Hace 39 años.
El Príncipe de
España prestó juramento como sucesor a la Jefatura del Estado.
Por
Eduardo Palomar Baró. 02/09/2008.
El 22 de julio de 1969 Su
Excelencia el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde acudió al Palacio de
las Cortes acompañado del Presidente Antonio Iturmendi Bañales, para
pronunciar un importante e histórico discurso, en el que anunció su sucesión.
Texto del mensaje pronunciado por S. E. el Jefe del Estado en las Cortes
«Señores Procuradores:
El Movimiento Nacional, iniciado en los graves momentos en que estábamos
empeñados en una dura guerra para salvar a la Patria, ha demostrado al correr
de estos treinta años la capacidad creadora necesaria para encontrar las
soluciones más adecuadas a la demanda de cada situación.
Durante este largo tiempo. Ha seguido un proceso constitucional abierto
que se inicia en 1938 con la promulgación de la Ley del Fuero del Trabajo,
que establece los principios sociales y laborales y que se va continuando con
una serie de seis leyes que, en base a su elevado rango, toman la denominación
de fundamentales. Así surgieron la Ley constitutiva de las Cortes, el Fuero
de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional, la de Sucesión en la
Jefatura del Estado, la de Principios del Movimiento y la Ley Orgánica del
Estado.
Garantizada la perfección técnica y la oportunidad política de cada
una de ellas, con ocasión de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en
la que se regulaban cuestiones fundamentales para el futuro español y se
establecía el carácter fundamental de las leyes promulgadas con
anterioridad, fue sometida a referéndum nacional, que significó una
ratificación a las normas de carácter constitucional aparecidas en España
hasta aquel momento. Un nuevo referéndum, en diciembre de 1966, aprueba por
una mayoría impresionante la Ley Orgánica del Estado, que da confirmación
definitiva a la Constitución española.
La apertura de la Constitución española y la posibilidad de
completarse y adaptarse a las exigencias de cada momento, no afecta sin
embargo, a su estabilidad o permanencia. Por el contrario, nuestras Leyes
fundamentales tienen vocación de futuro al establecerse un camino para
derogarlas o modificarlas, para lo que será necesario, además del acuerdo de
las Cortes, el referéndum nacional, que imprime a las citadas leyes una
continuidad para el desarrollo ordenado de la convivencia social de los españoles.
El proceso de la unidad de mando con atribución de las respectivas
competencias a las más altas instituciones públicas, culminó en la Ley Orgánica
del Estado, respaldada por los votos de los españoles en el clamoroso referéndum
del 14 de diciembre de 1966, convertida en Ley por mi sanción el 10 de enero
de 1967. Entre las normas y previsiones que en ella se establecen, se
encuentran aquellas que afectan a la sucesión en la Jefatura del Estado,
siguiendo una línea sostenida desde los primeros momentos del Alzamiento
Nacional: ya con ocasión del Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937,
que consideró la posibilidad, cuando hubiéramos dado cima a la ingente tarea
de la reconstrucción espiritual y material de España, y las conveniencias
políticas y los sentimientos del país lo aconsejaban, de llegar a instaurar
en la nación un régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica.
El proceso era de una lógica abrumadora. La República, que va de abril de
1931 a julio de 1936, compendiaba en sí todas las alteraciones, revoluciones,
anarquía y desenfreno de la etapa que la precedió. En poco más de cinco años
tuvo dos presidentes, dieciocho gobiernos, una Constitución constantemente
suspendida, persecución religiosa perenne, incendios de conventos e iglesias,
constantes movimientos de perturbación del orden público, apertura al
comunismo, intento de separación de dos regiones; sucesos que culminaron en
el asesinato, por orden del propio Gobierno, del jefe de la oposición
parlamentaria, señor Calvo Sotelo. El balance no pudo ser más trágico.
Si la democracia inorgánica de los partidos políticos puede constituir
para otros pueblos un sistema, si no de felicidad al menos llevadero, ya se
vio por dos veces en nuestra historia lo que la República representó para
nuestra patria. El mal no residía en sus hombres, sino en el sistema. Lo
padeció nuestra monarquía, bajo el sistema parlamentario de la democracia
inorgánica, basado en los partidos políticos, que la arrastró a sucumbir,
ante el simple hecho de unas elecciones municipales, en que se perdió la
mayoría en las grandes ciudades. Ni lo tradicional de la institución monárquica,
ni la existencia de una franca mayoría en la totalidad de los sufragios de la
nación, le permitieron superar el hecho de la debilidad a que había llegado
la institución bajo el régimen de partidos.
