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Pablo Iglesias reconoce su implicación en la Semana Trágica, defiende la figura de Ferrer Guardia, reconoce que la legalidad le interesa sólo mientras le beneficie, y amenaza con atentar contra el presidente del Gobierno Antonio Maura.

Primer discurso de Pablo Iglesias en el Congreso, el 7 de julio de 1910

Pablo Iglesias subió por vez primera a la tribuna de oradores del Congreso, el 7 de julio de 1910. Su intervención demostró su talante revolucionario y antidemocrático hasta el punto de amenazar de muerte al jefe del partido conservador, Antonio Maura. El Congreso debatía el proyecto de “contestación al discurso de la Corona”. En aquellos momentos, España trataba de salir de la conmoción que había producido el año anterior la llamada “Semana Trágica” de Barcelona.

El presidente del gobierno Antonio Maura cayó en desgracia por estos hechos tan aciagos y el rey Alfonso XIII lo destituyó poco después. Al año siguiente, el monarca nombró a José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros.

 En este contexto se produjo el debate de 7 de julio de 1910, que pasará a la historia del parlamentarismo español como una jornada especialmente vergonzosa sobre la que se ha intentado, con notable éxito por cierto, tender un tupido velo, y en la que Pablo Iglesias intervino para justificar la postura del Partido Socialista en estos sucesos. De su discurso extraemos los siguientes párrafos:

«El partido al que yo represento aspira a concluir con los antagonismos sociales, a establecer la solidaridad humana, y esta aspiración lleva consigo la supresión de la Magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército, y la supresión de otras Instituciones necesarias para ese régimen de insolidaridad y antagonismo».

«El partido socialista viene a buscar aquí lo que de utilidad puede hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí; la totalidad entiende que ha de obtenerse de otro modo. Es decir, que este partido… estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, como han estado todos los partidos, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones».

Quedaban así sentadas las bases de lo que iba a ser la actuación del socialismo español durante las siguientes décadas.

A las 18:25, el presidente de la Cámara, Conde de Romanones, vuelve a dar la palabra a Pablo Iglesias, que 40 minutos antes había pedido un descanso por hallarse fatigado.

Pablo Iglesias.- Y el compromiso adquirido por esta conjunción (republicano-socialista) cuando el señor Maura seguía en el mando era derribarle del poder, considerarle un peligro para los intereses del país, para la libertad, para todo lo que aquí debemos defender. Y no solamente derribarlo, sino trabajar para impedir que Su Señoría (en adelante SS) pudiera volver a él. Y como entendíamos que podía no bastar esto y que además había otras razones, como garantía de que SS no vuelva al poder, ya que SS entiende que no se debe retirar de la política, viendo la inclinación del Régimen hacia SS, comprometernos para derribar ese Régimen.

El presidente.- Orden, orden, Sr. Iglesias, no se puede discutir el Régimen.

Pablo Iglesias.- Hagan las protestas que hagan, lo mantengo…Tal ha sido la indignación producida por la política del Gobierno presidido por el Sr. Maura en los elementos proletarios, que nosotros, de quienes se dice que no estimamos a nuestra nación, que no estimamos los intereses de nuestro país, amándolo de veras, sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que antes que SS suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal.

El presidente.- ¡Orden, orden, señor Iglesias! SS no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria para cometer un delito. Por lo tanto SS tiene que retirar esas palabras y darlas por no dichas. No puede continuar SS mientras no rectifique sus palabras. ¡No faltaba más! ¡Orden, orden señores diputados! Señor Iglesias, ruego a SS que oiga las indicaciones de la Presidencia.

A partir de aquí tiene lugar un diálogo surrealista, en el que Romanones trata de hacer entender una y otra vez a Pablo Iglesias que las amenazas de muerte son incompatibles con los usos parlamentarios y el diputado socialista se afirma una y otra vez en lo dicho.

Pablo Iglesias.- Manifestaba antes que yo no quería venir con nada que significase… Recordaba esto, citaba esto para demostrar el estado de ánimo, no mío solamente, sino de las fuerzas que yo represento, y para que no se creyera que esto que había dicho fuera del Parlamento no tenía la sinceridad de decirlo aquí.

(…)

Lo he dicho por esa razón.

El presidente.- A mí no me importa la razón de haberlo dicho. SS tiene que darlo por no dicho.

Pablo Iglesias.- Lo he dicho por esa razón.

El presidente.- (…) Señor Iglesias, invito a SS por última vez a que retire esas palabras (…)

Pablo Iglesias.- ¿Por qué?

El presidente.- Porque no ha debido pronunciarlas.

Pablo Iglesias.- Voy a explicarlas.

El presidente.- Hay que retirarlas.

Pablo Iglesias.- ¿No puedo explicarlas? Pues no las retiro.

El presidente.- Señor Iglesias, SS tiene suficiente dominio de la palabra para poder acceder a esta petición, sin mengua ninguna de sus prestigios. Su señoría ha dicho una cosa que no podía decir, y tengo la seguridad de que ahora estará pesaroso de haberla dicho, porque aquí la inmunidad parlamentaria no está para venir a cometer delitos y lo que ha dicho SS constituye un delito.

Pablo Iglesias.- Su señoría ha hablado de retirarlas y yo he hablado de explicarlas.

Un diputado pide que se lea el artículo 148 del Reglamento, se establece una discusión sobre si es aplicable al caso, que finalmente parece que no lo es, intervienen varios diputados, entre los que destaca el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, que medió en dos ocasiones para que Pablo Iglesias aceptara tener por no enunciada la amenaza de atentado contra Antonio Maura, y Eduardo Dato que recriminó a Pablo Iglesias su intervención.

Atentado a Antonio Maura

El 22 de julio de 1910, quince días después de esta sesión, Antonio Maura sufrió un atentado, cuando se encontraba en la estación de Francia de Barcelona, procedente de Madrid. El joven socialista Manuel Posa Roca, disparó contra él, resultando herido en una pierna y un brazo.

Al día siguiente se formulaba una protesta en el Congreso a la que, lógicamente, Pablo Iglesias, no se adhirió.

En aquel entonces corrió la siguiente frase: “Pablo Iglesias apuntó al objetivo y Posa disparó contra él”.

Durante los meses siguientes, la labor de Iglesias se centró en desgastar no sólo al gobierno reformador de Canalejas sino también el sistema constitucional.

El verano de 1910 fue verdaderamente crispado y las huelgas, que llegaron al número de 246, tuvieron una carga política evidente.

Citas y frases de Pablo Iglesias

• «Queremos la muerte de la Iglesia… para ello educamos a los hombres, y así les quitamos la conciencia… No combatimos a los frailes para ensalzar a los curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los otros». (En el VI Congreso del PSOE en Gijón)

• «No nos interesa hacer buenos obreros y empleados, buenos comerciantes. Queremos destruir la sociedad actual desde sus comienzos».

• «El Partido Socialista es la entera emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes».

• Cuando el 8 de agosto de 1897 Cánovas del Castillo fue asesinado por el anarquista Michele Angiolillo Folli, en el balneario de Santa Águeda, Iglesias dijo: «Condenamos los crímenes de abajo tanto como los de arriba, aunque algunas veces los primeros sean corolarios de los segundos». Y añadía: «No contribuyamos a convertir esta sociedad, inarmónica ya por antagonismo de intereses, en una sangrienta lucha de fieras».

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El PSOE apoya la huelga general revolucionaria

El demócrata y defensor de la paz, Pablo Iglesias y su partido, que defendían la dogmática del marxismo puro, la lucha de clases, el Manifiesto Comunista, la dictadura del proletariado, la destrucción de la Iglesia, el Ejército, los Jueces, etc., no tuvo reparos en apoyar en 1917 la huelga general revolucionaria a imitación de la soviética de Octubre en medio de un clima de crisis y de crispación social casi sin precedentes.

El 13 de agosto de 1917 con la proclamación de la Huelga General Revolucionaria, se inicia en España un movimiento revolucionario que resultó ser precursor del movimiento también revolucionario bolchevique que terminó con la Monarquía Zarista y que dio lugar al nacimiento de la Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS): la Revolución de Octubre de 1917 en San Petersburgo.

La Revolución de 1917 en España se inicia con numerosas huelgas, bien coordinadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Bilbao. El movimiento revolucionario es especialmente violento en Madrid y en el medio rural.

A comienzos de 1917 los síntomas de la economía española hacían presagiar lo que se iba a producir meses más tarde. Una floja cosecha de trigo y la crisis industrial, hacen que se produzcan enfrentamientos revolucionarios en la base social agrícola e industrial de España. El aumento de precios durante los primeros meses de 1917 fue desproporcionada.

La batalla de Verdún parecía indicar falsamente el final de la I Guerra Mundial y el miedo a las pérdidas de pedidos industriales acrecentaba la recesión económica. Para completar el panorama, el 15 de marzo, abdica el Zar en Rusia y se inicia la etapa burguesa de Kerenski, que terminaría desembocando en la revolución de los soviets en octubre.

El PSOE y la CNT lo tuvieron fácil gracias al desprestigio del Gobierno del conservador Eduardo Dato. El Gobierno era incapaz de dar respuesta adecuada al clima de desorden y enfrentamiento motivados por las huelgas revolucionarias organizadas por los agitadores socialistas y anarquistas. En agosto de 1917 las detenciones fueron numerosas.

Los sindicatos militares, organizados en las Juntas de Defensa, también tuvieron influencia en el movimiento revolucionario. Estas organizaciones reclamaban mejores condiciones económicas y cambios en el sistema de ascensos en el Ejército y la Armada. Los cuarteles estaban muy infiltrados por los activistas socialistas y había un estado evidente de insubordinación.

