De las togas y del Derecho.
Por
Pablo Gasco de la Rocha.
08/06/2007.
Lo primero que hay que decir en un Estado de derecho cuando nos
referimos a los jueces, miembros del Tercer Poder del Estado, es que son una
parte sustancial en la creación del Derecho, pues su capacidad normativa y
resolutiva va mucho más allá del simple manejo de las normas legales aprobadas
en el Parlamento. Al margen, claro está, de que con sus sentencias el Tribunal
Supremo crea Jurisprudencia, una de las fuentes del Derecho. En definitiva, lo
que hace el Poder Judicial es una función de amparo y protección a la sociedad
a la que sirven.
Una
función de amparo y protección que no se ha realizado respecto al tema capital
que hemos padecido, el terrorismo de ETA, por más literatura que al respecto se
haga. Y para corroborarlo, no hay más dato que la propia realidad, pues hasta
1996 no se da un giro a partir del convencimiento de que la política de
tolerancia con la ilegalidad en el País Vasco había fracasado, y de que era
necesario acabar con la generalizada impunidad con la que los terroristas y sus
cómplices actuaban ya sin la justificación jurídica que se había empleado
respecto a Batasuna, parte integrante de ETA desde siempre. Lo que sin duda ha
causado un efecto desmoralizador y demoledor entre los ciudadanos, y
no sólo entre los más afectados por el terrorismo de ETA, hasta el punto de
que la sociedad ha percibido al Poder Judicial como un simple apéndice del
Ejecutivo.
Apenas trascurridos tres años de la publicación de aquella
sentencia en cuya parte dispositiva se ordenaba expresamente que "los
partidos cuya ilegalidad se declara cesen de inmediato en todas las actividades
que realicen", volvemos a la misma situación de impunidad anterior a
1996, según ha declarado el Tribunal Supremo, pues nuevamente ETA,
ahora a través de su nuevo socio, ANV, es quien vuelve ha presentarse a unas
elecciones, circunstancia que no ha sido impugnada por los únicos que estaban
legitimados para hacerlo, la Fiscalía General del Reino y la Abogacía del
Estado. Desde este punto de vista, a todas luces percibido por la sociedad, los
valores superiores como la justicia, la libertad y la igualdad quedan seriamente
dañada y en entredicho. Siendo lo menos grave el modus operandi que
nuevamente se ha empleado: el hostigamiento y la violencia contra los candidatos
de los otros partidos, sin excluir la "bomba lapa" en los bajos del
coche del candidato socialista, señor Elola.
Como colofón, pues, a lo que constituye una burla fragrante y
continuada al Estado de derecho, el Poder Judicial en pleno debería actuar de
contrapeso y balanza contra tal exceso y pretendida inmunidad; y ello, al margen
de la decisión de cualquier mayoría parlamentaria. Porque después de la
excarcelación de De Juana Chaos, de la arbitraria retirada de acusación
respecto a Otegui, de la actuación continuada y reiterada del Fiscal General
del Reino a las órdenes del Ejecutivo, y de la política de cesiones y de
tolerancia del Gobierno de Zapatero al mundo criminal de ETA, ha llegado el
momento inaplazable de buscar los jueces que necesita nuestra democracia. Pues
hay que acabar con este tumor antes de que sea demasiado tarde.
Artículo de opinión extraído de la página: www.generalisimofranco.com