No hay estabilidad sin la unidad en la asistencia pública. Los
edificios se levantan de abajo a arriba y no se comienzan por el tejado. Por
eso, una vez conseguida la firmeza de nuestras instituciones, como os afirmaba
en mi mensaje radiado de 31 de marzo de 1947, cuando nada podría destruir el
edificio levantado, ni poner en peligro lo a tanta costa alcanzado, envié a
las Cortes para vuestra deliberación la Ley de Sucesión a la Jefatura del
Estado, por la cual el Estado español, de acuerdo con su tradición, se
declaraba constituido en Reino.
No se trataba de volver a lo arcaico y menos a lo pasado, sino de
incorporar los principios de nuestra tradición histórica, dándoles plena
movilidad y continuidad, manteniendo a través del tiempo, por el inevitable
relevo de las personas, consecuencia de la condición mortal del ser humano,
la trayectoria de nuestro Movimiento, al cual dio vida y proyección hacia el
futuro la sangre de nuestra generación.
En este orden creo necesario recordaros que el Reino que nosotros, con
el asentimiento de la Nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de
aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico
trascendente que no admite pactos, ni condiciones. La forma política del
Estado nacional establecida en el principio 7º. de nuestro Movimiento,
refrendada unánimemente por los españoles, es la Monarquía tradicional, católica,
social y representativa.
Alguna vez os he recordado que el argumento que contra nuestra
estabilidad política se esgrimía por los enemigos de fuera, secundados por
algunos pobres de espíritu de dentro, es el especular con la crisis del mañana
en que pueda faltar mi Capitanía. Para cuando ese día llegue, el hábito de
ejercitar nuevos recursos de vida política y la existencia de un heredero
ungido por las leyes, aclara para todos las cosas y facilita la superación de
tal momento. Si en nosotros alimentamos una fe y seguridad en nuestra obra es
porque creemos contar con esas condiciones previas necesarias a la continuidad
y a la estabilidad política. La legitimidad de ejercicio constituye la base
de la futura Monarquía, en que lo importante no es la forma, sino
precisamente el contenido.
Los principios del Movimiento Nacional, mantenidos de una manera
permanente y celosamente asistidos por los españoles, han de tener, con el
transcurso natural del tiempo, una aplicación concreta, que a la vez será la
prueba más eficaz ante la conciencia universal de la solidez de nuestras
instituciones y de la continuidad de aquél, que es el que verdaderamente, con
el transcurso del tiempo, se sucede a sí mismo. El relevo de la Jefatura del
Estado constituye un hecho normal impuesto por la condición mortal de los
hombres. Todo el armazón institucional permanece con idéntica capacidad
creadora, ejerciendo sus funciones los hombres que con aptitud legal y
reconocida lealtad sean los más capaces para desempeñarlas.
La Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado establece en su artículo
6º. que “en cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las
Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día para sucederle, a título
de Rey o Regente”. Esto, que fue promulgado hace más de veintiún años (el
26 de julio de 1947) tras haber sido sometido a Referéndum de la Nación y
votado por el 83 por ciento del cuerpo electoral, que representó el 93 por
ciento de los votantes, ha sido ratificado unánimemente en el Referéndum de
14 de diciembre de 1966, que con ocasión de la Ley Orgánica del Estado puso
de manifiesto la clamorosa adhesión popular (85,5 por 100 del cuerpo
electoral, que representó el 95,86 por 100 de los votantes) al conjunto de
las siete Leyes fundamentales que integran nuestro ordenamiento.
Con un intervalo de veinte años, prácticamente dos generaciones
sucesivas de españoles han sido consultados y han dado, casi unánimemente,
la misma respuesta. No cabe manifestación más terminante de la voluntad
popular, en este orden de la designación de sucesor en la Jefatura del
Estado.
