Patrimonio Nacional tiene decidido retirar La Piedad del frontispicio de la Basílica del Valle de los Caídos, ignorando todas las advertencias que se le han hecho sobre los riesgos que para la obra conlleva. Esta retirada se dice que es consecuencia del informe de sus técnicos. El informe tiene escasísima base científica y son, simplemente, opiniones fácilmente rebatibles con la documentación técnica que poseemos. De hecho, se reconoce en él la necesidad de “desmontar los bloques para estudiarlos” y se nombra “puzle tridimensional”, con ignorancia supina, a “la práctica de la estereotomía de la piedra” en la construcción de la escultura. 

Nosotros consideramos que se trata de un inmenso error y que sólo la particular prepotencia de la Administración la hace ignorar los informes externos. Mi opinión, y sé que llamar a las cosas por su nombre es políticamente incorrecto, es que todo hace sospechar que la actuación de Patrimonio parece la de una checa cultural revanchista contra el Valle de los Caídos; y la destrucción de La Piedad, su incapacidad de diferenciar, obcecados por el sectarismo, entre un bien artístico y las arquitecturas del poder. Ello convertiría este hecho en un acto de terrorismo cultural, más propio de lo que hicieron los talibanes con los budas de Afganistán que de nuestra civilización occidental. Con ello, el actual Gobierno se propondría la ruptura definitiva con cualquier símbolo de reconciliación. Nos indicaría que los rescoldos de las dos Españas de la Guerra Civil siguen humeantes y existen quienes están dispuestos a soplar sobre las brasas. 

Para proceder a esta actuación, Patrimonio Nacional tiene que disponer de: 

 1. El permiso del padre Abad y de la Comunidad Benedictina, custodios y responsables de la conservación del conjunto y de los objetos de culto.

 2. Proyectos redactados y obras adjudicadas, tanto de los medios auxiliares del desmontaje como de la restauración y montaje de la obra restaurada. 

 3. Adjudicar dichos proyectos y obras según la ley de contratos del Estado, que, dado el importe  de los mismos, deberán ser otorgados en concurso público. 

   ¿Quiénes se oponen a esta actuación de Patrimonio Nacional? 

 1. El padre Abad y la Comunidad Benedictina con el apoyo de la archidiócesis de Madrid, que ha estado sufriendo un continuo hostigamiento por parte de altos funcionarios adscritos al Ministerio de la Presidencia, que buscaban el cierre de la Basílica mediante fraudulentos informes técnicos que han sido desmontados por otros realizados por técnicos especialistas muy cualificados. 

2. Se opone la Fundación Juan de Ávalos, que considera que La Piedad es una pieza escultórica única de extraordinario valor artístico, de la que no existe el modelo original, por lo que de ninguna manera se puede correr el riesgo de que se destruya. Ante la evidente intención de Patrimonio de desmontar la escultura y la imposibilidad de dialogar amistosamente con ningún responsable, se opondrá a esta acción ante los tribunales y exigirá en ellos garantías económicas y plazos de restauración y reposición.

3. Se oponen también al desmontaje de la obra diversas plataformas de ciudadanos que profesan admiración y devoción al monumento-basílica y que pretenden evitar que se cierre al culto o se dañen las imágenes que veneran. Y están dispuestos a acudir a los tribunales si se persiste en la restauración de las imágenes con peligro para la supervivencia de las esculturas, exigiendo tanto garantías en los plazos de reposición como económicas ante posibles daños y perjuicios por las vías penal y administrativa, al considerar la acción de Patrimonio como una profanación de un lugar de culto y el volumen de los posibles daños y perjuicios.

4. Se opone la Comunidad de Madrid porque, aunque no tiene en su Dirección General de Patrimonio competencias sobre el Valle de los Caídos, se siente muy afectada por el posible cierre de la Basílica, al incidir negativamente sobre la Dirección General de Turismo de la Comunidad, ya que Cuelgamuros es el tercer monumento más visitado en España por el turismo –superando, incluso, a El Escorial–, y su pérdida de atractivos –La Piedad, por ejemplo–, desmantelamiento y/o cierre supondría una enorme pérdida de ingresos y puestos de trabajo.
 Sólo falta saber cuál será la movilización ciudadana, al estar ya convocadas varias manifestaciones ante las oficinas de Patrimonio Nacional y posibles encierros de protesta. Una situación que, por absurda, parece políticamente provocada por el Estado, con intención –como ya va siendo habitual– de generar polémicas y enfrentamientos, a fin de desviar la atención de sus votantes más a la izquierda de los verdaderos y auténticos problemas cotidianos.

*Juan de Ávalos Carballo es presidente de la Fundación Juan de Ávalos.