Memoria Histórica
La Fatarella: insurrección de campesinos en la retaguardia Catalana durante la Guerra Civil
Por EDUARDO PALOMAR BARÓ
Hechos de La Fatarella
Fueron una serie de conflictos violentos acontecidos los últimos días de enero de 1937 en el pueblo de La Fatarella en la provincia de Tarragona, durante la guerra civil española, a consecuencia de la resistencia de sus habitantes a los intentos de colectivización de sus tierras.
Grupos de la CNT-FAI procedentes de otras localidades ejercieron una dura represión sobre la población, que terminó con la llegada de la Guardia de asalto de la Generalidad de Cataluña y con el resultado de una cincuentena de muertes, la mayoría labradores del pueblo.
Estos hechos han sido catalogados, junto con los Hechos de Barcelona y otros incidentes menores y enfrentamientos mayores que tuvieron lugar en la Cataluña rural del primer tercio de 1937, como ejemplo de enfrentamientos en la retaguardia republicana.
Aunque no se ha sabido exactamente los detalles de cómo surgieron estos sucesos las hipótesis que se barajan van desde la provocación comunista hasta el intento anarquista de colectivización forzada de las tierras.
La crisis provocada por la sublevación militar de julio de 1936 generó una dualidad de poderes en la Generalidad de Cataluña, fundamentalmente en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Comité de Milicias Antifascistas, Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sobre todo, pero también Federación Anarquista Ibérica (FAI).
ERC estableció contactos con un nuevo partido en pleno auge, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), y recibió el apoyo con presencia sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unió de Rabassaires (UdR) para inclinar la balanza hacia su lado. Mientras tanto, la CNT intentaba –por vía de las colectivizaciones– incrementar su presencia en el mundo rural, dónde la fuerza de ERC y UdR superaban a la de la unión confederal de sindicatos ampliamente.
En la interpretación de los Hechos de La Fatarella chocaron ambas perspectivas. Las consecuencias trágicas de los incidentes (las muertes de los habitantes del pueblo, ya fuera fusilados o a punta de pistola) dan un interés extraordinario a algunos de los papeles de Salamanca que ofrecen dos versiones: la de los representantes del PSUC y ERC por una parte, y la de CNT por otra, a la Junta de Seguridad Interior de la Generalitat. Los primeros aluden la tesis de un exceso de celo de militantes de la CNT. La segunda (CNT) asegura que hubo provocación de fascistas infiltrados. Nadie habla de provocación comunista.
Parecería que la versión del choque de facciones locales (labradores contra colectivizadores) tiene mayor solidez.
El Doctor en Historia Contemporánea y profesor de la misma disciplina en la Universidad de Barcelona, Pelai Pagés i Blanch (Sant Pere Pescador- Gerona, 1949) escribió un artículo sobre los Hechos de La Fatarella que por su interés procedemos a transcribirlo.
La Fatarella: una insurrección de campesinos en la retaguardia catalana durante la guerra civil
A finales de enero de 1937 tuvo lugar un acontecimiento que, en el marco de la guerra civil que se estaba produciendo, provocó una importante convulsión en la sociedad catalana del momento: una insurrección labradora en la villa de La Fatarella, en la Tierra Alta, que culminó con varias decenas de muertos. La oposición de los labradores del pueblo a la colectivización forzada de la tierra, que pretendían llevar a cabo elementos de la CNT y de la FAI, habría sido la causa. El acontecimiento provocó, al mismo tiempo, una importante grieta en el bloque antifascista catalán que ya estaba viviendo momentos importantes de ruptura entre los partidarios de mantener y profundizar en las conquistas revolucionarias de los primeros tiempos de la guerra, CNT-FAI y POUM básicamente, y aquellos otros que querían frenar el proceso de transformaciones sociales y devolver a una cierta “normalidad republicana” para centrarse en el esfuerzo de guerra –ERC y PSUC–. Las cuestiones derivadas del orden público, que habían sido polémicas desde el inicio de la guerra, tampoco fueran ajenas al conflicto.
Los Informes que diferentes organismos elaboraron apenas acabados los hechos y el seguido de informaciones e interpretaciones que aparecieron desde las diferentes posiciones ideológicas y políticas generaron mucha confusión, tanta que incluso el número de víctimas mortales fue difícil de determinar
La Fatarella entre el caciquismo y la colectivización
En los primeros momentos todos los testigos coinciden a señalar el carácter conservador y la existencia del caciquismo en una villa que en 1936 tenía 2.293 habitantes, era eminentemente agrícola y disponía de una inmensa mayoría de los cultivos dedicados al secano. El informe que Tomás Fábregas, que militaba en Acción Catalana Republicana y era delegado de la Junta de Seguridad Interior de Cataluña, escribió sobre los acontecimientos, describe La Fatarella con unas características que no dejan margen a ningún tipo de duda:
“Examinado el asunto de una manera objetiva, encima del terreno y con las pruebas a la vista, es fácil sacar la conclusión de que se trata de un pueblo que en su inmensa mayoría ha sido siempre netamente reaccionario (ver los resultados de las elecciones, prensa que se leía, etc.) y que después del 19 de julio se ha emboscado en organizaciones obreras, casi todos en la UGT y alguien en la CNT (en dos de los muertos se los encuentra carné Confederal) pero con los mismos prejuicios y atavismos perniciosos del antiguo régimen. Un pueblo en el cual no han existido ni el 19 de julio, ni el 6 de octubre, ni tanto sólo el 14 de abril. Un pueblo enclavado en la cumbre de una cordillera, en la Terra Alta, perdido en los límites de Cataluña y Aragón, dominado por un puñado de propietarios y terratenientes primitivistas, ex-caciques disfrazados de revolucionarios de este o de aquel color, los cuales, para servir sus móviles egoístas, no han tenido ningún escrúpulo de provocar los hechos sangrientos que todos lamentamos, aprovechándose del conflicto que planteaba el decreto de colectivizaciones”.
En un informe elaborado conjuntamente por un militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña, de apellido Climent, y otro de Esquerra Republicana de Cataluña, denominado Oller, delegados también de la Junta de Seguridad Interior, a pesar de que es muy crítico con la actuación de las patrullas de control, no deja de señalar que “no puede negarse que aquella población se ha significado siempre por la influencia de los caciques y que el espíritu de este pueblo no puede haberse cambiado desde el 19 de julio...” Y en un tercer Informe relativo a los sucesos ocurridos en La Fatarella los días 25 y 26 de enero de 1937, se escribe textualmente que “este pueblo de La Fatarella se distingue por ser un pueblo rico y de espíritu económico. En el orden político, como pueblo de montaña, y quizás por sus tradiciones, es más bien de matiz reaccionario. Al advenimiento de la República, se formó el partido de Esquerra Republicana. Ocurridos los hechos del 19 de julio y ya en el mes de septiembre, se constituyen la UGT, Partido Socialista Unificado y Rabassaires que adquieren bastante fuerza”
Todos los testimonios coinciden, pues, en afirmar el carácter “conservador” del campesinado de La Fatarella. Es en este contexto que en el pueblo una docena de familias, bajo el control de la CNT, se plantearon constituir una colectivización agrícola. A partir de este momento, las interpretaciones sobre que querían hacer los colectivizadores discrepan abiertamente. La versión de los militantes de la CNT era que se quería proceder a la colectivización de aquellas tierras que habían sido propiedad de los facciosos que habían huido durante los primeros tiempos de la guerra y que se encontraban en poder de labradores que ya las trabajaban anteriormente, mientras que la versión de las víctimas de los acontecimientos y de sus familias era que la colectividad quería intervenir en todas las tierras. Fuera como fuera lo cierto era que el tema de la colectivización de la tierra había sido ya conflictivo a las comarcas del Ebro y que los impulsos colectivizadores de determinados militantes de la CNT habían provocado conflictos por lo que tuvieron que intervenir en otras ocasiones la Consejería de Agricultura de la Generalitat. Ya el mes de octubre de 1936 había dado a conocer una disposición contundente al respeto:
“Ante el hecho que en Cataluña determinados grupos pretenden obligar a los campesinos a colectivizar sus tierras, tanto las de propiedad como las de arrendamiento, la Consejería de Agricultura más que declarar que nadie está autorizado para llevar a cabo estas colectivizaciones pone de manifiesto, el que ya ha estado en otras ocasiones repetido, que el programa de acción aprobado por el Consejo de Economía y las consignas dadas por todas las organizaciones sindicales responsables es de amparar la iniciativa privada y la pequeña explotación familiar. Por su parte, el Consejo de Economía tiene declarado que la colectivización de la tierra se tiene que limitar a las grandes fincas incautadas y posteriormente, el nuevo Consejo de la Generalitat declaró que junto a la colectivización de las grandes fincas venía a mantener y a estimular la pequeña explotación agrícola. Después de exponer algunas consideraciones sobre la improcedencia del hecho y del deber de que tienen todos los revolucionarios de poner de vuelta a la masa campesina todos los recursos y garantías al objeto de obtener del trabajo agrícola el aumento de productividad que exigen las necesidades de retaguardia, la mencionada Consejería advierte que todos los intentos de colectivización que se presenten tienen que ser denunciados sus iniciadores como saboteadores de la normalidad revolucionaria.
Si hemos que creer el informe de Climent y de Oller, el malestar era fuertemente generalizado en las comarcas tarraconenses, puesto que “hace unos días que las Patrullas de Control de Barcelona se personaron en García y detuvieron a quince vecinos de aquella población, elementos de la UGT y ERC, trasladándolos a Barcelona; esto mismo ocurrió en Vinebre, tres días antes de que ocurrieran los hechos deplorables de la Fatarella, y cuando la comisión de la Junta de Seguridad Interior llega a Móra d'Ebre nos encontramos que la población estaba en plan de protesta, cerrándose las tiendas y abandonando los trabajos del campo, los trabajadores que no pertenecían a la colectividad”.
En el caso de la Fatarella, parece que el Comité Regional de Tarragona de la CNT había enviado a la población dos militantes, Josep Mola y Nicolás Santamaría, para organizar la colectivización. De vez en cuando también frecuentaba la población un personaje que nadie ha podido identificar y que era conocido como “Pèl de Ascó”. Que la iniciativa de constituir la colectivización fue la causa del conflicto parece que está fuera de todo tipo de duda. Las discrepancias se plantean a la hora de calificar las actitudes de unos y otras: la visceralidad en la oposición a la colectivización procedía del carácter reaccionario de sectores de la población o, como explicaban Climent y Oller, “por la amenaza de elementos de la colectividad de que si no ingresan en ella se los haría hacer un hoyo y serian enterrados en él los trabajadores que no ingresaran al trabajo colectivo de las tierras”.