La fórmula sucesoria que contiene el artículo 8º. de la Ley de Sucesión
constituye una fórmula supletoria para un caso de emergencia que, pese a
todas las cautelas establecidas, entraña evidentemente una dilación en la
resolución de la crisis, que queda definitivamente resuelta haciendo uso del
artículo 6º. de la Ley de Sucesión.
Es cierto que desde 1947, en que se promulgó la Ley de Sucesión,
hubiera podido hacerse, pero entonces no se había dado cima al proceso
institucional y determinado los deberes y facultades futuras del Jefe del
Estado, en materia tan importante como la forma de designación del Presidente
del Gobierno y señalamiento de sus atribuciones.
En estos últimos años, con la Ley de Principios del Movimiento
Nacional y la Ley Orgánica del Estado, se ha completado el proceso
institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las personas y las
garantías de acierto para su designación. Así como el transcurso de más
tiempo, dada mi edad, no ofrecerá ningún nuevo elemento de juicio que
pudiera hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante
materia, considero que no debo exponer a la Nación a los azares y dilaciones
que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo
8º. de la Ley, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia.
Así, pues, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la
persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que, perteneciendo
a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras
muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se halla
estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales
forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido
perfectamente preparado para la alta misión a que podía ser llamado y que,
por otra parte, reúne las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley
de Sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la Patria
como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter
de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que
durante un siglo se mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a
la disolución de nuestra Patria por obra del marxismo; asegura la unidad y la
permanencia de los Principios del Movimiento Nacional, está en todo conforme
con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona confluyen las
dos ramas que en su día determinaron las pugnas sucesorias del siglo pasado.
En resumen: el artículo 1º. de la Ley de Sucesión establece que España, como unidad política, es un Estado
católico, social y representativo, y de acuerdo con su tradición se declara
constituido en Reino; asimismo, el artículo 6º. determina que en cualquier
momento el Caudillo puede proponer a las Cortes la persona que estime debe ser
llamada a sucederle, sin más condición que ser de estirpe regia, varón,
español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica,
poseer las cualidades necesarias para el desempeño de tan alta misión y
jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan
el Movimiento Nacional. Se trata, pues, de una instauración y no de una
restauración, y sólo después de instaurada la Corona en la persona de un Príncipe
comienza el orden regular de sucesión que se refiere en el artículo 11 de la
misma Ley.
La resolución de este problema sucesorio queda en esta forma
perfectamente definida y clara, y dará, a los de dentro lo mismo que a los de
fuera, una garantía de continuidad, acabando definitivamente con las
especulaciones internas y externas y con los enredos políticos de
determinados grupos, al tener el Príncipe un status que le define como
heredero, que le permitirá controlar a mi lado su formación y perfeccionar
el conocimiento de los problemas nacionales.
Al mejor servicio de Dios y de la Patria tengo consagrada mi vida, pero
cuando por ley natural mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente
tiene que llegar, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que
contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el
futuro.
Hoy no se puede decir que las monarquías representan al sector
conservador de los pueblos, pues si contemplamos las monarquías de las
distintas naciones del norte de europeo, tenemos que reconocer el progreso y
la eficiencia social que registran, a las que dio estabilidad y garantías de
continuidad. Pero no tenemos que ir a buscar fuera ejemplos de que lo
trascendente de las instituciones no es el nombre, sino el contenido; la
Monarquía de los Reyes Católicos, que tantos años de gloria dio a la nación,
es un ejemplo perenne de su popularidad y de la defensa constante de los
derechos sociales de nuestro pueblo.
Ha de quedar claro y bien entendido, ante los españoles de hoy y ante
las generaciones futuras, que esta Monarquía es la que con el asenso
clamoroso de la Nación fue instaurada con la Ley de Sucesión el 7 de julio
de 1947, perfeccionada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967;
Monarquía del Movimiento Nacional continuadora perenne de sus principios e
instituciones y de la gloriosa tradición española. Por ello, para cumplir
las previsiones sucesorias, se instaurará, en su día, la Corona en la
persona que hoy proponemos como sucesor, mediante la aprobación de la Ley a
que va a dar lectura el señor Presidente de las Cortes.»