Para terminar de cuadrar el ambiente revolucionario, la situación social de obreros y campesinos era muy penosa. En tal estado de cosas, fundamentalmente los dirigentes del PSOE y ciertos sectores anarquistas, influidos ya unos y otros de una nítida tendencia hacia las soluciones de carácter revolucionario, tal y como se venían propugnando en Rusia, creen llegado el momento de dar el paso definitivo y lo hacen a través de las huelgas parciales y sectoriales que concluyen en la proclamación de la huelga General Revolucionaria en toda España.

El PSOE apoya la huelga general revolucionaria. Su fundador y dirigente, Pablo Iglesias, defensor del marxismo puro, la lucha de clases, el Manifiesto Comunista, la dictadura del proletariado, la destrucción de la Iglesia, el Ejército, los Jueces, etc. , no tuvo reparos en apoyar la huelga general revolucionaria en medio de un clima de crisis y de crispación social casi sin precedentes .

 Lo relevante y peculiar de este movimiento no son los fines laborales, ni mucho menos, sino claramente políticos, pues no es el de 1917 un movimiento reivindicativo de origen y finalidad social, sino que bajo tal apariencia sus fines son la toma del poder, el derrocamiento del régimen monárquico y su sustitución por otro de claro matiz revolucionario.

El 27 de marzo de 1917, se publica un manifiesto de  socialistas, anarquistas,  las Juntas Militares de Defensa y los catalanistas de Cambó. En la proclama firmada por sus líderes y distribuida por toda la nación se dice textualmente que el objetivo de todos los paros, manifestaciones y enfrentamientos es:

“...la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivos y moderador, la elección de Cortes constituyentes... y en definitiva, el cambio completo de régimen...”

Se trataba de destruir el sistema legalmente establecido, es decir, la Monarquía, a través de la violencia y la presión en la calle, para instaurar otro sistema distinto, de claro matiz revolucionario y bolchevique. En Rusia ocurrió lo mismo dos meses después.

El 19 de julio de 1917. Se disuelve la Asamblea de parlamentarios. Se detiene al comité de huelga formado por Andrés Saborit Colomer, Julián Besteiro Fernández, Francisco Largo Caballero y Daniel Anguiano Munguito. Otros dirigentes republicanos como Alejandro Leroux se escondían y huían fuera de España. Los catalanistas de Francesc Cambó i Batlle se arrugaron y cínicamente condenaron a anarquistas y socialistas.

El 13 de agosto de 1917 tiene lugar la huelga general en toda España. El día 17 está controlada la situación, las fuerzas de seguridad y del Ejército devolvieron la calle a la legalidad vigente. Es verdad que la mayoría de la población no secundó las huelgas e incluso, algunos grupos de jóvenes “mauristas”, se organizaron en torno a José Calvo Sotelo, quien irá adquiriendo gran importancia con el paso de los años, oponiéndose abiertamente a los huelguistas y colaborando de manera activa en impedir el colapso total de los servicios públicos y de suministro de artículos de primera necesidad, reventando la eficacia de los paros obreros de transportes y abastecimientos en alguna que otra ciudad. El Gobierno actuó con celeridad y los dirigentes del comité de huelga Anguiano, Largo Caballero, Besteiro y Saborit, acabaron en la cárcel.

El balance de este levantamiento revolucionario se saldó con 100 muertos, de los cuales una treintena lo fueron en Barcelona, catorce en Madrid y cerca de veinticinco en Bilbao. Fueron detenidos y condenados a cadena perpetua sus líderes más destacados, aunque como tantas otras veces, indultados más tarde por el siguiente Gobierno.

Los socialistas Julián Besteiro, Anguiano, Saborit y Francisco Largo Caballero tuvieron un debut político no muy deseable. Sus argumentos no estaban basados en el diálogo, la tolerancia y el respeto a la legalidad, sino que lo hicieron como agitadores, justificando la violencia. Esta actitud permanecería en los dirigentes del PSOE incluso tras la caída de la Monarquía en 1931.

En Rusia, en octubre del mismo año, sí triunfa el movimiento revolucionario de Lenin. Tras una sangrienta guerra civil, los bolcheviques toman el poder y seguirán después de sangrientas purgas y persecuciones de sus enemigos, adversarios o simplemente ciudadanos sin filiación política, convertirán a Rusia en la URSS y en la cuna de la dictadura del proletariado.

En el mes de noviembre de 1917 tuvo lugar una campaña a favor de amnistía de los revolucionarios. Fueron elegidos concejales por Madrid los 4 miembros del comité de huelga. El sistema constitucional sirvió para burlar la acción de la justicia.

En febrero de 1918 se produjo la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones siendo elegidos diputados Indalecio Prieto por Bilbao, Besteiro por Madrid, Anguiano por Valencia, Saborit por Asturias y Largo Caballero por Barcelona. El sistema trató con benevolencia a los revolucionarios (anarquistas, socialistas, catalanistas y republicanos), pero no se integraron  en el sistema. El nuevo Parlamento quedó repleto de grupúsculos políticos, obteniendo actas de diputados Indalecio Prieto y los cuatro miembros del PSOE del Comité organizador de la Revolución de 1917. La paradoja convierte al sistema parlamentario español en una forma de gobierno cuando menos “peculiar” pues los presos de un día, serán diputados al siguiente y viceversa.

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Después de los sucesos de 1917, España entró en una etapa revolucionaria durante la cual se consumó la descomposición del sistema canovista. Entre 1917 y 1923, se vivieron años de intenso malestar social, manifestado en huelgas (como la de Correos o “La Canadiense”) y en la violencia de las agitaciones del campesinado (especialmente el Andalucía). Los trabajadores se afiliaron a los sindicatos y se lograron en estos momentos algunas ventajas laborales, como: la jornada de 8 horas, salarios fijos, etc.; sin embargo, la Federación Patronal de Barcelona reaccionó estableciendo el cierre de empresas por quiebra económica.

La efervescencia del mundo obrero español también se debió a la influencia de la Revolución Bolchevique triunfante en Rusia, aunque la afiliación a la III Internacional, promovida por los soviéticos, fue rechazada por la CNT, la UGT y el PSOE (de donde se formó por escisión el PCE en 1921). El ejemplo bolchevique intensificó la violencia y la acción del pistolerismo, siendo Barcelona la más afectada por estos acontecimientos. La dura represión llevada a cabo por el gobernador civil Severiano Martínez Anido y los asesinatos del abogado sindicalista Francisco Layret Foix y del anarquista Salvador Seguí, complicaron más el problema.

El 8 de marzo de 1921 unos anarquistas asesinaban al jefe de gobierno actual, Eduardo Dato, y en julio del mismo año se producía el Desastre de Annual en la guerra de Marruecos. Ambos sucesos conmovieron a la opinión pública, de forma que el general Miguel Primo de Rivera, desde Barcelona, no tuvo nada más que redactar un telegrama para dar el golpe de estado el 13 de septiembre de 1923.

El contexto internacional de esta época estuvo marcado por la crisis de las democracias liberales terminada la I Guerra Mundial, a las que se les acusó de culpables de la contienda. El estado liberal se vio atacado por el socialismo y el fascismo. El primero defendía la existencia de un estado fuerte regido por la dictadura del proletariado, y el fascismo un estado autoritario.

Tras el golpe del 13 de septiembre, Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera que formara gobierno, constituyendo así un régimen autoritario: el dictador suprimió el sistema parlamentario, la Constitución de 1876 y disolvió las Cortes, terminando así con el sistema inspirado por Cánovas y Sagasta. La dictadura no fue mal recibida, tuvo el apoyo de la masa neutra, cansada ya del caos civil y político, y al manifestar Primo de Rivera que era una dictadura transitoria, algunos sectores como la burguesía catalana, los socialistas y los republicanos de Alejandro Lerroux también le dieron su apoyo.

En la dictadura se distinguen dos fases: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930) La primera se caracteriza por la consecución de la paz social, el orden público y la ordenación de la administración central, provincial y municipal y el fin de la guerra de Marruecos, gracias a la ayuda de Francia, que colaboró en el desembarco de Alhucemas en pleno dominio de las cabilas rifeñas lideradas por Abd-el-Krim. Tras estos logros Primo de Rivera decidió continuar con la dictadura, incluyendo en el gobierno algunos políticos civiles. Se forma así el Directorio Civil en el que se destacan las figuras de Calvo Sotelo y del conde de Guadalhorce. La decisión de continuar con el régimen despertó el rechazo y las críticas de muchos, como Unamuno, que acabó exiliado en París.

La dictadura se justificó por sus realizaciones, ya que no contaba con soporte ideológico. A las ya citadas hay que añadir otras:

• Creación de los Comités Paritarios, que estaba integrados por obreros y patronos para la regulación del empleo. Contaron con el apoyo del PSOE y del líder socialista Largo Caballero.

• Política económica intervensionista para superar la crisis de la posguerra. Se aumentó la protección arancelaria y se fomentó la producción nacional con ayudas fiscales y crediticias. Todo ello provocó un incremento de la concentración económica y de los monopolios: se creó la CAMPSA como monopolio del petróleo.

Las industrias básicas como la siderúrgica, la química pesada y el cemento, aumentaron su producción. También se favoreció el incremento del turismo.

Se emprendió también una decidida política de obras públicas, creando una amplia red de carreteras, mejorando los ferrocarriles y abordando el problema del agua (Confederaciones y Plan Hidráulico)

Esta política económica se vio favorecida por los felices años 20 en el contexto internacional, pero los enormes gastos (Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla) aumentaron la deuda pública. De forma que cuando cambió el contexto internacional favorable, el capital extranjero invertido se retiró y la peseta se despreció, provocando una caída general de la economía.

Colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera

Analicemos brevemente la estrecha colaboración que el PSOE mantuvo con el régimen antiliberal de Miguel Primo de Rivera, el dictador que dominó la esfera política nacional durante el sexenio 1923-1929.

Tan trascendental fueron los años del colaboracionismo entre el socialismo marxista y el corporativismo organicista que, gracias a ellos, a decir de la práctica totalidad de historiadores solventes, el PSOE y la UGT se convirtieron en las fuerzas izquierdistas españolas hegemónicas de la política y el sindicalismo. En definitiva, durante aquellos años, el PSOE logró dos cosas decisivas: el Gobierno persiguió duramente al movimiento anarquista, cuyo crecimiento quedó suficientemente castrado como para que durante los años republicanos la CNT y la FAI fueran a remolque de la izquierda marxista en las luchas sociales. Y, además, el PSOE adquirió la notoriedad suficiente como para abortar el crecimiento del PCE que, durante la II República, apenas pudo colar un diputado en las Cortes en 1933.

Aunque Miguel Primo de Rivera era partidario de la superación de la lucha de clases, éste no dudó en buscar la colaboración del entonces partido marxista, para mejorar las deplorables condiciones de vida de los trabajadores españoles. Desde el lado socialista, y emulando la actitud que tuvo el SPD alemán con Bismarck, el PSOE tuvo un acercamiento no exento de oportunismo hacia el Directorio, mientras otros grupos como los cenetistas y los hombres de la restauración (liberales y conservadores) eran prácticamente borrados del mapa político. A los pocos días de iniciarse el Directorio militar, el general Duque de Tetuán visitaba la Casa del Pueblo de Madrid, desde donde emitió emocionadamente estas palabras: “en este centro se da al obrero una orientación de buena ciudadanía”. Con esta visita, el sorprendente matrimonio entre socialismo y primorriverismo, parecía quedar asegurado.

A pesar de la oposición del sector liderado por Indalecio Prieto Tuero, la mayoría del Partido Socialista y de la UGT, de la mano de Francisco Largo Caballero, el futuro Lenin Español, decidió colaborar definitivamente con el Directorio militar. Esta colaboración, constante y continuada a lo largo de toda la dictadura, fruto quizá de un cierto temor mutuo, fue ratificada en los congresos del partido y del sindicato en 1928. La doble colaboración –política y sindical– del PSOE y de la UGT, consiguió que ambas organizaciones gozaran de una mayor cohesión y operatividad, amén de librarlas de sospechas gubernativas. Los políticos del PSOE inspiraban la abundante legislación social del régimen, mientras la UGT gozaba prácticamente del monopolio de la actividad sindical.

Ya desde el segundo día del Directorio, las huestes socialistas decidieron no secundar la huelga cenetista apoyada por el PCE. Por el contrario, destacados dirigentes socialistas ocuparon cargos de gran relevancia en el sexenio primorriverista: vocalías del Consejo de Estado y del Consejo Interventor de Cuentas del Estado, asientos en el nuevo Consejo Superior del Trabajo y en la Comisión de Corporaciones del Ministerio de Trabajo, consejerías del INP, del Consejo de Información Telegráfica Comercial, del Consejo Superior Ferroviario, representantes gubernamentales en la OIT, representantes en los comités paritarios, en la Oficina Internacional de Ginebra, etc. El propio Largo Caballero logró entrar en el mismísimo Consejo del Estado. Largo Caballero, con el visto bueno de Julián Besteiro, aprobó y perfeccionó los proyectos del general Primo de Rivera sobre los jurados mixtos y el arbitraje imparcial.

Particularmente interesantes fueron las distintas entrevistas que Miguel Primo de Rivera mantuvo con el dirigente de la UGT Manuel Llaneza. El socialista Andrés Saborit, entonces miembro de la Comisión Nacional Corporativa, señalaba en el XII congreso ordinario del PSOE celebrado en 1928 que “la justicia obliga a reconocer que Primo de Rivera atendió la mayor parte de las reclamaciones formuladas por Llaneza”. En este sentido, cabe aquí recordar, por lo que a Asturias se refiere, la financiación de la compra de la mina de San Vicente para la explotación, en régimen de cooperativa, por el sindicato minero asturiano, al que Primo de Rivera concedió, además, una subvención de 25 céntimos por tonelada de carbón explotada con la condición de que los fondos se destinaran a obras benéficas.

Asimismo, la dictadura subvencionó la creación de Casas del Pueblo Socialistas. Curiosamente, la organización corporativista de los comités paritarios permitió que la UGT durante la Dictadura pasara de 208.170 afiliados en 1822 a 238.501 en 1929, permitiendo la propaganda marxista, sueldos y dietas para sus militantes que participan en el tinglado paritario.

Años después, en una de las sesiones parlamentarias más radicalizadas de nuestra Historia, la cual tuvo lugar el 15 de abril de 1936, varios diputados socialistas arremetieron descabelladamente contra la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Calvo Sotelo tuvo que recordar a estos, los viejos socios del dictador lo mucho que habían colaborado con el Marqués de Estella. El ambiente se caldeó, pero Calvo Sotelo se había limitado a decir la verdad. De hecho, cuesta encontrar dirigentes socialistas entre los conspiradores antidictatoriales, entre otras cosas, porque las iniciativas antidictatoriales solían partir de los círculos liberales, los ateneos republicanos y las logias jacobinas. Por el contrario, las Casas del Pueblo administraban su particular luna de miel con la Dictadura, haciendo caja y fomentando las afiliaciones.

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El PSOE abandona al dictador, se niega a colaborar con una República burguesa, y luego se suma a la causa republicana.

Cuando la dictadura de Primo empezaba a declinar, los socialistas consideraron oportuno abandonar el barco y pasarse a la oposición al régimen que tanto les había beneficiado.

Pese a la caída de la dictadura y la crisis de la monarquía la dirección del PSOE se opuso a colaborar en la instauración de una república burguesa –democrática y parlamentaria–, para después, a partir de septiembre de 1930, colaborar en las huelgas revolucionarias que la demandaban. Varios altos miembros del PSOE acudieron al Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 junto a otros grupos prorrepublicanos.

El Pacto de San Sebastián tuvo lugar en la capital donostiarra  el 17 de agosto de 1930 bajo la presidencia del representante de Unión Republicana, Fernando Sasiaín. Se realizó una reunión impulsada por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, concurriendo a ella casi todos los defensores de la República. El objetivo era derrocar a la monarquía, encarnada en la figura de Alfonso XIII, sistema que se consideraba causante de la crisis que vivía el país, a pesar de haber sido derrocada la dictadura de Primo de Rivera, el 29 de enero de 1930.

El nuevo Jefe de Gobierno y también Ministro de guerra elegido por el Rey, fue Dámaso Berenguer, a partir del 30 de enero de 1930. Si bien comenzó su gobierno otorgando una amplia amnistía política, pronto se convirtió en un nuevo dictador, en lo que se conoció como “dictablanda”. Su convocatoria a elecciones inmediatas fue resistida por los partidos, desarticulados durante la dictadura de Primo de Rivera.

Por ello, y ante la situación sin salida que vivía el país, el pacto de San Sebastián significaba una esperanza de que la República cambiara el destino de los oprimidos y la libertad fuera algo más que una utopía.

El partido Republicano Radical, estuvo representado por Alejandro Lerroux, que junto a Manuel Azaña, por Acción Republicana, habían conformado la Alianza Republicana.

Manuel Carrasco Formiguera, lo hacía por Acción Catalana, mientras que el Partido Radical-Socialista envió a tres figuras representativas: Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza.

Fueron dos los enviados por la Derecha Liberal Republicana: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, como hemos dicho, promotores del encuentro. La Acción Republicana de Cataluña envió a Matías Mallol Bosch, Estat Català a Jaume Aiguader y la Federación Republicana Gallega, a Santiago Casares Quiroga.

El Partido Socialista, no envió representación. Concurrieron a título personal: Eduardo Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Felipe Sánchez Román. Gregorio Marañón no pudo estar presente, por hallarse en Francia, pero se adhirió por carta.

Luego de almorzar en el Hotel de Londres, estos 15 republicanos se dirigieron a los Salones de Casino de Unión Republicana. Luego de una hora y media de deliberaciones se sucedieron varios encuentros más, y aunque los acuerdos fueron secretos y no quedó constancia escrita, trascendieron los siguientes puntos tratados:

Con relación a la autonomía de Cataluña, y otras regiones que reclamaban este derecho, se acordó la presentación por esta región, y en su caso, las demás, de un Estatuto propio y particular, ante unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

Se formó un Comité Revolucionario, con contacto con organizadores militares, cuyo presidente fue Alcalá-Zamora. El objetivo era establecer la República por medio de un pronunciamiento militar,

Sin embargo, antes de que dicho Pacto pudiera plantearse como una verdadera alternativa pacífica al cambio de sistema, los partidarios más acérrimos de la instauración de la República intentaron la vía golpista. Estimulada por diversos círculos militares (la U.M.R. Unión Militar Republicana) la guarnición de Jaca, con el capitán Fermín Galán y el teniente García Hernández al frente se sublevaron contra la Monarquía y proclamaron la República. Su principal error estribó en no romper las comunicaciones con Francia, por lo que el Gobierno, enterado del levantamiento, pudo tomar las medidas necesarias para sofocarlo. Aislados los rebeldes, fueron hechos prisioneros y sus cabecillas, Fermín Galán y Ángel García Hernández fueron fusilados. La República había conseguido así a sus mártires.