La reconstrucción de los enfrentamientos
En cualquier caso, es evidente que en enero de 1937 La Fatarella vivía en un estado de agitación social y política considerable, que se agravó a partir del día 22, cuando los representantes de la UGT, PSUC, ERC y la Unión de Rabassaires (UdR) de la localidad celebraron una asamblea para oponerse en la colectivización. Según el informe del juez instructor “el día 22 de enero hubo una reunión de los elementos de la UGT, UdR y Esquerra, para oponerse a la pretendida colectivización en la que parece se redactó un acta de términos violentos, acordándose que el siguiente día sábado no fuera a trabajar ninguno de los afiliados de esos partidos: que una comisión nombrada se trasladara a Barcelona para asistir a un congreso de Rabassaires y se establecieran guardias con gente armada en evitación de posibles acontecimientos”. En el acta de la reunión celebrada efectivamente el viernes día 22 de enero por las organizaciones mencionadas, y respecto de los acuerdos adoptados se señala básicamente la formación de una “Junta de Unión de las Entidades Antifascistas”, en los términos siguientes:
“1º.- Designar una Junta de Unión de las Entidades Antifascistas que están presentes y asociados a la misma, los que deberán ciega obediencia a las resoluciones y acuerdos de esta Junta la que tendrá como misión la de guardar la más estricta legalidad en todos los actos que se cometan o traten de cometer a la localidad haciéndoles entrar, aunque tenga que llegarse a la coacción física, a cualquier sector, aunque no esté en este acto, que se quiera salir. Es por lo tanto la misión de la Junta, obligar por todos los medios, a que todo el mundo atenga su actuación a aquello que esté legislado, por el cumplimiento de las entidades comprometidas las que facilitarán todo lo que pidan.
2º.- Para integrar la referida Junta y por unanimidad quedan designados: Por la UGT, José Cugat Descarrega; por la Izquierda Republicana de Cataluña, Carmelo Rius y Roselló; por el PSUC, José N. Miró; por la Juventud Socialista, Antonio Ardevol y Blanch y por la Unión de Rabasaires, José Vilanova y Canals”.
A partir de este momento la situación se complica el domingo 24 por la mañana con motivo de la reunión de un consejo municipal en el cual, según parece, Nicolás Santamaría, uno de los dos militantes de la CNT enviados a la población, tenía que pasar a formar parte del consistorio, “empezaron a oírse gritos de 'fuera los forasteros’ y “a matarlos”, subiendo al Ayuntamiento en actitud agresiva José N. Miró, José Gironés Pascua1 (libre) y Camelo Rius Roselló (detenido gubernativo) para apoderarse de Mola y Santamaría y quizás agredirles, pero esto se evitó, siendo desarmados y trasladados en el automóvil de Antonio Guiu, del Partido Socialista de Flix, a Ascó, donde por cierto fueron recibidos por un tal Formigó que les pidió garantías de lo que pudiera pasar en la Fatarella con correligionarios de la CNT”. Según la crónica judicial de los hechos, entretanto en el pueblo se localizaron unas bombas que, según parece, eran propiedad de militantes de la CNT, lo cual provocó una gran excitación y aquella misma tarde se registró el local de la colectividad agraria.
Según los militantes de la CNT se llevaron dinero, efectos y algunas armas, pero según algunos elementos del pueblo únicamente se recogieron armas y alguna bomba. En este punto la rebelión estaba servida: “A todo esto, desde algún pueblo de los alrededores se trata de pedir fuerzas de Asalto y Orden Público para mantener la tranquilidad, pero en Batea y Gandesa se encuentran al parecer cortadas las comunicaciones, teniendo conocimientos particulares el informante, de que desde luego en Gandesa elementos de la CNT tenían tomado el teléfono”
La madrugada del lunes 25 de enero llegaban a La Fatarella patrullas de control en número considerable y elementos armados de las poblaciones de las cercanías, que se encontraron la carretera cortada por troncos de árboles. Al entrar, finalmente, al pueblo se inicia un tiroteo que duró todo el día y que provocó la muerte de un miembro de las patrullas de control llamado Cano. También llega a la población Tomás Fábregas, el delegado de la Junta de Seguridad Interior, que antes había pasado por Tarragona, donde se entrevistó con el Comisario de Orden Público. Este le había comunicado que una hora antes habían pasado ya, en dirección a La Fatarella, Patrullas de Control. Según la versión dada por el propio Fábregas, desde Tarragona marchó hacia Móra la Nova, donde se añadió a la expedición Aracil, en representación de Dionisio Eroles, hacia los Servicios de la Comisaría General de Orden Público. Fábregas da la siguiente versión de su llegada al pueblo:
“Bajé del coche y a continuación acompañado de mi escolta personal, haciendo sacar del mismo la bandera catalana que traía, la cual, enarbolándola, quería mostrarla mientras me encaminaba al pueblo. Cuando estábamos a unos 50 metros del mismo fuimos hostilizados desde diferentes casas; haciendo caso omiso continuo mi marcha al interior del mismo. Al llegar a una de las calles, siempre acompañado también del compañero Aracil, de la jefatura de Policía, fuimos nuevamente hostilizados mediante descargas y, entonces, exhibiendo la bandera catalana y haciendo altavoz con las manos, llamando a requerirlos que depusieran su actitud, puesto que iba en representación de la Junta Interior, a hablar con el Consejo Municipal, diciéndolos al mismo tiempo que yo era elemento de Esquerra, a lo cual contestaron con fuego incesante que nos priva de dar un paso más, puesto que tiraban de todas partes”.