Así fue la votación
Antes de procederse a la votación,
el Presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi Bañales, hizo varias
recomendaciones sobre la forma en que se desarrollaría aquélla. A este
respecto, dijo que ningún procurador podía ausentarse del salón de sesiones y
que los que aprobasen el proyecto de ley debían decir «Sí»; los que la
rechazaran, «No», y los que se abstuviesen, debían manifestarlo explícitamente.
La votación se iniciaría por
los Ministros y seguiría por los Presidentes de Comisión. A continuación
votarían los señores procuradores por orden alfabético, y en último término
la Mesa de las Cortes.
La votación nominal arrojó el
siguiente resultado: 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones.
Votaron «No»:
Alfonso Mª Abella y García
de Eulate, representante de la familia por Vitoria.
José Alcaina Caballero,
procurador sindical, representante de los técnicos por el Sindicato Nacional
del Metal.
Antonio Arrue Zarauz,
representante de la familia por Guipúzcoa.
Manuel Baldellón Ciprés,
procurador sindical, representante de los obreros por el Sindicato Nacional de
Banca, Bolsa y Ahorro.
José Bañales Novella,
procurador sindical, representante de los obreros por el Sindicato Nacional
del Metal.
Manuel Mª Escudero y Rueda,
representante de la familia por Guipúzcoa.
Baldomero García García,
representante de la familia por Cádiz.
Teniente general Rafael García
Valiño y Marcén, consejero designado por el Jefe del Estado.
Auxilio Goñi Donazar,
representante de la familia por Pamplona.
Torcuato Luca de Tena Brunet,
consejero designado por el Jefe del Estado.
Juan Martínez de Salinas y
Diaber, procurador sindical, representante de los obreros del Sindicato
Nacional de Enseñanza.
Juan Marrero Portugués,
representante de la familia por Las Palmas de Gran Canaria.
Rafael Merino García,
representante de la familia por Málaga.
José Navarro López,
procurador sindical, representante de los técnicos por el Sindicato Nacional
del Papel, Prensa y Artes Gráficas.
Manuel Pizarro Indart,
representante de la familia por Teruel.
José Manuel Sierra Haya,
procurador sindical, representante de los obreros por el Sindicato Nacional
del Seguro.
Agatángelo Soler Llorca,
consejero nacional por Alicante.
Eduardo Tarragona Corbella,
representante de la familia por Barcelona.
José Ángel Zubiaur Alegre,
representante de la familia por Pamplona.
Abstenciones:
Rafael del Águila y
Goicoechea, representante de los propietarios de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos.
Fernando Beltrán Rojo,
representante de la familia por Asturias.
Fernando Furgado Sanz,
procurador sindical, representante de los obreros del Sindicato Nacional de la
Madera.
José Mª García
Bravo-Ferrer, representante de la familia por Sevilla.
José Mª Peña Urmeneta,
representante de la familia por Huesca.
Mónica Plaza del Prado,
consejera nacional por Valencia.
Francisco Vallbona Loro,
procurador sindical, representante de los obreros del Sindicato Nacional de la
Vid, Cervezas y Bebidas.
Josefina Veglisón Jornet,
representante de la familia por Madrid.
Antonio Zaragoza Rodríguez,
procurador sindical, representante de los técnicos del Sindicato Nacional de
Banca, Bolsa y Ahorro.
El consejero nacional por
Valencia, Fernando Mateu de Ros, al emitir su voto dijo; “¡Sí, por
Franco!”
Al salir de las Cortes con
Antonio Iturmendi, Francisco Franco se mostró muy satisfecho. Comentó que la
designación de sucesor era conveniente cara al Vaticano, «que no nos trata
como merecemos»
Los actos del 23 de julio de 1969
En la mañana del 23 de julio,
tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el acto solemne de comunicar al príncipe
de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón el acuerdo adoptado ayer por
las Cortes Españolas, como Sucesor a título de Rey. A las once de la mañana
hizo su aparición, en el salón al fondo del vestíbulo del Palacio, el príncipe
don Juan Carlos que vestía uniforme de verano de teniente de navío, con el
Toisón de Oro y la Gran Cruz de Carlos III. Segundos después hizo su entrada
la princesa doña Sofía, que llevaba de la mano al pequeño príncipe don
Felipe y, junto a ella, entraron también las infantas Elena y Cristina.