Los firmantes del Pacto de San Sebastián fueron perseguidos. Manuel Azaña y Alejandro Lerroux permanecieron en Madrid, sin ser vistos, y evitaron la represalia. La prisión fue el castigo para Maura, Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Casares Quiroga y Álvaro Albornoz y Liminiana, mientras que Marcelino Domingo, Indalecio Prieto, Nicolau d’Olwer y Martínez Barrio, lograron huir a Francia.

La jefatura de gobierno, al dimitir Berenguer, fue ejercida por el almirante Aznar en febrero de 1931.

ARRIBA     

El rey Alfonso XIII decidió poner a prueba a la opinión pública convocando elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La escasa popularidad de la Monarquía quedó patente en la victoria de las candidaturas republicanas en todas las principales ciudades españolas. Los datos oficiales señalaron 22.150 concejales monárquicos frente a 5.775 republicanos, pero en aquella época los votos de las ciudades eran los que decidían y éstas habían votado mayoritariamente por la República.

La proclamación de la República tuvo lugar el 14 de abril de 1931 y fue acogida con euforia por la mayoría de la población. Para estas multitudes la República representaba la esperanza de una nueva España moderna y más justa. Mientras el país celebraba la proclamación de la República, Alfonso XIII abandonaba el Palacio rumbo a un exilio voluntario. Antes de marcharse dejó a los españoles esta proclama:

“Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo [...]. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fraticida guerra civil [...]. Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la Nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola como única señora de sus destinos”.

La República quedó instaurada inmediatamente y a ojos de la opinión mundial pudo considerarse como un maravilloso ejemplo de civismo y madurez política. Su primer jefe de gobierno fue Niceto Alcalá Zamora, pero en el nuevo gabinete ya podía identificarse un alto componente de miembros de corte anticlerical o que ejercían profesiones liberales, representantes de la Institución Libre de Enseñanza. Los  ministros de ese primer gobierno republicano fueron: Alejandro Lerroux García (Estado), Miguel Maura Gamazo (Gobernación), Fernando de los Ríos Urruti (Justicia), Santiago Casares Quiroga (Marina), Álvaro de Albornoz y Liminiana (Fomento), Marcelino Domingo Sanjuán (Educación), Manuel Azaña Díaz (Guerra), Indalecio Prieto Tuero (Hacienda), Diego Martínez Barrio (Comunicaciones), Francisco Largo Caballero (Trabajo-Previsión Social) y Luis Nicolau d’Olwer (Economía).

Nada más formarse este nuevo gobierno la República tuvo su primer problema ante la reaparición del catalanismo político, que debía su fuerza a una combinación de la expansión económica catalana y su renacimiento literario (Jocs Florals). Desde el balcón de la Generalitat su líder, Francesc Macià, proclamó la República Catalana como Estado Integrante de la Federación Ibérica. Varios ministros viajaron rápidamente de Madrid a Barcelona para persuadir a Macià de que abandonara su idea y se mostrara favorable a la adopción de un estatuto de autonomía promulgado por las Cortes, a lo que accedió.

Sin embargo, menos de un mes después de la proclamación de la República, el 11 de mayo de 1931, el anticlericalismo que ésta había desatado se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos el día anterior, los partidarios de la República prendieron fuego a seis iglesias en Madrid. La policía republicana no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades, los republicanos por su parte, promulgaron una Ley de Defensa de la República.

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones con un notable índice de participación que superaba el 70%. El sistema electoral, que primaba las mayorías otorgó un rotundo triunfo al Gobierno provisional formado tras las elecciones de abril y dio el siguiente resultado en escaños:

Las elecciones dieron la mayoría de los escaños a los socialistas y republicanos, los partidos que pertenecían a la izquierda y al centro. Manuel Azaña, fue elegido nuevo jefe de gobierno.

Instaurado un gobierno izquierdista, el PSOE formó parte de él hasta 1933. Se redactó una nueva Constitución sectaria, se persiguió a la Iglesia Católica (el PSOE estuvo al frente de esta actitud), se quemaron conventos, se expulsó a la Compañía de Jesús, las huelgas se multiplicaron, así como los crímenes políticos, se reprimieron violentamente diversos conflictos sociales que llevaron al PSOE a ser tachado de contrarrevolucionario y reaccionario.

Se persiguió y acosó a la disidencia de derechas a la que se tachaba de monárquica y pro fascista, y se cerraron multitud de publicaciones derechistas con cualquier excusa.

ARRIBA     

Las Juventudes Socialistas protagonizan la violencia callejera. Francisco Largo Caballero crea un Grupo Deportivo entre las Juventudes Socialistas, entrenado con espíritu paramilitar para combatir en la calle a la “amenaza fascista”. Portaban pañuelos rojos, puños en alto y entonaban canciones belicosas sembrando el terror entre los grupos de derechas y especialmente los falangistas, a los que hicieron objeto predilecto de sus ataques. Entre noviembre de 1933 y junio de 1934, José Antonio Primo de Rivera se negó a contestar a la violencia con violencia, pese a la casi decena de muertos entre los militantes de FE a manos de los “chíbiris” socialistas, lo que motivó la sorna de la izquierda, la derecha moderada y el ABC, que motejaron a José Antonio de “San Simón el enterrador” y a su FE de Franciscanismo Español o Funeraria Española.

Los “batallones de chíbiris” se formaban en los barrios donde había personal suficiente para ello, de ideología socialista o comunista. Eran adiestrados para la “lucha final que comienza”. Cada batallón contaba con un número muy variable de elementos, por lo general entre 300 y 600, de ambos sexos, y los días de fiesta se reunían en un lugar determinado de cada barrio. Marchaban en formación y lo hacían marcando el paso al son de una canción de aquellos tiempos, de letra y música pegadizas y de una zafiedad extrema, que llamaban “El Chíbiri”.

Era norma que los chíbirís fueran acompañados por la familia y acampaban, y comían, en el lugar elegido para sus propósitos, expresamente buscado por los asesores militares. Unos, en la Casa de Campo, otros en El Pardo, donde recibían instrucción de combate, impartida por oficiales del ejército de ideología afín. Entre estos estaban el capitán de Ingenieros don Carlos Faraudo, destinado en la Guardia de Asalto y muerto en atentado en mayo de 1936; el capitán de la Guardia Civil don Fernando Condés, que organizó el asesinato de don José Calvo Sotelo y murió combatiendo en el Alto del León, en los primeros días de la guerra civil. También era instructor de “chíbiris” el teniente de infantería, destinado en la Guardia de Asalto, don José del Castillo, autor del disparo que hirió al tradicionalista Luis Llaguno, durante el entierro del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes. Castillo fue muerto en atentado el 12 de julio de 1936, lo que según algunos historiadores fue lo que provocó, como represalia, el asesinato de José Calvo Sotelo.

El 10 de junio de 1934, tras un atentado contra el líder de Falange Española y el salvaje ensañamiento contra el joven falangista Cuéllar (cuya cara quedó desfigurada), muerto a manos de los chíbiris socialistas en Cuatro Vientos tras una concentración falangista, es cuando la Falange decidió contestar a la violencia, y en 1936 las cifras de muertos de ambos bandos se habían equilibrado. No fue la Falange quien inició la violencia callejera, ya que no contestó durante 7 meses y 8 muertos, sino el propio PSOE.

El 23 de julio de 1933 Largo Caballero les dijo a sus Juventudes Socialistas que el PSOE aspiraba a conquistar legalmente el poder, pero que de encontrar obstáculos iría a la creación de una República socialista y revolucionaria.

Discurso de Largo Caballero: Vamos a la conquista del poder

«Además, hay quien dice: «Ya la República está en marcha, y, como es República, debemos gobernarla los republicanos. (Risas.) ¿Pero qué somos nosotros? ¿Es que porque somos socialistas no somos republicanos? Hace poco hacía referencia al primer punto de nuestro programa mínimo: supresión de la monarquía. Nosotros, por ser socialistas, somos republicanos; si es simplemente por el título de republicanos, tenemos el mismo derecho que puede tener otro cualquiera a gobernar el país. Pero hay quien dice: «No, no; ustedes son un partido de clase. Y como son un partido de clase, no pueden, no deben ustedes gobernar con los partidos republicanos.» ¿Qué significa esta declaración? Porque nosotros no negamos que defendemos a la clase trabajadora principalmente, al mismo tiempo que defendemos los intereses generales del país. Pero esa declaración quiere decir que si nosotros somos defensores de los intereses de la clase obrera, ellos serán defensores de los intereses de la clase burguesa. Si nosotros, por defender más principalmente los intereses proletarios, estamos incapacitados de gobernar los intereses del país, los del lado contrario estarán, a la inversa en la misma situación. Claro que no es ésa la realidad; la realidad es todo lo contrario, pues en un Gobierno como el actual se hace una política de transacción. Pero ellos argumentan así: somos un Partido de clase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que a la clase obrera no se le va a permitir gobernar, siempre que lo haga con arreglo a la Constitución y a las leyes del país? ¿Es que se le repudia, por ser clase obrera, para la gobernación del Estado, si esta clase obrera procede con arreglo a la Constitución y a las leyes vigentes? ¡Ah!, esto es muy grave. ¿Es que vamos a volver otra vez a los partidos legales e ilegales, ya que no en la Constitución, en la práctica de cada día? A nuestro Partido, por ser partido obrero, partido de clase, como ellos dicen, ¿se le repudia para la gobernación del Estado, permitiéndolo la Constitución, permitiéndolo las leyes? ¿A dónde se le empuja? De una manera inconveniente, están haciendo una labor anarquizante que asombra. Nosotros vamos a la conquista del Poder. (Muy bien. Gran ovación.) Si vamos a la conquista del Poder, nuestro propósito es lograrlo según la Constitución nos lo permite, según las leyes del Estado nos lo consientan».