Fábregas explica que hizo diferentes intentos para parlamentar y que, en ninguno de los casos, no se salió. En una de las ocasiones “corría un hombre hacia nosotros que salía de las afueras y, cuando estuvo cerca de nosotros lo paramos, preguntándole porqué huía. Enseñándonos el carné de Esquerra Republicana de Cataluña, y diciendo que huía porque lo habían ido a buscar a su casa con intenciones de matarlo y de donde pudo escaparse; añadiendo que todo el pueblo era reaccionario y que también tienen al cura y a dos frailes más con ellos”. A raíz de la muerte de otro miembro de las patrullas de control, Fábregas hizo abandonar el pueblo a todas las patrullas, que se quedaron rodeándolo de lejos, para evitar que los responsables de la revuelta huyeran. Al mismo tiempo hizo un llamamiento para que los que quisieran abandonar el pueblo –sobre todo niños y mujeres– lo pudieran hacer: finalmente serían unas cuatrocientas personas, entre mujeres, niños y hombres, los que lo abandonaron. Las mujeres y las criaturas fueron alojadas en Ascó.
En La Fatarella llegaron en el transcurso del día 5 de enero, el presidente de la UGT de Tarragona, Josep Pascual, que, según Fábregas, le aseguró que lo que estaba pasando en el pueblo “no eran cuestiones sindicales de ningún tipo, puesto que él creía, por las referencias que de dicha población tenía, que era un asunto completamente faccioso”. Llegaron también el Comisario de Orden Público de Tarragona, Joan Rodríguez, acompañado de dos camionetas de Guardias de Asalto, el jefe de servicios y el secretario general de las Patrullas de Control, Josep Asens y González Batlle, respectivamente, y Martí Rouret, que era el subsecretario de la Presidencia. También acabaría llegando Aurelio Fernández, el secretario general de la Junta de Seguridad Interior.
La tarde del mismo día 25 se produciría la primera matanza en el pueblo: fue con motivo de la ocupación del cementerio y de la ermita de la Virgen de la Misericordia, por parte de las patrullas de control. Y en este punto las discrepancias se acentúan. Según Fábregas, los ocho cadáveres con que se encontró “habían muerto al tomar la ermita”, que estaba junto al cementerio. Pero el informe judicial, recogiendo el testigo de Martí Rouret, habla de fusilamientos cometidos en el cementerio después de su ocupación: “El lunes fueron fusilados en el Cementerio José Pellisa, Pedro Suñé, José Cugat, José Pascual Suñé (de 18 años) y José María Barbeny Mas”. Los dos primeros, afirma el informe, eran militantes de organizaciones de izquierda, “destacados de antiguo”. Se señala, además, que no fueron las Patrullas de Control quienes llevaron a cabo los fusilamientos, sino elementos forasteros “instigados por un tal Andrés Suñé (a) Buli, el “Pel de Ascó”, Santamaría y Mola”. Además también habría instigado que se llevaran a cabo las matanzas un tal Josep Blanch Anguera. De lo contrario, dentro del interior de la ermita permanecían todavía “unos cuarenta y ocho campesinos del pueblo, detenidos y custodiados por los de las Patrullas de Mora y Ascó”, que, según explicaban Climent y Oller, fueron sacados de la ermita por Fábregas y conducidos hacia la carretera para evitar que se produjesen más fusilamientos. Según el testimonio de Fábregas, una vez vencida la resistencia de la ermita, seguían siendo hostilizados desde el campanario de la Iglesia y las casas del pueblo. Entonces intentó comunicar por el teléfono, que se encontraba en la ermita, con el Ayuntamiento, ofreciendo la negociación para evitar más víctimas, y por toda respuesta recibió dos bombas de mano.
El día 25 de enero, hacia la tarde, Fábregas, junto con Asens, el Comisario General de Orden Público de Tarragona y el oficial que comandaba las fuerzas de asalto decidieron parar las hostilidades, reforzando el acordonamiento del pueblo, mezclando las patrullas con los guardias de asalto y esperar al día siguiente para entrar en el pueblo. Pero hacia las 4 de la madrugada del día 26, dos miembros de su escolta lo despertaron para comunicarle que los guardias y las patrullas habían entrado ya al pueblo y habían ocupado el Ayuntamiento.