A la derecha del príncipe don
Juan Carlos se situó el Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, don
Antonio María de Oriol y Urquijo, que tenía junto a sí al vicepresidente del
Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco; presidente de las Cortes, don
Antonio Iturmendi Bañales y Mesa de ésta, integrada por los vicepresidentes
don Dionisio Martín Sanz y don José Finat y Escrivá de Romaní, conde de
Mayalde, y los secretarios don Tomás Romojaro Sánchez, don Sancho Dávila y
Fernández de Celis, don Francisco Lapiedra de Federico y don José María
Zamanillo.
A la izquierda del Príncipe se
situaron la princesa doña Sofía y los infantes Felipe, Elena y Cristina; el
infante don Luis Alfonso de Baviera y Borbón, general de División del Arma de
Ingenieros y gobernador militar de Barcelona; los príncipes don Alfonso y don
Gonzalo de Borbón Dampierre.
Tras el Príncipe se encontraban
el que fue su preceptor el teniente general don Carlos Martínez Campos, duque
de la Torre; el jefe de la Casa del Príncipe, marqués de Mondéjar y ayudantes
de don Juan Carlos.
La ceremonia de la comunicación
La ceremonia comenzó con las
siguientes palabras pronunciadas por el Presidente de las Cortes y del Consejo
del Reino, don Antonio Iturmendi Bañales:
Señor: Es un honor para la Mesa de las Cortes españolas comparecer en
este día ante vuestra alteza para ofreceros nuestros fervientes respetos, de
los que hacemos partícipe a la princesa doña Sofía, vuestra esposa, que nos
honra con su presencia y elevar formalmente a vuestro conocimiento los
trascendentales acuerdos adoptados ayer, veintidós de julio de mil
novecientos sesenta y nueve, por el pleno de las mismas.
En sesión extraordinaria convocada al efecto, su excelencia el Jefe del
Estado manifestó su determinación de hacer uso del derecho que le concede el
artículo sexto de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y, en
consecuencia y habida cuenta de los supremos intereses de la patria, propuso a
las Cortes, en razonadas y emotivas palabras, que vuestra persona fuese la
llamada en su día a sucederle a título de rey.
Aprobada dicha propuesta por las Cortes españolas, con rango de Ley y
el voto favorable de los señores procuradores que las integran, que excede de
la mayoría exigida por la Ley de Sucesión, aquélla ha sido sancionada por
su excelencia el Jefe del Estado y publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” de fecha de hoy, en los siguientes términos. Tras dar lectura
al texto de la Ley, el señor Iturmendi prosiguió:
«Manifestada así la voluntad de Su Excelencia el Jefe del Estado, artífice
de la gran obra de transformación de nuestra patria y símbolo de la unidad y
hermandad de los que la constituimos y la del entrañable pueblo español a
través de sus legítimos representantes
en Cortes, llamado a regir Vuestra Alteza en su día el glorioso trono de los
Reyes Católicos, queda Señor que pronuncies la palabra decisiva, expresión
de vuestros sentimientos de amor y servicio a España en respuesta a las
honrosísimas propuestas del Caudillo y acuerdo concluyente de las Cortes españolas.
Señor, en este histórico momento, en el que los españoles vemos
asegurada en Vuestra Alteza y vuestros sucesores la continuidad del orden
regular sucesorio y de los principios del Movimiento y demás Leyes
Fundamentales del Reino, las Cortes españolas esperan confiadamente la decisión
de vuestra abnegada entrega al servicio de la patria y a la empresa de su
engrandecimiento en paz, justicia y libertad.
Dios os guarde, Señor.»
Aceptación de S. A. R.
Don Juan Carlos de Borbón aceptó
el acuerdo de las Cortes Españolas con un «sí» pronunciado de forma clara y,
a continuación, adelantándose a los micrófonos instalados en el centro del
salón, pronunció las siguientes palabras:
«Excmo. Sr. Presidente de las Cortes:
Estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado
en mí Su Excelencia el Jefe del Estado, al proponer a las Cortes, haciendo
uso de la facultad que le concede el artículo 6 de la Ley de Sucesión, mi
nombramiento como sucesor a título de rey, así como el altísimo honor que
me ha hecho el supremo órgano legislativo del país al aprobar la propuesta
que sancionada, ha quedado convertida en Ley.
