Hasta ahora, el presidente de Patrimonio Nacional siempre ha sido un hombre que contaba con el visto bueno del Rey, dada la estrecha relación de este organismo con la Corona. Desde hace una semana ocupa este cargo un hombre de confianza del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A Patrimonio Nacional le corresponde legalmente «la custodia de los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen». Además de los antiguos bienes de la Corona, administra conventos y monasterios que fundaron los Reyes a lo largo de la historia y que siguen bajo el patronazgo de Don Juan Carlos. Entre otros edificios, custodia el Palacio Real, el Monasterio de El Escorial, las Descalzas Reales, el Panteón de Hombres Ilustres o la residencia de La Mareta, en Lanzarote. Para dar una idea de lo estrecha que es la relación de este organismo con la Corona basta decir que hasta para reparar una gotera en el Palacio de La Zarzuela o talar un árbol del jardín tiene que intervenir Patrimonio Nacional.

Aunque este organismo depende del Ministerio de la Presidencia -o sea, de María Teresa Fernández de la Vega-, ha sido una de las pocas instituciones que habían logrado escapar de los intereses políticos, ya que su principal cometido es custodiar los antiguos bienes de la Corona. Sin embargo, en 1957 a Patrimonio Nacional se le asignó también la administración de la Abadía del Valle de los Caídos, monumento contra el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantiene una hostilidad que no oculta. Desde que se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, no han cesado las presiones del Ejecutivo y el pasado diciembre, alegando la necesidad de realizar unas obras, el Gobierno procedió a su cierre sin previo aviso. El último coletazo de esta larga historia de presiones ha sido el relevo del presidente de Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña, un hombre que siempre ha tratado de que se respetara la legalidad. En los casi 35 años de Reinado, solo ha habido cuatro presidentes en este organismo: Nicolás Cotoner, que era Jefe de la Casa del Rey (1976-1986); Manuel Gómez de Pablos, que lo compatibilizó con su cargo de presidente de Iberduero, pues en aquella época no estaba remunerado (1986-1997), y los diplomáticos Álvaro Fernández-Villaverde (1997-2005) y Yago Pico de Coaña (2005-2010). Termina la época de la cortesía Hasta ahora existía la costumbre de que este nombramiento se consultara previamente con Don Juan Carlos, a quien se solía ofrecer una terna de nombres para que eligiera. Pero como no existe ninguna ley que obligue a hacerlo, en esta ocasión el Gobierno se ha limitado a informar del nombramiento al Jefe del Estado.

Así termina una costumbre basada en la cortesía y la lealtad institucional que se había mantenido durante toda la democracia. En general, los presidentes de Patrimonio Nacional deben ser personas con gran capacidad de diálogo, habilidad para lograr el consenso y espíritu de concordia, pues les toca tratar con ayuntamientos de todas las ideologías, órdenes religiosas y políticos. El nuevo presidente de Patrimonio Nacional, Nicolás Martínez Fresno (Segovia, 1935), también es un diplomático experimentado, como sus dos predecesores, pero gran parte de su carrera la ha desarrollado muy cerca del poder político. Con Felipe González fue jefe de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, y con Rodríguez Zapatero, secretario general de la Presidencia del Gobierno, durante la primera legislatura, y Alto Representante para la Presidencia española de la UE, desde abril de 2008. Su penúltimo cargo fue suprimido como medida de ahorro en el Consejo de Ministros del 23 de julio, pero en esa misma reunión el Gobierno le asignó otro: el de presidente de Patrimonio Nacional, aunque a los 75 años ha superado en un lustro la edad de jubilación de los diplomáticos. El pasado miércoles tomó posesión de su cargo en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien le animó no sólo a gestionar «uno de los patrimonios más importantes de Europa» sino a ejercer de «albacea de la memoria». Martínez Fresno también ha sido embajador en Bélgica y Argentina. Cuando ocupó la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, se le atribuyó la responsabilidad de haber puesto a disposición de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, a un diplomático de carrera, Carlos Ruiz González, que entonces era consejero político de la Embajada de España en Argel, para que la atendiera durante su estancia de varias semanas en París, donde formó parte del coro de una representación de ópera. Primera destitución fulminante Su nombramiento no solo ha sorprendido por la forma, sino también por el momento, pues es la primera vez que se destituye de forma fulminante a un presidente de Patrimonio Nacional, que además fue nombrado por consenso entre el Gobierno y el Rey y por el mismo equipo que ahora le cesa.

El último acto público de Pico de Coaña al frente de este organismo fue la recepción que la Familia Real ofreció a la selección española de fútbol en el Palacio Real. Cuando a Pico de Coaña le dijeron que su nombre había sido elegido para presidir Patrimonio Nacional, en 2005, le acababan de comunicar su destino como embajador en México, país con el que mantenía estrechos lazos por razones familiares. Sin embargo, no llegó a cruzar el océano Atlántico porque tuvo que ponerse al frente de este organismo. Ahora podría ir a alguna Embajada.

Tensiones por el Valle de los Caídos

La Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera, junto a 30.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil, era uno de los monumentos más visitados de Madrid. Unos 370.000 turistas se acercaban cada año a la basílica y pagaban entre 2,5 y 5 euros cada uno por acceder a la misma, aprovechando su proximidad al Monasterio de El Escorial. También lo visitaban algunos grupos de nostálgicos, pero hacía ya décadas que se rezaba por los caídos de los dos bandos, según relató a ABC su abad, el benedictino Anselmo Álvarez. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero siempre mostró cierta animadversión hacia este monumento y el pasado diciembre lo cerró al público, alegando la necesidad de realizar unas obras. En abril empezó a desmontarse para su supuesta restauración el conjunto escultórico de La Piedad, obra de Ávalos. El proceso iba a durar 20 días, pero también está paralizado. El anterior presidente de Patrimonio Nacional consideraba que había que respetar la legalidad y que, pese a tratarse de una basílica menor, ésta no podía ser cerrada al público. Ahora sólo se permite el acceso a la Santa Misa. Según la Ley de la Memoria Histórica, la Abadía del Valle de los Caídos «se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos» y está prohibido celebrar en la Abadía «actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo ».