La polémica restauración del conjunto escultórico de «La Piedad» en el Valle de los Caídos tiene un único culpable para el hijo del escultor, Juan de Ávalos Carballo, y ese es el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Este es el mensaje que se extrae de la reclamación por daños patrimoniales que dirigió ayer De Ávalos a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y que presentó ante el Ministerio de la Presidencia. El objeto de esta reclamación es solicitar que se indemnice al solicitante por los daños físicos que Patrimonio haya podido realizar sobre «La Piedad».
Varias semanas después de que Patrimonio Nacional empezara con los trabajos de desmontaje de «La Piedad», el hijo del escultor ha decidido dar un paso adelante y señalar que, «con la pretendida finalidad de restaurar dicha obra, se han emprendido unas actuaciones en relación a la misma que, lejos de beneficiarla, están suponiendo unos daños de difícil reparación, si no la completa destrucción de la obra original».
Daños morales
En el escrito, De Ávalos pone de manifiesto también el valor incalculable de la figura. «Si hoy se paga por un toro en formol en Sothebys 76 millones de euros, una escultura de este porte podría alcanzar los cien millones de euros. Sólo su valor de reposición en mármol o piedra dura podría llegar a un presupuesto de seis millones de euros». «Los daños morales que están ocasionando son también difíciles de estimar», añade.
Sobre las actuaciones que según él Patrimonio Nacional pretende hacer sobre «La Piedad», afirma que estas se han iniciado «sin el permiso de la comunidad Benedictina y de su Padre Abad, máxima autoridad según la Ley de Memoria Histórica dentro del recinto de culto, sin licencia de obras y sin el acuerdo de las partes interesadas (Comunidad Benedictina y aquellas personas físicas o jurídicas que tengan derechos morales o económicos)». El también presidente de la Fundación Juan de Ávalos insiste en que «todos los defectos que presenta actualmente la escultura son subsanables «in situ»».