“En aquel lugar se me entregaron bastantes prisioneros que los traían hacia la carretera. Al volver al Ayuntamiento me enseñaron una bandera monárquica, de tres metros, que la habían encontrado en un cajón de la mesa del Consistorio. Entra en aquel momento el Secretario General de la Junta de Seguridad Interior de Cataluña, compañero Aurelio Fernández, acompañado del vicesecretario de la Presidencia, Martí Rouret y, conjuntamente con ellos, se organizaron los cacheos domiciliarios, qué hicieron hacer por grupos compuestos por tres hombres de Patrullas de Control y tres Guardias de Asalto”.
Fábregas sigue explicando que ya muy entrado el día se hizo un llamamiento en todo el pueblo para que se reunieran en la plaza, donde Aurelio Fernández se dirigió a la población “en términos conciliadores y agradables”, si bien, acabado el parlamento, todavía fueron hostilizados desde los tejados. La réplica de los guardias y las patrullas causó dos bajas. Acabada la revuelta, Fábregas, el oficial de los Guardias de Asalto y Asens acordaron dejar en el pueblo veinticinco hombres de las patrullas y veinticinco guardias de asalto como vigilancia del pueblo y para efectuar los cacheos con objeto de encontrar armas. El resultado final de la revuelta, por un lado, fue de 47 detenidos, que fueron dirigidos hacia Barcelona, con carácter gubernativo. El informe judicial, escrito prácticamente un mes después de los hechos, el 24 de febrero, decía taxativamente que estos detenidos “deben ser puestos en libertad pues, aunque en realidad fueron detenidos según informan Fábregas y Aracil todos los que habían tenido alguna participación en los sucesos, es de tener en cuenta las características de este movimiento popular, que más que obedecer a influencias reaccionarias, obedecían a la oposición del pueblo para la colectivización de tierras que pretendían los de la CNT y únicamente Benjamín Pascual Suñé, como Presidente o elemento influyente de la UGT, Emilio Pascual Sola, Camelo Rius Roselló que subió al Ayuntamiento para detener a Santamaría y Mola y Rafael Urge1, aparecen con alguna participación en la iniciación del movimiento armado de La Fatarella; en cuanto al resto de los 47 detenidos parece ser que debe ser norma equitativa el que por el Consejero correspondiente se decrete su libertad, y se reintegren a La Fatarella, a cuya población sería conveniente regresaran para que se fueran normalizando los espíritus y tranquilizadas las conciencias”.
Respecto a los muertos que hubo, las discrepancias son importantes. Fábregas habla que las bajas sufridas en el pueblo serían de “27 a 30”, sin distinguir entre las que tuvieron las patrullas y guardias de asalto y los campesinos. El informe judicial, en cambio, habla de veintitrés muertos exhumados en el cementerio de La Fatarella y convenientemente identificados y de otros trece que no fueron encontrados “y de los cuales el Juzgado tiene la creencia de que están muertos, habiendo recogido también el rumor de que en la carretera, entre Ascó y Flix, habían entre siete y ocho individuos enterrados y en algún pueblo próximo, algún otro”. En cualquier caso “la casi totalidad de estos treinta y seis individuos, tiene el Juzgado la creencia de que han sido muertos después de detenidos”.
La resonancia y las valoraciones de los hechos
Las reacciones políticas ante los hechos que habían acabado de ocurrir los días 25 y 26 de enero de 1937 en La Fatarella fueron inmediatas. Y, evidentemente, a continuación se evidencia la grieta existente en el bloque antifascista catalán. Puesto que por la CNT, por la FAI y por el POUM era claro desde el primer momento que el movimiento había sido protagonizado por la quinta columna y se trataba de un móvilmente claramente fascista provocado con el objetivo de desestabilizar la retaguardia catalana. El hecho que algunos de los muertos entre la población tuvieran carnés de izquierda era una evidencia más de que las derechas se habían emboscado dentro de determinadas organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Solidaridad Obrera, de Barcelona, el día 26 de enero publicaba ya un artículo con el expresivo título Los fascistas de Fatarella. La “Quinta Columna” se levanta en armas, en Fatarella (Tarragona) contra la CNT y la FAI, donde, hablaba siempre de la acción de un grupo de fascistas, puesto que “ningún elemento antifascista ha intervenido en estos sucesos lamentables que no pueden producirse más que en pueblos de índole marcadamente derechista, como era este pueblo donde han ocurrido los sucesos”. La mayoría de reacciones de la prensa se produjeron, pero, al día siguiente, día 27, una vez ya acabados los acontecimientos “Solidaridad Obrera” seguía hablando, naturalmente, de la autoría de la quinta columna, de acontecimientos fruto “de un reaccionarismo tradicional y también de un envenenamiento de las conciencias”, en la medida en que La Fatarella “es un pueblo de abolengo reaccionario”, donde el antiguo cacique tenía carné de la UGT, y la quinta columna se escondía bajo algún carné antifascista “al que convierte en instrumento, con el que combatir eficazmente la Revolución”. En la mismo línea se posicionó el POUM, cuando en "La Batalla" escribía: “Sólo decimos, advertimos una vez más a los que se sienten dispuestos a permitir la entrada en las organizaciones obreras a toda clase de elementos, que vean a lo que lleva semejante política, la más anti obrera que pueda llevarse. (…) Los fascistas que puedan restar en la retaguardia son más peligrosos si logran andar por estos mundos con un carnet que avale su personalidad indeseable”.