Me acabáis de comunicar oficialmente su contenido y plenamente
consciente de la enorme responsabilidad que sobre mí va a recaer acepto, en
mi nombre y en el de mis sucesores, las obligaciones y deberes que me impone
esta designación, pues considero que en definitiva se trata de obedecer un
mandato de nuestro pueblo expresado en forma legítima y fehaciente a través
de su representación genuina, que son las Cortes Españolas.
Formado en la España surgida el 18 de Julio, he conocido paso a paso
las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mandato magistral
del Generalísimo.
Este acto trascendental para mí, representa mi entrega total al
servicio de la patria.
Mi aceptación incluye una promesa firme que formulo ante VV. EE. Para
el día, que deseo tarde mucho tiempo, en que tenga que desempeñar las altas
misiones para las que se me designa, dedicando todas mis fuerzas no sólo al
cumplimiento del deber, velando porque los principios de nuestro Movimiento y
Leyes Fundamentales del Reino sean observadas, sino también para y dentro de
esas normas jurídicas, los españoles vivan en paz y logren cada día un
desarrollo creciente en lo social, en lo cultural y en lo económico.
Os ruego, pues, señor vicepresidente del Gobierno y señor presidente
de las Cortes, que así se lo comuniquéis respectivamente a Su Excelencia el
Jefe del Estado y a las Cortes Españolas.
Que Dios me ilumine y me ayude en un perseverante servicio a nuestra
amada España y que cada día sea una realidad plena de nuestros anhelos de
unidad, grandeza y libertad de la patria.»
Firma del acta
A las 11:18, terminada la
lectura del acta, el Príncipe don Juan Carlos de Borbón firmó los cuatro
ejemplares que le presentó el Notario Mayor del Reino. Cada una de las copias
del acta está guardada en una carpeta de brillante cuero rojo.
A continuación firmó el
presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, don Antonio Iturmendi Bañales.
Seguidamente el infante don Luis Alfonso de Baviera y de Borbón, da un beso al
Príncipe antes de sentarse para la firma. A continuación, también como
representante de la real familia, el príncipe don Alfonso de Borbón Dampierre.
Don Juan Carlos y don Alfonso se abrazaron. Por último firmaron los cuatro
ejemplares del documento todos los miembros de la Mesa de las Cortes, comenzando
el vicepresidente primero don Dionisio Martín Sanz.
Estampadas todas las firmas,
rubricó y dio fe el ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino don Antonio
María de Oriol y Urquijo, el cual hizo entrega a don Juan Carlos de Borbón de
un ejemplar del acta y también de la pluma estilográfica de oro con la que se
habían estampado las cuarenta y cuatro firmas que recogían los cuatro
ejemplares del acta. Esta pluma estilográfica, después del asesinato de
Carrero Blanco, el Príncipe don Juan Carlos en prueba de agradecimiento por lo
mucho que hizo por la Monarquía, Juan Carlos regaló la pluma a la viuda del
Almirante, en un estuche que tenía la Corona Real y una placa de plata en el
interior con la siguiente inscripción: «Pluma con la que firmó la aceptación
de su nombramiento S. A. R. el Príncipe de España. –A la Duquesa de Carrero
Blanco con todo cariño. Febrero 1974.» Y una reproducción de la firma de don
Juan Carlos.
El Príncipe presta juramento
El 23 de julio por la tarde, el
Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el
gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el
hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el
Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda
al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de
Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión
de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y
Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás
Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de
Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana
en el Palacio de la Zarzuela.
A su término, el Jefe del
Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.
Don Juan Carlos pasó entonces a
la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del
Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un
cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la
mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento
la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y
abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.
El presidente de las Cortes
preguntó al Príncipe:
– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a
Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento
Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?
– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a
los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
El presidente de las Cortes, don
Antonio Iturmendi Bañales, concluyó:
– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Mensaje del Príncipe don Juan Carlos Borbón y Borbón
A continuación S. A. R.
pronunció el siguiente discurso:
– «Mi General, señores Ministros, señores Procuradores: Plenamente
consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como Sucesor a título
de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los
Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.
Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio
de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero
necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.
