permitir la entrada en las
organizaciones obreras a toda clase de elementos, que vean a
lo que lleva semejante política, la más anti obrera que
pueda llevarse. (…) Los fascistas que puedan restar en la
retaguardia son más peligrosos si logran andar por estos
mundos con un carnet que avale su personalidad indeseable”.
Que se trataba de una insurrección fascista también lo tenía muy
claro Tomás Fábregas, el militante de Acción Catalana
Republicana, cuando en su Informe, como “impresión personal”,
escribía:
“Hay hechos incontestables. La bandera bicolor, de grandes
dimensiones, con el escudo monárquico, encontrada en el
Ayuntamiento, flamante, de confección reciente y cuidadosa, cuya
procedencia sería interesante averiguar; aquel hombre de
Esquerra Republicana de Cataluña, que huye del pueblo y se
refugia en mis brazos porque los capitalistas vestidos de
proletario lo quieren fusilar; aquellos elementos que muchas
horas después de haber entrado las fuerzas en el pueblo y de
haber hecho un llamamiento pacifista al vecindario, no solamente
continúan hostilizando las Patrullas de Control y los Guardias
de Asalto, sino que cuando estos se personan en los domicilios a
practicar un registro o una detención los reciben a disparos; el
cura continuando viviendo en el pueblo, teniendo el mismo
ascendiente y actividades de antes; fotografías de los ex-reyes
en las casas particulares; emblemas monárquicos; el precedente
de que en la población de referencia se ha celebrado
concentraciones falangistas, según he podido comprobar por
investigaciones hechas y declaraciones de los detenidos, etc.,
etc., todo esto tapado con carnés sindicales del pasado
diciembre demuestra que no son precisamente elementos
sindicales, los que han motivado el desenlace de los hechos de
la Fatarella (1)
Estas posiciones contrastaron desde el primer momento con las
que defendían el resto de organizaciones: la UGT, el PSUC, la
Unión de Rabassaires y Esquerra Republicana, que se posicionaron
de manera inmediata ante los hechos planteando la existencia de
un conflicto agrario motivado por los impulsos colectivistas de
la CNT y negando radicalmente cualquier tipo de implicación
política en la revuelta. El mismo día 27 de enero el
secretariado de Cataluña de la UGT que, hay que recordarlo,
estaba bajo el control de militantes del PSUC, daba a conocer su
versión oficial, replicando en primer lugar la nota que el día
antes había dado a conocer la CNT, negando el carácter fascista
de la revuelta y destacando que se trató de la acción “del
pueblo en masa sublevado contra la colectivización que le
quieren imponer”. De mal grado se afirmaba que “es posible que
dentro de las filas de los campesinos haya algún elemento que
haya pertenecido a partidos reaccionarios anteriormente” y que
en los acontecimientos había aparecido la quinta columna, “el
agente provocador, el fascista que procura en la retaguardia,
sembrando la división, agriando las relaciones entre los dos
sectores proletarios y entre los distintos sectores del bloque
antifascista, facilitar el avance de los mercenarios de Franco,
Hitler y Mussolini”. (!!!) (2)
Pero la causa profunda que había provocado los hechos era la
indignación campesina, “el estado de desespero de un pueblo que
ve como una minoría quiere imponerle una vida que está en contra
de todas sus concepciones y de todos sus intereses”.
El PSUC dio a conocer su posición el día 28 de enero, a través
de un largo comunicado, firmado por el Comité Central del
partido, en el que se explicaba “la verdad sobre los hechos de
La Fatarella”. En primera instancia negaba que el pueblo fuera
reaccionario, como apuntaban varias fuentes, y negaba también la
gran influencia que algunos decían que tenía el cura. Para
continuación cargar todas las tintas en el tema de la
colectivización forzada: “¿Que ha pasado, pues, en La Fatarella?