Fragmentos del discurso pronunciado por Francisco Largo Caballero en Murcia y recogido en “El Socialista” el 15 de noviembre de 1933. (En plena campaña electoral, las elecciones fueron el 19 de noviembre de 1933).

“¡Templad el ánimo para la batalla!”

“Nosotros no hemos dicho nunca que se pueda socializarse todo de un día para otro. Por eso en nuestra táctica aceptamos y propugnamos un período de transición durante el cual la clase obrera, con sus manos, realiza la obra de la socialización y del desarme económico y social de la burguesía. Eso es lo que nosotros llamamos la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. Y ese período de transición desembocará luego en el Socialismo integral. Pero cuando hablamos de la dictadura del proletariado, camaradas, los enemigos, recordando que está establecida en Rusia y que la preconizó Marx, se asustan. Algunos de ellos creen que la dictadura proletaria es una especie de dictadura de Primo de Rivera.

No es así como la entendemos. La dictadura proletaria no es el poder de un individuo, sino del partido político expresión de la masa obrera, que quiere tener en sus manos todos los resortes del Estado, absolutamente todos, para poder realizar una obra de Gobierno socialista [...]

El solo hecho de que haya una mayoría burguesa en el Parlamento es una dictadura [...]

Sólo ha habido un Gobierno, con participación socialista, que se haya atrevido a meter en la cárcel a banqueros y a generales. Pero en cuanto se han ido los socialistas, el gobierno ha dejado de hacer esto. [...]”

Fragmentos del discurso pronunciado por Francisco Largo Caballero el 2 de diciembre de 1933 y publicado en la revista “Renovación”. (Dos semanas después de la victoria de la CEDA). 

“Lo primero que tiene que hacer la clase trabajadora, si quiere el poder político, es prepararse en todos los terrenos”

“Lo primero es el poder político, que es lo fundamental. ¿Y qué hay que hacer después? [...]

Por mí, la cosa es sencilla: se tiene el Poder político, y el número uno es este: inutilizar al adversario [...]

Lo primero que tendríamos que hacer es desarmar al capitalismo. ¿Cuáles son las armas del capitalismo? El ejército, la Guardia Civil, las Guardias de Asalto, la policía, los Tribunales de justicia. Y en su lugar, ¿qué? esto: el armamento general del pueblo. [...]

Yo digo que si la clase trabajadora conquista el poder político, tiene que ir al armamento general del pueblo...Yo no negaré que si al pueblo se le arma, pueda cometer atropellos. Más esto sucede en toda revolución. Pero se puede remediar en cuanto la clase trabajadora logre que se atiendan sus reivindicaciones. [...]

Yo declaro que habrá que ir a ello, y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para ello. Si la clase trabajadora quiere el poder político, lo primero que tiene que hacer es prepararse en todos los terrenos. Porque eso no se arranca de manos de la burguesía con vivas al Socialismo. No. El estado burgués tiene en sus manos elementos de fuerza para evitarlo todo. Y sería ilusión creer que pudiéramos llegar a realizar nuestras ideas rogándoles que nos respetasen. ¿Quiere decir esto que vayamos a hacer locuras? Lo que quiere decir es que en la conciencia de la clase trabajadora hay que dejar grabado que para lograr el triunfo es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder [...] habrá que esperar el momento psicológico que nosotros creamos oportuno para lanzarnos a la lucha cuando nos convenga a nosotros y no al enemigo. [...]

¿Y qué más nos espera en el Parlamento? Todo lo que ahí se haga será en contra nuestra; porque las derechas, con una fuerte mayoría, se disponen a cumplir su programa. En el Parlamento no podremos evitarlo, y la clase trabajadora tendrá que pensar en algo muy importante. Si nos sujetamos justamente a la legalidad que nosotros contribuimos a crear, pero que no tenemos por qué respetar siempre, ya que al hablar de revolución social, ésta ha de saltar por encima de la legalidad, yo os digo que nos veremos empujados a salirnos de la legalidad. [...]”

Ley de Vagos y Maleantes

El penalista socialista Luis Jiménez de Asúa –que había participado en la redacción del Código Penal de 1932– creó el 4 de agosto de 1933 la “Ley de Vagos y Maleantes”, inspirada en la doctrina alemana de la provocación del delito, introduciendo en España las Medidas de Seguridad, de tan lamentables resultados. Se proponía conseguir establecimientos idóneos en los que se condujera a los sujetos peligrosos para tratar de, mediante la educación y el trabajo, lograr su resocialización, pero sus ideas no sólo no tuvieron consecuencias positivas sino que sirvieron para dar lugar a un medio de represión social en manos de algunos jueces, quienes sólo lo empleaban para enviar a las cárceles a aquéllos en los que veía “una conducta reveladora de inclinación al delito”.

ARRIBA     

En noviembre de 1933 la derecha de la CEDA de José Mª Gil Robles ganó las elecciones, pero la izquierda declaró que no aceptaría que formase gobierno, por lo que éste se entregó al Centro Radical de Alejandro Lerroux.

Los socialistas prepararon durante todo el año 1934 la sublevación armada esperando el momento oportuno:

¡Atención al disco rojo!

El 3 de enero de 1934, “El Socialista”, y con el título: “No puede haber concordia. Atención al disco rojo”, daba estado público y oficial al proyecto revolucionario. Respondía a una lamentación del diario “El Debate” –portavoz de la CEDA de José Mª Gil Robles–, sobre la imposibilidad de que hubiera concordia en la política catalana con Companys en la presidencia de la Generalitat. Escribía “El Socialista”:

«Ahora piden concordia, es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades. Eso antes, cuando el Poder presentaba todas las ejecutorias de la legitimidad... ¿Concordia? ¡No! ¡Guerra de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal! ¿Concordia? Sí: pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!».

Francisco Largo Caballero preparaba desde febrero de 1934 la gran subversión para la que el instrumento clave debía ser las Alianzas Obreras, que agrupasen a socialistas, anarquistas y comunistas. Al mismo tiempo activaba los enfrentamientos armados “antifascistas”; denominando antifascista a todo lo que le convenía. Los socialistas creyeron que sólo podían retornar al poder por el camino de la violencia.

Santiago Carrillo Solares fue nombrado en 1933 director de la publicación “Renovación”, órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España. En la edición del 17 de febrero de 1934, y debajo de la cabecera se publicó el «Decálogo del joven socialista», toda una incitación al terrorismo y a la violencia.

1. Los jóvenes socialistas deben acostumbrarse a las movilizaciones rápidas, formando militarmente de tres en fondo.

2. Cada nueve (tres filas de tres) formarán la década, añadiéndole un jefe, que marchará al lado izquierdo.

3. Hay que saludar con el brazo en alto –vertical– y el puño cerrado, que es un signo de hombría y virilidad.

4. Es necesario manifestarse en todas partes, aprovechando todos los momentos, no despreciando ninguna ocasión. Manifestarse militarmente para que todas nuestras actuaciones lleven por delante una atmósfera de miedo o de respeto.

5. Cada joven socialista, en el momento de la acción, debe considerarse el ombligo del mundo y obrar como si de él y solamente él depende la victoria.

6. Solamente debe ayudar a su compañero cuando éste ya no se baste a ayudarse por sí solo.

7. Ha de acostumbrarse a pensar que en los momentos revolucionarios la democracia interna en la organización en un estorbo. El jefe superior debe ser ciegamente obedecido, como asimismo el jefe de cada grupo.

8. La única idea que hoy debe tener grabada el joven socialista en su cerebro es que el socialismo sólo puede imponerse por la violencia, y que aquel compañero que propugne lo contrario, que tenga todavía sueños democráticos, sea alto, sea bajo, no pasa de ser un traidor, consciente o inconscientemente.

9. Cada día, un esfuerzo nuevo, en la creencia de que al día siguiente puede sonar la hora de la revolución.

10. Y sobre todo esto: armarse. Como sea, donde sea y “por los procedimientos que sean”. Armarse. Consigna: Ármate tú, al concluir arma si puedes al vecino, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo.

Al comenzar el verano de 1934, Largo Caballero consiguió ser reconocido como jefe sin disputa del socialismo en España. Una escalada de huelgas y el descubrimiento de varios depósitos de armas, puso en alerta al Gobierno, aunque, pese a las evidencias y los efectos, parecía poco decidido a tomar medidas tendentes a evitar lo presumible.

En “Renovación” del 28 de julio de 1934, se podía leer lo siguiente:

«¡Arriba el puño, jóvenes camaradas! El Estado burgués se aterra de su energía y quiere prohibir que nuestros brazos en alto tracen una línea rebelde sobre España. ¡Arriba el puño! En nuestras manos cerradas, que se alcen a compás, va el anatema contra el capitalismo, contra el Gobierno, contra la República burguesa. Van nuestros afanes revolucionarios. Nuestras ansias de luchas. Nuestro ardor de combate. El puño es símbolo de fuerza creciente, y sus músculos respaldan la energía con que cogerá el proletariado revolucionario las culatas de los fusiles para acabar con toda esta podredumbre que ahoga a España. Nuestro puño es nuestra fortaleza. Vean cómo penden de él todos los fantoches que alienta el Estado burgués: clérigos, terratenientes, fascistas, monárquicos. A una se conciertan para abatirlo. Les duele en los ojos, en la carne y en el alma. Y mandan a su lacayo que acabe con esta visión. Salazar Alonso, perro sucio de la burguesía, manda y ordena a sus secuaces que nos impidan alzar el puño, anatemizar a la sociedad burguesa con el brazo tenso. No importa. Jóvenes socialistas, el puño en alto: ¡Frente a la burguesía! ¡Frente al Gobierno! ¡Por la revolución!»