Que se trataba de una insurrección fascista también lo tenía muy claro Tomás Fábregas, el militante de Acción Catalana Republicana, cuando en su Informe, como “impresión personal”, escribía:
“Hay hechos incontestables. La bandera bicolor, de grandes dimensiones, con el escudo monárquico, encontrada en el Ayuntamiento, flamante, de confección reciente y cuidadosa, cuya procedencia sería interesante averiguar; aquel hombre de Esquerra Republicana de Cataluña, que huye del pueblo y se refugia en mis brazos porque los capitalistas vestidos de proletario lo quieren fusilar; aquellos elementos que muchas horas después de haber entrado las fuerzas en el pueblo y de haber hecho un llamamiento pacifista al vecindario, no solamente continúan hostilizando las Patrullas de Control y los Guardias de Asalto, sino que cuando estos se personan en los domicilios a practicar un registro o una detención los reciben a disparos; el cura continuando viviendo en el pueblo, teniendo el mismo ascendiente y actividades de antes; fotografías de los ex-reyes en las casas particulares; emblemas monárquicos; el precedente de que en la población de referencia se ha celebrado concentraciones falangistas, según he podido comprobar por investigaciones hechas y declaraciones de los detenidos, etc., etc., todo esto tapado con carnés sindicales del pasado diciembre demuestra que no son precisamente elementos sindicales, los que han motivado el desenlace de los hechos de la Fatarella (1)
Estas posiciones contrastaron desde el primer momento con las que defendían el resto de organizaciones: la UGT, el PSUC, la Unión de Rabassaires y Esquerra Republicana, que se posicionaron de manera inmediata ante los hechos planteando la existencia de un conflicto agrario motivado por los impulsos colectivistas de la CNT y negando radicalmente cualquier tipo de implicación política en la revuelta. El mismo día 27 de enero el secretariado de Cataluña de la UGT que, hay que recordarlo, estaba bajo el control de militantes del PSUC, daba a conocer su versión oficial, replicando en primer lugar la nota que el día antes había dado a conocer la CNT, negando el carácter fascista de la revuelta y destacando que se trató de la acción “del pueblo en masa sublevado contra la colectivización que le quieren imponer”. De mal grado se afirmaba que “es posible que dentro de las filas de los campesinos haya algún elemento que haya pertenecido a partidos reaccionarios anteriormente” y que en los acontecimientos había aparecido la quinta columna, “el agente provocador, el fascista que procura en la retaguardia, sembrando la división, agriando las relaciones entre los dos sectores proletarios y entre los distintos sectores del bloque antifascista, facilitar el avance de los mercenarios de Franco, Hitler y Mussolini”. (!!!) (2)
Pero la causa profunda que había provocado los hechos era la indignación campesina, “el estado de desespero de un pueblo que ve como una minoría quiere imponerle una vida que está en contra de todas sus concepciones y de todos sus intereses”.
_________________________
(1) Nota de EPB: Creo que son unos comentarios rocambolescos, lamentables y a la vez irrisorios.
(2) Las admiraciones son mías.
El PSUC dio a conocer su posición el día 28 de enero, a través de un largo comunicado, firmado por el Comité Central del partido, en el que se explicaba “la verdad sobre los hechos de La Fatarella”. En primera instancia negaba que el pueblo fuera reaccionario, como apuntaban varias fuentes, y negaba también la gran influencia que algunos decían que tenía el cura. Para continuación cargar todas las tintas en el tema de la colectivización forzada: “¿Que ha pasado, pues, en La Fatarella? Una minoría reducida ha querido obligar a la gran mayoría a ir a la colectivización. La mayoría del pueblo opuso resistencia, por creer que no era oportuna. La minoría, formada por unos doce individuos, quería imponerse, no por la fuerza de la razón y del convencimiento, sino por la fuerza de las armas. Esta conducta creaba un fuerte descontento que se iba convirtiendo en una desesperación sorda”. A la hora de hacer la crónica de los hechos y de hablar de los muertos, no tenía ningún tipo de duda de la responsabilidad de los grupos armados que habían llegado a la población y que los muertos “pertenecían a la UGT, al Partido Socialista y a Esquerra Republicana”. En ningún caso, pues, había sido una insurrección fascista, sino que era una acción desesperada de los campesinos de La Fatarella que, al parecer de los dirigentes del PSUC, podía producirse en cualquier otra población de Cataluña.
El Consejo Directivo de la Unión de Rabassaires y otros Cultivadores del Campo de Cataluña, por su parte, dio a conocer su posición en una nota en la cual también dejaba muy clara la existencia del conflicto agrario:
“Los labradores de la Fatarella, que se han levantado contra aquellos que los obligaban, como todos los labradores de todas las comarcas de la Terra Alta y Tarragona, no son fascistas ni han pensado nunca serlo; lo que quieren es continuar trabajando sus tierras y disfrutar de una libertad y de una independencia que nunca habían tenido y que confiaban que la Revolución les traería, no pensando que en nombre de ella pudiera producirse la incomprensión que ha provocado los hechos de La Fatarella.