Una minoría reducida ha querido obligar a la gran mayoría a ir a
la colectivización. La mayoría del pueblo opuso resistencia, por
creer que no era oportuna. La minoría, formada por unos doce
individuos, quería imponerse, no por la fuerza de la razón y del
convencimiento, sino por la fuerza de las armas. Esta conducta
creaba un fuerte descontento que se iba convirtiendo en una
desesperación sorda”. A la hora de hacer la crónica de los
hechos y de hablar de los muertos, no tenía ningún tipo de duda
de la responsabilidad de los grupos armados que habían llegado a
la población y que los muertos “pertenecían a la UGT, al Partido
Socialista y a Esquerra Republicana”. En ningún caso, pues,
había sido una insurrección fascista, sino que era una acción
desesperada de los campesinos de La Fatarella que, al parecer de
los dirigentes del PSUC, podía producirse en cualquier otra
población de Cataluña.
El Consejo Directivo de la Unión de Rabassaires y otros
Cultivadores del Campo de Cataluña, por su parte, dio a conocer
su posición en una nota en la cual también dejaba muy clara la
existencia del conflicto agrario:
“Los labradores de la Fatarella, que se han
levantado contra aquellos que los obligaban, como todos los
labradores de todas las comarcas de la Terra Alta y
Tarragona, no son fascistas ni han pensado nunca serlo; lo
que quieren es continuar trabajando sus tierras y disfrutar
de una libertad y de una independencia que nunca habían
tenido y que confiaban que la Revolución les traería, no
pensando que en nombre de ella pudiera producirse la
incomprensión que ha provocado los hechos de La Fatarella.
Esquerra Republicana, a través de un
editorial que publicaba “La Humanitat”, también daba
a conocer su actitud contraria a la colectivización de la
tierra. “Ninguna revolución –escribía– no se ha hecho contra
el ‘payés’ ni puede hacerse ni podrá hacerse. Además, tenía
la razón. La razón de los sudores de toda una vida sobre la
tierra que trabaja y que posee y que legítimamente
reivindicará contra todos y contra todo el mundo”. Y sin
entrar en los hechos concretos de lo que había sucedido en
La Fatarella sí que planteaba que “el desconocimiento del
problema del campo catalán, de los intereses legítimos del
‘payés’ catalán, convertiría todo Cataluña en La Fatarella”
Todavía se produjeron más pronunciamientos,
como la nota conjunta, firmada en Tarragona y Reus, el 27 de
enero de 1937, por los responsables de los Comités de
Tarragona y Reus de la UGT, del PSUC y de las Juventudes
Socialistas Unificadas, que en nueve puntos daban su versión
de los hechos. La CNT, por su parte, todavía replicó a la
versión de la UGT insistiendo en la participación de la
quinta columna en los acontecimientos, más allá de
desacuerdos sindicales. “La Batalla” por su parte
publicó una entrevista con unos miembros de las patrullas de
control que habían participado en los acontecimientos.
Mientras “El Noticiero” publicaba amplios extractos
de un extenso relato de los hechos de La Fatarella firmado
por J. Arias, uno de las jefes de las patrullas de control.
El Gobierno de la Generalitat, por su parte, se pronunció
corporativamente sobre los acontecimientos después de la
sesión extraordinaria, presidida por Lluís Companys y a la
que asistieron todos los consejeros, que se celebró el día 1
de febrero de 1937. A la salida, el consejero Josep
Tarradellas i Joan, daba a conocer que “se ha examinado
también la situación del orden público y muy particularmente
los hechos ocurridos en Fatarella, que el Consejo ha
condenado enérgicamente, y ha acordado hacer una
investigación a fondo para exigir todas las
responsabilidades y reiterar al consejero de Justicia las
facultades para proceder con toda energía. Cómo es sabido,
ha sido designado un juez especial para la formación de esta
causa”.
(1)
Nota de EPB: Creo que son unos comentarios rocambolescos,
lamentables y a la vez irrisorios.
(2)
Las admiraciones son mías.
ARRIBA
Al margen de cualquiera otro tipo de
consideración, del carácter reaccionario o revolucionario
del campesinado de La Fatarella –y bien seguro que de
“revolucionarios” no debían de ser mucho los labradores de
este lugar de la Terra Alta–, era evidente que la cuestión
campesina derivada de la colectivización de la tierra estaba
provocando problemas y conflictos en aquellas comarcas de
Cataluña, muy pocas de lo contrario, donde se estaban
produciendo intentos colectivizadores. Y estos problemas se
vinculaban, a la vez, con otro que había aparecido
prácticamente apenas iniciada la guerra civil, que era ni
menos ni menos que el problema en el entorno del orden
público. Pocos días después de los hechos de La Fatarella se
produjeron los “hechos de Centelles”, que, todo y ser de
naturaleza diferente, también tenían como protagonistas las
patrullas de control y sectores del campesinado y culminaron
con la muerte de varias personas: entre los días 19 y 21 de
febrero de 1937 se habían producido enfrentamientos entre
elementos armados de la CNT y patrullas de control y
labradores de la localidad que habían ocasionado la muerte
del presidente de las Juventudes Libertarias de Centelles,
Salvador Puig Rovira, y de cinco labradores de Sant Martí de
Centelles: Santiago Castellar Corts, de 24 años, Josep Mas
Pledorca, de 18 años, Josep Fabré Fabré, de 32 años, Isidre
Argemí Fabregas, de 24 años y Joan Dantiña Fabrer, de 45
años. Si bien el motivo parece que en esta ocasión se
relaciona con unos registros y cacheos efectuados por
patrullas en diferentes casas de labradores, era evidente
que las preocupaciones volvían a situarse en relación al
trato que se estaba dando a sectores de los labradores.
Era evidente, pues, que los dos temas que más preocupaban
respecto al campesinado y al propio proceso revolucionario que
se estaba viviendo, eran los relacionados con las
colectivizaciones con el orden público. Sobre el primer punto,
en la medida en que el decreto de colectivizaciones y control
obrero se había centrado únicamente en la industria, se tuvo que
actuar sobre la marcha, generando normas y disposiciones que
tenían el objetivo básico de evitar conflictos. Así, el día 17
de febrero de 1937 el gobierno de la Generalitat estudió “la
situación creada en las comarcas del Baix Ebre debido a las
colectivizaciones legales y por la emisión de vales que
pretenden sustituir el papel moneda emitidos por entidades
particulares o corporaciones locales”. Y va a decidir nombrar
una comisión que estaría formada por los consellers Calvet, Abad
de Santillán, Vidiella y Sbert, a la cual se añadirían sendos
delegados de la CNT, UGT, Unión de Rabassaires, ERC y de la
Junta de Seguridad. Dos días después los consejeros designados
visitaron las comarcas del Baix Ebre y a raíz del informe que
presentaron en el gobierno de la Generalitat, este tomó el
acuerdo que “hasta y tanto no sea establecido lo régimen de
colectivización y explotaciones agrícolas, se tendrán que
cumplir las normas siguientes:
Primero.- Todas las colectivizaciones están
obligadas a dejar en libertad efectiva a todos sus miembros
a retirarse voluntariamente y reintegrarles las tierras y
bienes que aportaron, y que no hayan recibido por otros
conceptos.
Segundo.- Todas las colectividades y
entidades locales tendrán que respetar los aparceros,
propietarios, etc. Dejándoles para cultivo las propiedades
que ya tenían, aunque los propietarios hayan sido declarados
facciosos, con la limitación que la tierra dejada de cultivo
tiene que ser trabajada en régimen familiar, y todo el
excedente que tenga que ser trabajado en régimen de salario,
podrá ser colectivizado con las disposiciones decretadas por
el Consejo de la Generalitat.
Tercero.- Será autorizado el intercambio de
brazos entre pequeños propietarios y cultivadores.
Cuarto.- Son declaradas nulas y sin efecto
todas las colectivizaciones e incautaciones de bienes
mueblas e inmuebles que no estén de acuerdo con el Decreto
de Colectivizaciones, y estas tendrán que ser reintegradas
al Estado.
Cinco.- El Gobierno de la Generalitat
establecerá disposiciones en breve plazo que regularán el
régimen jurídico de la tierra. Era, naturalmente, una
solución de compromiso para evitar la reproducción de
incidentes como el que se había producido en La Fatarella.