Durante los meses de julio y agosto de 1934, se sucedieron las huelgas, asesinatos y otros actos de violencia a ritmo creciente, alcanzando su grado máximo en el mes de septiembre. El día 8 de este mes fue clausurada la Casa del Pueblo de Madrid porque en ella se encontraron depósitos de armas de consideración. José María Gil Robles tenía anunciada una concentración de sus seguidores en Covadonga para el día 9, siguiendo a la gran fiesta de la patrona asturiana, y las izquierdas dieron orden de impedirlo recurriendo a todos los procedimientos a su alcance: huelga general revolucionaria, tachuelas y barricadas en las carreteras, insultos y golpes a los que a ella se dirigían y amenazas a posteriori.

Ese mismo día 9 de septiembre de 1934, la Guardia Civil descubrió un importante alijo de armas transportadas a bordo del barco de nombre Turquesa, fondeado para tal menester en la ría asturiana de Pravia. Una parte de las armas había sido ya desembarcada y, siguiendo órdenes de Indalecio Prieto, conducida en camiones a la Diputación Provincial controlada a la sazón por el PSOE.

El del buque Turquesa fue el alijo más importante de entre los hallados por el Gobierno, incluidos los numerosos depósitos de armas.

La Policía descubrió el alijo cuando estaba siendo cargado en camiones de la Diputación Provincial, dominada por los socialistas, que tenían por consiguiente carácter oficial. Cuando las fuerzas de Orden Público interceptaron el alijo del Turquesa –huyendo este barco hacia el puerto de Burdeos– estaban allí Indalecio Prieto y Juan Negrín, que no fueron detenidos. Era inevitable que se entendiese que esta operación no era sino preparativo para un inmediato alzamiento socialista: un escándalo que alcanzaba al PSOE cuyos jefes, inquietos, comenzaron a pelear entre sí sacudiéndose responsabilidades. Esta significativa captura de armas también permitió la revelación de otros depósitos.

La finalidad del alijo capturado a bordo del Turquesa no era otra que la de armar a los socialistas preparados para la insurrección violenta. No en vano, el 25 de septiembre “El Socialista” anunciaba: «Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita la guerra». Dos días después, remachaba el mismo periódico: «El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado». Antes de concluir el mes, el Comité central del PCE anunciaba su apoyo a un frente único con finalidad revolucionaria.

El 1 de octubre la CEDA retiró los votos con los que apoyaba y sostenía al Gobierno. Era necesario formar un nuevo gobierno. Las izquierdas reiteraron su advertencia: si aparecían ministros de la CEDA (la formación política que había ganado las elecciones) provocarían la revuelta armada. En la lista que Alejandro Lerroux (Partido Radical), nuevo Presidente del Gobierno, presentó a Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, en la tarde del 3 de octubre, figuraban tres miembros de aquella agrupación de derechas: el regionalista navarro Rafael Aizpún, para la cartera de Justicia; el sevillano Manuel Giménez Fernández que se había declarado expresamente republicano y que defendía la puesta en marcha de la reforma agraria, para la de Agricultura; y el catalán y antiguo catalanista José Anguera de Sojo, en Trabajo.

Cuando la CEDA reclamó su derecho a entrar en el Gobierno el PSOE dio el golpe de Estado revolucionario con las armas conseguidas por Indalecio Prieto y con ayuda de la CNT.

El 5 de octubre, tras la mencionada entrada de los tres nuevos ministros pertenecientes a la CEDA, en muchas ciudades se convocó como protesta una huelga general, que fue seguida de manera desigual. Asturias y Cataluña fueron los núcleos más importantes del movimiento. En Asturias adquirió un cariz revolucionario, llegando los insurrectos a asumir funciones básicas del Estado: abolición de la moneda y de la propiedad privada, control de la producción y abastecimientos, formación de un ejército proletario. La Alianza Obrera, integrada en Asturias por todas las fuerzas de izquierda (socialistas, comunistas y anarquistas), dirigió el movimiento, que tuvo como centros de irradiación las zonas mineras de Mieres, Sama y La Felguera (estas dos últimas, pertenecientes al municipio de Langreo) y culminó con el dominio de casi toda la ciudad de Oviedo, excepto algunos focos gubernamentales como la catedral, el Gobierno Civil y el cuartel de Pelayo.

El gobierno envió a Oviedo al general Eduardo López Ochoa, quien entre los días 10 y 17 de octubre tomó la ofensiva y consiguió la rendición de los revolucionarios asturianos el día 19. El general Francisco Franco había propuesto al ministro de la Guerra, Diego Hidalgo Durán, de quien actuaba como asesor, el envío de la Legión y aconsejó que el teniente coronel Juan Yagüe la dirigiese, como así fue, a partir del día 7. El número de víctimas de la revolución de Asturias llegó a 71, pero el de represaliados fue muy superior: algunos de aquéllos incluso fueron fusilados sin instrucción de causa. Entre los principales detenidos se encontraban los socialistas Ramón González Peña (destacado dirigente minero de la Unión General de Trabajadores en Asturias) y Francisco Largo Caballero.

Indalecio Prieto Tuero que tuvo una participación muy activa en la preparación de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, lo expuso públicamente con toda sinceridad, años después, en una conferencia pronunciada en Méjico y editada más tarde en un libro de su autoría:

«Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario [de octubre de 1934]. Lo declaro, como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento. Por indicaciones, hube de trazar en el Teatro Pardiñas, el 3 de febrero de 1934, en una conferencia que organizó la Juventud Socialista, lo que creí que debía ser el programa del movimiento. Y yo –algunos que me están escuchando desde muy cerca, saben a qué me refiero– acepté misiones que rehuyeron otros, porque tras ellas asomaba, no sólo el riesgo de perder la libertad, sino el más doloroso de perder la honra. Sin embargo las asumí».

En Cataluña, la actitud del gobierno presidido por Lerroux en contra de la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento catalán, precipitó la participación del gobierno de la Generalitat en el movimiento revolucionario. El 6 de octubre, el presidente Lluís Companys proclamó el Estat Català dentro de la República Federal española. Los dirigentes nacionalistas desconfiaban de la Alianza Obrera, que no fue armada y, además, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no se sumó al movimiento, lo cual facilitó la represión de los insurrectos a manos de las tropas del general Domingo Batet: el 7 de octubre el gobierno de la Generalitat era detenido y se suspendía el Estatuto de Autonomía catalán. Asimismo resultó encarcelado el propio Azaña, que en aquellas fechas, sin conexión con la sublevación pero acusado de instigador, se encontraba en Cataluña.

En toda España murieron 1.335 personas, de las cuales más de un millar eran revolucionarios. Muchos obreros fueron detenidos: se calcula que en total hubo 30.000 presos. La dura represión debilitó la alianza de gobierno del Partido Radical con la CEDA. La solicitud de amnistía para los obreros encarcelados fue una de las consignas electorales de la coalición izquierdista llamada Frente Popular, que venció en los comicios de febrero de 1936. Estos sucesos revolucionarios, así como la represión de los mismos, se encuentran entre las causas que acabarían por desembocar si no en la Guerra Civil (1936-1939) sí en la comisión por ambos bandos de actos de crueldad, especialmente en la retaguardia, durante el conflicto

El republicano Salvador de Madariaga levantó acta de lo que acababa de suceder con aquella revolución frustrada: “El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era, a la vez, hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.

ARRIBA     

Tras las elecciones de 1936 en las que Largo Caballero había prometido la guerra civil como remedio a todos los males y defendido la bolchevización del PSOE (lo que le serviría para ser Presidente del Gobierno en septiembre), el PSOE se convirtió en el principal partido del Frente Popular (con comunistas y azañistas), se indultó a los presos de 1934 y se encarceló a José Antonio Primo de Rivera por tener una pistola en su casa.

Se alzaba junto a los comunistas la bandera del 34 y se solicitaba a la URSS la ayuda para “la conquista del poder por medio de la insurrección armada”. El PSOE nunca defendió la República, sino que sólo la usó para lo que le convenía y la violó cuando le venía en gana.

La victoria de la izquierda en 1936 fue arrolladora en la segunda vuelta tras haberse entregado el poder a Azaña tras la primera (que había estado bastante igualada). No dejaba de ser sorprendente el cambio en el voto en tan mínimo tiempo.

A Largo Caballero se le conocía ya como el Lenin español y tenía su estatua en la Plaza Roja de Moscú.

La rivalidad entre Largocaballeristas y prietistas fue aumentando y se discutía a bofetadas en el Retiro entre Araquistáin y Zugazagoitia, cuando no a tiros (la escolta de Prieto, la Motorizada, tuvo que defenderle en un par de ocasiones pistola en mano de los largocaballeristas). Éste era un modo habitual de resolver los debates en el seno de los partidos democráticos.

El 2 de mayo se forma el Batallón de la Guardia Republicana, absorbiendo la Escolta Presidencial y la Banda de Alabarderos. Al celebrarse la festividad del día, ante el obelisco de la plaza madrileña de la Lealtad, se producen graves incidentes. Un oficial del Ejército dispara contra un grupo de izquierdistas que –según una de las versiones– hostilizaban a unos elementos derechistas.

El día 3 de mayo, una mujer del madrileño barrio de las Ventas hace correr el bulo de que su hijo ha huido de un colegio de monjas en el que se obligaba a los niños a tomar caramelos envenenados. La especie no tiene base alguna y es, en sí y por sí, toda una estupidez. Pero los nervios desatados y, sobre todo, la crasa incultura de una gran parte del público madrileño de la periferia, hace que el rumor se convierta en un clamor y el clamor en oleaje de pasiones. Una muchedumbre recorre las calles asaltando templos y linchando monjas o simplemente mujeres que entran o salen en las iglesias. La jornada registra numerosas víctimas.