Esquerra Republicana, a través de un editorial que publicaba “La Humanitat”, también daba a conocer su actitud contraria a la colectivización de la tierra. “Ninguna revolución –escribía– no se ha hecho contra el ‘payés’ ni puede hacerse ni podrá hacerse. Además, tenía la razón. La razón de los sudores de toda una vida sobre la tierra que trabaja y que posee y que legítimamente reivindicará contra todos y contra todo el mundo”. Y sin entrar en los hechos concretos de lo que había sucedido en La Fatarella sí que planteaba que “el desconocimiento del problema del campo catalán, de los intereses legítimos del ‘payés’ catalán, convertiría todo Cataluña en La Fatarella”
Todavía se produjeron más pronunciamientos, como la nota conjunta, firmada en Tarragona y Reus, el 27 de enero de 1937, por los responsables de los Comités de Tarragona y Reus de la UGT, del PSUC y de las Juventudes Socialistas Unificadas, que en nueve puntos daban su versión de los hechos. La CNT, por su parte, todavía replicó a la versión de la UGT insistiendo en la participación de la quinta columna en los acontecimientos, más allá de desacuerdos sindicales. “La Batalla” por su parte publicó una entrevista con unos miembros de las patrullas de control que habían participado en los acontecimientos. Mientras “El Noticiero” publicaba amplios extractos de un extenso relato de los hechos de La Fatarella firmado por J. Arias, uno de las jefes de las patrullas de control. El Gobierno de la Generalitat, por su parte, se pronunció corporativamente sobre los acontecimientos después de la sesión extraordinaria, presidida por Lluís Companys y a la que asistieron todos los consejeros, que se celebró el día 1 de febrero de 1937. A la salida, el consejero Josep Tarradellas i Joan, daba a conocer que “se ha examinado también la situación del orden público y muy particularmente los hechos ocurridos en Fatarella, que el Consejo ha condenado enérgicamente, y ha acordado hacer una investigación a fondo para exigir todas las responsabilidades y reiterar al consejero de Justicia las facultades para proceder con toda energía. Cómo es sabido, ha sido designado un juez especial para la formación de esta causa”.
Conclusión: el malestar campesino y las colectivizaciones
Al margen de cualquiera otro tipo de consideración, del carácter reaccionario o revolucionario del campesinado de La Fatarella –y bien seguro que de “revolucionarios” no debían de ser mucho los labradores de este lugar de la Terra Alta–, era evidente que la cuestión campesina derivada de la colectivización de la tierra estaba provocando problemas y conflictos en aquellas comarcas de Cataluña, muy pocas de lo contrario, donde se estaban produciendo intentos colectivizadores. Y estos problemas se vinculaban, a la vez, con otro que había aparecido prácticamente apenas iniciada la guerra civil, que era ni menos ni menos que el problema en el entorno del orden público. Pocos días después de los hechos de La Fatarella se produjeron los “hechos de Centelles”, que, todo y ser de naturaleza diferente, también tenían como protagonistas las patrullas de control y sectores del campesinado y culminaron con la muerte de varias personas: entre los días 19 y 21 de febrero de 1937 se habían producido enfrentamientos entre elementos armados de la CNT y patrullas de control y labradores de la localidad que habían ocasionado la muerte del presidente de las Juventudes Libertarias de Centelles, Salvador Puig Rovira, y de cinco labradores de Sant Martí de Centelles: Santiago Castellar Corts, de 24 años, Josep Mas Pledorca, de 18 años, Josep Fabré Fabré, de 32 años, Isidre Argemí Fabregas, de 24 años y Joan Dantiña Fabrer, de 45 años. Si bien el motivo parece que en esta ocasión se relaciona con unos registros y cacheos efectuados por patrullas en diferentes casas de labradores, era evidente que las preocupaciones volvían a situarse en relación al trato que se estaba dando a sectores de los labradores.
Era evidente, pues, que los dos temas que más preocupaban respecto al campesinado y al propio proceso revolucionario que se estaba viviendo, eran los relacionados con las colectivizaciones con el orden público. Sobre el primer punto, en la medida en que el decreto de colectivizaciones y control obrero se había centrado únicamente en la industria, se tuvo que actuar sobre la marcha, generando normas y disposiciones que tenían el objetivo básico de evitar conflictos. Así, el día 17 de febrero de 1937 el gobierno de la Generalitat estudió “la situación creada en las comarcas del Baix Ebre debido a las colectivizaciones legales y por la emisión de vales que pretenden sustituir el papel moneda emitidos por entidades particulares o corporaciones locales”. Y va a decidir nombrar una comisión que estaría formada por los consellers Calvet, Abad de Santillán, Vidiella y Sbert, a la cual se añadirían sendos delegados de la CNT, UGT, Unión de Rabassaires, ERC y de la Junta de Seguridad. Dos días después los consejeros designados visitaron las comarcas del Baix Ebre y a raíz del informe que presentaron en el gobierno de la Generalitat, este tomó el acuerdo que “hasta y tanto no sea establecido lo régimen de colectivización y explotaciones agrícolas, se tendrán que cumplir las normas siguientes:
Primero.- Todas las colectivizaciones están obligadas a dejar en libertad efectiva a todos sus miembros a retirarse voluntariamente y reintegrarles las tierras y bienes que aportaron, y que no hayan recibido por otros conceptos.
