El cierre de las visitas a la basílica se produjo en noviembre, de manera sospechosamente sigilosa. El «run run» por la Red cada vez se hizo más intenso y ReL se adelantó a publicarlo. Ahora, Patrimonio Nacional no quiere pronunciarse sobre el cierre de uno de los monumentos más visitados de toda España, al nivel del Monasterio de El Escorial y el Palacio Real.

La única razón esgrimida desde Patrimonio Nacional ha sido que «se encuentra cerrada al público la basílica [del Valle de los Caídos] por problemas de filtraciones que afectan a la propia estructura. Aunque permanece abierta al culto». 

La respuesta, pese a lo escueta, no aclara si los «problemas de filtraciones» ponen realmente en peligro la estructura del templo y, por tanto, a quienes estén dentro de él, o bien no suponen un riesgo real, en cuyo caso no resultaría lógico un mero cierre parcial.

Las cuestiones que surgen, y que ReL transmitió a Patrimonio Nacional, son:

• ¿Existe un plan establecido de trabajo para reparar los «problemas de filtraciones»?

• De existir dicho plan, ¿cuánto tiempo van a durar estos trabajos?

• De existir dicho plan, ¿en cuánto está valorado el presupuesto de esos trabajos?

• Si no existe aún dicho plan ¿se debe a que el cierre se ha tenido que hacer con urgencia debido a la gravedad de la situación?

• Si existe tal gravedad y urgencia, ¿por qué se permite la entrada a un lugar supuestamente peligroso, aunque sea en determinados momentos del día? 

La respuesta no se hizo esperar: «En estos momentos no podemos ofrecerle más datos técnicos. En cuanto a otro tipo de cuestiones no podemos facilitarle información alguna. Gracias por el interés mostrado».

Esta es, hasta el momento, la última palabra de Patrimonio Nacional sobre el cierre de la basílica del Valle de los Caídos para visitas al público, pero no para la celebración de la misa conventual. Patrimonio no ha querido aclarar si el peligro es grave o no, ni siquiera si hay un plan establecido para hacer frente a los «problemas de filtraciones».

Excusatio non petita...

Sin embargo, Patrimonio Nacional sí explica con bastante detalle, sin que desde este periódico se les haya preguntado por ello,  las razones por las que desde julio de 2008 se encuentra cerrado al público «para evitar riesgos para las personas», el anexo de la base de la cruz. Según Patrimonio Nacional, las esculturas de la cruz, de Juan de Ávalos, han sido revisadas en los últimos meses y su restauración «conlleva el montaje de un andamiaje completo y utilización de maquinaria especial, la retirada de bloques escultóricos cuyos anclajes se han deteriorado (oxidado por filtración de aguas, reformzamiento de estructura interna, hidrofugación, tratamiento antitérmico y sellado de juntas».

La hospedería y la explanada están abiertas

A pesar de la confusión creada por el secretismo, tanto la hospedería como la explanada y el monte circundante a la basílica están abiertas al público sin restricciones, así como la entrada de la basílica, donde se encuentra la tienda de recuerdos.
También es conveniente aclarar que en la hospedería se pueden seguir organizando retiros, reuniones y cuantas actividades se venían realizando. Sólo la basílica permanece cerrada, excepto a la hora de la misa conventual.

De la Vega tiene mucho que decir

Patrimonio Nacional, es un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, en este momento en manos de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno. Según diversas informaciones publicadas, el nombramiento del actual presidente del Consejo de Administración  de Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña, no fue precisamente un camino de rosas.

Al tratarse de un organismo que administra los bienes de titularidad del Estado adscritos al uso y servicio de la Casa Real para el desempeño de las funciones previstas en la Constitución, el nombramiento del presidente se suele consensuar con la Casa Real. La vicepresidenta rechazó algunas propuestas provenientes del Palacio de la Zarzuela hasta que consiguió asignar el puesto a Pico de Coaña.

De la Vega es la última responsable de cuanto a la gestión del Patrimonio Nacional se refiere.