España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino
bajo la dirección de Vuestra Excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes
progresos que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de
los fundamentos de una política social son cimientos para nuestro futuro. El
haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de
nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la
inmensa fortuna de que haya sido, y siga siendo por muchos años, el rector de
nuestra política.
Pertenezco por línea directa a la Casa Real española y, en mi familia,
por designios de la Providencia, se han unido las dos ramas. Confío en ser
digno continuador de quienes me precedieron.
Deseo servir a mi país en cauce normal de la función pública, y
quiero para nuestro pueblo: progreso, desarrollo, unidad, justicia, libertad y
grandeza, y esto sólo será posible, si se mantiene la paz interior. He de
ser el primer servidor de la Patria en la tarea de que nuestra España sea un
Reino de justicia y de paz. El concepto de justicia es imprescindible para una
convivencia humana, cuyas tensiones sean solubles en la Ley y se logren dentro
de una coexistencia cívica en libertad y orden.
Ha sido preocupación fundamental de la política española en estos años
la promoción del bienestar en el trabajo, pues no puede haber un pueblo
grande y unido sin solidaridad nacida de la Justicia Social. En este campo
nunca nos sentiremos satisfechos.
Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser
siempre mantenidas, pero sin que el culto al pasado nos frene en la evolución
de una sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso en esta era
apasionante en que vivimos. La tradición no puede ni debe ser estática: hay
que mejorar cada día.
Nuestra concepción cristiana de la vida, la dignidad de la persona
humana como portadora de valores eternos, son base y, a la vez, fines de la
responsabilidad del gobernante en los distintos niveles del mando.
Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella, y comparto, su deseo de
buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos
preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto,
muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración
de lo mejor para el pueblo.
Tengo gran fe en los destinos de nuestra Patria. España será lo que
todos y cada uno de los españoles queramos que sea, y estoy seguro de que
alcanzará cuantas metas se proponga, por altas que éstas sean.
La Monarquía puede y debe ser un instrumento eficaz como sistema político
si se sabe mantener un justo y verdadero equilibrio de poderes y se arraiga en
la vida auténtica del pueblo español.
A las Cortes Españolas, representación de nuestro pueblo y herederas
del mejor espíritu de participación popular en el Gobierno, les expreso mi
gratitud. El juramento solemne ante
vosotros de cumplir fielmente con mis deberes constitucionales es cuanto puedo
hacer en esta hora de la historia de España.
Mi General: Desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la Patria me
he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de
conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda
proporcionarme, estoy seguro que “mi pulso no temblará” para hacer cuanto
fuere preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar.
En esta hora pido a Dios su ayuda y no dudo que Él nos la concederá
si, como estoy seguro, con nuestra conducta y nuestro trabajo nos hacemos
merecedores de ella.»
“Hay que ir de la ley a la ley”
El 2 de diciembre de 1975 don
Juan Carlos nombra a Torcuato Fernández-Miranda presidente de las Cortes; el
desmantelamiento del Régimen va a comenzar. Torcuato también jura pero en su
discurso, tras afirmar que la memoria de Franco es “para todos nosotros
inolvidable”, también dice que “el pasado no me ata”.
El 13 de diciembre, el primer
gobierno del Rey, jura desempeñar sus cargos “con absoluta lealtad al Rey y
estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes
Fundamentales del Reino.”
En el libro “El Rey” de José
Luis de Vilallonga, en uno de los párrafos de las conversaciones con Juan
Carlos I, le pregunta:
– Sé que Vuestra Majestad
estaba muy molesto por tener que jurar ante las Cortes el mantenimiento de los
Principios del Movimiento.
– Sí, porque sabía que
incluso si juraba mantenerlos, los principios del franquismo no podían seguir
vigentes, pues ello equivalía a admitir que el régimen precedente seguía en
su lugar. Pero Torcuato Fernández Miranda, sin perder la calma, me decía: «Vuestra
Alteza no debe preocuparse. Jurad los Principios del Movimiento, que más
tarde los iremos cambiando legalmente uno tras otro.» Su grase favorita era:
«Hay que ir de la Ley a la Ley a través de la Ley» Y así fue como se
hizo…
Torcuato Fernández-Miranda fue
el cerebro de la Ley para la Reforma Política. En mayo de 1977 dimitió como
presidente de las primeras Cortes de la Monarquía al estar en desacuerdo con
Adolfo Suárez y con el modo en el que se habían abordado determinados
acontecimientos que escapaban a su control, especialmente la cuestión autonómica.
Falleció, olvidado, el 19 de junio de 1980 en Londres, a consecuencia de un
paro cardíaco.
Frases y comentarios sobre el juramento del Príncipe don Juan Carlos
“Ya sé que mi padre lo pasó muy mal en aquellos momentos para él
tan desagradables y frustrantes, pero son muy pocos los que hablan de lo mal
que lo pasé yo antes de prestar juramento de fidelidad a unos Principios que
yo sabía no podía respetar.”
(Don Juan Carlos a José Luis de
Vilallonga, en el libro “El Rey”)
“– Majestad, ¿a don Juan Carlos le preocupaba ese juramento?
– Mucho. Le preocupaba mucho. Tenía un problema fuerte de conciencia.
No quería ser perjuro. ¡Ni que alguien pudiera llamarle perjuro!”
(Doña Sofía a Pilar Urbano, en
el libro “La Reina”)
“Estoy seguro de que servirá siempre a España con lealtad y que hará
honor al Juramento pronunciado ante las Cortes.”
(Francisco Franco a don Juan
Carlos 1969)
“Habéis jurado servir a España; yo también; habéis jurado
fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales; yo
también; habéis jurado lealtad a Franco y a lo que Franco significa; yo
también.”
(Don Juan Carlos ante la Guardia
de Franco. 1970)
En el año 1978, Cristóbal Martínez
Bordíu manifestaba:
“No, no era ésta la Monarquía que tenía in pectore Francisco
Franco. Era, efectivamente, el cordón umbilical que creía idóneo para la
unidad de España, no para aprisionarla, romperla, degradarla. Franco soñó
con una Monarquía integradora de todos los españoles. No con un régimen
cuyos logros y realizaciones sean poner en la picota a todo lo que se ha hecho
anteriormente, difamar a quien lo ha realizado. Olvidándose de que una de las
realizaciones, ahora creemos que erróneas, del general Franco fue
precisamente esta Monarquía. ¿Cómo se puede hablar de borrar toda huella
del franquismo y conservar la cúspide de la pirámide con la que Franco quiso
coronar sus sólidas bases monárquicas?”.
En el libro ¿Por qué Juan
Carlos? del historiador Francisco Torres García, se puede leer:
Franco hizo rey a Juan Carlos porque veía en él la imagen del rey
prudente y del continuador de su obra que no estimaba conclusa.
Si don Juan Carlos ha llegado a ser rey ha sido porque Franco así lo
propuso. Ese era el proyecto político de su vida: modernizar España para que
desaparecieran las causas profundas que habían provocado la guerra; crear un
Nuevo Estado y coronarlo con la figura de un Rey. El 20 de noviembre de 1975
las instituciones entraron en funcionamiento como un reloj. No hubo oposición
en la calle que saliera a celebrar nada, sólo enormes colas de españoles en
Madrid. En todos los pueblos, en todas las ciudades, los españoles
desbordaron las misas en recuerdo del Jefe del Estado y las muestras de
condolencia. La piel de la España de 1975 en nada se parecía a la de 1939.
España era un país urbano, donde más del 70% de la población vivía en
ciudades, que alcanzaba los 2.500 dólares de renta per cápita, que había
dejado atrás el analfabetismo y la tuberculosis, que poseía las
infraestructuras y el grado de cohesión interna necesaria para el crecimiento
económico. Más del 50% de los hogares gozaban de todo tipo de adelantos,
incluido el coche y el resto de los españoles lo veían como algo cercano. La
igualdad era un hecho en desarrollo y la mentalidad de la España de ‘Los
Santos Inocentes’ había desaparecido. Era la España en paz y desarrollo
que heredaba también don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Situación que no
ha ocultado el Rey al afirmar: “todo lo que hice en cuanto me vi con las
manos libres pude hacerlo porque antes habíamos tenido cuarenta años de paz.
Una paz, estoy de acuerdo, que no era del gusto de todo el mundo pero, que de
todos modos, fue una paz que me transmitió unas estructuras en las que me
pude apoyar.”
Documento extraído de la página: www.generalisimofranco.com