Así pues, en mayo de 1936 estaba todo dispuesto para la revolución socialista, cuyo inicio se fue aplazando hasta el 31 de agosto. El plan era: toma del palacio de Comunicaciones de Madrid y de algunos ministerios, paralización del tránsito ferroviario, simulación de un ataque fascista contra un centro comunista como pretexto para la revuelta, supresión violenta de todos los elementos no revolucionarios del Frente Popular, detención de los que, aun siendo revolucionarios, no se adhiriesen o secundasen el alzamiento, expulsión de todos los elementos indeseables, detención de todos los oficiales del Ejército no comprometidos, aparentemente para garantizarles la vida, pero en realidad era para ejecutarlos.

El 13 de julio de 1936 un grupo armado de guardias de Asalto de base socialista, acude a casa del líder de la derecha republicana José Mª Gil Robles, al que no encuentran en casa. Seguidamente, acuden a la 01.30 de la madrugada al domicilio del líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, al que se llevan arrestado en un furgón, y en el que el militante socialista Condés le dispara dos tiros en la cabeza, abandonando el cadáver en el cementerio del Este. Este hecho fue el detonante final para el golpe de 1936, que ya se venía preparando.

Cuando Condés, meses más tarde cayó muerto en el frente de Madrid durante la guerra civil que se desató el 18 de julio de 1936, se le rindió un homenaje, como a un héroe, en la sede del PSOE

El 21 de diciembre de 1936 Stalin, junto con Molotov y Voroshilov, enviaron a Largo Caballero, una carta que resume incomparablemente los puntos de vista del dictador soviético respecto a España, puntos de vista que el Partido Comunista se esforzó en aplicar con la máxima fidelidad.

La carta, dirigida al camarada Largo Caballero, jefe del Gobierno de la República española, dándole consejos de amigo, decía así:

«...Consideramos que es nuestro deber, dentro de nuestras posibilidades, ayudar al gobierno español, que dirige la lucha de todos los trabajadores, de toda la democracia española, contra la camarilla militar y fascista, que no es otra cosa que un instrumento de las fuerzas fascistas internacionales...

La revolución española discurre por caminos que, en muchos aspectos, son muy distintos del recorrido por Rusia. Así lo determinan las distintas condiciones sociales históricas y geográficas, las necesidades de la situación internacional, muy diferentes de las que tuvo frente a sí la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte en España un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz de lo que fue en Rusia.

Convendría dedicar una especial atención a los campesinos, que tienen tanto peso en un país agrario como es España. Sería deseable la promulgación de disposiciones legales de carácter agrario y fiscal protectoras de los intereses de estos trabajadores.

También convendría atraer a dichos campesinos al ejército y constituir con ellos, en la retaguardia de los ejércitos fascistas, grupos de guerrilleros.

Convendría,  también, atraer al lado del Gobierno a la burguesía pequeña y mediana de las ciudades o, en todo caso, darle la posibilidad de que adoptase una actitud de neutralidad que favoreciese al Gobierno, protegiéndoles contra las tentativas de confiscación y asegurándoles, en la medida de los posible, la libertad de comercio. No hay por qué rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, sino que, por el contrario, hay que atraérselos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo común del Gobierno.

Es necesario evitar que los enemigos de España vean en ella una República comunista, previniendo así su intervención declarada, lo cual constituiría el peligro más grave para la España republicana. Debería buscarse la ocasión de declarar por medio de la Prensa que el Gobierno de Madrid no tolerará que se atente contra la propiedad y los legítimos intereses de los extranjeros residentes en España».

Francisco Largo Caballero contestó a la carta, agradeciendo el interés de sus camaradas soviéticos y prometiendo tener en cuenta las advertencias que se le hacían.

ARRIBA     

El sábado 5 de septiembre de 1936, al Secretario General del PSOE Francisco Largo Caballero, se le nombra Presidente del Gobierno, formándose un gabinete de concentración con mayoría socialista.

Durante su Gobierno las checas del PSOE, creadas a imitación de las soviéticas, asesinan, violan y roban. Ser sospechoso de reaccionario, haber acudido a misa con regularidad, o leer el ABC eran motivos suficientes.

Ángel Galarza Gago, marxista recalcitrante, pasó en 1933 a militar en el PSOE, en cuyo partido obtuvo en 1936, acta por Zamora

En agosto de 1936, en un acto público celebrado en Menorca, entre otras cosas, dijo: «A mí…el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento…el sentimiento de no haber participado en su ejecución».

El sábado 5 de septiembre de 1936 fue nombrado ministro de la Gobernación en uno de los gabinetes presididos por Francisco Largo Caballero

Ángel Galarza fue protagonista principal de los desmanes cometidos en territorio sometido al gobierno de la República desde el 5 de septiembre de 1936 hasta el 18 de mayo de 1937. Este periodo de ocho meses fue terrible por lo que a la persecución política, civil y religiosa se refiere. Se produjeron, por parte de los republicanos, miles de «paseos» y fusilamientos, incluidos los crímenes de Paracuellos de Jarama. Galarza también permitió las famosas sacas de los detenidos en las prisiones, que fueron fusilados sin juicio previo, por razones políticas y religiosas.

Ya antes de la revolución se había revelado desde su cargo de director general de Seguridad como hombre sanguinario y perseguidor de los elementos de la derecha y al llegar el periodo revolucionario extremó sus acciones, siendo el eficaz organizador de las checas de las MVR (Milicias de Vigilancia de la Retaguardia) y el gran amparador de todas las demás.

La tristemente afamada checa de la calle del Marqués de Riscal, nº 1 de Madrid fue una de las checas más sangrientas, establecida por unas milicias del Círculo Socialista del Sur, convertidas más adelante en la 1ª Compañía de Enlace de la Inspección General de Milicias Populares, bajo la inmediata dependencia de Ángel Galarza, y dedicadas al servicio de escolta personal del mismo y a la protección del edificio del Ministerio de la Gobernación.

Aprovechándose de su cargo, encontró cauce hacedero para vengar su antigua enemistad política y, al parecer, personal –vinculada a un asunto de faldas, de una pretendiente compartida– con los hermanos Luis y Rosendo Calamita Ruy-Wamba.

Muy vinculado a Galarza fue Ángel Pedrero García, paisano suyo, a quien Galarza encargó el Servicio de Información Militar del denominado “Ejército del Centro” y por cuya seguridad personal y para que no fuera molestado en sus tareas, se preocupó el Ministro de Gobernación, creador también de las denominadas Milicias de Retaguardia.

Ángel Galarza mucho tuvo que ver con la creación del Departamento Especial de Información del Estado, que fue utilizado convenientemente por el entonces Ministro de Gobernación en defensa de la República.

La relación de los chequistas con el ministro Galarza fue muy estrecha hasta el punto de que cuando en noviembre de 1936 éste abandonó Madrid con el resto del gobierno del Frente Popular, a causa de la cercanía del Ejército Nacional, la mayoría le acompañaron en calidad de guardia personal. En el momento de la huida del gobierno frentepopulista hacia Levante, los chequistas, siguiendo órdenes del ministro Ángel Galarza, procedieron a cargar los objetos de valor en maletas y llevarlos consigo.  Llegaron con su preciosa carga hasta Barcelona donde sus planes se vieron frustrados, ya que milicianos de la CNT detuvieron a los chequistas y les arrancaron el botín. La pérdida del caudal no fue acompañada por una pareja disminución del poder de la checa. Una vez en Valencia, Ángel Galarza encomendó a sus componentes la formación de la denominada checa de Santa Úrsula.

Es en la capital valenciana donde nace el DEDIDE o Departamento Especial de Información del Estado. El DEDIDE fue un antecedente del SIM creado por Indalecio Prieto. Por eso, cuando se creó este último y como consecuencia de la destitución de Galarza, ambos, DEDIDE y SIM, se refundieron formando una única organización.

El organismo creado por Galarza tuvo sus funciones de proteger edificios y personajes oficiales, la represión de alzamientos de la CNT en todo el Levante y, por supuesto, la dirección de las checas. La Compañía de Milicias de Retaguardia de Madrid que era la escolta personal de Galarza en Madrid, se trasladó a Valencia con el ministro de Gobernación. Los miembros de esta Compañía, habían cometido desde el comienzo de la guerra civil toda clase de crímenes en la ya mencionada checa de la calle del Marqués de Riscal, 1, de Madrid.

El primitivo núcleo del DEDIDE en Valencia instaló las checas de Bailía y Santa Úrsula. Las torturas empleadas allí eran un reflejo de las realizadas en la de la calle del Marqués de Riscal de la capital de España.

Agapito García Atadell, afiliado al PSOE en el año 1928, mantuvo una buena relación de amistad con Indalecio Prieto. Al estallar la Guerra Civil creó y organizó en Madrid la Brigada de Investigación Criminal, también llamada Milicias Populares de Investigación, con las que cometió robos, saqueos y asesinatos, con el beneplácito de las autoridades republicanas. Organizó la llamada “checa Atadell”.

Ya Largo Caballero como Presidente del Gobierno y ante el avance de Franco hacia Madrid se decreta el fusilamiento de miles de presos civiles en Paracuellos del Jarama, actos de cuya responsabilidad recaban en Santiago Carrillo.