Segundo.- Todas las colectividades y entidades locales tendrán que respetar los aparceros, propietarios, etc. Dejándoles para cultivo las propiedades que ya tenían, aunque los propietarios hayan sido declarados facciosos, con la limitación que la tierra dejada de cultivo tiene que ser trabajada en régimen familiar, y todo el excedente que tenga que ser trabajado en régimen de salario, podrá ser colectivizado con las disposiciones decretadas por el Consejo de la Generalitat.
Tercero.- Será autorizado el intercambio de brazos entre pequeños propietarios y cultivadores.
Cuarto.- Son declaradas nulas y sin efecto todas las colectivizaciones e incautaciones de bienes mueblas e inmuebles que no estén de acuerdo con el Decreto de Colectivizaciones, y estas tendrán que ser reintegradas al Estado.
Cinco.- El Gobierno de la Generalitat establecerá disposiciones en breve plazo que regularán el régimen jurídico de la tierra. Era, naturalmente, una solución de compromiso para evitar la reproducción de incidentes como el que se había producido en La Fatarella.
En cuanto al tema de los problemas de orden público que se plantearon en la retaguardia catalana durante la guerra civil se mantuvieron en la práctica durante toda la guerra. Las extralimitaciones que cometieron, en primera instancia, los “incontrolados” durante el verano de 1936, la omnipresencia de las patrullas de control en la retaguardia, las desavenencias que sobre el orden público enfrentaban a las fuerzas políticas y sociales catalanas, fueron habituales hasta bien entrado el año 1937.
Los enfrentamientos que se produjeron en la población de La Fatarella el 23 de enero de 1937 fueron la culminación de un problema que en la práctica no se resolvería jamás.
Lo que ha ocurrido en La Fatarella. “Las noticias”, 28 de enero de 1937
«Reunidos los comités Locales de la UGT, PSUC y JSU de Tarragona y Reus, para deliberar referente a o luctuosos hechos ocurrido en el pueblo de La Fatarella, acuerdan hacer constar públicamente
Primero.- Que según las informaciones que obran en nuestro poder, el sábado último, como consecuencia de un largo proceso de discrepancia entre las organizaciones de la UGT y CNT de Fatarella, nuestros compañeros, que representaban la mayoría del pueblo, y que no querían acatar las imposiciones y coacciones de la minoría que pretendía saltar todos los principio estatuidos por el decreto de Colectivizaciones de la Generalidad de Cataluña, desarmaron detuvieron provisionalmente a algunos compañeros de la CNT, sin que se produjera ningún acto de agresión individual.
Segundo.- Que los compañeros de la CNT de las comarcas, al enterarse de lo sucedido, en lugar de comunicarlo a los elementos responsables de las comarcales de la UGT o de los Comités de Enlace que funcionan, se movilizaron rápidamente con el intento notorio, según informaciones recogidas en los centros oficiales, de asaltar por su cuenta el pueblo de Fatarella y agredir a nuestros compañeros, que, además de ser la mayoría del pueblo, representaban casi totalmente la autoridad legalmente constituida.
Tercero.- Que en vista del peligro inminente de una grave colisión, en el despacho del comisario de Orden Público de Tarragona, con asistencia del compañero Aracil, como delegado del jefe de los servicios de Orden Público de Barcelona, se acordó que una delegación de la CNT de Tarragona y Reus intentarían reducir la excitación de los compañeros de la CNT que pretendían envolver el pueblo de Fatarella, y que una vez conseguido esto unos compañeros de la UGT de Tarragona y Reus entrarían en el pueblo de Fatarella para pacificar y calmar los ánimos, y después se repararía de manera amistosa cualquier extralimitación que hubiera podido cometerse.
Cuarto.- Que al llegar a unos dos quilómetros de Fatarella los delegados de la UGT y CNT se encontraron desagradablemente sorprendidos por la nueva de que agentes de Patrullas de Barcelona, conjuntamente con compañeros de la CNT de comarcas, habían intentado entrar en el pueblo, contrariamente a lo que se había convenido, produciéndose un choque, del cual resultó víctima uno de las Patrullas y otro herido.
Quinto.- Que en vista de la situación de violencia creada se consideró por parte de los delegados de la UGT, que era materialmente imposible toda acción conciliadora, visto el estado de excitación de los elementos sitiadores y suponiendo el estado de espíritu de los contendientes.
Sexto.- Que después de largas horas de lucha, durante las cuales se produjeron bajas en los dos sectores contendientes, los compañeros de Fatarella se entregaron a las fuerzas de la Guardia de Asalto que se acercaron al pueblo.
Séptimo.- Que posteriormente se produjo en el pueblo de Fatarella una represión que no queremos calificar hasta saber su resultado.
Octavo.- Que la mayoría de las víctimas, muchas de ellas conocidas por su historial izquierdista, no pueden ser calificadas groseramente de fascistas, como paree que quiere hacerse.
Noveno.- Que estos Comités Locales, pensando únicamente en el supremo interés de la causa antifascista, y velando por la necesidad de una estrecha unidad sindical, procuraron desde los primeros momentos evitar que nuestros compañeros de los pueblos circundantes interviniesen en la lucha, actitud que, desgraciadamente, no fue correspondida».
Este documento ha sido descargado de: http://www.generalisimofranco.com