En cuanto al tema de los problemas de orden público que se
plantearon en la retaguardia catalana durante la guerra civil se
mantuvieron en la práctica durante toda la guerra. Las
extralimitaciones que cometieron, en primera instancia, los
“incontrolados” durante el verano de 1936, la omnipresencia de
las patrullas de control en la retaguardia, las desavenencias
que sobre el orden público enfrentaban a las fuerzas políticas y
sociales catalanas, fueron habituales hasta bien entrado el año
1937.
Los enfrentamientos que se
produjeron en la población de La Fatarella el 23 de enero de
1937 fueron la culminación de un problema que en la práctica no
se resolvería jamás.
ARRIBA
«Reunidos los comités Locales de la UGT,
PSUC y JSU de Tarragona y Reus, para deliberar referente a o
luctuosos hechos ocurrido en el pueblo de La Fatarella,
acuerdan hacer constar públicamente
Primero.- Que según las informaciones
que obran en nuestro poder, el sábado último, como
consecuencia de un largo proceso de discrepancia entre
las organizaciones de la UGT y CNT de Fatarella,
nuestros compañeros, que representaban la mayoría del
pueblo, y que no querían acatar las imposiciones y
coacciones de la minoría que pretendía saltar todos los
principio estatuidos por el decreto de Colectivizaciones
de la Generalidad de Cataluña, desarmaron detuvieron
provisionalmente a algunos compañeros de la CNT, sin que
se produjera ningún acto de agresión individual.
Segundo.- Que los compañeros de la CNT
de las comarcas, al enterarse de lo sucedido, en lugar
de comunicarlo a los elementos responsables de las
comarcales de la UGT o de los Comités de Enlace que
funcionan, se movilizaron rápidamente con el intento
notorio, según informaciones recogidas en los centros
oficiales, de asaltar por su cuenta el pueblo de
Fatarella y agredir a nuestros compañeros, que, además
de ser la mayoría del pueblo, representaban casi
totalmente la autoridad legalmente constituida.
Tercero.- Que en vista del peligro
inminente de una grave colisión, en el despacho del
comisario de Orden Público de Tarragona, con asistencia
del compañero Aracil, como delegado del jefe de los
servicios de Orden Público de Barcelona, se acordó que
una delegación de la CNT de Tarragona y Reus
intentarían reducir la excitación de los compañeros de
la CNT que pretendían envolver el pueblo de Fatarella, y
que una vez conseguido esto unos compañeros de la UGT de
Tarragona y Reus entrarían en el pueblo de Fatarella
para pacificar y calmar los ánimos, y después se
repararía de manera amistosa cualquier extralimitación
que hubiera podido cometerse.
Cuarto.- Que al llegar a unos dos
quilómetros de Fatarella los delegados de la UGT y CNT
se encontraron desagradablemente sorprendidos por la
nueva de que agentes de Patrullas de Barcelona,
conjuntamente con compañeros de la CNT de comarcas,
habían intentado entrar en el pueblo, contrariamente a
lo que se había convenido, produciéndose un choque, del
cual resultó víctima uno de las Patrullas y otro herido.
Quinto.- Que en vista de la situación de
violencia creada se consideró por parte de los delegados
de la UGT, que era materialmente imposible toda acción
conciliadora, visto el estado de excitación de los
elementos sitiadores y suponiendo el estado de espíritu
de los contendientes.
Sexto.- Que después de largas horas de
lucha, durante las cuales se produjeron bajas en los dos
sectores contendientes, los compañeros de Fatarella se
entregaron a las fuerzas de la Guardia de Asalto que se
acercaron al pueblo.
Séptimo.- Que posteriormente se produjo
en el pueblo de Fatarella una represión que no queremos
calificar hasta saber su resultado.
Octavo.- Que la mayoría de las víctimas,
muchas de ellas conocidas por su historial izquierdista,
no pueden ser calificadas groseramente de fascistas,
como paree que quiere hacerse.
Noveno.- Que estos Comités Locales,
pensando únicamente en el supremo interés de la causa
antifascista, y velando por la necesidad de una estrecha
unidad sindical, procuraron desde los primeros momentos
evitar que nuestros compañeros de los pueblos
circundantes interviniesen en la lucha, actitud que,
desgraciadamente, no fue correspondida».
ARRIBA
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