 El 13 de septiembre de 1936 se dictó el Decreto reservado firmado por el presidente de la República, Manuel Azaña y por el ministro de Hacienda, Juan Negrín, por el cual se permitía el embargo del tesoro guardado en el Banco de España y su posterior traslado a diversos lugares del extranjero. La publicación de este Decreto venía dada, según los responsables de la República, por la intención de “salvaguardar el tesoro español, llevándolo a lugar más seguro”. Así comenzaba la historia vergonzosa del “oro de Moscú”. Pero no solamente fue la capital rusa la receptora del tesoro español, ni tampoco fue el preciado metal el único sujeto de su apropiación, ya que valores, joyas, dinero, cuentas corrientes y divisas se repartieron por Francia, Méjico y Rusia. En aquel entonces España ocupaba el cuarto lugar mundial en cuanto a reservas de oro: 257.000.000 de pesetas del mismo habían sido enviados a París para liquidar ciertos atrasos en la etapa anterior a la guerra, y desde entonces se habían hecho regularmente envíos sustanciosos, que a finales del mes de octubre de 1936, sumaban  302.000.000 de pesetas. Aunque la mayor parte de aquél permanecía custodiado en los sótanos del Banco de España en Madrid. Gran cantidad del oro español se guardaba en forma de monedas: luises de oro, soberanos, dólares, etc.

El Decreto que “legalizó” la expoliación decía así:

“Ministerio de Hacienda. Excmo. Sr.: Por su excelencia el Presidente de la República, y con fecha 13 del actual, ha sido firmado el siguiente Decreto reservado de este Departamento ministerial. La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida, y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente:

 Artículo 1º. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno, ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el Establecimiento Central del Banco de España.

 Artículo 2º. El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este Decreto.

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Juan Negrín López- Manuel Azaña”.

Con motivo del 20 aniversario de la Revolución de Octubre, la Puerta de Alcalá fue engalanada, con el consentimiento de las autoridades municipales republicanas, por la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, con retratos de Stalin, Litvinov y Voroshilov, en los tres arcos de medio punto, el escudo de la Unión Soviética, por encima de la inscripción Real de Carlos III y ocultando la misma, y un letrero con la leyenda “Viva la URSS”.

Largo Caballero transformó radicalmente el modo de llevar la guerra, lo que abrió una lucha interna en el bando republicano. Sin un ejército regular de las dimensiones del de los sublevados que oponer a su avance, Largo alimentó su fama de Lenin español con la decisión de levantar en muy corto espacio de tiempo un ejército republicano al estilo del Ejército Rojo, formado de la nada por los bolcheviques para defender la Revolución en la guerra civil contra los Ejércitos Blancos. Para ello, Largo pretendía basar la fuerza del ejército republicano en la alianza de los sindicatos UGT y CNT, como únicas fuerzas capaces de movilizar a las clases trabajadoras en favor de la República.

Frente a esta idea se encontraba buena parte del Partido Socialista y, sobre todo, el Partido Comunista, fuerza minúscula al comienzo de la guerra pero con una gran capacidad de dirección en la guerra y con la influencia que le otorgaba ser el receptor directo de la ayuda en material militar que llegaba procedente de la URSS. Ambas fuerzas pretendían concentrar todo el poder en el estado –y los partidos políticos que lo sostenían–, arrebatando el control de la contienda a los sindicatos.

Ante el cerco del ejército nacionalista a Madrid, el gobierno de la República y las Cortes abandonaron la capital y se instalaron en Valencia. Allí reunidas, las Cortes aprobaron el estatuto de autonomía vasco, que apenas pudo tener aplicación ante la caída de su territorio bajo el control de los alzados. La importancia dada por Largo Caballero a las centrales sindicales permitió que la CNT y la FAI llevaran a cabo una revolución social paralela al desarrollo de la guerra. Esta revolución se materializó en la expropiación y colectivización de industrias y tierras de cultivo, sin el consentimiento, pero también sin la oposición real del gobierno; las zonas más afectadas por esta revolución social fueron Cataluña, donde la CNT llegó a controlar cerca del 70% de las empresas, y la parte de Aragón aún en manos republicanas, donde se implantó una reforma agraria colectivizadora.

Frente a la opción tomada por Largo Caballero, tanto el Partido Socialista como el Comunista entendieron que la victoria en la contienda civil dependía de la capacidad de entendimiento entre ambas fuerzas políticas y la participación de todos los defensores de la República. A este conjunto resultaban ajenos los anarquistas, primero porque buena parte de ellos pretendían realizar –tal como estaban haciendo en Cataluña– una verdadera revolución interior e implantar un comunismo libertario radicalmente opuesto a la legalidad constitucional republicana; en segundo lugar porque su falta de disciplina y la negación de sus líderes de militarizar sus tropas estaban evidenciado su ineficacia en los frentes. El acuerdo entre socialistas y comunistas triunfó inicialmente en Cataluña con la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), que pretendía eliminar a la CNT y el POUM, lo que produjo sangrientos enfrentamientos en las calles de Barcelona en mayo de 1937. La negación de Largo Caballero de ilegalizar al POUM le enfrentó a los dirigentes de su propio partido y al cada día más poderoso PCE, lo que le condujo a la dimisión.

Le sustituyó al frente del Gobierno el también socialista Negrín, y tomó la cartera de Defensa Prieto; inmediatamente, no sólo se ilegalizó el POUM, sino también se exigió a la CNT que integrara en la disciplina militar a sus tropas. El gobierno Negrín trató de cambiar la dirección política y económica de la República beligerante, lo que se materializó en una disminución del peso de los sindicatos y su práctica revolucionaria y un aumento de la presencia de los partidos políticos, en especial del socialista, pero cada vez más del comunista. La influencia del Partido Comunista creció tanto por ser el interlocutor directo de la Unión Soviética (de donde procedían las armas que recibía la República) como por su labor de control sobre los mandos militares y la policía. Al mismo tiempo, el gobierno Negrín pretendió retomar el control de la economía, en especial para conseguir una mayor producción de todos los órdenes que paliara la creciente carencia de víveres y pertrechos civiles y militares. Fue esta carencia y los reveses continuos en la guerra lo que fue reduciendo la capacidad operativa del Gobierno hasta el final de la guerra. Llegado éste, sus miembros, como una parte importante de los ciudadanos fieles a la República, debieron emprender el camino del exilio.

Tras la derrota en la Guerra Civil, los líderes socialistas en el exilio continuaron con sus interminables disputas. Especialmente agria fue la polémica mantenida por Prieto y Negrín en cartas cruzadas. Así, el primero acusaba al segundo de ser el máximo responsable de la derrota sufrida. Negrín sostenía que era gran mérito suyo el haberla retrasado y casi haber conseguido enlazar la contienda española con la Guerra Mundial. No obstante, el principal punto de desacuerdo era la administración de los cuantiosos fondos situados en el extranjero. Desde antes de finalizar la guerra, Negrín se había preocupado de expatriar el producto de los robos y saqueos llevados a cabo: joyas, oro, plata, bonos, títulos, obras de arte... Parte de estas requisas, cargadas a bordo del yate Vita, cayeron en manos de Prieto en Méjico, en una maniobra que Negrín juzgó ilegítima y exigió la devolución del fabuloso tesoro. Devolución a la que se negó Prieto amparándose en el apoyo de la fantasmal Diputación Permanente de las Cortes.

Con las riquezas robadas, Negrín puso en funcionamiento el SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles). Como contrapartida, Prieto creó la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles). Ambas concedían subsidios a ciertos exiliados, fundamentalmente a las élites, con miras interesadas y en función de la militancia política, lo que provocó numerosas críticas y malestar. De hecho, para recibir ayudas del SERE era necesario suscribir un documento condenando la actuación de la Junta de Defensa Nacional. Largo Caballero opinaba sobre Negrín y el SERE “(...) se ocupó de preparar el tinglado (...) colocando fondos en varios sitios y a nombre de diferentes personas. El oro depositado en Rusia (...) en Francia e Inglaterra se convertiría en francos y libras (...) Con estos medios económicos constituyó Negrín el SERE. Creyó que volveríamos pronto a España y procuró sostener una clientela que le sirviese de apoyo después de la repatriación”. Palabras demostrativas, por otra parte, de que había más opciones que la URSS para colocar el grueso de las reservas de oro españolas durante el gobierno del propio Largo. Según Cipriano Mera el propósito de Negrín era “(...) seguir manejando sin rendir cuentas a nadie los fondos sacados de España e intentar imponerse mediante la coacción económica a los miles de refugiados españoles”. Tanto el SERE como la JARE no tardarían en desaparecer.

Mientras tanto continuaban las discordias en el seno del PSOE, con dos comisiones ejecutivas reclamando la representatividad del partido. Negrín seguiría actuando como presidente del gobierno en el exilio hasta 1945, en que fue sustituido por Giral. Posteriormente sería expulsado del PSOE.

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Desde que un puñado de rigurosos tipógrafos alumbrara su partido en tabernas y cafés decimonónicos, hasta los vaivenes del posmoderno socialismo español, unas mismas siglas han mordido el polvo y se han coronado de laurel, han sangrado y ensangrentado, han dado doctrinarismo y pragmatismo, intentos de golpes de Estado y sacrificios heroicos, revoluciones armadas y alineamiento occidental, sovietismo y atlantismo, probidad y corrupción, exilios exasperantes y gobiernos inexpugnables. El partido de los asesinos de Calvo Sotelo y del chequista García Atadell es el de los profesores Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. Indalecio Prieto, que preparaba la guerra en 1934, instará a los maquis a abandonar en el 1946. Bajo el gobierno de Felipe González, España entró en Europa y se generalizó la corrupción, permanecimos en la OTAN (después de la campaña socialista de “OTAN, de entrada No”), y se organizó el terrorismo de Estado. Las siglas del PSOE, significan demasiadas cosas a la vez, predominando en gran manera el fracaso más absoluto y rotundo, evidenciado claramente por el aún presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero…   

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