La familia ha existido siempre y siempre existirá, pues sin ella es
imposible la Humanidad. A lo largo de la historia, en todo lugar y
tiempo, se ha identificado ese núcleo formado por el hombre y la
mujer que se quieren y comparten sus vidas, abriéndose a la
generación como algo inmensamente valioso para la sociedad, pues
proporciona el nicho ecológico de las nuevas vidas. Además, el
parentesco de consanguinidad derivado de la paternidad-filiación es
el lazo de solidaridad más potente que se ha conocido nunca y hoy
sigue sustentando a las sociedades.
Ha habido épocas en que por influencia de ideologías
antihumanistas algunos gobiernos se han empeñado en acabar con las
familias. Así sucedió con el comunismo y el nazismo en el siglo XX
y así sucede hoy en España, donde un Ejecutivo imbuido de la
filosofía de género, el nuevo antihumanismo ideológico de
nuestros días, intenta un gran experimento de ingeniería social
desde el poder: desmontar y reconfigurar la institución del
matrimonio. La sociedad española se enfrenta a una situación
excepcional, el intento de prescindir de la concepción del
matrimonio como unión de hombre y mujer, concepto que hoy es
aceptado en todo el mundo y que así se ha mantenido desde el
comienzo de la historia.
El Estado ha decidido meterse en la cama con los españoles, al
redefinir el matrimonio como un contrato provisional sin referencia
alguna al sexo de los contrayentes, configurado como mera relación
afectiva entre adultos. Así, con la equiparación de cualquier tipo
de relación afectiva con el verdadero matrimonio, éste pasa a una
situación de alegalidad y la familia se diluye, se ve privada de
cualquier tipo de protección legal y pierde legalmente su sentido
como fundamento básico de la sociedad.
Los españoles no podemos asistir con los brazos cruzados a los
intentos de destrucción de algo tan esencial. La familia hoy se
encuentra injustamente atacada y el Foro Español de la Familia ha
salido a la calle para defender la institución del matrimonio y el
bien de las personas, en particular el de los niños y los jóvenes.
El PSOE llegó al poder de la mano del talante y la renovación
democrática. Frente al gobierno del PP, al que acusaba de
insensible a la voz del pueblo, Zapatero ofrecía el diálogo y la
transparencia como garantías de buen gobierno. Al grito de «no hay
límites al poder del pueblo»; y en su nombre han comenzado a
prescindir de él.
En los sistemas de democracia representativa, como el español,
el pueblo y sus derechos se encuentran garantizados por el correcto
funcionamiento del procedimiento democrático. El recurso dialéctico
constante de los miembros del Gobierno socialista al mandato del
pueblo suena ya a excusa forzada. La voz del pueblo que ellos citan
no es tal; no es más que la voz de unos gobernantes, que en nombre
de su propia razón de Estado hacen suya esa famosa frase de los
monarcas absolutistas: «Todo para el pueblo pero sin el pueblo».
El pueblo son sus instituciones, y para escuchar al pueblo es
imprescindible escuchar a todas y cada una de ellas, para garantizar
sus derechos y la democracia.
Por eso resulta un peligro para la democracia un gobierno que, en
nombre del pueblo, prescinde de sus instituciones para sacar
adelante un proyecto minoritario sin el mínimo consenso social. Así,
no ha escuchado las recomendaciones del Consejo de Estado; ha
ignorado al CGPJ, obviando su labor consultiva para leyes que
afectan a los derechos fundamentales; y si nada lo remienda,
prescindirá de la voluntad soberana del Senado. Prescindir de las
instituciones conduce a prescindir del pueblo, como demuestra la
exclusión del Foro Español de la Familia, que representa a más de
cuatro millones de familias, y del más de millón y medio de
personas que acudieron a la manifestación del 18 de junio, a la
hora de abordar la reforma de la institución familiar.
Desde el principio no hemos dejado de ofrecer alternativas y
plantear soluciones. El Gobierno no puede adoptar leyes y políticas
que afectan a la familia y la infancia sin la interlocución de las
organizaciones familiares. Por eso pretendemos que el Ejecutivo
retire los proyectos de ley de equiparación de las uniones
homosexuales con el matrimonio y de reforma del divorcio y
solicitamos la creación inmediata de una mesa de diálogo, que
inicie un trabajo con las organizaciones familiares para abordar
desde su origen y causas, y de manera seria y rigurosa, dichas
problemáticas, y consensuar fórmulas que ayuden a solucionarlas.
Son muchas las necesidades sociales pendientes de respuesta por
parte del Ejecutivo; no en vano España es uno de los países
europeos que menos porcentaje del PIB dedica a políticas
familiares: 0,5 por ciento, frente a la media europea del 2,2 por
ciento. No se trata de reivindicaciones nuevas; es más, casi todas
ellas aparecían en el programa del PSOE en materia de familia, que,
a un año de las elecciones, sigue inédito. En particular, la
creación de la Secretaría de Estado de Políticas Familiares, la
creación del Consejo Estatal de Políticas de Familia, la ley de
Apoyo a las Familias con Necesidades Especiales, el apoyo a la
familia en los Presupuestos de 2005, la reforma fiscal, las
prestaciones por hijos a cargo, la extensión de la paga de los cien
euros, las ayudas a la natalidad y la prestación económica por
nacimiento.
Otras, como las reformas legislativas en materia de conciliación,
la universalización de las prestaciones sociales por hijo a cargo,
el abaratamiento de la vivienda o la retribución a los miembros de
las familias por su dedicación a los hijos y personas dependientes,
no son más que exigencias de justicia debidas a la función social
de las familias.
La familia aporta a la sociedad las nuevas vidas y el entorno
adecuado para ampararlas; la familia es la verdadera seguridad
social que siempre acoge y llega a donde no llega la asistencia pública;
la familia aporta calidad de vida y humanidad, pues en ella las
personas son queridas por el hecho de existir. Sin familia no
existiría solidaridad social universal y problemas como el paro o
la atención a las personas dependientes se volverían dramáticos.
Por todo ello, la familia merece protección jurídica y amparo de
los poderes públicos. Por todo ello, atacar a la familia y a su
origen, el matrimonio, es una grave injusticia.
Los totalitarismos del siglo XX no lograron acabar con la familia
y tampoco lo lograrán las ideologías de género en el XXI, porque
la familia se defiende a sí misma, como la vida.
